Economía
Bruselas, la U€ y "el Reino de España", un matrimonio bien avenido

A falta de Presupuestos Generales del Estado (1), por razones de “estética”, que no por no estar de acuerdo en los contenidos entre la clase política entera (2), a excepción de Unidos Podemos y sus confluencias y Bildu, el ejecutivo ha comunicado a Bruselas su Plan Presupuestario 2018-2020.

Bruselas y el ejecutivo “español”, lo que necesitan -así vienen obligados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento- es garantizar el cumplimiento del objetivo del déficit público de todas las AA. PP., fijado en el 2,2% para 2018.

Conseguir cumplir con el Pacto de Estabilidad y ser fieles alumnos de las políticas neoliberales de la U€, requiere de continuar con los factores económicos implementados en el 2017 y, fundamentalmente actuar en dos cuentas: una, que siga la mejora de los datos de recaudación basados en la mayor demanda y consumo interno fundamentalmente y en los impuestos indirectos (especialmente el IVA) y dos, disminución de la cuenta del gasto social, siguiendo en la política de contención del gasto en particular en la partida de prestaciones de desempleo, en el menor pago de los intereses de la deuda y el recorte de Sanidad y Educación.

El crecimiento económico, de no verse influenciado sobremanera por el “conflicto catalán”, permitirá generar empleo (3), lo cual puede significar que en términos estadísticos la tasa de paro baje hasta el 15,5% en el 2018 (4), a la vez que el déficit de la Seguridad Social se prevé que  llegue al 1,1% del PIB en el 2018, previsiblemente debido a las mejoras en la recaudación: aumento de las bases mínimas y máximas en un 8% y un 3% respectivamente, ya realizadas en el 2017, e incremento de cotizantes como consecuencia de la generación de empleo, a la vez que el menor gasto (5) respecto a la inflación (6), ahorrará , es decir, nos robarán, varias centenas de millones de euros.

Escenario Macroeconómico 2017-2018

La demanda nacional, es decir, el consumo privado, ha tirado de manera sustancial en este crecimiento macroeconómico sostenido en el tiempo desde hace ya 4 años, a la vez que la inversión productiva (formación bruta de capital, inversión en la construcción y en menor medida en bienes de equipo), a la vez que el ahorro en el sector privado, ha propiciado la reducción de la deuda total del 217,5% del PIB hasta el 163,1% del PIB, siendo el sector de las empresas no financieras quienes han reducido más la deuda y a continuación los hogares.
El cuadro se completa con un escenario de precios del petróleo en 54,8 dólares para el 2018; tipos de interés a corto plazo negativos y tipos de interés (deuda pública) a largo plazo (10 años), de 2,1 puntos para 2018.

Este crecimiento sostenido ha demostrado que aunque se crezca por debajo del 1%, la política de flexibilización introducida en el mercado de trabajo por la reforma laboral de 2012, permite crear empleo (precario, mal pagado, etc.), lo que supone que en el 2017 se crearán 500.000 empleos equivalentes a tiempo completo y 425.000 en el 2018.

La Política Fiscal

La ley de Estabilidad Presupuestaria y Equilibrio Financiero, que desarrolla el artículo 135 de la CE, marca de manera absoluta la capacidad de gasto de todas las AA. PP. (central, autonómicas y régimen local) y toda política fiscal tiene y está supeditada al cumplimiento del déficit negociado con la U€: el 3,1% para 2017, el 2,2% para el 2018, el 1,3% para el 2019 y el 0,5% para el 2020.

Es de reseñar que la regla de gasto, es decir, solamente se podrá gastar aquello que se determina por la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, obliga a todas las AA. PP. y especialmente a las EE. LL. a mantener cuanto menos equilibrio, es decir, los ingresos menos los gastos deben ser igual a 0 y, si se consigue superávit como sucede en el Ayuntamiento de Madrid (más de 1.000 millones en el 2016), este no puede ser invertido o gastado por ejemplo en la mejora de los SS. PP. o dedicado al gasto social, sino que, o bien sirve para amortizar deuda (la cual es ilegítima y odiosa), en consecuencia seguir alimentado a los especuladores financieros, o bien se meterá en un cajón. Para lo que sí sirve este superávit es para que el Estado pueda cumplir con los objetivos del déficit acordado con Bruselas, a la vez que ellos recortan en las cuentas del gasto social.

