Balas de goma
El protocolo de uso de balas de goma en España viola la normativa internacional

Los agentes de policía comienzan a sacar sus escopetas Franchi SPS 350, unida a la escopeta va un reductor de energía y una bocacha, una pieza de acero de forma cilíndrica en la que se aloja el proyectil antes de ser disparada. El proyectil, sin ningún tipo de identificador y fabricadas con caucho natural vulcanizado, salen disparados de la escopeta deformados por la propulsión, con una parte más puntiaguda. 

Son las balas de goma, un tipo de armas antes denominada como no letales pero que, tras los centenares de muertes que ha causado en todo el mundo —desde 1976, 23 solo en España—, han pasado a denominarse como “menos letales”. Y su uso en España viola todas las directrices marcadas por la ONU, según explica el informe Stop Balas de Goma, elaborado por Novact e Iridia presentado esta mañana. 

En la mesa, una de las afectadas, Ester Quintana, explica cómo una de esas balas le cambió la vida. Fue alcanzada por uno de esos proyectiles el 14 de noviembre de 2012. Perdió el globo ocular izquierdo. Tras seis operaciones para reconstruir el daño físico generado por aquella bala, hoy Quintana explica cómo aquel disparo truncó su vida, “tuve que reconstruir todo a nivel laboral, social”. Hoy, durante la presentación del informe reconoce que su imagen “no se corresponde con mi identidad”.

Armas incontrolables 

Según señala el informe Stop Balas de Goma, la ONU, en su Guía sobre armas menos letales, prohíbe que estos proyectiles sean disparados de forma indirecta, por su aleatoriedad, y establecen que solo deben usarse con disparos directos dirigidos a la parte inferior del abdomen o a las piernas. Y, sobre todo, solamente deben usarse frente a situaciones de amenaza inminente de lesiones o muerte.

Una de sus características, ha señalado la abogada de Iridia Anaïs Franquesa en la presentación del informe, es la imposibilidad de predecir la trayectoria de los proyectiles. “Son armas incontrolables”, ha subrayado. Con rebote previo, es decir, usándolos de la forma menos lesiva, su bote es imposible de predecir pero incluso lanzadas directamente son inestables: “Cuando se disparan o lanzan desde lejos estas armas resultan imprecisas, lo cual acarrea la posibilidad de impactar sobre partes más vulnerables del cuerpo o de ocasionar lesiones no intencionados a terceros”, explicaba la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles en el informe Letalidad encubierta, de 2017.

Sin embargo, en España, el uso de las balas de goma es una de las herramientas que los agentes antidisturbios de la Policía Nacional y de otros cuerpos policiales, incluso municipales, tienen para disolver concentraciones de gente. Daniel Canales, de Amnistía Internacional, ha denunciado como “altamente peligroso” su uso para dispersar una multitud. Esta organización internacional recuerda que el uso de balas de goma en España no cumple con los estándares del derecho internacional, y recomienda la prohibición de su uso.

Uso extendido

Solo las policías autonómicas de País Vasco, Catalunya y Navarra, y la Guardia Civil tienen prohibido su uso, a raíz de casos como el de Íñigo Cabacas, Ester Quintana, o El Tarajal, sustituyéndolas por balas de foam, que también han ocasionado heridas de alta gravedad.

El resto de cuerpos los siguen usando y, además, lo hacen disparando de rebote, justo al contrario de lo marcado por la ONU, información conocida por los autores del informe gracias a los procedimientos judiciales relacionados con las lesiones provocadas por este tipo de armamento, ya que los protocolos sobre su uso no son públicos, más allá de la Circular de 2013, en el que se establece que estas balas se podrán usar “cuando las circunstancias lo  requieran y en los términos recogidos en el protocolo de ‘empleo progresivo de medios’”, aunque este último protocolo no existe, según admitió la Dirección General de la Policía a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en junio de 2014.

