Ayuntamiento de Madrid
La mejor inversión de Ahora Madrid... y que Carmena metió en un cajón

Imaginemos que las inversiones de una administración pública las medimos solo por su retorno, como si fuéramos ultracapitalistas o, lo que viene a ser lo mismo, de Ciudadanos. Imaginemos que las medidas de un ayuntamiento las tuviéramos que medir por el ahorro o beneficio económico que produce, por lo que “sacamos” de nuestra inversión. Pues desde ese punto de vista, el Gobierno de Ahora Madrid realizó una inversión con un retorno que multiplicó varias veces el dinero gastado. Una inversión con una rentabilidad que ni el mejor de los fondos buitre. Unas pequeñas partidas presupuestarias ridículas comparadas con el enorme beneficio que causaron para las arcas públicas. Pero una inversión que, según parece, Manuela Carmena no ha visto tan beneficiosa, ya que las ha abandonado: las auditorías.

Como muchas otras candidaturas municipalistas, la de Madrid llevaba, entre sus medidas estrella, la promesa de realizar auditorías ciudadanas de la deuda, el gasto y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid. La Concejalía de Economía y Hacienda, con Carlos Sánchez Mato a la cabeza, arrancó una Comisión de auditoría compuesta por personas expertas en varias áreas sociales, económicas y del mundo académico con la intención de abordar procesos en los que se investigaría cómo se había empleado el dinero de las y los madrileños en las legislaturas anteriores. O, como la llamó el ahora candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, “una panda de amiguetes de Carlos Sánchez Mato”.

En el Partido Popular se palpaba el miedo. “Puro totalitarismo bolivariano que solo pretende tener entretenida a la gente como si fuera un circo”, lo llamó Esperanza Aguirre. “Un tribunal popular, que recuerda otros tiempos y otros regímenes totalitarios que no se corresponden con un Estado democrático como el español”, fue la calificación del portavoz adjunto del Grupo municipal del PP de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna. Los resultados de esas investigaciones nos mostraron el motivo por el que el PP les tenía tanto miedo.

Eran días bonitos para el municipalismo madrileño. El Partido Popular tenía miedo. Las alfombras se levantaban. Se iniciaba el proceso por el que una exalcaldesa sería condenada por vender viviendas protegidas. Grandes empresas pagaban multas y sanciones, mientras se daban cuenta de que ese Madrid dominado por corruptos que les dejaban campar a sus anchas se desvanecía. 

Pero llegó el día fatídico. El momento en el que se demostró que el “ayuntamiento del cambio” no lo era tanto. Carmena dobló la rodilla para postrarse ante un ministro de Hacienda que quería poner orden. Montoro pidió la cabeza de Sánchez Mato para dar ejemplo al resto de municipios. “Si queréis hacer políticas económicas para la gente, y no para los bancos, os puedo borrar del mapa con una llamada”, parecía querer decir el titular de Hacienda.

Carmena le entregó la cabeza de Sánchez Mato en una bandeja de plata, y con ella las esperanzas de muchos votantes y de muchos otros municipios que veían en el desafío de Ahora Madrid a la Ley Montoro una punta de lanza contra la austeridad impuesta y la absurda regla de gasto. Y, además, mató las auditorías que ya estaban en marcha y guardó en los cajones sus resultados.

LA EMPRESA DE VIVIENDA, BOTELLA Y BLACKSTONE

En junio de 2018, una de esas comisiones de auditoría conformadas por el Ayuntamiento, tras auditar la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), concluyó que la venta de 1.860 pisos protegidos al fondo de inversión Blackstone se había hecho de manera irregular. La documentación recogida durante el proceso fue entregada a la fiscalía y, de nuevo, se demostró que invertir en hacer una auditoría tenía un retorno enorme. 

El Tribunal de Cuentas condenó a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y otros siete cargos de su corporación a pagar 25,7 millones de euros por “negligencia grave” al no impedir el perjuicio en el patrimonio público cuando enajenaron 5.315 inmuebles de titularidad pública —entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos— por un montante de 128,5 millones de euros, cuando, según las conclusiones de la investigación, el valor de los inmuebles era de 291,4 millones de euros.

