Coronavirus
SATSE Extremadura pide que las residencias públicas sean medicalizadas

Hace unas semanas supimos, por datos de la propia Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que el 85% de las muertes por Covid-19 en Extremadura han tenido lugar en centros sociosanitarios de la región, las conocidas coloquialmente como residencias de mayores. Este alto porcentaje de muertes en las residencias puede ser explicado por la especial incidencia de la enfermedad entre las personas dependientes mayores de 65 años, pero el Sindicato de Enfermería ha señalado las deficiencias de los centros de mayores a la hora de abordar un problema sanitario.

Desde SATSE Extremadura, vienen denunciando “el abandono de las residencias públicas y centros de discapacitados, la falta de profesionales sanitarios y la discriminación evidente que han sufrido y siguen padeciendo respecto a los sanitarios que dependen del SES”. El agravio de estas profesionales con respecto al personal del Servicio Extremeño de Salud (SES) es una cuestión arrastrada desde hace años por la dependencia de los centros sociosanitarios de la Consejería de Hacienda y Función Pública, hecho que lastra las capacidades médicas, en recursos materiales y humanos, de estos centros.

El agravio de estas profesionales con respecto al personal del Servicio Extremeño de Salud (SES) es una cuestión arrastrada desde hace años por la dependencia de los centros sociosanitarios de la Consejería de Hacienda y Función Pública

La crisis sanitaria ha intensificado todos estos problemas históricos, al evidenciar las dificultades, cuando no la imposibilidad, de atender a pacientes gravemente enfermos en residencias carentes de medios y personal cualificado. Por ello, en SATSE Extremadura esperan que “los responsables de la Comunidad de Extremadura recapaciten tras lo acaecido durante la pandemia de Covid-19 y que las residencias de mayores y centros de discapacitados se medicalicen, pasen a formar parte del SES y cuenten con un mayor peso sanitario dentro de sus organigramas de funcionamiento”.

En la actualidad, Extremadura cuanta con 240 centros sociosanitarios de titularidad pública, aunque solo 30 de ellos son gestionados de manera directa por el SEPAD (Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia), dependiente, como se ha dicho, de la Consejería de Hacienda. El resto, 210, son gestionados por los municipios donde se asientan, si bien en la mayoría de los casos la gestión es subcontratada a empresas privadas. Solo en la provincia de Cáceres, la más afectada por la enfermedad, existen 141 residencias de titularidad pública subcontratadas, en su mayoría, a sociedades privadas. Gran parte de estas se encuentran en pequeños municipios del norte de la provincia y cuentan, normalmente, con menos de 60 plazas para residentes. El tamaño de las localidades determina que los concursos públicos sean copados, muchas veces sin concurrencia competitiva, por empresas con capacidad financiera para hacerse cargo.

Existe una densa nebulosa en torno a la situación de estas residencias municipales gestionadas de manera privada. Pero, si nos atenemos a las quejas de las profesionales de los centros dependientes del SEPAD, podemos hacernos una imagen de las condiciones vividas en las residencias de gestión privada. Las profesionales del SEPAD denuncian haber sido “los últimos en disponer de EPIs, que siguen siendo aún hoy muy insuficientes”, así como que “la falta de personal sanitario en este ámbito es acuciante”.

Otras fuentes consultadas sitúan el foco en los recortes presupuestarios y en la creciente exposición a la iniciativa privada del derecho fundamental a la ayuda a la dependencia y a los cuidados

Muchos de estos problemas se podrían haber evitado si en las residencias de mayores “la parte sanitaria hubiera tenido un peso igual o superior a la parte social”, algo sumamente importante ya que “un porcentaje muy alto de residentes tiene problemas de salud, la gran mayoría crónicos, que hacen que el papel de las enfermeras y del resto de profesionales sanitarios sea prioritario”.

Aunque el Sindicato de Enfermería apunta hacia este excesivo sesgo “social” como explicación de la infradotación sanitaria, otras fuentes consultadas sitúan el foco en los recortes presupuestarios y en la creciente exposición a la iniciativa privada del derecho fundamental a la ayuda a la dependencia y a los cuidados. El hecho, antes comentado, de que solo 30 de los 240 centros sociosanitarios de titularidad pública sean gestionados de manera directa por el SEPAD (al margen de algún caso de gestión directa municipal), es indicativo de la exposición del sector en Extremadura a los criterios de mercado de rentabilidad y beneficio.

Frente a esto, el Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha anunciado en las últimas semanas una inversión de 2 millones de euros para “convertir una decena de residencias en centro de referencia”. Pero SATSE asegura que se trata de “la utilización de la sanidad para lavar errores anteriores”.

No tendría sentido, aseguran desde SATSE Extremadura, que se dotara a estos diez centros de unas condiciones de la que todos los demás carecen

“Es verdad que estaría bien contar con centros de referencia, bien dotados y pioneros en cuidados a los mayores pero lo que urge ahora es contar con residencias de mayores dignas, con la dotación de personal sanitario necesaria para ofrecer los mejores cuidados y con profesionales reconocidos, tanto laboral como profesional y retributivamente”, ha indicado Damián Cumbres, Secretario Autonómico del Sindicato.

Vergeles pretende que estos diez “centros de referencia” dispongan de una ratio de una enfermera por cada cuatro pacientes, lo que supondría un incremento en la dotación de personal que las profesionales del sector vienen reclamando para el conjunto del ámbito sanitario extremeño. No tendría sentido, aseguran desde SATSE Extremadura, que se dotara a estos diez centros de unas condiciones de la que todos los demás carecen.

La reclamación del Sindicato de Enfermería de vincular los centros sociosanitarios al SES, es una de las cuestiones que necesariamente habrá que abordar en los próximos meses para prevenir con garantías la llegada de futuras pandemias. Este cambio de enfoque en la gestión de la dependencia requiere, a su vez, de un debate profundo sobre la idoneidad de supeditar al interés privado (o a la austeridad pública) el cuidado de nuestro mayores.