Antimilitarismo
La sociedad española rompe con el tabú del gasto militar… o no

La cantidad de eufemismos utilizados por los gobiernos para vender las bondades del aumento en el gasto militar es un buen termómetro para sospechar que el debate no está tan decidido como pareciera.
Congreso No a la guerra 2025 - 10
Protesta antimilitarista en el Congreso de los Diputados. Álvaro Minguito

El pasado 22 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el plan para que el gasto militar alcance el 2% del PIB en 2025 y no en 2029 como se había previsto inicialmente. 10.471 millones de euros destinados a un rearme que “mejorarán las condiciones de las tropas, fortalecerán telecomunicaciones y ciberseguridad y servirán para apoyar en la gestión de emergencias y desastres naturales”, pero también dirigidos a misiones en el exterior e “instrumentos de defensa y disuasión”. El anuncio llegaba después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidiera en febrero a los socios de la Alianza un aumento de ese porcentaje antes del verano, advirtiendo que quien no cumpliera recibiría “una llamada de un hombre muy simpático en Washington”, en referencia a Donald Trump.

No parece que el anuncio del presidente español haya causado una excesiva controversia en la sociedad española, más allá de algunas voces críticas a su izquierda que, por otra parte, tampoco han sido unánimes; algo que no deja de sorprender en una sociedad como la española que desde hace décadas ha venido ofreciendo muestras masivas de pacifismo, cuando no de antimilitarismo.

Antimilitarismo
Rearme El gasto militar mundial se dispara
El gasto militar en el planeta aumentó en 2024 un 9,4% respecto a 2023, lo que supone el mayor incremento interanual desde la Guerra Fría.

¿Se ha acabado entonces con el tabú del gasto militar en España? A juicio de algunos propagandistas de la medida así sería. Y las encuestas y sondeos que se vienen publicando en los últimos tiempos parecen corroborar esa opinión: según los datos del CIS en su estudio nº 3487 de noviembre pasado, desde 2015 el porcentaje de gente que cree que se invierte demasiado en defensa ha bajado nada menos que 16 puntos porcentuales —aquel año lo pensaba el 40,5% de los encuestados, mientras que en 2024 la cifra bajaba hasta el 24,5%. Y según esos mismos datos, si un 39,9% de los encuestados defendían entonces que habría que gastar “más o mucho más”, en el barómetro de marzo de este año la cifra ha crecido ya al 75%. Encuestas de otros medios como La Sexta, El Periódico o El Español ofrecen resultados parecidos.

Memoria antimilitarista

En marzo de 2000, unos días antes de las elecciones generales, el presidente José María Aznar anunciaba el fin —en realidad la suspensión— de “la mili” para 2001. Acababa así un servicio obligatorio al que habían estado sometidos todos los varones españoles desde el siglo XVIII. El hecho representaba una de las grandes victorias antimilitaristas en una sociedad que venía dando numerosas muestras en ese sentido desde el tardofranquismo: en treinta años que duró la campaña contra el servicio militar, cerca de un millón de jóvenes se declararon objetores de conciencia sobre un contingente de 250.000 reclutas anuales, y otros 30.000 se declararon insumisos o se autoinculparon, de los cuales unos mil ingresaron en la cárcel. La movilización de miles de personas encarceladas o en rebeldía había logrado que en 2001 el servicio militar obligatorio fuera suspendido sine die.

Antimilitarismo
Mil años de cárcel para acabar con la mili
Hablamos con Pepe Beunza, activista antimilitarista y uno de los impulsores de la campaña de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

Si se puede calificar el fin del servicio militar como el momento culmen de unas movilizaciones, continuadas y transversales, de repudio al militarismo, no se debe olvidar tampoco la intensa campaña contra la integración de España en la OTAN y un referéndum que, si bien perdieron los partidarios de abandonar la organización, puso sobre la mesa muestras de rechazo y manifestaciones multitudinarias nunca vistas antes: en noviembre de 1981 y en julio de 1983, 150.000 y 200.000 personas habían marchado respectivamente contra la Alianza Atlántica en Madrid; en octubre de 1983, más de 300.000 personas en todo el país; en mayo 1984, la “Primera cadena humana por la paz” congregaba en Barcelona a 100.000 personas; en junio de 1984, 300.000 personas nuevamente en Madrid; en febrero de 1986, la “Segunda cadena humana por la paz” de Barcelona a otras 200.000 personas; y en febrero de ese año, a pocas semanas del referéndum, la Marcha a Madrid reunió a medio millón de manifestantes. Pese al triunfo del “sí”, la campaña contra la OTAN había profundizado en una cultura política de movilización en clave antimilitarista, cuyo impacto volvería a tener eco en 2003 y 2004 contra la guerra de Iraq en nuevas manifestaciones multitudinarias que sumarían más de tres millones de personas en todo el Estado.

A tenor de estos precedentes y de la tímida respuesta social y política al anuncio de Sánchez, asalta la lógica duda de si efectivamente se ha producido un cambio sociológico en España en lo que respecta al militarismo y los gastos en Defensa, y también en torno al cuestionamiento del papel jugado por los medios de comunicación en el relato belicista que parece estar imponiéndose.

