Consultoras
El cártel de consultoras se adjudica 18 millones, tres veces la multa impuesta por falsear contratos

Rentable. A las consultoras que en mayo de 2021 se les notificó la sanción por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la manipulación de licitaciones públicas, las ofertas de cobertura, y las prácticas colusorias contra los fondos públicos les salió rentable. La CNMC multó con un total de 6,3 millones de euros a 22 firmas y a varios de sus directivos, de ellos, más de 5,6 millones a las empresas que fueron catalogadas como “la red de colaboración norte”. Hordago-El Salto ha contabilizado los 46 contratos formalizados con las instituciones públicas vascas un año después desde la fecha de la sentencia y la cifra asciende a más de 18,5 millones de euros.

De esta cantidad, casi 11 millones han ido a parar a contratos con Indra, cuya multa por formar parte de la “red de colaboración norte” era de 27.000 euros. En un negociado sin publicidad, la firma fue contratada por Compañía del Tranvía de San Sebastián por casi 5 millones. Además, en un contrato junto Deloitte (así como AKO Marketing e Ibermática) destinado a “contratación de los servicios necesarios para garantizar la operatividad del sistema informático judicial en la Administración de Justicia de Euskadi”, entre ambas firmas se han hecho con 1.764.856 euros. Concretamente Indra se lleva el lote 3 valorado en más de medio millón de euros y Deloitte el lote 4 valorado en más de 1,2 millones. La contratante es la consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales a través del Gobierno Vasco. 

De los más de 2 millones (un 7% del total) han ido a parar a Altia, multada con 30.000 euros, es Lanbide quien firma un megacontrato para dejar en manos de la consultora los “servicios de mantenimiento y evolución de los sistemas de inserción laboral y de formación para el empleo”. Nauk (antes Bmasi) ha conseguido más de 90.000 euros firmando con, entre otras, la SPRI, por ejemplo, a través de un contrato valorado en más de 50.000 euros para la “elaboración del informe Panorama del sector biosanitario vasco 2022”. Es también destacable que KPMG, una consultora de asesoría de abogados, ha firmado cuatro contratos con Grupo Euskal Irrati Telebista, es decir, con la radio y televisión pública vasca, para la “asistencia técnica del impuesto de sociedades”.

Indra ha recibido casi 11 millones en contratos tras ser multada con 27.000 euros 

Por su parte la SPRI, además de a Bmasi, ha contratado a Idom, PwC y Deloitte en varias ocasiones hasta externalizar un total de 2.464.649 millones desde mayo de 2021, cuando esas consultoras eran sancionadas por la CNMC. Por su parte, Osakidetza ha sido una contratante importante en la etapa posterior a la multa, externalizando más de medio millón de euros a PwC y Deloitte. Del mismo modo, la EJIE ha hecho un desembolso de más de 5,2 millones de euros para contratar los servicios de Indra y Deloitte.

SPRI, Osakidetza, EJIE y Gobierno Vasco son los principales contratantes de consultoras sancionadas por irregularidades

El otro gran contratante es el Gobierno Vasco, que ha suscrito contratos con varias empresas previamente reconocidas en ese cártel. Por ejemplo, a través de Emakunde, el Gobierno Vasco ha externalizado la “elaboración de materiales específicos que analicen la situación diferencial entre mujeres y hombres en diferentes ámbitos de Euskadi”, valorado en 14.520 euros.

El Gobierno Vasco adjudica más de 700.000 euros a Deloitte para la gestión de los Next Generation

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País Vasco El Gobierno Vasco adjudica más de 700.000 euros a Deloitte para la gestión de los Next Generation

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En las alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el expediente de la CNMC, Deloitte apuntó a la connivencia institucional y culpó a las administraciones públicas de la existencia de un cártel de consultoras. Estas últimas reconocen que no tienen medios necesarios para cubrir con la complejidad de los fondos de Recuperación y Resiliencia.

