Alquiler
El Gobierno vasco concederá unas ayudas máximas al alquiler de 250 euros mensuales

A partir de la semana que viene, en cuanto se apruebe en el Boletín Oficial del País Vasco, los hogares vascos en los que sus miembros hayan perdido su empleo o hayan sufrido una reducción considerable de sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria, y residan en una vivienda del parque libre de alquiler, podrán solicitar una ayuda para hacer frente a la mensualidad. El Gobierno vasco habilita así el primer paquete de medidas destinadas al inquilinato de viviendas no protegidas.

Hasta el día de hoy, el Departamento de Medioambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco solo había aprobado una medida en relación a la vivienda en alquiler, la destinada a sufragar las mensualidad y los gastos de la comunidad de las familias que viven en alquiler protegido en situación de vulnerabilidad económica. Este fondo estaba dotado de un presupuesto de 2,5 millones de euros y según el propio Ejecutivo alcanzará a alrededor de 2.500 familias, de un parque de viviendas de protección oficial que ronda las 23.000 viviendas. Aquí se incluyen todas las viviendas de los programas de Alokabide, Bizigune, Gaztelagun y las viviendas de titularidad del propio Gobierno vasco.

Ahora, se podrán beneficiar de estas nuevas ayudas económicas al aquiler aquellas personas que hayan perdido su empleo o sufrido un ERTE como consecuencia de la crisis provocada por la emergencia sanitaria, así como todas aquellas que, siendo trabajadoras autónomas o empresarias, sufran una caída sustancial de sus ingresos o sus ventas igual o superior al 40%. Además, estos hogares deberán destinar el 30% de los ingresos al pago de la mensualidad, la comunidad de vecinos y los suministros, de acuerdo a la ley de VPO del País Vasco.

La nueva orden deja fuera de estas ayudas a las personas residentes en el parque público de alquiler, a las receptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y también a las que ya perciban algún tipo de ayuda al alquiler. La cuantía máxima de esta subvención es de 250 euros y podrá extenderse por un periodo de seis meses, prorrogable por otros seis meses en situaciones de extrema vulnerabilidad. En total podrá alcanzar los 1.500 euros y podrá destinarse a devolver los microcréditos con aval del ICO recogidos en el Decreto del pasado 31 de marzo.

Estas ayudas, anunciadas esta tarde por el Gobierno vasco, cuentan con un presupuesto de 15 millones de euros y podrán beneficiar a unas 10.000 personas. El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y se prolongará hasta el 30 de septiembre.

La naturaleza de estas medidas ha sido duramente criticada por los movimientos por la vivienda del Estado porque, al igual que las medidas adoptadas por el Gobierno español, plantean unas condiciones de acceso muy restrictivas. Además, señalan que, en última instancia, son un seguro que deja intactos los ingresos de los propietarios en un contexto de precios inflados, evitando que estos se corrijan a la baja.

Por otro lado, el movimiento Stop Desahucios Euskadi, en un escrito remitido a la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco el pasado 14 de abril, reprocha al Gobierno de Lakua el no haber suscrito ningún Convenio de Colaboración en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Lo que evita que las medidas aprobadas por el Ejecutivo central sean de aplicación directa en Euskadi.

En esa misiva, Stop Desahucios detalla que la ayuda a la vivienda concedida por cualquiera de los programas en Euskadi es de un máximo de 250 euros —excepto las vinculadas a la Renta de Garantía de Ingresos que pueden alcanzar los 325€— , frente a las cuantías aprobadas en 2018 por el Estado, que oscilaban entre los 300 y los 390 euros al mes. Las ayudas contempladas en la Orden publicada por el Gobierno central el pasado 9 de abril, después del largo periplo de prestamos, pueden llegar a alcanzar los 900 euros, por el 100% de la renta mensual, en los casos de mayor vulnerabilidad.