¡Más armas, es la guerra!

La influencia de la propaganda en la falta de respuesta de la sociedad española es algo en lo que incide Enrique Quintanilla, activista de Desarma Madrid y Ecologistas en Acción: “Lógicamente, de 2015 a 2025 ha habido algunos cambios sociológicos de la ciudadanía, pero creo que la verdadera razón de esta variación es el ‘bombardeo’ al que nos están sometiendo los medios. Quieren infundir miedo en la población, con amenazas que no creo sean tales y con un discurso belicista a todos los niveles. Además, disfrazándolo todo con palabras como seguridad, tecnología, cooperación cuando en la realidad es un aumento para beneficio de la industria armamentística”.

El papel que ejercen los medios a la hora de moldear la opinión pública en este debate es algo recurrente entre los expertos consultados: así lo ve, por ejemplo, Ina Robles, activista desde 2006 en movimientos ecologistas y pacifistas que en 2017 se negó a colaborar como bombero en el puerto de Bilbao en un envío de armas a Arabia Saudí. Él no cree que la sociedad española haya cambiado profundamente y opina que, en general, sigue siendo mayoritariamente pacifista, pero “lo que sí ha cambiado drásticamente es el enfoque de los grandes medios de comunicación. La mayoría de ellos pertenecen a conglomerados empresariales y fondos de inversión con intereses directos en la industria armamentística, y están aprovechando la actual coyuntura geopolítica para moldear la opinión pública y así favorecer la rentabilidad de sus inversiones”.

Opinión
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Según el autor, investigador del Centre Delàs, el gasto militar real del Estado español será de 40.457 millones de euros y representará respecto al PIB el 2,48%. A esto se sumarán las inversiones comprometidas en programas de armamento.

El sociólogo César Rendueles es partidario de no idealizar el antimilitarismo en España: “A veces leo una versión muy edulcorada del movimiento antimilitarista en los años 80 y 90 cuando, realmente, los insumisos fuimos cuatro gatos. Creo que algo que hizo bien ese movimiento fue unirse y a veces liderar batallas concretas que despertaban simpatías sociales: el rechazo de la OTAN y las bases estadounidenses, la lucha por la abolición del servicio militar, el rechazo de la guerra de Iraq… Pero creo que no se puede hacer la lectura inversa y pensar que, por tanto, la sociedad española era antimilitarista. No creo que lo fuera. Se rechazaba el servicio militar porque se veía como una pérdida de tiempo en una institución franquista, anticuada e ineficaz, no porque se cuestionara la institución militar en sí misma”. Rendueles apunta que lo que ha cambiado es la percepción del ejército: “Hoy mucha gente ve a los soldados como una especie de bomberos con pistolas”.

Pero, en su opinión, lo lo que ha variado de forma más significativa es la comprensión de los riesgos a los que se enfrenta Europa: “Por principio desconfío de cualquier cosa que proponga el ejército, pero también creo que un pacifismo basado en el privilegio a la distancia geográfica respecto a una amenaza que mucha gente sensata percibe como muy real es una carta a los reyes magos ideológicos o una excusa para el partidismo”.

Para José Luis Gordillo, del Centre Delàs de Estudios por la Paz, “en general, la mayoría de las personas en todos los países de mundo prefiere la paz a la guerra, pero los pacifistas antimilitaristas acostumbran a ser muy pocos. La mayoría de la gente son pacifistas del ‘depende’, esto es, depende del contexto y las circunstancias. La mayoría de la gente no se opone a las guerras ‘en legítima defensa’: si te atacan, es legítimo defenderse. De ahí que los aparatos de propaganda de los estados siempre presenten las guerras como defensivas”.

En España esto ocurriría también, pero con el añadido de circunstancias históricas particulares que hacen que la opción pacifista haya sido más pronunciada: “La primera es la memoria colectiva que ha quedado de la guerra civil de 1936-1939. La mayoría de los bisabuelos, abuelos, padres y madres de hoy han transmitido a sus descendientes el horror hacia la violencia armada organizada. La segunda, es que España, desde el siglo XIX hasta la firma de los tratados con Estados Unidos en 1953 por decisión de Franco y Eisenhower, había mantenido una centenaria tradición de neutralidad en los conflictos entre potencias, más clara en la primera guerra mundial que en la segunda”.

Eso quedó reflejado incluso en el artículo 6 de la Constitución de la Segunda República Española, que decía que España renunciaba a la guerra como instrumento de la política nacional, el cual era una transposición literal del Pacto Briand-Kellog de 1929 de prohibición de la guerra. La Constitución italiana tiene un artículo muy similar. Ahora no hay ningún artículo parecido en la Constitución española de 1978 porque “el designio de los EEUU era que España entrara en la OTAN lo más rápidamente posible para que su ejército le ayudara en las ‘misiones internacionales’, como efectivamente ha hecho desde entonces”.

