Derecho a la vivienda
Junts da la espalda a las protestas ciudadanas y aboca los dos decretos de vivienda al fracaso en el Congreso

Que el ritmo no pare. Después de diez días de movilizaciones, la votación del 2 de octubre en el Congreso de los Diputados de los dos “decretos Maricarmen” son solo un punto y seguido en una agenda que ha situado la vivienda —desde hace meses el principal problema percibido de la sociedad española— en el centro de la disputa política. 

Y, salvo sorpresas en la mañana del viernes, ya se sabe grosso modo lo que va a ocurrir dentro del Congreso. El decreto Maricarmen, que fue partido en dos en el Consejo de Ministros, será rechazado por el voto en contra de Junts, de nuevo en suma con la derecha y la extrema derecha de PP y Vox. El partido de Carles Puigdemont, reunido desde las 21h ha emitido su veredicto pasadas las 22h de la noche del 1 de octubre. Junts esgrime el interés de los “pequeños propietarios” y da un golpe al Gobierno en su intención de aprobar al menos el primero de los decretos, llamado resumidamente decreto-ley “para la protección de la función social de la vivienda”.

No será por presión. En la plaça de Sant Jaume de Barcelona, cientos de personas se manifestaban bajo una pancarta con un mensaje meridiano: “Defensar Catalunya ès votar Sí-Sí”. En varias ciudades se repetían los mismos llamamientos a la aprobación de los dos decretos y los gritos y pancartas a favor de una huelga general de vivienda.

La cacerolada convocada el jueves a las 20h en Madrid ha servido como una nueva palanca de presión a los grupos que, con su voto, pueden aprobar los dos decretos: “¿Qué está pensando la sociedad vasca? ¿Qué está pensando la sociedad catalana? ¿Cuántos millones de personas hay inquilinas en esas sociedades?”, exclamaba la portavoz del Sindicato de Inquilinos Alicia del Río, en una mención directa a los representantes de la derecha vasca y catalana en el Congreso.

Las movilizaciones de la tarde han confirmado que el movimiento sigue en fase expansiva. Las ondas siguen terminando en nuevas acampadas. Esta noche se han consolidado la de Compostela, en la plaza del Obradoiro, y la de Zaragoza, en la plaza de España de la capital aragonesa.

Junts se carga el decreto que había apoyado el PNV

A lo largo de toda la jornada del 1 de octubre, las señales desde los cuarteles exconvergentes han sido las habituales en su estilo de negociación. Duras críticas a un texto que tildan de “chapuza” y todo a decidir en una reunión de la Ejecutiva del partido que daba comienzo a las 21h. Lo que a principios de semana parecía un 'sí' claro al primer decreto, que había sido negociado con el PSOE antes incluso del estallido del caso Maricarmen, se ha convertido en una nueva ocasión para que Junts ponga contra las cuerdas al Gobierno de la Ley de Amnistía. Cálculo electoral, supeditación a los intereses de la patronal o posiblemente una mezcla de ambas, el caso es que Míriam Nogueras se aferrará mañana a la inseguridad jurídica y razones semejantes para justificar un 'no' que tiene trazas de estrategia preelectoral.

A mediodía, el Partido Nacionalista Vasco anunciaba su voto positivo al primero de los decretos que incluye medidas como la moratoria de desahucios hasta 2030 o la prórroga automática de alquileres que venzan antes de 2029. Esa posición y el sí de la izquierda extragubernamental —desde Podemos a BNG— dejaba en manos de los siete diputados de Junts en el Congreso la luz verde para ese primer texto.

El Partido Nacionalista Vasco anunció en el mismo pack que dejará caer el segundo decreto llamado (en resumidas cuentas) de “medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual”. La sentencia de muerte sobre este segundo texto era esperada desde el momento mismo en el que se desdobló en dos el contenido. El PNV justificó su rechazo a ese segundo decreto en la estructura de propiedad del País Vasco, donde “más del 90% del mercado del alquiler está en manos de pequeños propietarios”. Unas horas después, Coalición Canaria anunciaba que el sentido de su voto iría en la misma línea, el primero sí, el segundo no.  

Los muertos dicen que no, la calle grita que sí

Pasase lo que pasase, nadie a la izquierda del PSOE ve la votación de mañana como el final de ningún camino. Desde el ala izquierda del Consejo de Ministros se aseguraba que si no es mañana viernes, será dentro de uno, dos o seis meses cuando se saque adelante el alquiler indefinido. Solo unas horas antes del portazo de Junts se daba por hecho la aprobación del primero de los decretos, que se defiende como un avance clarísimo en derechos para los inquilinos.

Los sindicatos mayoritarios, importantes en el desarrollo de las huelgas generales aunque no imprescindibles para su convocatoria, han respondido con un comunicado conjunto en el que no hablan de una huelga general ni en otro, pero en el que plantean la necesidad de una movilización activa: “Mañana [por el 2 de octubre] salimos a las calles porque no vamos a parar hasta que el derecho a la vivienda sea una realidad para todas y todos”.

El sábado están convocadas casi 50 manifestaciones en las principales ciudades del país independientemente del resultado de las dos votaciones de hoy en la Carrera de San Jerónimo. El lema de las protestas, “Hacia la huelga general”, y las reclamaciones principales: la bajada de los alquileres hasta el 50%, la expropiación de viviendas a los fondos buitres así como la reclamación de los alquileres indefinidos dan muestra de la principal noticia fuera del Parlamento: el movimiento inquilino no va a parar suceda lo que suceda hoy.

Las manifestaciones del fin de semana y los llamamientos a la huelga general seguirán siendo las proclamas del movimiento inquilino, que estos días ha tomado el testigo del movimiento feminista y el movimiento por el clima en las expresiones de respuesta social a la crisis del sistema.

Por cerca que se vea de La Moncloa y de los puestos del poder político, la derecha nacionalista española se ha visto desde hace una semana superada por una agenda que no controla y que la retrotrae a 2011 cuando, pese a capitalizar las instituciones, la reivindicación social y política planteó un desafío que tardó años en apagarse.

El auxilio de la derecha nacionalista catalana que, con su negativa a aprobar los decretos, garantiza un nuevo chasco en materia de vivienda para el Gobierno como el que Junts provocó en abril de este mismo año, puede ser suficiente para dar un palo al Ejecutivo, pero es difícil medir la potencia que ese rechazo a una serie de medidas mínimas tendrá para un movimiento en pleno crecimiento. Mañana mismo, el movimiento inquilino tiene previsto mostrar su rabia en las afueras del Congreso de los Diputados, donde a partir de las 11h de la mañana tiene lugar la votación de los dos decretos Maricarmen, seguramente los más importantes de esta legislatura. Grosso modo se sabe lo que sucederá dentro, pero no se adivinan las consecuencias que eso pueda tener fuera.