Análisis
¿ERC y Junts sueltan amarras con el PSOE?

El año 2024 terminó con unos partidos independentistas que parecían agotados y un Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) que parecía hegemónico. En menos de un mes esta imagen se ha visto trastocada. Conviene insistir en lo de “imagen”, puesto que la fuerza relativa del PSC, como analizamos en un artículo anterior, había de verse en perspectiva, y las dificultades en las negociaciones para la aprobación de los presupuestos de Cataluña durante estas últimas semanas lo han dejado a las claras.

Ello no significa que los partidos independentistas hayan recobrado sus fuerzas de antaño. Los resultados de los congresos de Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y del llamado Procés de Garbí de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) son elocuentes al respecto. En todos ellos se han dirimido cuestiones organizativas, pero no se han planteado propuestas políticas de fondo. La crisis no se ha resuelto, sino que, a lo sumo, se ha aplazado.

ERC ha pospuesto hasta después de la finalización del congreso la decisión sobre la entrada del partido en el gobierno municipal de Barcelona

Quizá por ese motivo resulte tan chocante lo sucedido estas últimas semanas. Por una parte, el rechazo de ERC a negociar los presupuestos del gobierno de Salvador Illa, forzándolo a una prórroga presupuestaria. El presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, anunció, a principios de enero, que ERC no apoyaría ningún proyecto presupuestario para la Generalitat que no contenga el aumento de la capacidad recaudatoria prefigurado en el modelo de financiación pactado con el PSC en el acuerdo de investidura de Illa, y advirtió de que no concluirá “nuevos acuerdos hasta que se cumplan los ya existentes”.

El cambio de actitud de ERC acaso guarde relación con su propio proceso interno, en que ha habido críticas a la política de entendimiento con el PSOE en las Cortes Generales y el PSC, en el Parlament, en un momento en que aun no ha concluido su congreso. En efecto, tras la reelección de Junqueras como presidente del partido, el pasado 14 de diciembre, los días 15 y 16 de marzo se celebrará la segunda parte del congreso, con el debate sobre la ponencia política. También se ha pospuesto hasta después de la finalización del congreso la decisión sobre la entrada del partido en el gobierno municipal de Barcelona, cuando en junio del pasado año PSC y ERC alcanzaron un preacuerdo en ese sentido. En realidad, de la proximidad entre PSC y ERC en el Ayuntamiento de Barcelona da fe el que, durante la negociación de los presupuestos municipales para 2025 ―que el gobierno de Jaume Collboni también ha tenido que prorrogar, ante la evidencia de que el Pleno municipal no los aprobaría―, el gobierno “socialista” haya tenido mayores fricciones con Barcelona en Comú que con ERC. Por todo ello, el repentino distanciamiento de ERC respecto del PSC parece responder más a la voluntad de alejar su imagen de este partido que a diferencias políticas sustanciales.

Junts también se esfuerza por marcar distancias con el PSOE y proyectar la imagen, como se afirmaba en un digital afín al partido, de que no forma parte del “bloque de la investidura”

En cualquier caso, el actual bloqueo presupuestario en dos de las principales instituciones catalanas, ambas en manos del PSC, adquiere un significado especial, toda vez que, como líder de la oposición, Illa atribuyó “la responsabilidad única y exclusiva” de que no hubiese presupuestos al presidente de la Generalitat (entonces Pere Aragonès). El “Gobierno de todos” (El Govern de tothom) —el lema de gobierno escogido por el PSC para este mandato— ya no lo es tanto.

A vueltas con el decreto ómnibus

Por su parte, Junts también se esfuerza por marcar distancias con el PSOE y proyectar la imagen, como se afirmaba en un digital afín al partido, de que no forma parte del “bloque de la investidura”. En esta ocasión, como es bien sabido, Junts votó junto al Partido Popular (PP) y Vox en contra de la convalidación por el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, que incluía, entre otras medidas, ayudas a los ciudadanos afectados por la dana en Valencia, la revalorización de las pensiones, la gratuidad de algunos medios de transporte público y descuentos en otros y la prórroga de la suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad.

