Análisis
La apuesta vasca de subirse a la industria bélica europea ante el gripaje industrial

El pasado 4 de marzo, en Bruselas, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se presentaba en rueda de prensa. El diagnóstico sobre el escenario descrito era contundente: Europa, tras décadas sumida en un cierto infantilismo y ensimismamiento, había cometido el error de olvidar que el mundo es un lugar peligroso, plagado de enemigos al acecho. Lo demostraba la agresión del neozar ruso contra la joven democracia ucraniana. En línea con la célebre metáfora de Borrell, el viejo continente había estado demasiado ocupado “gastando en mantequilla en lugar de en cañones”. Para anunciar el pantagruélico aumento del gasto en defensa que marcará el giro militarista en la política europea durante los próximos años, Von der Leyen declaró:  “Estamos en una era de rearme”. 

Así se presentó el programa ReArm Europe, dotado con 800.000 millones de euros. Para poner la cifra en perspectiva: el Estado español cuenta con unos Presupuestos Generales del Estado de 583.543 millones aprobados por última vez en 2023. De momento no está claro cuál será la vía de financiación de este enorme gasto —ya sea a través de la emisión de eurobonos o mediante un nuevo periodo de austeridad— el camino de las elites parece estar marcado.

Como señala el grupo grupo antimilitarista Gasteizkoak en su libro Conversión de la industria militar en Euskal Herria (2024), la implementación de los Rearm Europe es la culminación de la línea de cooperación que el lobby militar europeo ha establecido con el Comisionado de la Unión Europea desde al menos 2017. Esta cooperación se ha acelerado desde el estallido de la guerra en Ucrania en 2022, con la creación del Fondo Europeo de Defensa (FED), dotado de 7.900 millones de euros y que abre a la industria militar las puertas de acceso a fondos civiles, como, por ejemplo, el programa medioambiental europeo o los fondos Erasmus+, lo que representa un salto enorme en la aceptación de la economía de guerra en las políticas europeas. 

Previo al Rearm Europe, también podemos mencionar la aprobación de la Estrategia Industrial Europea de Defensa (EDIS) en marzo de 2024, anunciada por Borrell y Thierry Breton, por aquel entonces todavía Comisario europeo del Mercado Interior y cuya mejor sorpresa fue el acceso de la industria bélica a los créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), presidido por Nadia Calviño. Para poner esto en perspectiva, cabría mencionar que en un año el BEI ha triplicado su financiación a bancos para invertir en industrias bélicas, con préstamos de hasta 500 millones de euros para el Deutsche Bank.  

La magnitud de esta inyección de fondos a la industria militar y al comercio de armas, anunciada cada vez con menos necesidad de pudor, no dista demasiado de los 750.000 millones que Europa anunció en 2020 a través del programa Next Generation. 

El objetivo fue estabilizar la economía tras la pandemia, redirigiendo la inversión hacia los pocos sectores con rentabilidad futura: el capitalismo digital y el capitalismo verde, ante la pérdida de competitividad de la eurozona.

En aquella ocasión, el objetivo era impulsar medidas de estabilización frente al terremoto provocado por la pandemia —con el rápido deterioro de la competitividad de la eurozona frente a sus homólogos sinoestadounidenses como telón de fondo—, canalizando la inversión hacia algunos de los escasos nichos donde aún se espera encontrar rentabilidad en las próximas décadas: el capitalismo digital y el capitalismo verde. En la misma línea se situaría el discurso pronunciado por Mario Draghi, ex-presidente del banco central europeo, en su informe presentado en Estrasburgo sobre la competitividad europea. De acuerdo a la valoración del banquero, Europa debía hacer un gasto equivalente al 4% del PIB en inversión pública mediante bonos mutualizados si no quería seguir profundizando en la crisis.

Como bien nos recordaba Wolfgang Streeck, en 2021 —año previo a la escalada bélica en la frontera ucraniano-rusa— las cuatro principales economías europeas (Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia) gastaron entre un 1,3 y un 2,2% de su PIB en gasto militar, 4 veces más de lo que el Gobierno de Moscú había invertido.

No obstante, alejada del cacareo del “que viene la guerra”, conviene reflexionar sobre el papel que cumple el gasto militar para el Estado como planificador e interventor coyuntural en los ciclos de acumulación capitalista. Al fin y al cabo, detrás del aumento del gasto militar, la defensa de Ucrania y la preocupación por construir un auténtico ejército europeo son asuntos bastante secundarios. Lo que parece realmente estar sucediendo es que, ante la incapacidad para dar una salida a los productos para la reindustrialización digital y verde, Europa va a dar cabida a la industria militar para absorber  la inversión y fomentar el consumo inducido. Todo un clásico cuando es el Estado, y no la iniciativa privada empresarial, quien tiene que ponerse los pantalones para mantener con vida lo poco que queda del tejido productivo europeo.

