Altsasu
La Fiscalía pide al Supremo que rechace los recursos de los jóvenes de Altsasu

“Estamos obligados a tener esperanza, nos queda eso”, ha afirmado Edurne Goikoetxea a la salida del Tribunal Supremo, donde hoy ha tenido lugar la vista sobre los ocho recursos presentados contra la sentencia del caso Altsasu, que contempla penas de cárcel de entre dos y 13 años por una pelea de bar en Altsasu con dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas.

Goikoetxea, madre de Ainara Urquijo, una de las jóvenes condenadas por la pelea del bar —en su caso, la que menos pena ha recibido, dos años de cárcel— forma parte de Altsasu Gurasoak, colectivo formado por las madres y padres de los ocho encausados. “Hemos hecho lo que hemos podido por divulgar la falta de justicia que ha habido en este proceso”, señala Goikoetxea.

Desde el colectivo afirman que están satisfechos por cómo ha ido la sesión, a pesar de que desde Fiscalía se ha pedido a los jueces que revisarán la sentencia que desestime en bloque todos los recursos presentados. “Nuestros abogados han expuesto claramente todas las vulneraciones de derechos que hemos padecido a lo largo de este tiempo, ha sido una investigación en el que ha sido juez y parte la propia Guardia Civil”, concluye.

Los ocho recursos presentados contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional han tenido como principales motivaciones la violación de la presunción de inocencia y la del derecho a la tutela efectiva.

Según ha explicado Amaia Izko, primera de las abogadas en intervenir en la sesión, en representación de Jokin Unamuno y Ainara Urquijo —condenados a doce y dos años de prisión respectivamente—, el primer derecho violado durante el juicio fue el de contar con un juez imparcial, en referencia a que Concepción Espejel, que además de estar casada con un coronel de la Guardia Civil atesora entre sus reconocimientos una Orden del Mérito de la Guardia Civil. Las defensas de los ocho acusados pidieron ya antes del juicio, que se celebró entre abril y mayo de 2018, la recusación de Espejel como presidenta de la sala que juzgaría a los ocho jóvenes, petición que fue rechazada por el alto tribunal.

Sobre la condena a Unamuno, Izko apunta que se ha quebrantado su presunción de inocencia ya que no se ha desarrollado una prueba de cargo suficiente para probar su participación en la pelea. “El resultado de la agresión, que los perjudicados tachan de brutal, según aparece en los partes médicos son dolores musculares y hematomas y alguna pequeña herida y un tobillo roto... La agresión que originó esta última lesión en ningún momento se le atribuye a Jokin”, recuerda la abogada, que ha subrayado también que las agresiones que describieron los dos guardias civiles y sus parejas “dejarían otro tipo de lesiones y marcas mucho más profundas”.

En relación a Ainara, la abogada ha defendido que en ningún momento tuvieron lugar los desórdenes públicos por los que se la condena. Según explicaba más tarde durante su intervención José Luís Galán, abogado de Iñaki Abad y Aratz Urrizola —condenados a 13 y nueve años de cárcel respectivamente—, “desórdenes públicos no hubo”. El abogado reseña que este tipo penal siempre requiere de dolo —intención— de alterar la paz pública, punto que en la propia sentencia emitida por la Audiencia Nacional se niega. “No hay acciones típicas de desórdenes públicos, no hay mobiliario urbano roto, ni escaparates, ni daños ni violencia sobre otras cosa so personas más allá de los perjudicados”, recuerda.

Jaime Montero, abogado de Oihan Arnanz —condenado también a trece años de prisión— ha sido el siguiente en intervenir. “Hay sospechas de que se hayan entremezclado los roles de víctima e investigador”, ha señalado en relación a que ha sido el cuerpo de la Guardia Civil, al que pertenecen las dos víctimas de la pelea, el encargado de la investigación instruida por la Audiencia Nacional.

Como punto más grave sobre la forma en que se realizó la investigación, Montero, y después el resto de abogados, han señalado los reconocimientos policiales de los ocho jóvenes, que se realizaron “sin procedimiento, sin dejar constancia y seguramente en comandita”, y que han constituido, según subraya el letrado, “el núcleo de la sentencia condenatoria”. Las personas que la Guardia Civil pusieron a acompañar a los acusados en cada uno de los reconocimientos tenían rasgos físicos latinos o marroquíes, y Montero apunta que ni siquiera eran de Altsasu. “Teniendo en cuenta que los dos agentes lo que tenían seguro es que eran gente del pueblo, no se sabe si les reconocieron por ser ellos o por ser de Altsasu”.

