Crisis climática
350.000 euros por denunciar la inacción climática: científicos hacen una colecta ante la persecución judicial

Sylvain Kuppel es hidrólogo. Estudia el ciclo del agua: cómo se almacena y circula en la tierra. Tiene publicados más de cincuenta artículos científicos en la academia francesa. La gravedad de la crisis climática y la inacción política para afrontar esta emergencia lo han obligado a mudar su laboratorio a la calle.

No es el único. Esta “rebelión científica” ya tiene más de mil miembros en 32 países. Estudiantes y profesores que, con sus batas blancas, han decidido emprender acciones no violentas de desobediencia civil. Explican que lo hacen para “sacudir” tanto a los gobiernos como a los ciudadanos de a pie, ajenos en su mayoría, por desconocimiento, a la gravedad de una crisis que, según advierten, “pone en juego la supervivencia de la humanidad”.

Kuppel, de 37 años, se sentó días atrás en el banquillo de un tribunal alemán. Está acusado de causar daños materiales en las oficinas del grupo financiero Black Rock y en el museo de BMW durante las acciones de protesta que Scientist Rebellion, colectivo que arropa a estos investigadores, realizó en Munich en octubre de 2022.

“Nunca me imaginé estar en una cárcel. Es duro, pero estamos convencidos de dar esta lucha. Es una causa urgente”, advierte el ambientólogo Nate Rugh

En total, fueron 16 los activistas arrestados y enjuiciados por irrumpir en los edificios de estas multinacionales, entre ellos investigadores españoles: los ambientólogos Victor de Santos y Nate Rugh (nacido en Estados Unidos y radicado en Barcelona desde hace más de diez años); la doctoranda en Historia y Artes Marta Moreno Muñoz; el doctor en física y matemáticas Mauricio Misquero; y los ingenieros Fernando Rojas y Joseba Sáenz de Navarrete.

Calabozos y cárceles

En el primer inmueble bloquearon la puerta y se pegaron al suelo arrojando melaza que simulaba petróleo. En la segunda oficina, la de la automotriz alemana, colocaron sus manos impregnadas de pegamento en un coche de lujo. La Policía los arrestó. Los científicos estuvieron una semana encerrados. Primero, en un calabozo. Y luego, en el centro penitenciario de Stadelheim, en Baviera, estado federal al sureste del país. El Tribunal Regional de Múnich dictaminó una multa de 12.800 euros o 160 días de prisión por los delitos de daños criminales y allanamiento de morada. La resolución fue apelada por los investigadores, por lo que el expediente pasó a una corte federal.

“La participación pública de los científicos en acciones de desobediencia civil no violentas puede ser un poderoso movimiento para el cambio”, argumentaron los científicos en la corte

Un primer grupo —Nate Rugh y tres científicos de nacionalidad italiana— testificó en octubre del año pasado. El segundo juicio tuvo lugar en estos días, el 5 de marzo. Kuppel y otros cinco activistas recibieron la misma acusación: miles de euros o una temporada en la cárcel.

Durante más de dos horas, los científicos explicaron con datos y evidencias la magnitud de la emergencia climática, las “prácticas criminales” de las grandes multinacionales que se escudan en el greenwashing para seguir con emisiones récord de C02 y el “deber ético” que tiene hoy la comunidad científica de realizar acciones directas no violentas para visibilizar esta emergencia. “La desobediencia civil ha sido durante mucho tiempo parte de tradiciones democráticas pacíficas, y la participación pública de los científicos en acciones de desobediencia civil no violentas puede ser un poderoso movimiento para el cambio”, argumentaron.

En la audiencia, BMW elevó el monto del daño económico a las instalaciones del museo donde se realizó la protesta. Cuantifica el perjuicio en 37.000 euros. La cifra fue impugnada por los abogados de los científicos, quienes solicitaron una pericia independiente ante la sospecha de que la empresa está “inflando” el número para elevar las multas. El juez la aceptó y aplazó el juicio. “Estamos en una emergencia climática y ecológica, y la responsabilidad humana es indiscutible. Los científicos hemos asumido riesgos para advertir, y ahora le toca a la ley hacer su parte y reconocer, en lugar de obstaculizar, nuestras advertencias”, pidió Kuppel en su alegato.

Crowdfunding de 100.000 euros

Por lo pronto, los científicos estiman que, en total, los cargos penales y los costes legales asociados con estos juicios —faltan otras dos— superarán los 350.000 euros, una cifra “impagable”.