En su intervención en el Pleno del Congreso del 22 de enero, la diputada de Junts Míriam Nogueras acusó al Gobierno español de incumplir el acuerdo suscrito entre su partido y el PSOE que había posibilitado la investidura de Pedro Sánchez. Dada la ausencia de relación entre el Decreto-ley objeto de votación y los compromisos suscritos en aquel acuerdo, que Nogueras no mencionó explícitamente, la diputada de Junts afirmó la disposición de su partido a votar favorablemente la parte de los aumentos de las pensiones y las ayudas a los usuarios del transporte público, pero fundó el no a la convalidación del Decreto-ley en el carácter heterogéneo de las medidas tratadas en este, sin concretar, no obstante, de cuáles discrepaba.

Mossos y Guardia Urbana desalojan a la Antigua Massana sin notificación previa

Jesús Rodríguez

Barcelona

Barcelona Mossos y Guardia Urbana desalojan a la Antigua Massana sin notificación previa

Jesús Rodríguez

La orden de expulsión por vía administrativa quedó suspendida el pasado 17 de octubre y los abogados del centro social denuncian que no han recibido ninguna orden judicial de desalojo.

Acaso haya que leer entre líneas la alocución de Nogueras. Entre los compromisos adquiridos por el PSOE en el acuerdo de investidura se hallaba la aprobación de una ley de amnistía, cuya aplicación al presidente de Junts, Carles Puigdemont, depende actualmente del Tribunal Constitucional (TC), que debe resolver el recurso de amparo interpuesto por la defensa de Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de acogerse a las excepciones establecidas en la Ley. Habrá que ver si la mayoría progresista existente actualmente en el TC servirá para desencallar la situación y acabar con la estrategia de boicot judicial a la Ley.

En cualquier caso, probablemente por las dificultades para explicar su posición en esa votación o por la impopularidad de oponerse al aumento de las pensiones y las ayudas al transporte público, a los pocos días Junts suscribió un acuerdo con el PSOE conforme al cual se comprometía a apoyar dichas medidas. A cambio, como partido representante de la clase rentista, Junts arrancó la apertura de “una línea de avales para cubrir los posibles impagos derivados de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y permanente para jóvenes y familias vulnerables” (RDL 1/2025, de 28 de enero, art. 76.1), y el compromiso del PSOE en la Mesa del Congreso de admitir a trámite una Proposición no de ley que propone al presidente del Gobierno que considere la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza.

Sánchez resucita el decreto ómnibus con más ayudas a los propietarios

Martín Cúneo

Gobierno de coalición

Gobierno de coalición Sánchez resucita el decreto ómnibus con más ayudas a los propietarios

Martín Cúneo

El Gobierno anuncia un acuerdo con Junts para reflotar el decreto que permite revalorizar las pensiones con nuevos avales estatales para caseros. El presidente se compromete a convocar una moción de confianza.

El sentido de esta propuesta, en la que Junts ha venido insistiendo desde diciembre, responde a la ya mencionada voluntad de proyectar la imagen de que no forma parte del bloque parlamentario que apoya al Gobierno. Al no tratarse, empero, de una posición política de fondo, no sorprende que los posconvergentes hayan dado por bueno un acuerdo en que el sometimiento a la cuestión de confianza es una mera invitación y conforme al cual, aunque el Gobierno accediera a ello, el resultado carecería de “vinculación jurídica”, lo que desfigura sensiblemente la institución de la cuestión de confianza, que, según lo establecido en el artículo 114.1 de la propia Constitución, en caso de que el Congreso la deniegue implica la dimisión del Gobierno. En cualquier caso, el 4 de febrero la Mesa de la cámara admitió a trámite la Proposición y se prevé que sea debatida por el Pleno a partir del día 25.

En paralelo, el PSOE y Junts siguen negociando la delegación a la Generalitat de la competencia en materia de inmigración, acordada el 10 de enero de 2024 a cambio de la abstención de los posconvergentes en la votación sobre la convalidación del anterior “decreto ómnibus” (RDL 8/2023, de 27 de diciembre). Dicha transferencia, de la que se ha filtrado que podría tener como resultado la presencia, testimonial, de los Mossos d’Esquadra en los controles de fronteras, genera especiales resistencias en el Ministerio del Interior, encabezado por el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y uno de los ministros más derechistas del Gobierno central.