En una decada el gasto militar se multiplicó por 2,6, mientras que el mantenimiento militar destaca como los pocos nodos industriales que mantienen vivo el legado metalúrgico y naval del estado español.

Después del estancamiento que están sufriendo las industrias que durante décadas han impulsado el crecimiento —la automovilística y la aeronáutica— frente a sus competidores, principalmente chinos, la industria bélica y el fortalecimiento del régimen de frontera de la Europa-fortaleza se antoja como un excelente destino para absorber inversión financiera y aumentar la productividad en un sector con altos salarios. Es lo que desde OMAL han denominado con el nombre de keynesianismo verde-oliva, en un guiño al tradicional color de los uniformes militares. 

Por supuesto y por muy progresista que se tiña, el actual Gobierno es conocedor de que la producción de medios de destrucción es un excelente activador industrial para las regiones que aguantaron lo peor de la desindustrialización de los años 80. Por ello, y pese a la escenificación de Pedro Sanchez en La Haya durante la firma del 5% de gasto militar sobre el PIB, las líneas estratégicas del Gobierno son claras: para que la estabilización social funcione, el Rearm Europe puede ser una auténtica tabla de flotación tanto para la industria bélica como para sectores auxiliares como la metalúrgica.

De ahí que en una década, desde 2015 hasta 2025, el gasto militar real se ha multiplicado en un 2,6, alcanzando la cifra de 50.539 millones. La producción de los submarinos de última generación Clase S-80 Plus en las plantas de Navantia en Cartagena y el mantenimiento de las Fragatas del Ejército Español en los muelles de Cádiz, son ejemplos clave de los pocos nodos industriales que aún mantienen regiones que, en el pasado, fueron pilares de la industria metalúrgica y naviera nacional. 

Por el momento y en claves más cercanas parece que Indra ha sido la escogida por España para llevar adelante el papel de empresa-Estado en esta nueva fase del declive industrial europeo. De momento, poco antes de su junta de accionistas de 2025, el conglomerado militar tecnológico especializado en I+D+i ha cambiado sus estatutos para poder producir armamento y munición a través de su subdivisión Indra Weapon & Ammunition y para comenzar a hacer sus primeros pinitos en la producción de vehículos militares.  Dentro de su plan estratégico empresarial, la compañía espera que, en un futuro próximo, un 50% de los ingresos de la empresa provengan de la industria militar.

La apuesta militarista también se juega en Euskadi

La Sapa de los Aperribay —empresa del presidente de la Real Sociedad— es la dueña del 7,94% del accionado de Indra, siendo su tercer inversor tras el mismo Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Escribano —empresa del ahora director de la compañía—. 

La industria militar vasca ha logrado dar un fuerte impulso a una industria modernizada, tras más de dos décadas de reestructuración a raíz del declive de casas históricas como Astra en Gernika, o las emblemáticas Star, Bonifacio y Llama de Eibar. De acuerdo al pormenorizado trabajo que ha realizado el grupo Gasteizkoak, las empresas y entidades han crecido en menos de 20 años hasta las 206, donde se incluyen grupos de investigación universitarios, centros tecnológicos y empresas que obtienen fondos públicos de investigación en proyectos para usos civiles que más tarde acaban encontrando utilidad en el sector militar. En la actualidad, se calcula que la industria militar moviliza en Euskadi 750 millones de euros anuales y cerca de un 5% del PIB total. Esto la sitúa como la tercera comunidad autónoma con mayor peso de este sector, solo por detrás de Madrid y Andalucía. 

Desde los años 90, la industria militar ha contado con el respaldo de empresas clave como Sener, la Fundación Tecnalia y la muy cuidada ITP Aero, que durante la Lehendakaritza de Urkullu ha sido un actor esencial en la revitalización de la industria aeronáutica y que es propiedad del fondo de inversión Bain Capital, además de estar participada por la ya mencionada Indra. 