Modus operandi

De acuerdo a la investigación de la CNMC, el “modus operandi” consistió en solicitar “ofertas de cobertura” para evitar competir y que una de las consultoras resultase adjudicataria. La investigación apuntaba que “las relaciones de confianza” de las empresas facilitaron el funcionamiento de cárteles en distintas administraciones públicas. Por ello, la CNMC había “activado el presupuesto legal para que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos organizados por las Administraciones Públicas”.

Tras analizar 200 contratos públicos entre 2008 y 2018, los datos de la CNMC muestran que se amañaron 101 licitaciones (85 de ellas adjudicadas por la Administración Pública Vasca) por importe de 3,3 millones. Concretamente, el Gobierno Vasco, liderado desde 2012 por Iñigo Urkullu (y antes por Patxi López, desde 2009), fue el licitador de, aproximadamente, el 36% de esas adjudicaciones, con un valor de 1,2 millones de euros. El Ayuntamiento de Bilbao pagó 1,08 millones de euros en esos procesos fraudulentos y la Diputación de Bizkaia, por ejemplo, hasta 502.000 euros.

Entre los directivos del cártel del “norte” sancionados se encontraban Marta Álvarez Ochoa, responsable del departamento de consultoría y del área de competitividad e innovación de Idom Consulting, Engineering Architecture; Ana Andueza Amann, apoderada de Deloitte Consulting; Leandro Ardanza Marqués, apoderado de 97S&F; Sabin Azua Mendia, administrador único de Bmasi Strategy; Joseba Egia Ribero, administrador y socio único de Innovisions 21 y Project Manager & Responsable Técnico de 97S&F; Maryam Luzarraga Monasterio, socia de PriceWaterHouseCoopers Asesores De Negocios; Xabier Manterola, director de PA Consulting Services Limited Sucursal en España; e Iñigo San Emeterio Mendibelzua, director corporativo y responsable del área de consultoría de Idom Consulting, Engineering Architecture. Además, Marta Zamacona, coordinadora de proyectos europeos de 97S&F, fue sancionada por su participación en el cártel de la red “nacional”.

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Los datos de la página de contratación de Euskadi revelan un entramado mucho más amplio y complejo de externalización de servicios públicos sobre el origen de la investigación de la CNMC

La consultoras podrán seguir contratando con la administración

A pesar de la gravedad de lo señalado por la CNMC el pasado mayo de 2021, las consultoras sancionadas podrán seguir contratando con la Administración pública, al menos por el momento. La Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y facultada para decretar el alcance y duración de la prohibición de contratar que planteó la CNMC, ha decidido que no tomará una decisión hasta que el Tribunal Supremo dicte una sentencia firme en torno a la propuesta.

La decisión del Ministerio de Hacienda de no intervenir hasta que se dicte sentencia firme favorece la estrategia judicial planteada por las consultoras que amañaron licitaciones con instituciones públicas. Es más, en los procesos judiciales por los recursos presentados por las consultoras en la Audiencia Nacional el Abogado del Estado está haciendo hincapié en que la competencia para determinar la duración y alcance de la prohibición corresponde al Ministerio de Hacienda. 

Sin embargo, un auto de la Audiencia Nacional en torno a este asunto reconoce que aunque la duración y alcance de la prohibición para ser contratadas quede diferida a la decisión de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, ello “no significa que la resolución” de la CNMC “no contenga ya una prohibición de contratar, inmediatamente ejecutiva, al margen de su concreción posterior”. En este sentido se ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Este tribunal opina que la CNMC tiene potestad para establecer la duración y extensión de la prohibición de contratar sin la mediación del Ministerio de Hacienda, tal y como publicó El Correo.

La negativa de la Administración Pública Vasca para tomar su propia resolución de vetar a las consultoras no es consecuente con el artículo 57 (apartado 4, letra d) de la Directiva 2014/24/UE, el cual señala que un poder adjudicador podrá excluir a un operador económico de un procedimiento de licitación “cuando (...) tenga indicios suficientemente plausibles de que el operador económico ha llegado a acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia". Una de las consultoras, Idom Consulting, menciona en su recurso este artículo como reproche al “impacto” de la resolución sancionadora de la CNMC.

