Opinión
Génova 2001-2026. ¡25 años y qué!

Escribo esto para nadie y para todo el mundo. Esas y esos nadies que —como Carlo Giuliani— valemos menos que la bala que nos mata, y ese mundo imposible que, hace ahora 25 años, quisimos hacer posible. Lo hago desde mi Zaragoza natal, a 1.128 km de Génova, la ciudad en la que “volví a nacer”. Me separan dos décadas y media de la contracumbre del G8 de 2001 en la que participé, aunque recuerdo lo vivido como si fuera ayer. Tal fue la marca que dejó en mi vida.

Sinceramente, escribo porque, a pesar del desgaste, entiendo el valor de que sean las propias personas que protagonizan las luchas quienes las narren. Por eso mismo seguimos hablando y denunciando. Hemos combatido la mentira y la criminalización cuanto hemos podido y sabido; este ha sido nuestro compromiso durante estos 25 años: hacer verdad, justicia y reparación. Como lo harán quienes volverán los próximos 19, 20 y 21 de julio a llenar las avenidas de Génova de memoria, solidaridad y esperanza. Y seguiremos contando antes de que, como en la película, “todos esos momentos se pierdan en el tiempo, como lágrimas en la lluvia”.

Lejos de ser inhabilitados de por vida, muchos de los policías imputados continuaron sus carreras. Y el Estado italiano llegó a recompensarlos en los años siguientes con ascensos

Comenzaré por compartir algunas cifras para entender la magnitud del acontecimiento: más de 300 personas arrestadas, 560 hospitalizadas oficialmente y un millar y medio más socorridas por servicios médicos voluntarios del Foro Social de Génova que no fueron hospitalizadas por temor a las represalias y el asesinato de un compañero, el de Carlo.

Este es el saldo final de la carnicería que provocaron alrededor de 18.000 poliziotti y carabinieria cargo de los ministerios del Interior y de Defensa de Italia, de la mano de los servicios secretos de los estados más poderosos del planeta, frente a unos 300.000 manifestantes entre los que me encontraba junto a 13 personas más del Movimiento de Resistencia Global de Zaragoza. Dos de ellas fueron detenidas en el transcurso de una manifestación en la Piazza Manin, y a once más nos detuvieron en el asalto policial a la escuela Diaz-Pertini, que uno de los propios responsables policiales de la operación llamó macelleria messicana. De las 93 personas arrestadas allí, 82 resultamos heridas, 63 necesitamos tratamiento médico de urgencia y tres resultaron con pronóstico reservado.

Fuimos golpeadas brutalmente y conducidas a un cuartel clandestino en la periferia, la instalación militar Nino Bixio en el barrio genovés de Bolzaneto, que fue utilizada temporalmente como centro de detención y tortura por la policía italiana. Finalmente, dos compañeros acabaron en la cárcel de Alesandría, a unos 85 kilómetros de Génova, una compañera en la prisión de Vercelli, a 135 km por carretera, y al resto nos trasladaron a la cárcel de Pavía, a unos 127 km.

Después llegarían nuestros decretos de expulsión exprés con cargos de “asociación para delinquir con el fin de cometer devastación y saqueo, resistencia agravada y posesión de explosivos”, que años después serían declarados ilegales por los tribunales italianos, gracias al empeño de nuestras abogadas, abogados y de quienes decidieron no olvidar.

El contacto, los testimonios y la resistencia a lo largo de los años de quienes pasamos por la Escuela Díaz y por Bolzaneto sirvieron para dar la vuelta al relato oficial. Proyectos de defensa legal y de coordinación como la secretaría legal del Genoa Legal Forum y Supporto Legale , el Comitato Verità e Giustizia per Genova, el Comitato Piazza Carlo Giuliani y el apoyo incondicional del Buridda, el Laboratorio Sociale Occupato Autogestito de Génova, fueron cruciales.

La cooperación desde la diversidad, la perseverancia y el apoyo mutuo nos sostuvieron. Los lazos internacionales que tejimos impidieron que se archivara discretamente la investigación enterrando el asunto en la impunidad, como querían Berlusconi y sus colegas. Forzamos la apertura de los macrojuicios y conseguimos condenas históricas contra la cúpula policial italiana.

Sin embargo, debido a que en aquel momento el delito de tortura no existía en el código penal italiano, muchos policías solo pudieron ser juzgados por lesiones, cargos que prescribieron antes de dictarse sentencia firme.
Once años después, el Tribunal Supremo italiano condenó a altos cargos policiales por falsedad ideológica y calumnias, aunque tampoco vieron la cárcel. Y tras una ardua lucha legal y social, en 2015 y 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)condenó formalmente a Italia por las torturas de Bolzaneto y el asalto a laDíaz, obligando a indemnizar a las víctimas y a tipificar, por fin, la tortura en sus leyes.

Pese a esto, y como era de esperar, tampoco faltaron ascensos policiales y premios institucionales a quienes respetaron la cadena de mando y cumplieron diligentemente con el pacto de silencio. Lejos de ser inhabilitados de por vida, muchos de los policías imputados continuaron sus carreras. Y el Estado italiano llegó a recompensarlos en los años siguientes con ascensos a puestos clave de la seguridad nacional o la inteligencia.

Por otra parte, en diciembre de 2002, la fiscalía italiana abrió un macroproceso penal imputando formalmente a 25 manifestantes, elegidos de forma prácticamente aleatoria a partir de imágenes de televisión y fotografías de los disturbios, utilizándolos como cabezas de turco para justificar la violencia policial con graves acusaciones de devastación y saqueo.

