Córdoba
Cuatro activistas, multados con 2.400 euros en Córdoba por manifestarse contra el genocidio en Palestina

La persecución institucional de las acciones contra el genocidio en Palestina continúa en distintos puntos del Estado español. En la ciudad de Córdoba, cuatro activistas, tres de ellos forman parte del colectivo Juventud Córdoba por Palestina, han recibido multas con un total de 2.400 euros, 601 euros por persona, tras una acción en repulsa a Israel y al genocidio que está cometiendo en Palestina.

El acto reivindicativo tuvo lugar el pasado 26 de marzo en los jardines de Orive, los activistas protestaban contra el foro “Desafíos de la defensa” que celebraba su segunda edición en la ciudad patrocinado por el Ayuntamiento cordobés, la Junta de Andalucía e Indra y en el que participaba la empresa armamentística instalada a las afueras de la ciudad Escribano M&E, filial de la compañía israelí Elbit System.

Una concentración que, según exponen desde JCxP, quería poner el foco en “el genocidio que el Estado sionista de Israel está cometiendo impunemente contra el pueblo palestino, así como dejar constancia del rechazo social a la escalada armamentística en Europa y el aumento del gasto militar”.

La Subdelegación de Gobierno de Córdoba ha impuesto la sanción económica a los activistas alegando desobediencia amparada en el art. 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Los activistas han presentado alegaciones contra las sanciones impuestas por la institución, ya que insiste en no haber cometido ninguna infracción y se respaldan alegando que “no han incumplido órdenes” y que este acto estaba enmarcado “en el ejercicio del derecho a la legítima defensa colectiva frente a crímenes internacionales de extrema gravedad”.

Juventud Córdoba por Palestina, Asamblea por Palestina, Red UCO con Palestina y el colectivo Mejor sin Armas han organizado una concentración el próximo jueves 22 de mayo a las 20.00 frente a la sede del PSOE en Córdoba para pedir la anulación de las sanciones, y la derogación de la Ley Mordaza.

Kaja Rossler, portavoz de JCxP expone al respecto que: “el Gobierno debe posicionarse ya. Para detener un genocidio no bastan las palabras; hacen falta hechos. Hasta el momento, esos hechos son que el Gobierno de España sigue permitiendo el comercio de armas con Israel y que multa la libertad de expresión de activistas que piden que se ponga coto al genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Palestina”.

Los cuatro activistas cordobeses se unen a las decenas de personas sancionadas y denunciadas en todo el Estado español por acciones de protesta contra el genocidio. La ciudad de Córdoba se está convirtiendo en uno de los focos de la industria armamentística estatal con la celebración de encuentros de compañías de defensa, la próxima implantación de la  Base Logística del Ejército de Tierra que estará operativa en 2027 y la llegada de empresas de armas al parque tecnológico Rabanes 21 como Escribano M&E y Santa Barbara.