Catalunya
Retrasado el juicio contra el fondo Azora por aplicar cláusulas abusivas en un contrato de alquiler

El Sindicat de Llogateres de Catalunya, junto con el despacho de abogados Col·lectiu Ronda, demandó el 2 de octubre de 2020 al fondo Azora por incluir diez cláusulas que consideran abusivas en el contrato de alquiler de Sílvia Torres, inquilina de una finca que Solvia —Banco Sabadell— vendió a este fondo en 2019. Tras la adquisición, Azora le duplicó a la inquilina el precio del alquiler, en un contrato que se firmó a puerta cerrada en una de las oficinas del fondo en Barcelona, sin posibilidad de contrastar el documento con un abogado de confianza —su hermano es letrado—.

La fecha del juicio contra Azora estaba prevista para las 8.55h del 26 de octubre, pero por orden del juez se suspendió a primera tarde del día anterior, dejando aplazado durante más de un año —hasta el 25 de noviembre de 2023— el primer juicio en el Estado por un supuesto abuso cometido por el tercer propietario con más viviendas en alquiler en España —13.000, según el Sindicat—. La inquilina indica que llevaba “dos años esperando el juicio” y que, “si antes sentía cierto pudor por explicar mi caso a los medios de comunicación, ahora se ha evaporado”, añade frustrada.

En enero, debido a una de esas cláusulas que ha denunciado —las “bonificaciones”—, pasará a pagar de 725 euros a más de 1.000. 

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La cláusula de las “bonificaciones” establece que Azora impone en el cuarto año de alquiler una subida interanual que supera de largo el IPC. El precio del alquiler que entró en vigor en la firma del contrato con Azora, en enero de 2020, era de 690 euros mensuales, que se elevarían a 897 al cuarto año. Un aumento del 30%. A este encarecimiento, hay que añadirle el IPC interanual, por el que ahora no paga 690 euros, sino 725. Y que convierte la cifra de 897 euros en más de mil euros. “Casi 1.100”, apostilla la inquilina. Todo ello por un apartamento de 48m2 en Granollers, municipio de 60.000 habitantes a 30km de Barcelona.  

Entre las cláusulas abusivas del contrato de Azora, destacan dos: la del aumento de precio al cuarto año —la propiedad lo considera una “bonificación” durante los tres primeros años— y no poder contrastar el contrato con una tercera persona, ni poder negociarlo. Sílvia Torres no pudo leer el contrato antes de la cita a puerta cerrada en las oficinas de Azora el día de la firma, tampoco pudo sacar el documento del despacho para consultarlo con una persona de su confianza —30 páginas que quería contrastar con su hermano, abogado laboralista—. 

Tras firmarlo al no tener otras opciones de vivienda, Torres buscó ayuda. “Me sentía como una hormiga contra un elefante”. Terminó en el Sindicat de Llogateres. 

Torres espera ganar el juicio y el Sindicat espera que siente jurisprudencia. El retraso implica que, en el caso de que hubiera, tal y como sospecha el Sindicat, cientos o miles de contratos de alquiler con cláusulas abusivas, Azora seguirá firmando documentos de este tipo, y recaudando alquileres en condiciones que estiman fraudulentas. Una sentencia favorable para la inquilina también dibujaría el marco legal para la redacción de la futura Ley de Alquileres que se está debatiendo en el Govern catalán.

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La abogada encargada del caso, Montse Serrano, del Col·lectiu Ronda, se muestra “convencida” de poder demostrar el abuso de las diez cláusulas demandadas. Y recuerda los casos de abuso en el sector de la banca, en los que la Justicia acabó resolviendo a favor de los consumidores en abusos de contrato entre una persona —el consumidor— y una empresa —el banco—. 

Serrano considera que en el caso de Azora, tres cláusulas contradicen la LAU: las “bonificaciones” fraudulentas, el seguro por impago y la falsa declaración de haber negociado el contrato. Las otras siete generan desequilibrios entre arrendador y arrendatarios, por lo que las califica de abusivas —como las otras tres—. 

Se refiere a la retención de la fianza en su totalidad aunque el desperfecto sea mínimo, la penalización económica elevada por la demora en la entrega de llaves (del 300% del precio del alquiler por día), la autorización para incluir a la inquilina en el registro de morosos —algo que supera los derechos jurídicos de Azora y que no es una cláusula recíproca, ya que la inquilina no podría dar de alta al fondo buitre en el registro de morosos en el caso de que no le devuelva la fianza, por ejemplo—, la renuncia a los derechos en caso de que hubiera una interrupción de los suministros, el derecho del arrendador a hacer visitas periódicas en la vivienda para comprobar su estado —según la ley deben hacerse previo consentimiento del inquilino—, la renuncia a la devolución de los gastos en caso de que Azora incumpla el contrato —por ejemplo, si el casero realiza un mal mantenimiento de la vivienda— y la obligación de la inquilina de asumir las costas judiciales en cualquier incumplimiento del contrato —algo que solo puede decidir un juez—.

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