En diálogo con El Salto, Rugh —investigador del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) y miembros del equipo del Atlas Global de Justicia Ambiental— cuenta que, como es evidente, ninguno de los científicos tiene el dinero para afrontar estas multas. Por eso, han lanzado un crowdfunding con el objetivo de juntar 100.000 euros. Llevan recaudados 33.600 gracias al aporte de 566 donantes. “Cada contribución, sin importar el monto, tiene un impacto significativo y reduce el tiempo potencial de prisión para los acusados”, agradece el colectivo.

“Me niego a claudicar por alertar de la magnitud de la crisis climática, iré a la cárcel si es necesario”, declara Víctor de Santos

El ambientólogo, que tiene otras cuatro causas judiciales abiertas por su activismo climático, admite que los costes económicos y la burocracia de la persecución judicial —el tiempo dedicado a los expedientes— empiezan a ser una “asfixia” en esta lucha. Aclara, no obstante, que la desobediencia civil por la inacción climática es “imparable”. Y que lo único que le quita el sueño a los científicos que han dado este paso es el “colapso climático” al que se dirigen las sociedades por no transformar economías que siguen latiendo al ritmo de los combustibles fósiles.

“Nunca me imaginé estar en una cárcel. Es duro, pero estamos convencidos de dar esta lucha. Es una causa urgente. No quiero ir a la prisión, pero en esta lucha es lo menos malo respecto a lo que pueda pasar en el caso de que las sociedades no respondan a esta crisis. Estamos hablando del colapso de la civilización, de guerras, de hambrunas, de muertes”, advierte.

La misma reflexión hace Víctor de Santos, otro de los enjuiciados, un investigador de Segovia que puso en pausa su trabajo científico (consultor en una empresa) para dedicarse de lleno al activismo climático.

“Me niego a claudicar por alertar de la magnitud de la crisis climática, iré a la cárcel si es necesario. Es un sinsentido que nos quieran meter en prisión por una protesta pacífica en la que no hicimos daño a nadie y en la que intentamos alertar a la población de la magnitud de esta crisis. La responsabilidad que tenemos como parte de la comunidad científica es alertar del riesgo de la inacción política y económica. Eso estamos haciendo”, argumenta.

Presión judicial en aumento

De Santos advierte que hay un “efecto dominó represivo” en marcha en Europa para frenar las protestas climáticas. España, agrega, no es la excepción.

Esta semana, Bilbo Bassaterra, uno de los fundadores del movimiento ecologista Futuro Vegetal, declaró como imputado en un juzgado de Madrid por una protesta en la M-30. Dos compañeras se subieron y pegaron sus manos a una señal luminosa. Él, desde abajo, le explicó a la Policía que se trataba de una acción no violenta. La Fiscalía le achaca el delito de “desórdenes públicos”, con una pena de hasta cinco años de prisión.

“Estas prácticas, aunque luego terminen en archivo o absolución, componen el lawfare que las instituciones represivas utilizan para silenciar: amenaza con hasta cinco años de prisión, gastos de representación jurídica, desplazamientos al juzgado, señalamiento y criminalización”, ha denunciado Bassaterra a través de un hilo en X.

Otro caso, el que afrontan 15 investigadores de Rebelión Científica España por una protesta en la fachada del Congreso de los Diputados en abril de 2022, ya fue elevado a juicio. Los imputados son el profesor de filosofía política de la Universidad Autónoma de Madrid, Jorge Riechmann; el periodista y diputado por Alicante en las Cortes de Valencia, Juan Bordera; el doctor en Ecología y director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto; y la investigadora y dirigente de Ecologistas en Acción, Marta García Pallares, entre otros.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid los acusa de un delito contra el “patrimonio histórico” pese a que en el auto firmado por el fiscal Guillermo de Ávila Escartín se detalla que los imputados lanzaron una “sustancia líquida de composición orgánica”: un “licuado de remolacha mezclado con cacao y alguna otra sustancia” que no generó daños al inmueble y que fue removido tras dos intervenciones.

Una limpieza con “agua a presión” por parte del Equipo Especial de Limpieza Urgente de la municipal de Madrid y la posterior intervención de un sistema de limpieza más sofisticado dejaron al inmueble “sin ningún perjuicio patrimonial”, reconoce la Fiscalía tras su investigación.

El juicio a los científicos climáticos se espera para después del verano. Será el primero en España. “Llama mucho la atención que los científicos seamos los primeros y los únicos acusados en un juicio por el cambio climático”, ironiza Prieto.