Cuidados
La atención domiciliaria en la CAV se sitúa tres puntos por debajo de la media estatal

Se unen cuatro factores: el ansia de hacer negocio, la dejación pública en el cuidado de la población dependiente, la mirada patriarcal —ya te cuidará tu esposa, tu madre o tu hija, o una trabajadora del hogar migrada— y la manipulación informativa —si se esconden los datos, no hay noticia—. La fundación Manu Robles Arangiz, del sindicato ELA, ha investigado el sistema de atención a la dependencia en la CAV y Nafarroa en su dosier de noviembre “Porqué somos feministas, cuidar(nos) es colectivo”, mes en el que Hego Euskal Herria celebrará la primera huelga general feminista para reivindicar un sistema de cuidados público comunitarios. Algunas de las principales conclusiones son la escasa asistencia que ofrece el Servicio de Atención al Domicilio (SAD) en Nafarroa (no llegó a 1.400 usuario en Iruña; otros 132 en Tudela) y que ni siquiera hay dato en la CAV. Solo una aproximación realizada por la Asociación Estatal de directores y Gerentes de Servicios Sociales: el SAD atiende al 1,6% de la población mayor de 65 años, frente al 5% de la media estatal.

“La ausencia de un derecho reconocido, junto con la insuficiencia de los presupuestos, lleva a que los cuidados a las personas dependientes recaigan fundamentalmente en el ámbito familiar, y en especial en las mujeres”, concluye el informe. Los datos principales ilustran que en Hego Euskal Herria hay 220.000 personas en situación de dependencia reconocida. Pero solo 10.000 de 50.000 navarros reciben atención de algún tipo (2.700 disponen del servicio telefónico de emergencias; 945 fueron atendidos por su SAD correspondiente).

Cada usuario de residencias en la CAV pagó una media de 16.588 euros en 2020, el 44% del coste total de la plaza

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, los datos “aún son más parciales”, indica la fundación. Para las personas 172.000 dependientes existen 35.000 plazas en 434 residencias, la mayoría de ellas privadas o de gestión privada (394 centros). Cada usuario de residencias pagó una media de 16.588 euros en 2020, el 44% del coste total de la plaza, indica el informe.

Las trabajadoras del hogar suplen de forma privada un servicio que debería ser público, y lo hacen sufriendo “diversas situaciones de abuso”, advierte el sindicato. El 100% de las trabajadoras internas tiene como actividad principal el cuidado de personas dependientes, porcentaje que se sitúa en el 35% en las trabajadoras externas. En la CAV hay algo más de 28.000 trabajadoras (solo 1.132 son hombres) y casi 7.000 en Nafarroa, según los datos de afiliación de agosto de 2023, que no tiene en cuenta las empleadas que están trabajando de forma irregular.

Las propuestas del sindicato ante este contexto pasan por reivindicar un sistema de cuidados público que publifique los servicios privatizados y subcontratados, y amplíe los servicios, universal, gratuito, de calidad —el aumento necesario de la cobertura de los servicios crearía más de 10.000 puestos de trabajo, calculan— y corresponsable.