Derecho a la vivienda
Una moratoria para los alojamientos turísticos en Madrid

“Sentimos que se nos está expulsando de nuestras casas”, señala Jordi Gordon, miembro de la Asamblea Ciudadana del Barrio Universidad (Acibu) y vocal en la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Madrid-Centro. Solo entre 2014 y 2016, la oferta de alojamiento turístico se ha disparado exponencialmente en Madrid, un incremento que los colectivos sociales, basándose en diferentes estudios y atlas de turistificación, cifran en 10.000 nuevos alojamientos por año, pero que en 2017 podría haber llegado a un nuevo récord, según los datos de inversión hotelera.

“La vivienda turística es un problema, está tirando de los precios del alquiler y está expulsando a los vecinos del centro”, denuncia Vicente Pérez, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Según señalan estos colectivos, además del encarecimiento del alquiler, la invasión de viviendas turísticas está ocasionando problemas de ruidos por el ocio nocturno que se traslada al interior de los edificios, además de impactos ambientales y necesidad de más infraestructuras y servicios, por el aumento de consumo de agua o residuos.

Esta mañana, varias organizaciones, entre las que se cuentan también Ecologistas en Acción, Lavapiés, ¿dónde vas?, el Sindicato de Inquilinas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid o la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Centro han exigido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid un proceso transparente y participado sobre la vivienda turística, así como una moratoria para las nuevas viviendas de uso turístico y hoteles por el tiempo necesario para que este proceso se lleve a cabo y que se aplique a toda la ciudad, para que no haya rebote a otras zonas como ha pasado en Barcelona. Para ello, han comenzado una campaña de recogida de firmas en la web de participación del Ayuntamiento. “No estamos en contra del turismo, pero queremos que éste sea ordenado y esté regulado, y que las viviendas cumplan su función”, continúa Pérez. “La sociedad de Madrid tiene mucho que decir”, añade Pablo García, del Sindicato de Inquilinos, “Se debe reconocer nuestro derecho a participar y poner soluciones”, añade.

El distrito Centro suma actualmente 2.918 establecimientos hoteleros con 29.843 plazas legales. A estas cifras se suman las 36.681 plazas disponibles en viviendas de uso turístico a través de Airbnb, de las que el 20% de los propietarios acumulan el 50% de la oferta. “Estos datos apuntan a que, si alguna vez la plataforma funcionó como un vehículo para la economía colaborativa entre particulares, cada vez se parece más a un negocio convencional”, señalan desde los colectivos participantes.

“La gravedad del cambio de uso de las viviendas es un ejemplo de algo más amplio, la financiarización del mercado del alquiler”, señala Pablo García, quien pone como ejemplo a la sociedad Testa Residencial, una socimi creada hace pocos meses como la primera dedicada a viviendas en alquiler.

En el último año, el precio de los alquileres en Madrid ha subido en algunos distritos hasta un 18%, un encarecimiento que desde el movimiento vecinal y por el derecho a la vivienda relacionan con el cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que rebaja el plazo máximo de los contratos de cinco a tres años, pero también con la turistificación y con otros procesos, como el de la financiarización.

Pablo García recuerda también que la PAH de Madrid y la FRAVM presentaron en noviembre su propuesta de Ley de Vivienda, que fue tumbada en la Asamblea de Madrid por Partido Popular y Ciudadanos, y la PAH estatal ha registrado en enero su Ley de Vivienda –esta a nivel estatal– en el Congreso de los Diputados.

Una ley que abre aun más las puertas a la turistificación

Esta semana se ha cerrado el periodo de información sobre el proyecto de decreto sobre regulación de viviendas de uso turístico, una ley con la que la Comunidad de Madrid abre aun más las puertas a aumentar el número de viviendas de uso turístico en Madrid. Según advierten desde la FRAVM, entre las novedades que contempla el proyecto de decreto se incluye que hasta las habitaciones puedan ser alquiladas para uso turístico, no contempla límites de tiempo sin que sea necesaria una licencia y permite que hasta el 75% de un edificio sea para usos turísticos. Desde las asociaciones de vecinos han presentado hasta 45 alegaciones al proyecto de ley. “Pedimos que se estudien”, subraya Vicente Pérez.

Según recuerdan desde el Sindicato de Inquilinos, en la actualidad solo el centro de Madrid aglutina hasta 3.000 viviendas turísticas ilegales, ya que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, el actualmente en vigor, obliga a que las viviendas turísticas tengan, entre otros requisitos, acceso directo desde la calle. La plataforma Lavapiés, ¿dónde vas? denunció ante el Ayuntamiento un listado de más de 200 turísticos en el distrito Centro que no cumplen la normativa, pero, según lamenta Vicente Pérez, la denuncia fue “directamente al cubo de la basura”.

Paralelamente, desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Manuela Carmena anunció cambios en el PGOU de los que solo concretó el plazo máximo de 90 días al año para viviendas turísticas sin licencia. Esta limitación temporal ha sido descartada por el Gobierno de Cristina Cifuentes. Las asociaciones de vecinos piden una reunión con Carmena para conocer qué otros cambios sobre la ordenación urbanística están sobre la mesa.