 

LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA M30

Otro de esos procesos que intentaron esclarecer a dónde había ido a parar el dinero de la ciudad se centró en la faraónica obra estrella del gobierno de Gallardón, sus sobrecostes y posterior gestión y mantenimiento. Una obra que se presupuestó inicialmente en 1.700 millones de euros, pero que acabó costando 3.500 y donde están implicados, además del partido de la Gürtel, la ACS de Florentino y Ferrovial, desprendía olor a cadáver escondido debajo del colchón. Pero claro, alguien tenía que levantar ese colchón. La auditoría de Sánchez Mato fue quien lo hizo y encontró la mierda. Y vaya si la había.

Gracias a esa Comisión de investigación pudimos saber cosas como que el sobrecoste de 1.632 millones de euros, que pagamos en “cómodos” plazos de 50 millones de euros anuales hasta 2040, se aprobó en una reunión de 25 minutos en la que el equipo de Gallardón no hizo ni una sola alegación. Conocimos que el coste del mantenimiento de la M30 pasó de suponer a las arcas públicas 12,2 millones anuales a 23. Conocimos que los gastos de luz y agua que, según el contrato, debería pagar EMESA, la empresa privada que tiene el 20% de Madrid Calle 30 y que está compuesta por Ferrovial y ACS, los estaba pagando el Ayuntamiento. 

La Comisión, coincidiendo con un informe de la Cámara de Cuentas, también puso el foco en lo perjudicial que eran el contrato de gestión y los tipos de interés del 7% que pagaba el ayuntamiento a la empresa privada. La Comisión calculó que, entre intereses de la deuda subordinada y dividendos pagados a Florentino y Ferrovial, el Ayuntamiento pagó 612 millones de euros entre 2005 y 2016. 

También, gracias al informe resultante de dicha Comisión, conocimos que la empresa privada había cobrado casi 2,5 millones de euros para una inversión en un sistema de control del alumbrado que no se había realizado hasta el momento. Las investigaciones tampoco encontraron ni rastro del mantenimiento de los apoyos de neopreno en los túneles que la empresa se había comprometido a hacer y por los que el Ayuntamiento había pagado 3,2 millones de euros. 

Solo con las sanciones a ACS y Ferrovial por servicios incumplidos se recuperó un millón de euros

Si hablamos del “retorno neto” de dicha comisión, las sanciones directas que ha tenido que pagar la empresa han sido, hasta el momento, tres. No instalar  el sistema del control del alumbrado antes citado provocó una sanción de 375.000 euros y que la empresa tuviera que realizarlo finalmente. No instalar una red de transmisión de datos para facilitar la comunicación interna de los trabajadores de la empresa en el túnel, otra multa de 300.000 euros. A lo que hay que sumar otros 320.000 euros por no instalar, tal y como deberían haber hecho, una red wifi en todo la circunvalación. En total, casi un millón de euros. 

Pero el informe resultante también marcaba un mandato claro: remunicipalizar Madrid Calle 30, comprar ese 20% y hacerla 100% pública. Un informe que, recordemos, se aprobó con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. Según los cálculos hechos por la concejalía en tiempos de Sánchez Mato, el ahorro para el Ayuntamiento de Madrid en caso de que se hiciera caso a dicho informe sería de 62 millones. Pero ahí está el problema: desde que Sánchez Mato fue destituido de la concejalía de Economía y Hacienda, el dictamen, aprobado por una mayoría del pleno y por lo tanto por una mayoría de los votantes de Madrid, se ha perdido en los cajones del sucesor de Mato al frente de la concejalía, Jorge García Castaño. 