Por su parte, respecto al caso de Adur Ramírez, condenado a doce años, su abogada, Jaione Carrera recuerda que en ningún momento los agentes agredidos refirieron su participación en los hechos. Incluso una foto de esa misma noche, no admitida como prueba, le muestra vestido con ropa distinta a la referida en la investigación. En la foto aparece con una camiseta negra, cuando la pareja de uno de los agentes agredidos afirmó reconocerle con una camiseta roja. “No tiene sentido, ¿por qué iba a ir a su casa para cambiarse de ropa y ponerse una camiseta más llamativa con la idea de participar en los hechos?”, se pregunta la abogada.

“Hay que hacer un debate sereno para hacer una demanda de justicia, sin el fantasma del terrorismo”, ha comenzado por su parte José Luis Galán, que ha subrayado que los jóvenes de Altsasu han sido tratados como presos FIES.

Galán ha incidido también en la falta de imparcialidad de la juez que presidió la sala que juzgó a los jóvenes. También que se incluyera en la investigación informes sobre la “peligrosidad” del movimiento Ospa, que reclama la salida de este municipio de la Guardia Civil, con un tono festivo.

También ha resaltado la denegación sistemática de pruebas presentadas por las defensas y que, las que fueron aceptadas en juicio, no se han tenido en cuenta en la sentencia. “No es que la sala no se crea lo que dicen los seis testigos, es que no se le hace ninguna mención, pasa olímpicamente de ellos”, afirma señalando especialmente a seis testigos que estuvieron en el lugar de los hechos y que afirmaron en juicio que ni Iñaki Abad ni Aratz Urrizola estuvieron allí cuando tuvo lugar la pelea. Galán ha recordado que el sargento agredido, tras la agresión, estuvo media hora “buscando obsesivamente” a los agresores. El propio Abad grabó al sargento después de que fuera agredido, y este no le reconoció, en un vídeo que también fue rechazado como prueba por la sala de la Audiencia Nacional presidida por Espejel.

Por último, Manuel Ollé, abogado de Julen Goicoechea y Jon Ander —condenados a nueve años de cárcel—, ha resaltado también constantes violaciones al derecho a la tutela efectiva, al denegarse la presentación de testigos fundamentales.

En el caso de Jon Ander, recuerda que durante el juicio, el “testigo estrella de la acusación”, que era amigo de la la pareja sentimental del sargento, “dijo literalmente que habían metido a gente ahí que no tenía que estar”, señalando a Julen como uno de ellos. “La prueba contra él es el reconocimiento, el teniente en la instrucción dijo que no era él; después, en el juicio, que no estaba seguro”, añade el abogado. Incluso recuerda que en el vídeo citado se ve como el agente de la Guardia Civil le dice a Jon Ander “no tengo nada contra ti”.

Acto seguido, Ollé ha hecho referencia a las agravantes que se han aplicado a los ocho jóvenes. En primer lugar, la de odio. “Es una agravante que se cita por primera vez en las conclusiones del juicio, así no es posible defenderse”, lamenta el abogado, que ha añadido que, aplicándola, “se está queriendo dar al tipo penal algo que el legislador nunca quiso”.

Tras las intervenciones de los cinco abogados de la defensa, el Ministerio Fiscal ha respondido quitando importancia a las irregularidades en los reconocimientos policiales de los ocho acusados y ha afirmado que “la sala entera estaba segura de que los ocho acusados eran ellos”. También ha rechazado los motivos argumentados en cuanto a la falta de imparcialidad de Espejel como presidenta de la sala que juzgó a los ocho jóvenes. “Eso no crea vinculación ni dependencia”, ha afirmado en cuanto al matrimonio de la magistrada con un coronel de la Guardia Civil y las condecoraciones recibidas otorgadas por la Benemérita.

Por último, ha respondido a la cuestión del agravante de odio, que conlleva un componente ideológico. “¿Que no hay una razón ideológica? Claro que sí, es una institución española, que es fiel a España, al rey y al pueblo español”, ha señalado la sala antes de pedir en bloque que se desestimen los ocho recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional.