Ayuntamiento de Madrid
Almeida anuncia un decreto que agravará la discriminación residencial en el acceso a viviendas sociales

La alcaldía de Madrid, liderada por José Luis Martínez-Almeida (Partido Popular) ha anunciado su última estocada para restringir el acceso a viviendas sociales de la Empresa de Vivienda Social, la EMVS, a familias vulnerables en la ciudad. A través de un nuevo decreto todavía en cocción, el consistorio prevé implantar modificaciones “profundas” al actual reglamento de adjudicación de plazas. Tal y como ha comunicado recientemente el primer edil, si la medida prospera se endurecerán los requisitos de empadronamiento para optar a una plaza, de manera que será necesario acreditar más años de arraigo a la hora de solicitar una vivienda social.

Esta primera punzada al reglamento aprobado en 2021 afectaría principalmente a las personas migrantes -pero también, por ejemplo, a quienes se han desplazado recientemente a Madrid por motivos laborales- a quienes ahora se exigirán cinco años de empadronamiento. Hasta ahora, tan solo era necesario acreditar un año de residencia vía padrón. Se trata de un criterio que, según muchos expertos en políticas de vivienda, permite al Gobierno a congraciarse con la extrema derecha de Vox y sus constantes reclamos de “priorizar a los nacionales” frente a las vecinas extranjeras. A su juicio, como aseguró Almeida en declaraciones públicas desde la Escuela Municipal de Empleo Verde y Oficios, el arraigo es “un requisito razonable y adecuado a la realidad que vive en estos momentos la ciudad de Madrid”, si bien ello excluiría automáticamente a miles de personas que sufren contextos de extrema precariedad e inseguridad residencial.

Almeida “ha cambiado el reglamento para dejar fuera a personas que cobran menos de 25.000€ al año pero que puedan acceder quienes cobran hasta 68.000€”: Más Madrid

Otra alteración del actual ordenamiento, que pretende servir de palanca para atraer a las clases medias aquejadas por la crisis habitacional, es elevar los límites de renta para poder concurrir a estas soluciones habitacionales: “Lo qué está haciendo Almeida con las viviendas de la EMVS es muy grave: ha cambiado el reglamento para dejar fuera a personas que cobran menos de 25.000€ al año pero que puedan acceder quienes cobran hasta 68.000€”, ha protestado al respecto Más Madrid, que acaba de presentar un recurso de reposición contra la modificación legislativa. En el mismo critican que los cambios se introduzcan “por la puerta trasera” vía decreto, lo que califican de “jurídicamente improcedente”: “por más que se trate de una campaña con 24 meses de duración o exista una situación de emergencia habitacional en la ciudad de Madrid, no puede dejar sin efecto, alterar o excepcionar el régimen establecido en un reglamento aprobado por el Pleno”, recoge el recurso interpuesto.

Almeida incluirá a un mayor número de rentas dentro de los sorteos de vivienda pública, lo que a priori podría parecer beneficioso para el conjunto de la ciudadanía. No obstante, lo hará sin aumentar la oferta de plazas disponibles, con lo que es de esperar que un sector importante de las vecinas quede fuera de estas ayudas al haber más pastel a repartir. Juan Vázquez y Miren Beriain, miembros del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, alertan a este medio de las consecuencias directas que esto puede acarrear en el corto, medio y largo plazo: “Al aumentar el sueldo y los ingresos de las familias que acceden, estás repartiendo las mismas ayudas entre más gente. Entonces, repartir las mismas migajas insuficientes entre cada vez mayor cantidad de gente afecta fundamentalmente al sector más precarizado de la clase trabajadora, dejándoles menos posibilidades de conseguir una vivienda digna”, refieren.

Hasta la fecha las viviendas sociales han estado destinadas a personas vulnerables con ingresos de 1,5 a 3,5 del IPREM, con la propuesta de Almeida pasará a entre un 3,5 y un 7,5 por encima del este índice

De llevarse a término el decreto tal y como está concebido actualmente, del porcentaje actual disponible de vivienda pública en Madrid, un 30% se reservará a rentas medias, de entre un 3,5 y un 7,5 por encima del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), hoy, de 600 euros. Hasta la fecha las viviendas sociales han estado destinadas a personas vulnerables con ingresos de 1,5 a 3,5 IPREM que puedan acreditar “el empadronamiento en el Municipio de Madrid durante un año ininterrumpido e inmediatamente anterior a la fecha de inscripción en el RPSV”. Los efectos “nefastos” del decreto, vaticinan desde el movimiento de vivienda, se harán notar en las listas de espera para la adjudicación de plazas y una mayor dificultad de acceso para las familias migrantes.

Un decreto que busca emular las políticas de Ayuso

Este viraje en la normativa que rige la adjudicación de la EMVS no es fortuito ni mucho menos novedoso. Voces expertas coinciden en que la nueva legislación persigue emular a los últimos planes de vivienda de la Comunidad de Madrid, especialmente el controvertido Plan Vive de Isabel Díaz Ayuso. Parte del electorado del Partido Popular está conformado por hogares de rentas medias que habrían salido favorecidos de la prórroga de los alquileres recién tumbada en el Congreso, así como otras medidas de protección al inquilinato en una crisis habitacional sin precedentes. La inclusión de todos estos hogares no vulnerables pero sí atravesados por el incremento vertiginoso de los precios de los alquileres interesa y mucho tanto al Ejecutivo regional como a la alcaldía madrileña.

