Corrupción
El directivo del Puerto de Bilbao que manipuló contratos con el cártel de consultoras se marchó con 300.000 euros

Para la CNMC, el “modus operandi” de Luis Gabiola prueba que las administraciones públicas llevaron a cabo una “conducta sancionable” y “antijurídica” basada en “confianza ilegítima” con el cártel norte. Medio año antes de hacerse pública la investigación, y ante la posibilidad de tener que dimitir, el alto cargo público pactó una indemnización con la Autoridad Portuaria para su salida.
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Luis Gabiola, Patxi Acha y Gregorio Villalabeitia, exCeo de Kutxabank en un evento en la sede de la Diputación de Bizkaia en Bilbao
13 oct 2022 05:00

En los correos hechos públicos por la CNMC en su investigación de 319 páginas sobre el cártel norte de consultoras aparece un nombre en hasta seis ocasiones: Luis. Se trata del antiguo Director de Operaciones, Comercial y Logística de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Luis Ignacio Gabiola Mendieta, quien habría sido el facilitador de un “modus operandi” que durante una década se ha basado en solicitar “ofertas de cobertura” para evitar competir y que una de las empresas resultase adjudicataria. “No puede obviarse que existen algunos hechos protagonizados por algunos agentes de algunas administraciones que podrían no tener amparo en nuestro ordenamiento”, señalaba el organismo regulador. Ello habría supuesto una “conducta sancionable” y “antijurídica” asentada en la “confianza ilegítima” entre los cargos públicos y algunas consultoras como Idom, PwC o Deloitte.

Hordago-El Salto ha podido conocer que Luis Gabiola recibió una indemnización de más de 300.000 euros tras su salida del Puerto de Bilbao. Ocurrió en noviembre de 2020, medio año antes de que se conociera la sentencia de la CNMC, poniendo fin a 32 años y 8 meses de carrera. Tras ser preguntada en varias ocasiones por email, la Autoridad Portuaria de Bilbao se ha negado a responder a esta información. También ha rechazado facilitar el contacto de Gabiola.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la salida del Puerto de Bilbao se debía al riesgo de tener que dimitir por las actuaciones irregulares, lo que hubiera provocado el descrédito del ente público y del propio directivo, quien aún mantiene su actividad pública como conferenciante. La noticia de que la CNMC multaría con un total de 6,3 millones de euros a 22 firmas de consultoría y a varios de sus directivos fue conocida por el público el 12 de mayo de 2021.

Hordago-El Salto ha podido probar que ocho meses antes de la dimisión de Gabiola, el 26 de octubre de 2020 y el 4 de noviembre del mismo año, existieron dos reuniones entre la Autoridad Portuaria de Bilbao y la CNMC. En la primera de ellas, también estaban la Autoridad Vasca de Competencia y Bilboestiba, la sociedad que agrupa a las empresas del Puerto (Toro y Betolaza, Bergé, SLP y CSP). En la segunda, la Autoridad Portuaria de Bilbao acudía sola. En ambas se dirimió el tema de la “promoción de la competencia.

Tras ser consultada, la Autoridad Portuaria de Bilbao no ha querido realizar declaraciones sobre si en esta reunión se trató lo que la CNMC denominó como “conocimiento de la existencia de prácticas contrarias a la competencia” por parte del ente público y tampoco ha explicado si esa es la razón de la salida precipitada de Gabiola.

Pese a su baja, Luis Gabiola sigue activo y ha acudido a reuniones del entorno marítimo-portuario con el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, o su sucesor Andima Ormaetxe, director de Comercial, Logística y Operaciones y parte de la lista electoral del PNV en Mungia en 2019. Asimismo, a mediados de septiembre, Gabiola participó en la “cumbre” de los puertos de la fachada Atlántica-Cantábrica en las instalaciones de Itsasmuseum, Museo Marítimo de Bilbao.

Asimismo, en septiembre de este año moderó una de las actividades en el 100 aniversario de La Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao (ACBE), que reunió a representantes de ocho de las diez autoridades portuarias de la fachada cantábrico-atlántica, así como a Álvaro Rodríguez Dapena, presidente de Puertos del Estado, quien se fotografió con Gabiola. En esta noticia, Luis Gabiola aparece con la denominación de consultor, aunque no se sabe si con ello se refiere a la empresa con sede en Calle Diputación que creó en 2020, unos meses antes de jubilarse.

¿Bajas incentivadas?

Tras ser preguntado por este medio, el Puerto de Bilbao no ha querido confirmar si Gabiola se acogió a una baja incentivada o no. Esto es, un acuerdo mutuo entre el ente público y los empleados para abandonar voluntariamente su puesto de trabajo. El abuso de esta figura por parte de las Autoridades Portuarias es bastante común e incluso ha llevado al Tribunal de Cuentas a manifestar que estas jubilaciones incentivadas son más bien despidos improcedentes que se encuentran fuera del convenio laboral. Esto es, que son ilegales.

Esta instancia judicial ha requerido a determinadas personas denunciadas por beneficiarse de las bajas incentivadas a que devulevan el dinero. Por ejemplo, al representante de Puertos del Estado en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rolando Lago. También a Francisco Toledo, quien fuera presidente de PortCastelló. De confirmarse, además de ilegal, la baja incentivada de Luis Gabiola sería un hecho polémico y quizá debiera devolver los 300.000 euros de la indemnización.

No es esta la única problemática que acecha al exdirectivo del Puerto. Según el Tribunal de Cuentas, en 2015, Luis Gabiola también cobró de manera opaca 1.796,86€ en concepto de dietas de asistencia a las reuniones del Consorcio, siendo el segundo asistente, después del presidente Ricardo Barkala, que más cobró de entre todos los miembros del ente público.

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Los dos presidentes tienen un patrimonio conjunto de casi 800.000 euros, restado el pasivo, y recibieron 55.318,27 y 46.446,59 respectivamente cuando se intercambiaron la dirección del ente público en 2018. Además, el organismo indica que superaron el límite en los gastos de manutención, alojamiento y transporte.

Antijuricidad. Sobre la confianza ilegítima 

Según la CNMC, “no puede negarse que existen hechos de los que podría deducirse que algunas administraciones pudieron haber tenido conocimiento de la existencia de prácticas contrarias a la competencia o incluso, en algún supuesto aislado, colegirse que la conducta llevada a cabo por las empresas se ha facilitado por parte de los funcionarios encargados del proceso de contratación.” A este respecto, “uno de los casos más graves” se produce en un intercambio de correos de 2016 referido a un estudio de impacto entre los responsables comerciales del Puerto de Bilbao y los de Deloitte.

En una larga correspondencia hecha pública por el organismo regulador, Luis Gabiola, que firma el correo con su nombre, le pide a la encargada de la consultora, Ana Andueza, datos para preparar el contrato de asesoría. “Gracias, Ana, voy organizando lo del estudio [de] impacto. Necesito que me envíes las tres empresas para pedir ofertas”. A lo que Ana Andueza responde con los datos de dos firmas: Bmasiy 97SyF, ambas cercanas al Partido Nacionalista Vasco y sancionadas por el organismo regulador, así como lo fueron sus directivos, entre ellos Sabin Azua, el hermano del exvicelehendakari.

De acuerdo con el expediente de la CNMC, y como contó Hordago-El Salto hace un año, las empresas se dieron cuenta de que el Puerto de Bilbao pretendía sacar el contrato a un precio más bajo del presuntamente acordado. “Es para matarles”, escribe Ana Andueza. Y a continuación envía un correo a Luis Gabiola instándole a cumplir el presupuesto (59.000 euros). “La invitación la deberías sacar a 60.000 para que hagamos descuento”, relata el expediente sobre un caso de pactación de precios. Finalmente, la situación termina con el directivo indicando a la consultora las reglas de los contratos menores. “Para hacer negociado sin publicidad son hasta 49.999 euros. El mes que viene hacemos otro parecido por otros 10.000 euros”.