Para cerrar el círculo, fuentes de la CNMC consultadas por El Correo habrían adelantado al diario su intención de no aplicar al “cártel del norte” el principio de retroactividad. Es decir, la prohibición de contratar se aplicará a partir de casos que surjan desde este momento, no será válido para los amaños probados en el expediente sancionador donde se investigaron las irregularidades acaecidas entre 2008 y 2018.

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Esta cifra, equivalente a un 20% de la sanción de la CNMC, revela la enorme dependencia sobre las firmas multadas y la escasa voluntad de asumir la prohibición de contratar con ellas que sobrevuela la sentencia

La estrategia judicial del cártel norte

Las consultoras del cártel están desarrollando una estrategia judicial para evitar el veto a la contratación pública. Y lo están haciendo de manera exitosa Mientras, la Administración Pública Vasca y el Gobierno de España, clientes ambas de las consultoras sancionadas (especialmente en lo relativo a la implementación de los fondos Next Generation), han preferido dejar el asunto en manos de la Justicia. De momento, a tenor de los documentos a los que ha tenido acceso Hordago-El Salto, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha admitido los recursos de Deloitte y las vascas Idom Consulting, Bmasi y 97S&F. 

Asimismo, este organismo ha decidido suspender cautelarmente el traslado de la resolución sancionadora de la CNMC a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda que puede determinar la duración y alcance de la prohibición de contratar. Esto es, la Audiencia Nacional ha admitido los recursos de las consultoras para impedir que la propuesta de la CNMC sea valorada por el Ministerio de Hacienda.

En el caso del recurso admitido a Deloitte, la suspensión cautelar decretada por la Audiencia Nacional “se condiciona a que la entidad recurrente aporte garantía en forma de aval bancario u otra admisible en Derecho” el importe equivalente a la sanción de la CNMC, 3.990.000 euros. En otro auto, el recurso admitido a 97 S&F se sujeta a que aporte en garantía el importe equivalente a las sanciones por pertenecer al cártel de la “red de colaboración norte”, 69.667 euros, y a la “red de colaboración nacional”, 61.926 euros. También ha sido admitido el recurso de su administrador, Leandro Ardanza, a cambio de aportar en garantía 55.000 euros, misma cantidad que le impuso de sanción la CNMC. Es decir, la suspensión cautelar de la tramitación de la propuesta de la CNMC de prohibición de contratar se condiciona al ingreso de las fianzas que deben aportar las consultoras. 

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público señala que “no procederá” “declarar la prohibición de contratar cuando” se “acredite el pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones fijadas por sentencia o resolución administrativa”, “siempre y cuando” el sancionado adopte también “medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas, entre las que quedará incluido el acogerse al programa de clemencia de la CNMC". Esta ley recoge que entre las consecuencias que deriva una sanción con sentencia firme está incluido “el ejercicio por las víctimas” para iniciar “acciones” “por los daños y perjuicios ocasionados”. El Gobierno vasco se presentó como “víctima” del cártel de las consultoras para luego añadir que “únicamente” le afectaron 27 contratos.

La decisión del Ministerio de Hacienda de no intervenir hasta que se dicte sentencia firme favorece la estrategia judicial planteada por las consultoras que amañaron licitaciones con instituciones públicas. 

En las alegaciones presentadas por Idom Consulting en la Audiencia Nacional hay un documento calificado como “confidencial”. En este documento figura la facturación que le supone al grupo la contratación pública: “Cerca de 127 millones de euros, lo que representa un 53% de la facturación total a nivel mundial” de la sociedad principal del grupo, con el nombre de Idom Consulting, Engineering, Architecture. La consultora se muestra temerosa del “impacto” “sobre las posibilidades de contratación pública en países de la Unión Europea”, si se viera “obligada a declarar en la Sección III del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) la existencia de una prohibición de contratar”.