Sin embargo, lejos de ser una brújula para posibles proyectos habitacionales, el Plan Vive poco o nada ha favorecido a las familias trabajadoras y vulnerables desde su puesta en marcha, aseguran: “Conocemos estudios de algunos municipios sobre la implantación del Plan Vive de Ayuso, donde el 80% de las solicitudes han sido desistidas o desestimadas porque los ingresos pedidos no se corresponden con los salarios de la población del municipio, por no hablar de la escasez de metros cuadrados de las viviendas y la mala calidad de los materiales de construcción. Ahora el ayuntamiento de Madrid también se quiere sumar a esta fórmula”, infieren desde la Plataforma de Afectadas por Vivienda Pública y Social (PAVPS).

La gestión privatizada de estos pisos ha ido acompañada estos años de un sinfín de escándalos como enganches de luz ilegales o cortes de suministros repentinos en varias promociones del sur de Madrid. En la escena nacional el panorama de la vivienda social tampoco es halagüeño: las antiguas viviendas de la Sareb fueron adquiridas por la empresa estatal de vivienda Casa 47 el pasado mes de abril pero ello no ha impedido la aceleración de procesos de desalojo forzoso y la ausencia de reparaciones en los edificios. Además, muchas de estas casas han caído en procesos de guetificación, marginalización y exclusión residencial, como ocurre de forma recurrente con este tipo de soluciones habitacionales en todo el Estado. Otros pisos que habían sido sociales en el pasado han acabado en manos de fondos buitre, como ha ocurrido con la venta de 1.860 viviendas que Ana Botella vendió a Blackstone en 2013 y que Casa47 ha rechazado adquirir este año para destinar a familias vulnerables.

Desde PAVPS consideran más oportuno hoy por hoy poner a disposición de la ciudadanía las viviendas vacías que existen actualmente en la región “a una de las 27.000 familias que están esperando, algunas desde hace 15 años”

Como contrapartida al anuncio del alcalde, desde PAVPS consideran más oportuno hoy por hoy poner a disposición de la ciudadanía las viviendas vacías que existen actualmente en la región. “Si existen viviendas vacías éstas pueden adjudicarse a una de las 27.000 familias que están esperando, algunas desde hace 15 años”, destacan. Éstas podrían utilizarse para ampliar el parque de vivienda pública, al igual que sucede en otras ciudades europeas como Viena, donde alrededor del 50% de la población vive en vivienda subvencionada y más de 220.000 pisos son municipales. Un modelo que, como ilustra un estudio del think tank Funcas, garantiza cuestiones básicas que en Madrid brillan por su ausencia: permanencia y estabilidad en los contratos, blindaje de las viviendas sociales frente a la especulación y financiación estable. Pero si ampliamos el foco al marco nacional, los datos tampoco son esperanzadores: España destina tan solo el 3,3% del parque de vivienda a vivienda social (Madrid el 1,1%), en contraste con el 8% de la media europea, según datos de Eurostat.

Familias vulnerables expulsadas de pisos sociales

Por todo ello, las activistas del SV de Carabanchel reclaman al alcalde “medidas que nos acerquen cada vez más hacia una vivienda que sea universal y de calidad” como alquileres indefinidos o vitalicios que no dependan de que cada cinco años terminen el contrato, regularizar contratos para quienes ya están habitando las viviendas sociales y, en última instancia, prohibir por ley los desahucios en este tipo de viviendas protegidas. Esta última demanda responde a un contexto social acuciante: En los últimos años no han parado de incrementarse los desalojos por vía judicial de personas vulnerables residentes en viviendas del EMVS al no disponer de contrato.

“El gobierno tiene que asumir que el objeto social de la EMVS es abordar a las personas con mayor problemática para el acceso a la vivienda, no es Idealista”: Quique Villalobos, FRAVM-Vivienda

Teniendo en cuenta que los pisos sociales se concibieron originalmente -a pesar de que con el tiempo han pasado a formar parte del circuito mercantil de la vivienda- para proporcionar un techo a personas con escasos recursos, resulta contradictorio que se puedan ejecutar desalojos al uso en los mismos. Enrique Villalobos, responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), subraya esta grieta: “El gobierno tiene que asumir que el objeto social de la EMVS es abordar a las personas con mayor problemática para el acceso a la vivienda, no es Idealista. Por tanto, las instituciones deben saber que los casos de vulnerabilidad se caracterizan, entre otras cosas, por sus dificultades para el pago”, alega en conversación con El Salto.

Los integrantes del SVC destacan igualmente lo “contraproducente” que resulta que las modificaciones del decreto vayan a endurecer las condiciones de acceso para quienes cuentan con antecedentes judiciales por ocupar pisos sociales: “A alguien que no puede acceder a la vivienda y que hace algo infringiendo la ley para tener un techo le estás prohibiendo estas medidas que supuestamente son para ayudarles”, afirman.

En este sentido, Villalobos ha contabilizado cerca de 60 desahucios mensuales en pisos de la EMVS, el último de ellos golpeó la semana pasada a una madre y sus dos hijos en Camino de Alto de San Isidro (Carabanchel): su vivienda, antaño pública, había sido puesta en el mercado libre cinco años atrás, con lo que su último casero decidió expulsarlas a sabiendas de que en el piso residía un menor de edad. En este barrio, más de 100 familias han recibido una carta de “desalojo voluntario” desde 2022. Frente a esta realidad cotidiana, la alcaldía continúa presumiendo a los cuatro vientos de sus políticas de vivienda: “Madrid se consolida como referente nacional en vivienda pública gracias a la labor de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo con más de 5.700 nuevos hogares en distintas fases de desarrollo”, mencionaba el edil en un comunicado oficial.