En cuanto a la proyección de ingresos y gastos, resulta descarada a favor del capital en sus distintas contribuciones (sobre el capital, el impuesto de sociedades, rentas de la propiedad) manteniéndose los ingresos previstos sobre el capital (0,5 para el 2017 y lo mismo para el 2018) y la propiedad (0,6 en el 2017 y lo mismo en el 2018), no así en el impuesto corriente sobre la renta (7) y la riqueza (8) y los gastos disminuyen de manera global al pasar del 41,2% en el 2017 a perder 6 décimas en el 2018, es decir se sitúan en el 40,6%, lo cual es debido a la contención del gasto público al congelar los salario públicos, por tratarse de un escenario a política constante (se prorrogan los PGE del 2017), los menores intereses de la deuda y la drástica reducción de las prestaciones de desempleo.

Las cuentas del gasto social (pensiones, desempleo, dependencia, subsidios, becas…), gastos de personal de las AA. PP. e inversiones, ya se ven disminuidas en la cuantía suficiente y necesaria para cuadrar un déficit “público” fijado por Bruselas, que le permite no contabilizar como “deuda”, las denominadas “ayudas al sector financiero”, es decir, el robo y desposesión de miles y miles de millones del gasto social, para de esta manera “cuadrar las cuentas” y convertir en estructural la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

Políticas fiscales diseñadas para el robo y el expolio de los recursos públicos y “garantías jurídicas para el capital” para que no contribuyan en función de sus ingresos.

Mención especial merece el Impuesto de Sociedades (IS), el cual solamente ha sido reformado en función de adelantar los pagos de dicho impuesto (cuestión de caja y cuadre de cuentas), pero se le mantiene no solamente tipos impositivos nominales que nada tienen que ver con los tipos efectivamente pagados, lo cual posibilita el “fraude legal” y especialmente la elusión en cuanto a su obligación de contribuir a la Caja Común.

En comparación con 2007, los ingresos fiscales totales (todos los impuestos y formas de recaudación) son 14.427 millones de euros menos, frente a los 23.145 millones menos por el IS. El descalabro recaudatorio en el IS es por tanto flagrante, pero está totalmente desacoplado de la consolidación de los beneficios (9) empresariales que han seguido una senda de evolución muy similar a la del crecimiento del PIB, logrando recuperarse holgadamente en estos últimos años.

(Fuente: Informe de OXFAM Intermon nº 42)

En conclusión, con o sin PGE, con el Plan Presupuestario comunicado a Bruselas, el Gobierno reducirá en 2018, por tercer año consecutivo, la proporción de Producto Interior Bruto (PIB) que destina a Sanidad, Educación y Protección Social.

En los dos primeros casos el gasto caerá en dos décimas, con lo que la partida destinada a Educación pasa del 4% al 3,8% del PIB, y la de Sanidad se contraerá del 6% al 5,8%. Por su parte, en la partida destinada a pensiones, servicios sociales y políticas de fomento del empleo, entre otros aspectos, la reducción será incluso mayor: pasará de recibir el 16,5% del PIB a quedarse en el 16,2%.

Y mientras tanto, las “clases medias y asalariadas” siguen “ensimismadas” y “deseantes” con un estado social y asistencial “inexistente” y de imposible vuelta, sin comparecer física y subjetivamente en la pelea de recuperación de los derechos laborales, sociales y civiles para todos y todas, que las oligarquías nos han arrebatado.

(1) Los PGE, son los referidos a los Presupuestos de la Administración Central y de la Seguridad Social.

(2) El proyecto de PGE 2018 se encuentra no obstante muy perfilado, pues se había aprobado ya el límite de gasto no financiero del Estado (el conocido como techo de gasto) por parte de todas las fuerzas políticas, incluido el PDeCAT, con excepción de Unidos Podemos y Bildu, quedando fijado en 119.834 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,26% respecto al 2017.

(3) Empleo precario, vulnerable, inseguro y pagado a niveles de sobrevivencia.

(4) A septiembre 2017 (EPA), la tasa de paro se situó en el 17,2%.

(5) La Ley 23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización, solamente prevé un incremento del 0,25% hasta que la Seguridad Social entre en equilibrio, lo cual no ocurrirá sino en el 2022 o más tarde.

(6) Se estima un Índice de Precios al Consumo del 1,9% a finales de año.

(7) IRPF

(8) IS

(9) Los resultados de las Empresas del Ibex 35 referido a los nueve primeros meses del 2017, sin incluir a Inditex que es la corporación con mayores beneficios, muestran que los beneficios han crecido el 18% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y ascienden a la friolera de 31.683 millones de euros.