El especial interés de Junts por la delegación de la competencia en materia de inmigración es difícil de separar de la irrupción en el Parlament del partido xenófobo de ultraderecha Aliança Catalana

Como razón de fondo de todos estos precarios compromisos no es difícil vislumbrar las malas perspectivas demoscópicas para el PSOE en caso de adelante electoral y la posibilidad de que Junts perdiera su carácter decisivo para determinar la mayoría en el Congreso. En esta situación, Junts quiere transmitir una imagen de fortaleza —en contraste con su competidor directo, ERC, al que acusa constantemente de debilidad frente al PSOE y de falta de habilidad a la hora de negociar— y ocultar a la opinión pública sus tensiones internas, que, una vez más, han salido a la luz con los escándalos que han salpicado en las últimas semanas a su eurodiputado electo, Antoni Comín, por su gestión al frente del Consell de la República.

Comín ha sido acusado de apropiación de fondos de la institución y de acoso sexual a un antiguo asesor de la formación en el Parlamento Europeo. Significativamente, Puigdemont se ha abstenido de defender a Comín y ha preferido guardar silencio, mientras que el Consell de la República ha organizado unas elecciones que se celebrarán telemáticamente entre el 8 y el 12 de febrero. Todos los candidatos que se han presentado coinciden en la necesidad de relanzar el organismo, pero ninguno adelanta propuestas para una entidad que todo el mundo ve como satelizada por Junts, sin objetivos ni funciones claros y de la que se recuerdan principalmente una serie de iniciativas que plasmaban aquel dicho de “comenzar la casa por el tejado”, en este caso aplicado a la construcción nacional, con propuestas como la emisión de un carné de identidad o de sellos de la República catalana.

La relación entre Junts y la ultraderecha independentista en el espejo de Ripoll

El especial interés de Junts por la delegación de la competencia en materia precisamente de inmigración es difícil de separar de la irrupción en el Parlament del partido xenófobo de ultraderecha Aliança Catalana (AC). Precisamente durante los últimos días se ha abierto la oportunidad para Junts de resolver un problema que ha gestionado especialmente mal, colocándole en una posición de complicidad objetiva con el acceso de la líder de AC, Sílvia Orriols, a la Alcaldía del municipio de Ripoll (Girona).

En las elecciones locales del 28 de mayo de 2023, AC obtuvo únicamente seis de los 17 concejales. Sin embargo, la candidata de la segunda fuerza, Manoli Vega, de Junts, partido que hasta entonces había ostentado la alcaldía, anunció su intención de pasar a la oposición. No obstante, ERC, PSC y Alternativa per Ripoll-CUP concluyeron, el 11 de junio de ese año, un acuerdo de gobierno, si bien necesitaba el apoyo de los posconvergentes para prosperar. Ese mismo día, empero, la entonces presidenta de Junts, Laura Borràs, en un tuit en X se mostró partidaria de dejar gobernar a “la lista más votada”. Tras ello, Vega anunció su intención de presentar también candidatura en la votación de investidura a la alcaldía, por lo que los siete votos obtenidos por la candidata de ERC, Chantal Pérez (tres de ERC, dos del PSC y dos de Alternativa per Ripoll-CUP), fueron insuficientes para obtener la mayoría absoluta establecida en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general, como condición para que un candidato que no pertenezca a la lista más votada sea investido alcalde. Por ello, en aplicación de ese mismo precepto la alcaldía recayó en Orriols, que se convirtió en la primera alcaldesa de ultraderecha en Cataluña.

Sin embargo, cuando, el 20 de enero de este mismo año, el Pleno municipal rechazó por segundo año consecutivo el proyecto de presupuestos del gobierno local, la alcaldesa planteó una cuestión de confianza, que fue igualmente rechazada por el voto contrario del resto de grupos. Con ello, se ha abierto un período de treinta días para que los grupos de la oposición presenten a un candidato alternativo a la alcaldía. En caso de que este no se presentara o no obtuviera la mayoría absoluta de los votos en el Pleno, el proyecto de presupuestos del gobierno de Orriols quedaría aprobado. Cabe destacar que Junts, si bien ha expresado su esperanza de que la oposición pueda formar un gobierno de concentración, también se ha mostrado contrario a los “cordones sanitarios” a la ultraderecha de AC.