Desde Zedarriak, el foro empresarial y de altos ejecutivos presidido por Guillermo Dorronsoro, a principios del año llevaron a cabo una importante celebración acompañados por toda una sorta de personalidades institucionales. En aquel acto insistían en la ventana de oportunidad que se abría para la industria vasca con el giro militarista europeo, a la vez que se reabría el debate sobre el uso de la energía nuclear. Cabe destacar que la apuesta por un modelo militarista no responde a un capricho de empresarios desorientados y codiciosos. El viraje hacia una política industrial donde la producción bélica adquiera cada vez más relevancia cuenta con un sólido respaldo estratégico por parte de la nueva generación que ha entrado a conformar el Gobierno Vasco, liderada por el ahora lehendakari Pradales.

El fantasma de la guerra es útil para unos gobernantes que deben recurrir a lo que tengan a mano para dar salida al enorme excedente capitalista que no encuentra ningún mercado. 

El primero en lanzar la ofensiva fue Mikel Torres, vicelehendakari y consejero de Economía, quien manifestó que “el Gobierno Vasco estará en todo aquello que pueda apoyar para desarrollar y abrir nuevos mercados a estas empresas”. Todo esto sucede en el marco de un trimestre especialmente negativo para la industria exportadora vasca, siempre dependiente del gigante alemán Volkswagen. Por situarlo en datos, las caídas en la producción automotriz representaron una pérdida de más de 620 millones de euros.

En medio de ese contexto, poco le faltó al Consejero de industria, Mikel Jauregi para aplaudir con las orejas cuando Von der Leyen abrió el talonario desde Bruselas, declarando que Euskadi “aportaría toda su capacidad tecnológica e industrial” en la militarización europea. 

Digámoslo claro, el fantasma de la guerra es útil para unos gobernantes que de forma cada vez mas clara deben recurrir a lo que tengan a mano para dar salida al enorme excedente capitalista que no encuentra ningún mercado. Aun cuando deban recurrir a mantener el crecimiento artificial mediante la financiarización de unos medios que bien podrían destruir a la humanidad en su conjunto. Como señaló Mattick, Roosevelt y Keynes entendieron que la destrucción de la guerra podía ser un motor de crecimiento económico, un modelo que hoy se repite con la inversión en defensa.

Veamos una última cuestión: la guerra funciona como un gigantesco mecanismo de captura de atención política. Las élites, cada vez más incapaces de generar consenso entre sus ciudadanos, recurren a un mecanismo recurrente: la amenaza constante de la guerra.

Las potencias financieras y fondos de inversión dirigen su atención a los beneficios que promete la seguridad transnacional con la innovación tecnológica digital en la vigilancia y gestión de las poblaciones sobrantes. 

Esta puede tomar la forma extrema de lo nuclear —con sus “kits de supervivencia”—, cuando la imagen de tanques rusos desfilando por París resulta demasiado absurda incluso para los agoreros de la muerte o transformarse en su variante simbólica: la invasión bárbara encarnada en la llegada de inmigrantes musulmanes que implicaría el reforzamiento del regimen de la frontera europea. 

Y es que la guerra contra el “enemigo interior” es un elemento clave en este proceso. La criminalización racial constituye un campo idóneo para un capitalismo cada vez más dependiente de la acumulación militarizada, ya que permite inyectar enormes sumas de dinero en el control transnacional de las fronteras, así como en los sistemas de control social policial.

Este flujo se ve impulsado por el interés de las potencias financieras y fondos de inversión que dirigen su mirada hacia los jugosos beneficios que promete la seguridad transnacional, un sector alimentado por la innovación tecnológica digital para la vigilancia y la gestión de las poblaciones sobrantes. Un ejemplo paradigmático es el contrato de 16,5 millones de euros que el Ministerio de Defensa otorgo a Palantir, una compañía que en numerosas ocasiones ha sido señalada por los prejuicios raciales en su predicción algorítmica y que creció hasta convertirse una de las principales firmas precisamente en el contexto de la “guerra contra el terror”. 

Aten cabos, las causas de esta apuesta militarista hay que buscarla en la decadencia de décadas del estado de bienestar y en la erosión, desde la crisis de 2008, del bloque capitalista que llevo adelante la “globalización feliz” a partir de la década de los 80 y 90.  La crisis estructural del capitalismo resulta hoy tan salvaje que los estados son sencillamente incapaz de revertir las profundas desigualdades sociales y hacerse cargo de generar un nuevo marco de integración general. Bienvenidos seamos a la era de la segunda revolución de la información y la IA. En nuestra mano está reconstruir unas alianzas lo suficientemente potentes como para parar los pies al callejón sin salida al que nos están conduciendo unas élites políticas y unas elites financieras, que recordemos, sólo pensarán por sus intereses. Pura lucha de clases, vaya.