“Al contrario de lo previsto en la normativa internacional, los protocolos de actuación de las FCSE del Estado español expresan una concepción de las manifestaciones en que las personas pierden su individualidad y pasan a formar parte de una masa”, señala el informe, en el que se cita el Manual de Actualización de Unidades de Intervención Policial (UIP), que marca que, en una manifestación, “la identidad individual de cada uno de los asistentes se anula creándose una identidad colectiva con tendencia al exceso y que carece de freno moral”. 

Tampoco hay información pública sobre las especificaciones técnicas de los fabricantes de las armas y los proyectiles. Según señala el informe, cuando sus autores solicitaron información sobre esto al Ministerio del Interior, se negaron a contestar alegando que “se trata de documentos cuya divulgación puede acarrear un perjuicio grave tanto para la seguridad nacional como la seguridad pública”.

23 personas muertas y 44 heridas graves

Desde 1976 hasta la actualidad la policía ha matado a 23 personas con disparos de balas de goma y otras 44 han resultado heridas graves. 14 de las personas fallecidas murieron en El Tarajal en 2014, a causa de los disparos con este tipo de proyectil de la Guardia Civil cuando intentaban llegar a Ceuta. El caso está ahora mismo pendiente de un recurso de casación en el Tribunal Supremo. Para Laura Medina, abogada de Iridia, refleja “el clima de impunidad” en el que se desarrolla el empleo de estas armas. 

Según detalla el informe, en lo que llevamos de siglo hay documentados 40 casos de personas afectadas por impactos de balas de goma. La mitad de ellos fue en El Tarajal, y el resto se reparten entre protestas o celebraciones futbolísticas. En más de la mitad de los casos las personas afectadas necesitaron intervención médica, y de ellos, la mayoría perdieron un ojo o sufrieron su inutilización total o parcial. 

En más de la mitad de los casos en los que están documentadas las secuelas por el impacto de estas balas, el golpe fue en una zona de la cabeza. En 13 de estos 18 casos se afectó al perímetro ocular. Siete veces, la violencia policial de estas características derivó en la mutilación del globo ocular, cuatro en la pérdida de visión de un ojo y en dos casos no se pudo determinar el tipo de secuelas.

¿Y qué ha pasado con el responsable? Nada. De estos 50 casos identificados, en ninguno ha sido condenado el autor del disparo. Solo en el caso de Íñigo Cabacas hubo condena al mando de la Ertzaintza responsable del operativo. “Es importante remarcar el papel de los juzgados de instrucción: en los casos de violencia policial resulta habitual que los procesos sean archivados en la fase de instrucción, imposibilitando la celebración del juicio, a pesar de la existencia de indicios sólidos de criminalidad”, explica el informe. Y, si lo hay, más allá del caso de Cabacas, todos los demás han acabado en absolución. 

Nadie fue condenado por la pérdida de un ojo que sufrió Ester Quintana por una bala de goma en la huelga general del 12 de noviembre de 2012. Como ella ha referido, en el juicio no se determinó qué mosso la disparó al rostro y con qué arma. Al contrario de lo que sucede con las armas de fuego, los proyectiles lanzados por las Franchi SPS no tienen un identificador único o marcas que sirvan para determinar quién hace uso de ellas.

Tampoco se dirimieron responsabilidades en el caso de Carles Guillot, que fue disparado cuando fue a ayudar enseres en el desalojo de la Casa de la Muntanya en 2001. Aunque en la instrucción, un agente de la Policía Nacional se presentó como el único que pudo hacer el disparo, el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona sobreseyó la causa por inexistencia de autor conocido.

En 2013 se presentaron en el Congreso varias proposiciones no de ley para abolir el uso de estos proyectiles pero ninguna fue aprobada. Organizaciones como Amnistía Internacional y en el nivel estatal Stop Balas de Goma u Ojo con tu Ojo llevan desde 2018 reclamando la prohibición de este tipo de armas, hasta ahora sin éxito. 

En la actualidad, el Estado español no tiene registros oficiales sobre personas muertas o heridas a causa de las balas de goma. Los únicos registros conocidos son los elaborados por la prensa o por organizaciones de víctimas, como Stop Bales de Goma.

Hasta el día de hoy, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado ya 16 veces a España por no investigar los malos tratos o torturas realizadas por los cuerpos de seguridad del Estado.