La primera noticia que tuvieron les llegó por la prensa local. Una promotora inmobiliaria y un fondo buitre habían colocado entre sus objetivos urbanísticos un gigantesco terreno en el centro histórico de Vigo (Pontevedra) donde nunca, en todos los siglos de historia documentada de la ciudad, ha habido nada construido. El proyecto dibujaba una urbanización de lujo con pisos que costarían hasta 800.000 euros, pero el pelotazo tenía algún impedimento en su camino. Un antiguo convento reconvertido por la sociedad civil en una alternativa habitacional para personas empobrecidas y varios edificios propiedad de familias de clase trabajadora. Con la connivencia de la administración autonómica, gobernada por el Partido Popular, y de la local, dirigida por el Partido Socialista, hoy, de todas esas construcciones solamente queda en pie una. Un edificio de piedra con tres alturas. Allí vive desde hace 80 años Pilar Araújo. La única comunicación oficial que ha recibido en casi una década de idas y venidas desde aquella primera noticia llegó a su buzón hace dos semanas. Era un aviso de expropiación forzosa.

Un fondo buitre anida en el centro de Vigo

Raúl Novoa González

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Especulación urbanística

Un fondo buitre anida en el centro de Vigo

Raúl Novoa González

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El fondo norteamericano Autonomy Capital, del que es fundador el ex directivo de Lehman Brothers, Robert Gibbins, compró la deuda del proyecto del Barrio do Cura en 2018. Ahora los vecinos y vecinas piden no ser abandonados ante la especulación urbanística y quiere garantizar su derecho a la vivienda frente a una posible expropiación del gobierno local.

“Es una casa pequeña, pero aquí dentro hay un mundo”, explica Pilar poco después de que ella y su hija, Carmen Baluja, abriesen a El Salto las puertas de su casa. Las estanterías de su salón dan cuenta de sus 92 años de vida y de ese mundo sobre el que hoy pesa una mirada buitre con el nombre comercial de Barrio do Cura. Hay libros antiguos, recuerdos de viajes, fotos de su familia, de sus cuatro nietos y de sus tres hijos. Entre todas ellas, hay una especial. La de su padre, fusilado por los golpistas durante la Guerra Civil. “Imagina tener su edad y llevar viviendo desde niña aquí. Imagina que quieren demoler tu casa para dotar de una zona verde a una urbanización de lujo”, reflexiona su hija. Y así es. La ley obliga al fondo Autonomy Global Opportunities y a la promotora Gestilar a mantener un porcentaje de zona verde. Aproximadamente un tercio de la que ya existe hoy. Pero el equipo que está detrás del arquitecto Alfonso Penela ha decidido distribuirla justo en la zona donde viven estas familias y no en la hectárea que históricamente ha estado libre de construcción alguna.

En la carta que les avisa de la expropiación inminente, similar a la que recibieron las otras ocho familias, no está tasado nada más que sus metros cuadrados. Ningún otro valor. Ni las vistas panorámicas a la ría, ni su ubicación céntrica, ni la adaptación integral para una persona con movilidad reducida ni, por su puesto, su valor emocional. La valoran muy por debajo del precio de mercado en 150.000 euros y, en cambio, le ofrecen 100.000. “Un despropósito más”, alertan. La oferta la vehicula el Ayuntamiento del PSOE, pero la pagan la promotora y el fondo buitre. El negocio es redondo. La ley que regula las expropiaciones forzosas en el Estado español especifica que para que las administraciones puedan llegar al extremo de echar unilateralmente a la gente de sus casas debe haber una “razón de utilidad pública e interés social”. “Ahora creo que le llaman progreso y daños colaterales”, suelta un vecino en la calle que ha seguido de cerca la transformación del barrio. En este caso, el progreso son 262 viviendas de lujo, 600 plazas de garaje y una zona comercial de 14.000 metros cuadrados.

Por suerte para ella, Pilar no está sola. Además de su hija, están las ocho familias con las que comparte escalera. Dos plantas más arriba, vive otra compañera de generación, Luisa Hernández, con 94 años recién cumplidos. “Si nos vemos obligados a sacarla de aquí, literalmente se moriría”, denuncia Gabino Alonso, hijo de Luisa y una de las personas que más está bregando por denunciar públicamente lo que consideran “una atrocidad”. El único contacto humano que han tenido en estos casi diez años ha sido con los comerciales de la promotora que, un día, llamaron a sus puertas: “Nos dieron a entender que se nos iba a echar de aquí por las buenas o por las malas y nos ofrecieron una permuta por una vivienda más pequeña y en un sitio indeterminado de la ciudad. Les respondimos que ni con medio millón de euros nos moveríamos”. Y se han mantenido firmes hasta hoy. 

No ha sido ni fácil ni barato. Se encuentran en un proceso judicial abierto visto ya para sentencia contra el Ayuntamiento por lo que consideran “irregularidades manifiestas” en el planteamiento del plan de urbanismo que, de facto, ofrece las herramientas legales a una multinacional y su brazo promotor para echar de su casa a personas como Pilar y Luisa. “Irónicamente, a pesar de estar el juicio en pleno proceso, la expropiación no ha sido paralizada cautelarmente. En teoría, en seis meses o un año la ejecutarán”, insiste Gabino, el hijo de Luisa. 

El edificio que guarda la historia de vida de estas nueve familias fue diseñado por el prestigioso arquitecto gallego Antonio de Cominges en los años cuarenta y catalogado como patrimonio histórico con el beneplácito de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Vigo. Tras una polémica y cuestionable casualidad, durante el periodo que ha transcurrido desde que se lanzó por primera vez el primer plano de este pelotazo urbanístico, ambas administraciones decidieron descatalogar el edificio como de interés patrimonial, una jugada burocrática con apenas antecedentes en el Estado español. El documento que lo oficializa raya en lo absurdo. Habla de que este predio del número 36 de la rúa Santa Marta es un símbolo del “feísmo de los años sesenta”. Es decir, los técnicos de Patrimonio lo consideran un símbolo de una etapa urbanística que llegó veinte años después. Tan elocuente es la afirmación que la propia administración autonómica le dedicó cerca de 90.000 euros a fondo perdido para reformarlo por su “singular valor patrimonial”. 

Ante la negativa de las administraciones a escuchar sus reclamaciones, las nueve familias han decidido comenzar a hacer llamamientos a la solidaridad de la sociedad civil gallega. Su primera estrategia ha sido llamar la atención de los medios de comunicación que, salvo excepciones puntuales, o les han denegado el foco o se lo han dado muy puntualmente. Sin embargo, las idas y venidas del proyecto, las infografías y los renderizados en tres dimensiones, ocupan periódicamente y con protagonismo páginas enteras de información local. La promotora y el fondo de inversión no escatiman en pagar páginas completas a todo color y banners con su publicidad. Esas mismas páginas a través de las que Pilar y Luisa se enteraron de la que les venía encima y que, a pesar de todo, todavía hoy leen.