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A juicio de este experto, el PSOE intentaría desactivar la oposición social apelando al argumento de que esas decisiones se deben tomar sí o sí. “El PSOE tiene una base electoral a la que tampoco le gusta el militarismo, por eso casi siempre acaba defendiendo esas decisiones sobre la política de defensa con argumentos que nada tienen que ver con la política de defensa: había que entrar en la OTAN, no porque la URSS nos amenazara, sino porque era el precio a pagar por la entrada en el mercado común y dicha entrada comportaría grandes beneficios económicos para España, o ahora hay que aceptar el aumento del gasto militar por los muchos puestos de trabajo que creará la industria de defensa”.

Pese a todo, “son sorprendentemente altos los datos del CIS para quienes se oponen a los gastos militares. Una oposición de un 24 o 25%, esto es, de la cuarta parte de la población, es una oposición muy alta teniendo en cuenta la manera en que se ha explicado la guerra de Ucrania, que es la gran excusa para aumentar el gasto militar exigido por EEUU y la OTAN. Si la guerra de Ucrania es ‘la guerra de Putin’ y si EEUU/OTAN no tiene ninguna responsabilidad en su génesis y continuidad, entonces me parece muy normal que haya mucha gente que esté a favor de aumentar el gasto militar, dado que Putin es el ‘nuevo Hitler’, etc. Si, además, el aumento del gasto militar no va a comportar un recorte de los gastos sociales, como ha dicho Pedro Sánchez, ¿qué problema hay?”.

Consecuencias éticas

Más allá de los juegos de palabras y eufemismos del Gobierno a la hora de plantear el debate, la realidad es que el aumento en defensa implica obligatoriamente una reasignación de recursos, lo que sin duda afectará al gasto social —el presupuesto del Estado es fijo, y aumentar unas partidas implica inevitablemente reducir otras—, pero además supone un posicionamiento político claro con profundas consecuencias de calado ético, como afirma Ina Robles: “La consecuencia más preocupante es que nos mete de lleno en la demencial dinámica de escalada bélica global, que cuesta cientos de miles de vidas inocentes, principalmente mujeres, niños y niñas, muchas de ellas asesinadas con armas europeas”.

Además, él considera que no es cierto que no haya alternativa “porque el relato que tratan de imponer es sencillamente falso, el problema es cómo contrarrestar la formidable capacidad de influencia de los grandes medios cuando se dedican a generar alarma”. Robles recuerda que, según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), los países europeos pertenecientes a la OTAN ya destinan 454.000 millones de dólares a gasto militar, frente a los 149.000 millones de Rusia. “Es decir, tratan de convencernos de que tenemos que aumentar masivamente nuestro gasto para defendernos de un país que, a día de hoy, ya gasta tres veces menos. ¿Cuándo alcanzaremos esa supuesta ‘seguridad’? ¿Cuando gastemos cuatro veces más, cinco veces? Es evidente que la paz no se construye invirtiendo en armas, sino precisamente apostando por su reducción, por el fortalecimiento de la diplomacia y por la cooperación internacional”, afirma.

¿Puede existir todavía una alternativa que confronte el relato oficial?

Gordillo asegura que sí: “La alternativa al relato oficial es explicar la verdad a la gente y disponer de medios de comunicación para difundirla”. En su opinión, esa alternativa consiste, por ejemplo, en explicar que “el gobierno de Ucrania siempre ha estado al servicio de la OTAN y nunca ha tenido ‘agencia propia’ alguna”. También en explicar que “el aumento del gasto militar es lo mismo que una reducción de las prestaciones sociales de las que se beneficia la mayoría de la gente”. O que el final de la guerra de Ucrania “depende de las decisiones de EEUU/OTAN y de la Federación Rusa, no solo de esta última. Y explicar también que pensar que cuando acabe la guerra de Ucrania, Rusia va a iniciar otra guerra contra la UE/OTAN, es decir que se va a embarcar en la Tercera Guerra Mundial, es una idea que retrata a quien la considera verosímil”. Y, por último, esa alternativa que plantea Gordillo consiste en explicar que “los dirigentes europeos, en lugar de esperar a ver lo qué es lo que quiere hacer el Papa del otro lado del Atlántico, hubieran debido tomar hace años la iniciativa de sentarse en una mesa a negociar con los dirigentes rusos sobre los parámetros de la seguridad europea. Y que estar a favor de eso no te convierte en ‘pro-Orban’, ‘prorruso’, ‘pro-Putin’, ‘pro-Hitler’, ‘pro-Trump’ o pro cualquier otra cosa horrorosa, sino en alguien sensato que no comparte la estupidez y la incompetencia de la actual generación de dirigentes europeos”.

La cantidad de eufemismos utilizados por nuestros gobernantes para vender las bondades del aumento en el gasto militar es un buen termómetro para sospechar que el debate no está tan decidido como pareciera. Por otro lado, empiezan a sonar ya algunas llamadas a la movilización —si bien todavía tímidas— contra el rearme y, sin duda, sigue existiendo una corriente subterránea decidida a confrontar el relato armamentista. En todo caso, la tarea no parece fácil: mientras redactamos estas líneas, Rutte acaba de afirmar que el aumento del 2% queda relegado al olvido y espera ahora “que el compromiso de los socios de la Alianza Atlántica suba a una cifra estimada entre el 3% y el 3,5%”. La espiral belicista sigue imparable.

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