Tanto las penas de cárcel a los activistas italianos como el tratamiento judicial del asesinato de Carlo Giuliani son el capítulo más indignante de esta historia

En 2007, tras años de sesiones, el tribunal de primera instancia absolvió a 15 de ellos por falta absoluta de pruebas de cargo, pero condenó con severidad al resto. “Los diez de Génova”, que recibieron las condenas más duras e implacables de la contracumbre del G8, con penas de entre seis y 14 años, se convirtieron en el símbolo de la desproporción judicial. Mientras que ningún policía condenado por torturas pisó la cárcel, La Corte di Cassazione italiana aplicó un código penal de la época fascista (el Código Rocco) que castigó de forma ejemplar a los compañeros italianos.

Casi 100 años de cárcel solo para diez personas. Cinco de ellos ingresaron inmediatamente en prisión. El resto eludió temporalmente la cárcel con arrestos domiciliarios o por tener familiares a su cargo. Francesco Puglisi huyó a España, pero fue detenido en Barcelona en 2013 y extraditado, y Vincenzo Vecchi logró refugiarse clandestinamente en Francia durante años y, tras una larga batalla legal, los tribunales franceses rechazaron su extradición al considerar desproporcionado el uso de la ley fascista italiana de devastación. En la actualidad nadie condenado por el G8 de Génova sigue en la cárcel.

Tanto las penas de cárcel a los activistas italianos como el tratamiento judicial del asesinato de Carlo Giuliani son el capítulo más indignante de esta historia. Sirva como ilustración de la farsa policial y judicial de Génova el peritaje balístico oficial que aceptó el tribunal italiano en el caso por el asesinato de Carlo Giuliani: el militar disparó al aire y la bala, al rebotar en una piedra lanzada por los propios manifestantes, se desvió hasta impactar accidentalmente en la cabeza de Carlo. Sobre el atropello del Land Rover Defender —que, después de que le dispararan, pasó dos veces sobre su cuerpo herido tendido en el suelo— se determinó que se trataba tan solo de una maniobra de escape.

Lamentablemente, en el caso del asesinato de Carlo, tras una sentencia inicial en 2009 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó al Gobierno italiano a pagar una indemnización a la familia por no haber llevado a cabo una investigación detallada de las circunstancias de la muerte, en 2011 la Gran Sala del TEDH revocó parcialmente el fallo anterior, absolviendo al Gobierno por completo. Dictaminaron que el uso de la fuerza letal por parte del carabinero no violó el derecho a la vida y que actuó en legítima defensa ante lo que consideraron un peligro inminente.

El archivo de la causa penal por el asesinato de Carlo Giuliani, sumado a las condenas de “Los diez de Génova”, significó el cierre oficial de la crisis de Génova 2001 para los Grandes del G8. Probablemente, el gobierno italiano, impotente ante la difusión internacional de unos hechos que llegaron a calificarse como “la suspensión más grave de los derechos democráticos en un país occidental desde la Segunda Guerra Mundial”, aceleró la presión judicial para resarcirse con estos procesos.

Con todo, nuestra lucha contra la policía del G8 fue un éxito moral, documental y político que impidió que el Estado italiano reescribiera la historia y sirvió de reconocimiento mundial de las miles de agresiones sufridas en las calles de Génova por ejercer la desobediencia civil y nuestro legítimo derecho a la protesta durante aquellos días de julio. 600 horas de video, 24.000 imágenes recopiladas y un informe de 23.000 páginas escritas de nuestra asistencia legal lo atestiguan. La verdad trasciende a los tribunales. El relato oficial de que “la policía actuó de forma proporcional contra terroristas” no se lo cree nadie. Génova 2001 pasó a la historia universal como sinónimo de barbarie estatal. La legitimidad moral la ganamos la gente, no el Estado.

Nadie mínimamente inteligente dudará de que tras el objetivo oficial de garantizar la seguridad de los mandatarios internacionales y mantener el orden público se quería neutralizar al movimiento antiglobalización. El uso policial de una violencia extrema estaba dirigido a imponer un castigo colectivo ejemplarizante e intimidatorio, diseñado expresamente para sembrar el miedo y forzar la desmovilización social.

Tras el éxito de protestas anteriores, como la de Seattle en 1999 que consiguió bloquear la cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), o la de Praga en el año 2000 forzando la clausura de la cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, se quiso convertir a Génova en un escarmiento público de urgencia para frenar de forma drástica el crecimiento de nuestro movimiento contra el orden económico neoliberal en construcción. Aquellas grandes demostraciones de desobediencia civil servían para popularizar y expandir la crítica radical —entendida desde la raíz— a la globalización capitalista, algo que ningún otro movimiento estaba logrando en ese momento.

Hoy, Génova 2001 es un ejemplo elocuente de la violencia que ejercen los Estados contra la disidencia política, y un símbolo histórico de la lucha por la verdad y la rendición de cuentas por la violación de nuestros derechos fundamentales. Ahora, nos sobran los motivos para repetir una movilización como la de Génova, más aún cuando el Capital intenta perpetuarse a través del fascismo, utilizándolo como su última línea de defensa. Entonces, señalamos amenazas como la del cambio climático, las guerras por los recursos del planeta, el rearme en detrimento de la inversión en sanidad, educación y erradicación del empobrecimiento, la militarización racista de las fronteras o el imperio de las grandes corporaciones capitalistas. Todas estas realidades forman parte de las luchas sociales del presente.

De ti, de mí, de nuestra cooperación y capacidad colectiva para globalizar las luchas depende crear nuevas y mejores oportunidades de rebelión mundial. A sabiendas de que, cuando el sistema siente su poder en verdadero peligro, responde con una violencia desesperada. Quienes resistimos en Génova no faltaremos a las nuevas “Génovas” por venir. Aquí estamos y allí estaremos, con toda la experiencia, la inteligencia y el amor posibles por un mundo nuevo.