Derecho a la vivienda
Hogares en bajos comerciales y alquiler por la mitad del sueldo: vivir en Galicia tras cuatro gobiernos del PP

En un contexto inflacionista y de escasez de espacios habitables, la falta de regulación y la insuficiencia de un paquete público para alquilar ponen en riesgo a los estratos sociales más empobrecidos.
alfonso rueda ángeles vázquez llaves
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, en el acto de entrega de las llaves de viviendas protegidas.
25 ene 2024 05:30

Los problemas para acceder a una vivienda en alquiler han crecido en el último año como nunca antes lo habían hecho en Galicia. Con el precio medio del alquiler alrededor de los 500 euros en los siete grandes ayuntamientos gallegos, según los datos del Observatorio de Vivienda, y la oferta en esta modalidad en mínimos, la Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, anunció para el último trimestre de 2023 la modificación de las normativas de habitabilidad. Trataba de modificar así la legislación para facilitar que “los bajos comerciales abandonados o sin actividad”, ubicados en zonas urbanas, pudiesen ser reconvertidos en viviendas.

Derecho a la vivienda
Derecho a la vivienda La regulación de los alquileres de la Ley de Vivienda se estrenará en febrero en Catalunya
El Gobierno central destraba la aplicación de los topes en el alquiler en Catalunya. El Sindicat de Llogaters advierte contra posibles subidas antes de su entrada en vigor.

Iago Carro, del colectivo Ergosfera, un grupo de profesionales de la arquitectura que desarrollan proyectos de investigación e intervención urbana desde A Coruña, contextualiza el problema de la vivienda señalando varios factores. Por una parte, la falta de políticas públicas para incentivar el alquiler por parte de los propietarios privados; la escasez de vivienda pública de nueva construcción y en restauración; la venta de vivienda pública a manos privadas y el exponencial impacto de la vivienda turística en las grandes ciudades. Además, a nivel técnico, critica la ausencia de estudios sobre suelos edificables y sobre vivienda vacía, también el problema de entender la vivienda como un activo financiero o valor refugio, que determina que el capitalismo popular fije el precio medio de los alquileres; y la llegada de fondos buitre y grandes compradores de vivienda que limitan el acceso la este recurso para el resto de la población.

Mientras que entre 2006 y 2007 se levantaron 7.241 viviendas públicas en Galicia, en los trece últimos años de gobiernos de derechas se edificaron solo 6.313

Para entender cómo Galicia puede ampliar en cuatro años en un 50% el parque público residencial, tal como se promete ahora por parte del Ejecutivo gallego, se debe tomar en consideración el historial de políticas públicas en materia de vivienda desde que en el 2009, Alberto Núñez Feijóo ganó su primera mayoría absoluta. Mientras que entre 2006 y 2007 se levantaron 7.241 viviendas públicas, en los trece últimos años de gobiernos de derechas se edificaron 6.313 nuevos hogares con esta condición. Es decir, casi mil viviendas menos en un período 13 veces mayor.

“En 2023, en A Coruña se entregaron, después de muchísimos años sin que se hubiese hecho ninguna vivienda pública, 40 viviendas en régimen de alquiler construidas por la Xunta de Galicia en el barrio de Xuxán. Paralelamente, el Ayuntamiento, que también llevaba un montón de años sin promover, puso en construcción un edificio de cinco viviendas. Estamos hablando de un total de 45 viviendas públicas en régimen de alquiler para una ciudad de más de 240.000 habitantes”, reflexionan los expertos en vivienda de Ergosfera. Explican que, en la práctica, “son medidas anecdóticas que denotan que no se está entendiendo el problema de la vivienda como algo en el que la administración pública tenga que tomar postura”.

Según datos del Observatorio de la Vivienda de Galicia, desde 2014 el importe medio de la renta mensual por año de contrato subió en la comunidad de los 364 euros, a los 511 euros en 2023, poco menos de la mitad del salario mínimo interprofesional. Mucho más si ponemos el foco en las contrataciones a tiempo parcial de las personas más precarizadas del país. Tomando los datos de diciembre publicados por el organismo público, el precio medio de los contratos de alquiler fue de 621 euros en la ciudad de A Coruña, 599 euros en Vigo, 569 euros en Santiago de Compostela y 580 euros en la ciudad de Pontevedra. Alrededor de los 500 euros en Ourense, Lugo y Ferrol, por este orden.