La remunicipalización de la M30 ha desaparecido de los discursos y proclamas de Ahora Madrid en este último año. No aparece en el programa electoral de Más Madrid. Cuesta entender cómo un mandato tan claro y que iba en la línea de las remunicipalizaciones que prometía el programa electoral de Ahora Madrid haya sido abandonado por este Ayuntamiento del Cambio. Es difícil comprender que no se quiera acometer una inversión que produciría un ahorro de 62 millones d euros al año. Pero lo que es más difícil de diferir es que sea más común ver a Manuela Carmena hacerse fotos con Florentino Pérez tras firmar algún acuerdo que verla expropiando ese 20% de Madrid Calle 30 con las innumerables irregularidades de la concesión destapadas por la auditoría como argumentario.

¿CUÁNTO HEMOS "INVERTIDO"?

Poder ver cómo Ana Botella y su equipo devolvían 25 millones de lo expoliado, sancionar con un millón de euros a la ACS de Florentino y a Ferrovial, obligar a la empresa privada a que preste servicios en la M30 que antes evitaba hacer, aunque se les pagara, o tener los argumentos necesarios para remunicipalizar la empresa mixta y ahorrar 62 millones de euros, tuvo el coste de 421.500 euros, a lo que se le debe sumar otros 90.000 euros en informes previos. La mitad de lo que se recuperó con las sanciones a la parte privada de la M30. No digamos si la comparación se hace con la condena a Ana Botella. Un gasto ridículo si lo comparamos con el presupuesto de alrededor de los 4.500 millones de euros del Ayuntamiento.

El “despropósito hecho por Carlos Sánchez Mato y personas afines a sus teorías económicas”, como lo llamó Begoña Villacís, demostró ser la mejor inversión que había hecho Ahora Madrid, pero podría haber sido mucho más beneficiosa si Carmena y García Castaño no la hubieran metido en un cajón.

Informes de impacto también olvidados

Además de las comisiones de investigación y auditoría, en los últimos meses de Sánchez Mato al frente de Economía, se publicitaron y adjudicaron seis contratos para elaborar informes sobre el impacto de las políticas públicas. Informes sobre las políticas de prestación de servicios y financiación, sobre protección social básica y género, o sobre las políticas de vivienda, medioambientales o del modelo urbano de la ciudad fueron encargados a empresas externas. El coste total de la contratación, según se puede ver en los pliegos del concurso, fue de 303.891,38 euros, IVA incluido.

Los informes, que deberían haberse entregado y presentado a principios de este año, también parecen haber acabado en un cajón. Según ha explicado a El Salto una de las personas integrantes de una de las empresas adjudicatarias, que prefiere no decir su nombre ya que todavía no han cobrado por el servicio realizado, las comunicaciones por parte del Ayuntamiento son totalmente nulas desde que se entregara el informe hace ya tres meses. “No sabemos qué se hará con el informe, si se meterá en un cajón ya que no nos han dicho absolutamente nada”, lamenta.

¿Por qué este abandono total por un trabajo de auditoría que ha demostrado ser totalmente rentable y valioso? ¿Qué motivos hay para que no se decida remunicipalizar la parte de la M30 que sigue en manos de Florentino, tal y como aconsejaba un informe aprobado por el Pleno del Ayuntamiento?

Desde que García Castaño ocupó el puesto de Economía y Hacienda, esa línea del programa electoral de Ahora Madrid que prometía auditar la gestión de los gobiernos anteriores se ha abandonado. Las políticas económicas que venían a cambiar las cosas se han transformado en promesas urbanísticas que recuerdan mucho, demasiado, a los pelotazos de Gallardón.

Se acercan otros cuatro años de candidatura municipalista madrileña y el programa electoral de Más Madrid se parece muy poco al de Ahora Madrid que asaltó el Ayuntamiento para ponerle ese apellido de “del cambio”. Pero la batalla que se vino a librar no ha terminado, ni mucho meno, y se necesita volver a retomar aquellas medidas valientes que eran capaces de llevar a una exalcaldesa a un banquillo o a amenazar a Florentino con expropiarle una empresa. Madrid necesita medidas y políticas que sean despreciadas y demonizadas por el Partido Popular, como las auditorías ciudadanas, y no que sean propuestas por ellos, como la Operación Chamartín.