Cuando comenzaron las pesquisas, Deloitte presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco unas alegaciones para argumentar que había existido connivencia institucional con el cártel. Esto es, que el Gobierno Vasco había podido estar favoreciendo prácticas irregulares, aunque enseguida apareció el Lehendakari Iñigo Urkullu a subrayar lo contrario. La consultora consideraba que este hecho había sido ninguneado por la Autoridad Vasca de la Competencia y aseguraba que si “hubiera realizado requerimientos de información previos habría podido observar cómo eran las propias entidades públicas licitantes las que solicitaban a la futura empresa adjudicataria el nombre de dos empresas a invitar para cumplir con las condiciones que impone la ley, incluyendo en ocasiones el importe máximo de licitación o la preparación de los pliegos de licitación”. Añadió que “podría haber inferido asimismo, en que eran las entidades públicas licitantes las causantes de las conductas investigadas” y que “cada empresa consultora adjudicataria ofrecía por petición de las entidades públicas el nombre de empresas competidoras”.

Cabe recordar que la resolución de la CNMC señalaba que “no puede obviarse por esta Sala que existen algunos hechos protagonizados por algunos agentes de algunas administraciones que podrían no tener amparo en nuestro ordenamiento”. El organismo afirmaba que “tampoco puede negarse que existen hechos de los que podría deducirse que algunas administraciones pudieron haber tenido conocimiento de la existencia de prácticas contrarias a la competencia o incluso, en algún supuesto aislado, colegirse que la conducta llevada a cabo por las empresas se ha facilitado por parte de los funcionarios encargados del proceso de contratación”.

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El papel de la Autoridad Vasca de la Competencia en la trama de las consultoras sigue dejando más sombras que luces. La sustitución de la máxima autoridad del organismo coincide con la adjudicación de contratos a tres empresas investigadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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La espantada de las consultoras

Ana Andueza dejó Deloitte tras aparecer en el expediente. Hordago-El Salto ha documentado el importante papel de Andueza y Deloitte en la posible manipulación de contratos con el Puerto de Bilbao, sobre todo a través de la correspondencia mantenida con Luis Gabiola.  Igualmente, Leandro Ardanza se marchó de la firma 97S&F, consultora fundada por un exalto cargo del Gobierno Vasco con intereses en Panamá. Ardanza fue sancionado personalmente como apoderado de la empresa con 55.000 euros. Como Ardanza, Maryan Luzárraga dejó PwC, dirigida por el exburikide Asier Atutxa en compañía de dos exaltos cargos de la Hacienda de Bizkaia, Javier Urizarbarrena y Aitor Soloeta, tras el expediente. Luzárraga fue multada por la CNMC como socia de PriceWaterHouseCoopers por un importe de 30.000 euros.

Otro directivo sancionado con 30.000 euros, Xabier Manterola, abandonó PA Consulting para saltar a la dirección de Teknei, una consultora investigada en la actualidad por la Autoridad Vasca de la Competencia y que está vinculada a diversas personalidades ligadas al PNV, entre otras, Joseba Lekube, presidente de la delegación extraterritorial del PNV en México, y Joanes Labayen, esposo de la presidenta del Parlamento vasco Bakartxo Tejeria.

Todo apunta a que la “red de colaboración norte” del cártel de las consultoras podrá seguir engordando sus arcas a través de la Administración pública gracias a la ingeniería judicial que están desarrollando y a la suave regulación de los órganos competentes. Mientras, se suceden los silencios y los cambios de cromos.

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El millar de contratos que aparecen en los boletines oficiales del Estado son algunos ejemplos de la delegación de funciones políticas a las ‘big four’ (KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PwC), una vieja historia de privatización encubierta que le ha costado a las arcas públicas al menos 378 millones de euros en poco más de una década.