Especulación urbanística
Especulación urbanística Un fondo buitre contra una nonagenaria: cuando una urbanización de lujo te echa de tu casa
Nueve familias se enfrentan a las administraciones gallegas y a un fondo de inversión para salvarse de una expropiación forzosa. La “razón de utilidad pública e interés social” que las desplaza es la construcción de pisos de hasta 800.000 euros.

En enero de 2010, la Consellería de Medio Ambiente del Gobierno gallego le comunicaba a 18 ayuntamientos gallegos que el llamado Plan Sectorial de Suelo Residencial, diseñado por el bipartito de izquierdas en 2008, quedaba sin efecto. Con él, también el objetivo de construir 45.600 viviendas protegidas en 57 municipios entre los años 2009 y 2017. Para el Partido Popular de Galicia este plan era irrealizable y contaba con una fuerte contestación institucional.

Además del acceso, otro problema importante derivado de no contar hoy con un parque de vivienda pública lo suficientemente amplio en Galicia como para poder tener algún impacto en los precios es que no hay un sector público que mantenga la titularidad sobre las obras que promueve. “Con un parque inmobiliario tan ridículo que sólo aspira a ser útil para las capas más desfavorecidas de la población y no para el conjunto de gallegos y gallegas, ni tenemos impacto en el sector inmobiliario ni tenemos capacidad para alojar a la gente que nos pide ayuda”, razonan desde el colectivo dedicado a la intervención urbana.

Ana Pardo, presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN) y Directora de Provivenda en Galicia, ahonda en esto último cuando dice que los datos de ocupación son mínimos en Galicia a pesar de que sí es esta una preocupación manifestada por el gobierno autonómico y que, por desgracia, se fue generando “un discurso sencillo”, de calado fácil, que fomentó el miedo en la gente. Para su organización, lo interesante del debate sería discernir el reparto de responsabilidades de los actores implicados. “Si una familia no consigue ninguna alternativa. Se ve en la calle. No hay un parque de vivienda pública, ni la ayuda social municipal dispone de cobijo para echar una mano, ¿en qué situación se ven? En la desesperación”, denuncian desde la Rede Galega contra a Pobreza.

“Debemos poner el foco en que las administraciones tienen los medios para dotarse de vivienda social y no estigmatizar a las familias que no la logran”, argumentan desde Provivienda.

“Cuando las administraciones, que son las responsables de garantizar el derecho a la vivienda, no son capaces de dar una respuesta, no creo que debamos poner el estigma en las personas o en las familias. Debemos poner el foco en que las administraciones tienen los medios para dotarse, bien de vivienda social, bien de viviendas de transición en las que las personas o familias puedan reorganizarse, bien de viviendas de emergencia para situaciones límite”, argumenta la también directora de Provivenda en el país. Cuantas más alternativas, mejor, dice Ana Pardo, porque el problema de la vivienda es una emergencia, sentencia la experta, que añade que desde las entidades sociales tienen la sensación de que la responsabilidad se deposita muchas veces en Política Social, y Política Social no es Vivienda: “Es verdad que en un momento determinado la vivienda fue parte de la gestión que se llevaba desde los servicios sociales de las administraciones, pero esa parte ya se perdió y por eso nacieron las consellerías propias de Vivienda y Urbanismo”.

Para Pardo, el Instituto Galego da Vivenda e Solo y la consellería del ramo perciben la vivienda desde una mirada “muy de la estructura”, ocupándose de todo el relativo a la planificación y edificación del bien personal, pero perdiendo la perspectiva del uso social para lo cual está concebida. La presidenta de la EAPN y Directora de Provivenda-Galicia explica que la vivienda está para darle respuesta a la sociedad, a las personas, y que por lo tanto no debería entenderse como capital de especulación: “Cuando se pierde esta otra perspectiva, encontramos que hay grupos de población que observan dificultades para acceder a un techo digno”.

