Derecho a la vivienda
Una Oficina de Afectados por los pisos turísticos para denunciar la dejación de funciones del Ayuntamiento

“Los vecinos o las comunidades normalmente vienen cuando ya tienen una vivienda turística funcionando en el edificio y la pregunta es cómo la pueden denunciar, aunque hay de todo. La sentencia del Tribunal Supremo solo ha puesto esto más de actualidad, pero llevamos casi ocho tratando con casos de viviendas de uso turístico que se saltan las normas y nadie sanciona”, explica Vicente Pérez Quintana, de la comisión de Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Él es uno de los asesores de la Oficina de Información Vecinal de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico (VUT) que la FRAVM puso en marcha hace apenas dos meses. Una forma de centralizar las consultas que recibían la mayoría de asociaciones vecinales de la almendra central y también las denuncias que estas estaban tramitando, que calculan en algo menos de 3.000 desde que existe el Plan Especial de Hospedaje (PEH) aprobado en 2019 por el gobierno municipal de Manuela Carmena, el que obliga a que las VUT tengan acceso separado a la vía pública para ser legales.

Ahora el Tribunal Supremo ha dado nueva munición tanto a la asesoría de la FRAVM como a sus denuncias, al reconocer en dos sentencias que las comunidades de vecinos pueden prohibir la presencia de apartamentos turísticos en los edificios si así lo recogen sus estatutos. De hecho, la Oficina de Afectados ya estaba recordando a sus usuarios que el Real Decreto de 2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, autorizaba a las comunidades a evitar la instalación de nuevos apartamentos de alquiler turístico en sus inmuebles, y les daba la potestad de aumentar las tarifas que abonan sus propietarios, si había mayoría de tres quintos en la votación.

“Lo que permite el Supremo es algo que ya se daba, que es que las comunidades, a partir de la sentencia, puedan incluir en sus estatutos la prohibición de realizar actividades económicas, considerando a las viviendas turísticas como tales”, explican desde la FRAVM

“Lo que permite el Supremo es algo que ya se daba, que es que las comunidades, a partir de la sentencia, puedan incluir en sus estatutos la prohibición de realizar actividades económicas, considerando a las viviendas turísticas como tales”, explica Pérez Quintana. “Las que ya lo tenían lo que pueden hacer ahora es ejecutar esa medida, y las que no, lo pueden incluir. Nuestro plan desde la FRAVM no se limita a animar a las comunidades de propietarios a que lo hagan, sino que estamos trabajando en un modelo de texto que cubra sus necesidades y cada una pueda adaptar a sus estatutos”.

La Oficina de la FRAVM tiene su sede física en la calle Lavapiés, en la sede de la conocida Asociación de Vecinos de La Corrala, y abre los jueves por la tarde, aunque el correo electrónico y el teléfono se atienden todos los días. “Las asociaciones del centro, como las de las Cavas, Lavapiés, Malasaña, el Barrio de las Letras, llevan años con esto y lo que decidimos fue unirlo todo. Tenemos miles de denuncias presentadas ante el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid por viviendas de uso turístico que incumplen la normativa vigente y causan problemas de convivencia con los vecinos”.

Aunque la mayoría de quienes acuden lo hacen de barrios de la almendra central, cada vez llegan más del Distrito Latina, sobre todo de la zona Puerta del Ángel, y de Puente de Vallecas, entre otros. “Nos llegan consultas de todo tipo, lo normal es que nos pregunten los pasos para denunciarla o, si creen que la van a poner, cómo se puede detener. Mucha gente también viene para contarnos los problemas que les causan: ruidos, riñas, problemas de convivencia…”.

En el centro “hay más sensibilidad, la gente está más alerta, pero normalmente si viene alguien es que la vivienda turística ya está funcionando y causando algún tipo de molestia”. Aclara Pérez Quitana que “es normal, porque es un negocio que no es como un bar, que si lo ponen hay una obra y se ve. Puede pasar por una mudanza normal. Pero intentar poner remedio cuando ya está en marcha es más complicado”.

Existen múltiples opciones, aunque la principal, si consta que se saltan la normativa, es la denuncia ante Urbanismo del Ayuntamiento. Luego ya “queda la vía jurídica, pero si hay ruido o fiestas, el primer paso es llamar a la Policía Municipal”. Hay otras opciones, como informar a la Agencia Tributaria si se cree que el vecino arrendador no declara siquiera esas ganancias, o las quejas ante Delegación del Gobierno o el Defensor del Pueblo, pero “la solución es que las administraciones competentes cumplan con sus propias normas vigentes”.

Desde la FRAVM lamentan que las denuncias “ni ante el Ayuntamiento o ante la CAM están funcionando”. Ante el Ayuntamiento, por lo ya comentado: cuando incumplen la normativa de salidas al exterior. Ante la CAM, porque tengan la licencia tras haber mentido en la declaración responsable que esta exige (sobre que se cumplen todas las normativas vigentes). “No están funcionando para empezar porque no hay suficientes inspectores, y no dan abasto porque además no se ocupan solo de este tema”.

La Oficina de Afectados asesora a las comunidades e incluso, si estas la autorizan, presenta la denuncia en su nombre. “No se puede decir que las asociaciones de vecinos estemos cumpliendo el papel de las administraciones porque eso es imposible —insiste Pérez Quintana—, pero este trabajo busca denunciar que ellas no lo están cumpliendo. En este caso, nos centramos en el Ayuntamiento de Madrid y la CAM porque son las competentes, pero realmente todas, incluido el Estado, podrían estar haciendo más”.

En este sentido, el vecino celebra el anuncio de la creación de un grupo de trabajo de los ministerios de Vivienda y Turismo para tratar la regulación de los apartamentos turísticos. Aunque se muestra escéptico: “Esperemos que se cree con intención real de dar pasos, y sobre todo que se escuche a las asociaciones vecinales y a las personas perjudicada por este tema”. La FRAVM se está coordinando con organizaciones similares de ciudades altamente turistificadas, como Barcelona o Málaga, entre muchas otras, para intentar tener voz en este proceso.

“Estas denuncias son un trabajo de hormiguitas. Hay que seguir asesorando a la gente, animando a las comunidades a denunciar y a presionar al ayuntamiento”, considera Pérez Quitana. “En enero tenemos previstas dos asambleas abiertas, una en distrito centro y otra en Arganzuela, para concienciar a las comunidades de vecinos y animar a participar. La sentencia del Tribunal Supremo ha vuelto a poner de actualidad el tema y vamos a aprovecharla, lanzando una campaña de información, para que la gente sepa que tiene opciones y no está indefensa”.