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Amianto
Una víctima del amianto recibiría una indemnización siete veces menor que una víctima del terrorismo
El largo y complicado camino que atraviesan las víctimas del amianto para solicitar una indemnización en los juzgados parece que no va a tener fin. Esa es la lectura que hacen fuentes sindicales para El Salto, después de que el Ministerio de Seguridad Social haya sacado a la luz para consulta pública el proyecto de Real Decreto por el que se regula el fondo de compensación para las víctimas del amianto. Este fija unas indemnizaciones que van de los 27.359 euros para un enfermo de asbestosis a los 68.399 euros para alguien que desarrolle un mesotelioma (cáncer incurable). Para organizaciones sindicales como CC OO y UGT, y para la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto, se trata de cantidades “insuficientes”. Las tres organizaciones han presentado un documento de alegaciones al respecto.
Las últimas cifras que manejan así lo demuestran: la última sentencia del 13 de junio del Juzgado de lo social nº 2 de Donostia para un afectado por mesotelioma pleural es de 350.070,52 euros. Un día antes se fijaba en el juzgado de lo Social nº 2 de Bilbao otra indemnización de 214.327,30 euros, para un fallecido por mesotelioma pleural. Tocaría pues seguir en los juzgados para conseguir cantidades justas, denuncia Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral de CCOO.
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“El fondo tal como está no alcanza su objetivo fundamental: evitar la judicialización de los procesos de las víctimas del amianto. Las personas que están reclamando responsabilidades se encuentran con procesos de cinco a seis años donde el afectado a veces ya ha desaparecido cuando se acaba el proceso”, expresa Sanz. Un reglamento que sale a la luz un año después de que se aprobará el fondo de compensación en el Congreso de los diputados por unanimidad.
“Las personas que están reclamando responsabilidades se encuentran con procesos de cinco a seis años donde el afectado a veces ya ha desaparecido cuando se acaba el proceso”
Hasta 500.000 euros para las víctimas del terrorismo
Un fondo que ahora se presenta insuficiente, más en comparación con otros casos recientes. El pasado 4 de julio el gobierno aprobaba las indemnizaciones para las víctimas de la talidomida. Una afectada con un nivel de discapacidad reconocido del 33% puede llegar a cobrar hasta 396.000 euros, cinco veces más que la indemnización máxima fijada para una víctima del amianto.
También están muy alejadas de las indemnizaciones previstas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que, por ejemplo, fija en 500.000 euros la indemnización por fallecimiento, esto es, siete meses más que un afectado por amianto con cáncer terminal. Así lo avisan estas organizaciones que destacan también acuerdos judiciales alcanzados con empresas en las que se ha utilizado amianto, como la Unión Naval de Valencia S.A., donde se elevan las indemnizaciones a 250.000 personas para las herederas de personas ya fallecidas y 150.000 y 110.000 para personas con afecciones leves.
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El portavoz de CC OO se queja de que llevan ya “mucho tiempo con esto” y no se llega a dar con la tecla. “Este fondo en Francia lleva ya 20 años instaurado”, ejemplifica e insiste: esto va más allá de lo laboral. “El fondo de compensación no solamente afecta a los trabajadores y a sus familias, también a las exposiciones de carácter social, a las personas que vivían al lado de una fábrica. Se sabía desde hace muchos años que el amianto era mortal y España es de los últimos países donde se ha prohibido su uso. También tiene una responsabilidad moral que debería reparar”, sentencia el secretario confederal de Salud Laboral de CCOO. Y es que, hasta junio de 2002 no entró en vigor la prohibición de fabricar productos con amianto.
“Nos parece un poco extraño que a estas alturas de mandato salga esta norma, no creemos que tenga margen para aprobarse, no sabemos por qué lo han sacado en este momento”
El portavoz de CC OO ve con cierta desconfianza que salga a la luz este proyecto legislativo ahora, cuando la actividad se sitúa en un standby por el adelanto electoral. "Cuando se apruebe este reglamento, si es que se aprueba, ya se tienen que poner en marcha los mecanismos para buscar las formulas para hacer la valoración de los pacientes. Nos parece un poco extraño que a estas alturas de mandato salga esta norma, no creemos que tenga margen para aprobarse, no sabemos por qué lo han sacado en este momento", deja en suspense Sanz.