La presidenta de EAPN ponen el ejemplo del Bono de Alquiler Social, que desde la Rede Galega contra a Pobreza valoran positivamente, pero que deposita toda la responsabilidad de conseguir una vivienda en la persona vulnerable: “Se les dice que se le paga al propietario de la vivienda el precio que este estipule, siempre que no supere los 550 euros en las principales ciudades. De nuevo, como nada regula el precio de la vivienda, los precios siguen el alza, y encontrar espacio para una familia por debajo de esta cifra ya sería complicado, pero suelen ser personas que soportan un fuerte estigma social y sobre las que de la igual que les des ayudas económicas directas o avales, que no les alquilan”.

Explica la representante de Provivenda en Galicia que finalmente lo que percibe la persona cuando le caduca la ayuda porque no ha encontrado vivienda es que de nuevo fracasó y que fue ella la que no lo supo hacer. Cuando la realidad es que no. No es viable para ciertos grupos sociales conseguir vivienda: “Sacamos ayudas que sobre el papel quedan muy bien pero luego dejamos toda la responsabilidad del lado de la persona en situación de precariedad”.

“Para la Xunta, las personas antes que ciudadanas, son propietarias”, denuncian desde el colectivo Ergosfera.

El portavoz de Ergosfera lo resume en un tema ideológico de quien gobierna: “Para ellos las personas son antes que ciudadanas, propietarias”. Precisamente uno de los debates contemporáneos en los que se ve la posición de la Xunta, explica Carro, es lo de las zonas estiradas que se definen en la nueva ley de vivienda: “El gobierno gallego habla, casi en términos defensivos, de la posibilidad de regular el precio del alquiler delimitando zonas en tensión, cuando podría tomar esta posibilidad que le brinda el Estado para trabajar e incidir dando solución a un problema”.

Provivenda y la Rede Galega contra a Pobreza han llevado a cabo experiencias piloto innovadoras como es el caso de una familia que fue a vivir la un ayuntamiento próximo a la ciudad de A Coruña, donde la escuela de la localidad estaba amenazada de cierre por falta de alumnos: “Nosotros teníamos una familia con pequeños que vivían en la ciudad de A Coruña pero que no lo estaban pasando bien porque la ciudad es compleja, difícil para integrarse, para acceder a los servicios, etcétera, y la administración municipal nos hizo el acompañamiento in situ”. El ayuntamiento facilitó la integración de la familia en el pueblo, tocó el tejido empresarial hasta conseguir un trabajo para el padre y se movió la opción de la vivienda para poder instalarse. Hoy va para cinco años que esta familia vive en la localidad y está integrada y feliz: “Me consta que tuvieron la posibilidad de volver a la ciudad y no quisieron porque realmente sienten arraigo y agradecimiento a la villa que les facilitó el proceso”. Pardo pone así la nota positiva la una situación que requiere de un abordaje holístico, que entienda la vivienda como parte de una existencia digna de ser vivida.

Derecho a la vivienda
Fogares en baixos comerciais e alugueiros pola metade do soldo: vivir en Galiza tras catro lexislaturas do PP

Nun contexto inflacionista e de escaseza de espazos, a falta de regulación e a insuficiencia dun paquete público para alugar poñen en risco os estratos sociais máis empobrecidos.
alfonso rueda ángeles vázquez llaves
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, no acto de entrega das chaves de vivendas protexidas.
25 ene 2024 05:30

Os problemas para acceder a unha vivenda en arrendo medraron no último ano. Co prezo medio do aluguer cortexando os 500 euros de media nos sete grandes concellos galegos segundo os datos do Observatorio de Vivenda e a oferta nesta modalidade en mínimos, a Xunta de Galiza, gobernada polo Partido Popular, anunciaba para o último trimestre de 2023 a modificación das normativas de habitabilidade. Procurando a modificación lexislativa para facilitar que os baixos comerciais abandonados ou sen actividade, sitos en zona urbana, poidan ser reconvertidos en vivendas.

Iago Carro, do colectivo Ergosfera, un grupo de profesionais da arquitectura que desenvolven proxectos de investigación e intervención urbana desde A Coruña, contextualiza o problema da vivenda sinalando varios factores. Por unha banda, a falta de políticas públicas para incentivar o arrendo por parte dos propietarios privados; a escaseza de vivenda pública de nova construción e en restauración; a venda de vivenda pública a mans privadas e exponencial impacto da vivenda turística nas cidades. Ademais, a nivel técnico, critica a ausencia de estudos sobre solos edificables e sobre vivenda baleira, tamén o problema de entender a vivenda como un activo financeiro ou valor refuxio, que determina que o capitalismo popular fixe o prezo medio dos alugueres; e a chegada de fondos voitre e grandes compradores de vivenda que limitan o acceso a este recurso para o resto da poboación.