A tener de estos hechos, la responsable de Deloitte escribe más tarde a “la dirección comercial del puerto” para comunicar que “Luis” ha dado los nombres de tres personas (condenadas ahora a pagar un total de 145.000 euros por su participación en el cártel), dando a entender que esta persona les había contactado previamente y apunta a una irregularidad. “Nos dice Luis que vais a invitar a las siguientes empresas.” Fueron llamadas a participar en el contrato público Bmasi, 97SyF y Deloitte, con quienes la CNMC prueba que Luis Gabiola manipuló la adjudicación de 11.000 euros para una “actualización” del estudio de impacto económico sobre los cruceros que llegan al Puerto de Bilbao.

El compañero de Gabiola

En la investigación de la CNMC también se pone de manifiesto que Jon Anasagasti Bilbao aparece manipulando contratos como asociado de Idom, de la que fue consultor y project manager durante diez años (desde 2007 hasta 2017). El mismo mes que se marchó de esta empresa, en abril, pasó a formar parte de la Autoridad Portuaria de Bilbao como Responsable de Desarrollo Comercial, es decir, pasó a ser el compañero de Luis Gabiola. Asimismo, la puerta giratoria tuvo un efecto directo: nada más dejar su oficina en la consultoría, el ente público adjudicó 86.140 euros a esta misma empresa en nueve contratos menores. Tres adjudicaciones a dedo en 2018, cinco en 2019 y una en 2020. Las cantidades iban desde los 2.850 hasta los 14.900 euros, sumando 86.140 euros en total.

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Jon Anasagasti Bilbao aparece en la investigación de la CNMC por manipular contratos para Idom Consulting. En 2017 fichó como responsable de Desarrollo Comercial en la Autoridad Portuaria y un año después comenzó a adjudicar contratos a su antigua empresa.

El silencio cómplice del Gobierno Vasco

Ante estas conductas irregulares, el silencio de las instituciones vascas ha sido total y han actuado como si no se conocieran, pese a que existe una estrecha relación entre Luis Gabiola y altas instancias de los organismos reguladores vascos. En su declaración ante en el Parlamento vasco, Alba Urresola señaló hace un año que se ha llevado a cabo una politización sobre la actuación de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) en la trama del cártel norte que no se corresponde con su responsabilidad administrativa.

Si bien la presidente no ha sido identificada con ningún contrato (la investigación termina en fechas similares a las que ella llega al cargo), Urresola no explicó su amistad con Luis Gabiola en el momento de la investigación, pues existen varias imágenes en donde aparecen juntos. La primera es de apenas unas meses antes de que se registraran las sedes de las empresas. En la fotografía también aparece Asier Atutxa, empresario de PwC y responsable del Puerto de Bilbao hasta 2018.

En dicho evento, que fue organizado por la empresa que actualmente asesora a Alba Urresola (M.B.N Comunicaciones), también puede verse posar con Luis Gabiola a la Consejera de Economía del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, y al titular de Hacienda, Pedro Azpiazu. Al respecto, la Autoridad Vasca de la Competencia Vasca se limitó a señalar que “por una foto” o porque su presidenta u otros miembros hayan trabajado en el pasado en empresas investigadas no se puede cuestionar la “independencia” de este órgano regulador.

Además, el 28 de noviembre de 2019, la presidenta de la AVC y otra vocal del organismo se sentaron junto a la plana mayor del Puerto de Bilbao, incluido Luis Gabiola, durante su primer desayuno informativo. Por entonces, la CNMC acababa de abrir un expediente a varias docenas de consultoras, concretamente aquellas con las que estaba manipulando contratos el alto directivo sentado a la vera de la Presidenta de la Competencia Vasca.

Para más inri, hace unos pocos meses, el 14 de junio, Ormaetxe, junto con Gabiola y Asier Atutxa, el anterior presidente del puerto de Bilbao, acudieron juntos al X aniversario de la AVC en Bilbao, donde también aparecieron públicamente con Alba Urresola. Al evento también acudieron el filósofo Daniel Innerarity y el ex Comisario europeo Javier Solana.

El pasado mes de septiembre salió en la prensa local que Lakua no prevé medidas contra firmas que amañaron licitaciones públicas o llevaron a cabo prácticas “colusorias”. Según las declaraciones del consejero de Economía, Pedro Azpiazu, el gobierno no “debería adoptar medida alguna” en esta materia pese a que afectan a contratos con administraciones públicas.

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