En este sentido, recientemente se han vuelto a oír voces procedentes del espacio posconvergente con planteamientos semejantes a los de Borràs en 2023. Así, el 1 de febrero Artur Mas, expresidente de la Generalitat, del extinto Partit Democràta Europeu Català (PDeCAT) y de la igualmente disuelta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se mostró partidario de “hablar con AC”, porque “no se puede decir que existen votos buenos y votos malos”, y arguyó que Junts mantiene igualmente vías de comunicación con la CUP, que “también son muy ultras”, y que tanto AC como los anticapitalistas representan “extremos”. Cabe señalar, no obstante, que Mas ni siquiera es afiliado a Junts y así se lo recordó el secretario general del partido, Jordi Turull, que repuso que “la política de pactos y de relaciones con los demás partidos políticos la deciden los órganos de dirección de Junts”.

Habrá que ver, pues, si en Junts se impone una política antifascista y rechaza cualquier tipo de tolerancia o complicidad con la ultraderecha catalana —cuya presencia en el Parlament está lejos de la fuerza que tienen sus homólogos en otros países europeos— o si se consolida la banalización y normalización de la ultraderecha y de los lugares comunes condensados en la falsaria pseudoteoría de la herradura, propia del sedicente centrismo.

Pensando en 2026 más que en 2025

El alejamiento de ERC respecto al PSC en el Parlament ―no, en cambio, respecto al PSOE en el Congreso, al menos por ahora y mientras no lo recomiende el cálculo político y electoral— y las vacilaciones de Junts acaso tengan que ver también con el escenario que pueda abrirse tras las elecciones autonómicas en Andalucía, previstas para 2026, cuyos resultados podrían precipitar una crisis para la coalición de gobierno entre el PSOE y Sumar.

No solamente por los resultados que vaya a obtener el PSOE, sino también porque se rumorea desde hace tiempo que Podemos podría cerrar en estos comicios una coalición con Izquierda Unida (IU) que dejara fuera a Sumar, cuya utilidad como artefacto político quedaría entonces fuertemente cuestionada, a fortiori tras las dimisiones de su coordinadora, Yolanda Díaz, en junio de 2024, y de su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, como consecuencia de los numerosos testimonios de mujeres que le acusaban de agresiones sexuales. El futuro de este espacio sería el de una nueva “refundación” o, quizá, transformarse en un partido de izquierda verde, como proyección estatal de lo que fue en Cataluña la hoy difunta Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV).

De precipitarse unas elecciones anticipadas en 2026, ni a Junts ni a ERC les interesaría que se los viera próximos al PSOE, de modo que ya en 2025 están empezando a soltar amarras, por así decir, para marcar un perfil propio y diferenciado en unos eventuales comicios generales. En un segundo paso, si Pedro Sánchez fuera incapaz de mantener su frágil coalición de investidura —en la que Junts estaba destinada a ser una nota discordante, como se ha demostrado— y las cifras no le dieran para gobernar con un Sumar desinflado, esta formación terminaría como pieza de museo en el cada vez más nutrido gabinete de curiosidades de la izquierda estatal. Y si, como consecuencia de ello, el PP formara un ejecutivo con Vox, siguiendo el patrón que estamos viendo en otros lugares de Europa, entonces no habría demasiados motivos para que ERC sostuviera al PSC en Cataluña.

De esta manera, los partidos independentistas intentarían forzar a Illa a plantear una cuestión de confianza, con el objetivo de forzar la convocatoria de elecciones anticipadas. Unas elecciones que, planificadas con el tiempo suficiente, permitirían a Junts y ERC mejorar respecto a sus resultados actuales —más aún con un gobierno entre el PP y Vox en Madrid, que es lo que parecen apuntar todas las encuestas de intención de voto— y volver a la vieja fórmula de coalición de la esquerrovergència. Desde luego, no es un panorama ilusionante para nadie, pero la escasa imaginación política en Cataluña y en España no da para más.