Urbanismo
Urbanismo Expropiacións e sobrecustos: os restos da xestión de Feijóo na reforma do hospital da Coruña
A ampliación do principal centro sanitario do norte de Galiza enfronta administracións e levanta en pé de guerra a corenta familias que poden quedar sen casa

Para entender como Galiza pode ampliar en catro anos nun 50% o parque público residencial, tal como se promete agora por parte do Executivo galego, débese tomar en consideración o historial de políticas públicas en materia de vivenda dende que no 2009, Alberto Núñez Feijóo gañou a súa primeira maioría absoluta. Mentres que entre 2006 e 2007 se levantaron 7.241 vivendas públicas, nos trece últimos anos de gobernos de dereitas edificáronse 6.313 novos fogares con esta condición. É dicir, case mil vivendas menos nun período 13 veces maior.

“En 2023, na Coruña entregáronse, despois de moitísimos anos sen que se fixera ningunha vivenda pública, 40 vivendas en réxime de aluguer construídas pola Xunta de Galiza no barrio de Xuxán. Paralelamente, o Concello, que tamén levaba unha chea de anos sen promover, pon en construción un edificio de 5 vivendas. Estamos falando dun total de 45 vivendas públicas en réxime de aluguer para unha cidade de máis de 240.000 habitantes”, reflexionan os expertos en vivenda de Ergosfera. Explican que, na práctica, “son medidas anecdóticas que denotan que non se está a entender o problema da vivenda como algo no que a administración pública teña que tomar postura”.

Segundo datos do Observatorio da Vivenda de Galiza, dende 2014 o importe medio da renda mensual por ano de contrato subiu na comunidade dos 364 euros, aos 511 euros en 2023, pouco menos da metade do salario mínimo interprofesional. Moito máis se poñemos o foco nas contratacións a tempo parcial das persoas máis precarizadas do país. Tomando os datos de decembro publicados polo organismo público, o prezo medio dos contratos de aluguer foi de 621 euros na cidade da Coruña, 599 euros en Vigo, 569 euros en Santiago de Compostela e 580 euros na cidade de Pontevedra. Arredor dos 500 euros en Ourense, Lugo e Ferrol, por esta orde.

En xaneiro de 2010 a Consellería de Medio Ambiente do Goberno galego comunicáballe a 18 concellos galegos que o chamado Plan Sectorial de Solo Residencial, deseñado polo bipartito en 2008, quedaba sen efecto. Con el, tamén o obxectivo de construír 45.600 vivendas protexidas en 57 municipios entre os anos 2009 e 2017. Para o Partido Popular de Galiza este plan era irrealizábel e contaba cunha forte contestación institucional.

Ademais do acceso, outro problema importante derivado de non contar hoxe con un parque de vivenda pública o suficientemente amplo en Galiza como para poder ter algún impacto nos prezos é que non hai un sector público que manteña a titularidade sobre as obras que promove. “Con un parque inmobiliario tan ridículo que só aspira a ser útil para as capas máis desfavorecidas da poboación e non para o conxunto de galegos e galegas, nin temos impacto no sector inmobiliario nin temos capacidade para aloxar á xente que nos pide axuda”, razoan dende o colectivo adicado á intervención urbana.

Ana Pardo, presidenta da Rede Galega contra a Pobreza (EAPN) e Directora de Provivenda en Galiza, afonda nisto último cando di que os datos de ocupación son mínimos en Galiza malia que si é esta unha preocupación manifestada polo goberno autonómico e que, por desgraza, foise xerando “un discurso sinxelo”, de calado fácil, que fomentou o medo na xente. Para a súa organización, o interesante do debate sería discernir o reparto de responsabilidades dos actores implicados. “Se unha familia non consegue ningunha alternativa. Vese na rúa. Non hai un parque de vivenda pública, nin a axuda social municipal dispón de acubillo para botar unha man, en que situación se ven? Na desesperación”, denuncian dende a Rede Galega contra a Pobreza.

“Cando as administracións, que son as responsábeis de garantir o dereito á vivenda, non son quen de dar unha resposta, non creo que debamos poñer o estigma nas persoas ou nas familias. Debemos pór o foco en que as administracións teñen os medios para dotarse, ben de vivenda social, ben de vivendas de transición nas que as persoas ou familias poidan reorganizarse, ben de vivendas de emerxencia para situacións límite”, afonda a tamén directora de Provivenda no país. Cantas máis alternativas, mellor, di Ana Pardo, porque o problema da vivenda é unha emerxencia, sentenza a experta, que engade que dende as entidades sociais teñen a sensación de que a responsabilidade se deposita moitas veces en Política Social, e Política Social non é Vivenda: “É verdade que nun momento determinado a vivenda fixo parte da xestión que se levaba dende os servizos sociais das administracións, pero esa parte xa se perdeu e por iso naceron as consellerías propias de vivenda e urbanismo”.

Para Pardo, o Instituto Galego da Vivenda e Solo e a consellería do ramo perciben a vivenda dende unha mirada “moi da estrutura”, ocupándose de todo o relativo á planificación e edificación do ben privado, pero perdendo a perspectiva do uso social para o que está concibida. A presidenta da EAPN e Directora de Provivienda-Galiza explica que a vivenda está para darlle resposta á sociedade, ás persoas, e que polo tanto non debería entenderse como capital de especulación: “Cando se perde estoutra perspectiva, atopamos que hai grupos de poboación que observan dificultades para acceder a un teito digno”.

A presidente de EAPN pon o exemplo do Bono de Aluguer Social, que dende a Rede Galega contra a Pobreza valoran positivamente, pero que deposita toda a responsabilidade de conseguir unha vivenda na persoa vulnerable: “Díselles que se lle paga ao propietario da vivenda o prezo que este estipule, sempre que non supere os 550 euros nas principais cidades —de novo, como nada regula o prezo da vivenda, os prezos seguen a alza, e atopar espazo para unha familia por debaixo desta cifra xa sería complicado—, pero adoitan ser persoas que soportan un forte estigma social e sobre as que da igual que lles deas axudas económicas directas ou avais, que non lles alugan”.

Explica a representante de Provivienda en Galiza que finalmente o que percibe a persoa cando lle caduca a axuda porque non atopou vivenda é que de novo fracasou e que foi ela a que non o soubo facer. Cando a realidade é que non. Non é viable para certos grupos sociais conseguir vivenda: “Sacamos axudas que sobre o papel quedan moi ben pero logo deixamos toda a responsabilidade do lado da persoa en situación de precariedade”.

O voceiro de Ergosfera resúmeo nun tema ideolóxico de quen goberna: “Para eles as persoas son antes que cidadáns, propietarias”. Precisamente un dos debates contemporáneos nos que se ve a posición da Xunta, explica Carro, é o das zonas estarricadas que se definen na nova lei de vivenda: “O goberno galego fala, case en termos defensivos, da posibilidade de regular o prezo do aluguer delimitando zonas en tensión, cando podería tomar esta posibilidade que lle brinda o Estado para traballar e incidir dando solución a un problema”.

Provivenda e a Rede Galega contra a Pobreza teñen levado a cabo experiencias piloto innovadoras como é o caso dunha familia que foi vivir a un concello próximo á cidade da Coruña, onde a escola da localidade estaba ameazada de peche por falta de alumnos. “Nós tiñamos unha familia con pequenos que vivían na cidade da Coruña pero que non o estaban pasando ben —porque a cidade é complexa, difícil para integrarse, para acceder aos servizos, etcétera—, e a administración municipal fíxonos o acompañamento in situ”. O concello facilitou a integración da familia no pobo, tocou o tecido empresarial até conseguir un traballo para o pai e moveuse a opción da vivenda para poder instalárense. Hoxe vai para cinco anos que esta familia vive na localidade e están integrada e feliz: “Cónstame que tiveron a posibilidade de volver á cidade e non quixeron porque realmente senten arraigo e agradecemento á vila que lles facilitou o proceso”. Pardo pon así a nota positiva a unha situación que require dunha abordaxe holística, que entenda a vivenda como parte dunha existencia digna de ser vivida.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Madrid
Ciudades Fake Madrid, un paseo por los hitos del simulacro
Un recorrido por los grandes éxitos de la conversión de Madrid en una ciudad irreal.
Urbanismo
¿Ha llegado ya el fin de la precariedad? ¿Ha llegado ya el fin de la precariedad?
VV.AA.
El modelo de negocio de Glovo en cuestión: su fundador se enfrenta a la justicia y su matriz anuncia un giro hacia la contratación laboral. Sin embargo, la pregunta clave sigue abierta: ¿es esto el fin de la precariedad o solo una adaptación más?
Urbanismo
Opinión Desordenación del territorio de la mano del Gobierno regional de Madrid
La Comunidad de Madrid impulsa, mediante tramitación de urgencia, un proyecto de ley Omnibus que afecta a diez leyes regionales con cambios de calado.
Memoria histórica
Memoria histórica Así foi como o Patronato de Protección a la Mujer transformou Galiza nun convento de clausura
As mulleres que caeron nas redes do Patronato iniciaron un periplo de encerro, humillacións, abusos e explotación laboral que é descoñecido para a maior parte da poboación. Fica hoxe na impunidade dun silencio que temos a obriga de romper.
Ley de Seguridad Ciudadana
Congreso de los diputados Reforma de la Ley Mordaza: ¿esta vez sí se puede?
Una de las mayores deudas de toda la izquierda del Estado español parece que está a punto de saldarse.
Opinión
Tribuna Tódalas razóns para dicir ‘Altri non’
Aquí van unhas cantas razóns para xuntarnos este domingo en Compostela e deixar clara a nosa postura fronte a un espolio que nos están tratando de impoñer disfrazado de progreso, pero que só trae beneficio económico a uns cantos indesexables.
Opinión
Opinión Sobrevivir pagando no Álvaro Cunqueiro
Unha das vitorias ideolóxicas do PP de Feijóo en Galiza foi facernos crer que pagar por servizos esenciais nos hospitais durante o coidado dos nosos enfermos é o natural, que non hai outra maneira de abordalo, pero é mentira.
Literatura
Gustavo Faverón Patriau “Quizá la novela sea ahora mismo más relevante que nunca”
El escritor peruano Gustavo Faverón Patriau quería narrar en su nueva novela la historia de un boxeador que no sabía boxear pero tumbaba a sus rivales recitándoles al oído versos de César Vallejo. ‘Minimosca’ acabó siendo un cuentacuentos inagotable.

Últimas

Más noticias
Opinión
Tribuna Todas las razones para decir ‘Altri non’
Aquí van unos cuantos motivos para juntarnos este domingo en Compostela y dejar clara nuestra postura frente a un expolio que nos están tratando de imponer disfrazado de progreso, pero que sólo trae beneficio económico a unos cuantos indeseables.
Análisis
Análisis El independentismo se reorganiza, pero ¿sigue siendo independentista?
Los partidos independentistas han sufrido la crisis del procés y el posprocés, y todavía no la han resuelto, sino, a lo sumo, la han aplazado. El PSC aparece como el ganador de una carrera con corredores agotados.
Comunidad de Madrid
Educación pública El Gobierno de Ayuso recula y aplaza hasta junio los despidos masivos en Educación
Integradoras sociales, enfermeras, educadoras, auxiliares y otros perfiles de personal laboral se enfrentaban a la incertidumbre de ser cesados en plenas vacaciones de Navidad.

Recomendadas

Medio ambiente
Medio ambiente Quen lidera o negocio do eucalipto en Galiza ao que Altri quere sumarse?
O estourido social que produciu o intento da multinacional Altri e a Xunta de instalar unha nova celulosa en Galiza abre a necesidade de pór o foco no sector forestal, onde se atopan algunhas das maiores fortunas do Estado.
O Salto medra contigo
Que non che conten películas Subscríbete a O Salto e leva seis meses de Filmin de agasallo
Este Nadal, fai posible que O Salto chegue máis lonxe cos seus contidos críticos e leva de agasallo medio ano de Filmin. E se xa tes Filmin, subscríbete e regala o acceso a esta plataforma a quen queiras.