Derechos Humanos
Un informe de CEDAW Cataluña denuncia que España vulnera los derechos humanos de las trabajadoras sexuales

La Plataforma CEDAW Cataluña ha denunciado en su informe sombra que en el Estado español se “vulneran de forma grave los derechos humanos de las trabajadoras sexuales”. El texto analiza las políticas y leyes llevadas a cabo por el Estado español en las últimas décadas en torno al trabajo sexual para rechazarlas de forma pública, ya que consideran que criminalizan a las trabajadoras sexuales y a la migración irregular. “Las políticas de persecución de la migración irregular afectan de manera desproporcionada a las trabajadoras sexuales que son inmigrantes indocumentadas. El trabajo sexual lo ejercen, principalmente, las mujeres que están en los márgenes, que no solo son criminalizadas por el trabajo que hacen, sino también por su estatus migratorio”, expone el informe.

El estudio parte de poner el foco sobre las consecuencias que tienen las leyes que penalizan el trabajo sexual en las trabajadoras sexuales, que según diversos análisis agravan la violencia y el acoso que reciben. Estas leyes han demostrado en distintos lugares del mundo que ponen en peligro y vulnerabilizan a quien ejerce el trabajo sexual. Un estudio realizado por el Departamento de Justicia de Irlanda del Norte y la Queen University de Belfast, que analizaba los efectos de la implementación de las leyes que persiguen el trabajo sexual, demostró que “la demanda general de trabajo sexual en Irlanda del Norte ha aumentado, y demostró que las trabajadoras sexuales se sienten menos seguras y más propensas a ser abusadas”, según expone la doctora Caoimhe Ní Dhónaill.

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En Francia, el 16 de abril se cumplían siete años de la puesta en marcha de las leyes que criminalizan el trabajo sexual. Diversos colectivos como Médicos del Mundo Francia y STRASS han realizado un informe en el que exponen que el “42,3% de las trabajadoras sexuales manifiestan estar más expuestas a la violencia que antes de la entrada en vigor de la ley”. Entidades internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado a lo largo de los últimos años estas políticas como vulneradoras de los derechos humanos.

“Las políticas de persecución de la migración irregular afectan de manera desproporcionada a las trabajadoras sexuales que son inmigrantes indocumentadas”, expone el informe

A pesar de las advertencias internacionales, las políticas persecutorias del trabajo sexual están extendidas por distintos países a nivel global, entre los que se encuentra el Estado español. En 2022, el Ministerio de Igualdad intentó incorporar en el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral sobre la Libertad Sexual distintas vías para criminalizar el trabajo sexual, como la tercería locativa, una figura jurídica utilizada durante el franquismo, que sanciona “penalmente a quien destine un inmueble a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona”, según el borrador del proyecto. Esta disposición no llegó a introducirse gracias al trabajo de trabajadoras sexuales y activistas. “La tercería locativa fue rechazada por el Congreso, ya que suponía la amenaza al derecho a la vivienda de las trabajadoras sexuales y ponía en riesgo a aquellas que viven y trabajan juntas como medida de seguridad”, según apunta el texto de CEDAW Cataluña.

Sin embargo, el gobierno español ha seguido trabajando en la línea de aplicar medidas abolicionistas y actualmente se encuentra en proceso la Proposición de Ley “para prohibir el proxenetismo en todas sus formas” y el Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, que incluye la tercería locativa. Ambas propuestas están auspiciadas por el PSOE y a pesar de que se estaban tramitando de forma urgente, actualmente se encuentran paralizadas por la convocatoria electoral. Desde CEDAW Cataluña denuncian que este anteproyecto contiene aspectos imprecisos que pueden llevar a un impacto negativo a las propias víctimas de trata. “El anteproyecto amplía las posibilidades de criminalizar a colectivos ya vulnerabilizados a través de la utilización intercambiable de los conceptos de trata y explotación, contradiciendo los estándares internacionales en los que pretende basarse, y aumenta la estigmatización de las personas trabajadoras sexuales”, argumenta el informe.

A estas propuestas legislativas se unen las normativas que llevan años en marcha que inciden directamente en la violencia y criminalización que reciben las trabajadoras sexuales. En concreto, la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, y las ordenanzas municipales que persiguen la prostitución callejera a través de multas y procesos judiciales. Encarna Bodelón, profesora de Filosofía del derecho y directora del grupo de investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, exponía su postura acerca de las ordenanzas en una entrevista en El Salto: “Las ordenanzas sancionan en teoría a mujeres y clientes, pero los datos de los ayuntamientos nos dicen que la mayoría de las sanciones van dirigidas a las mujeres y no a los clientes. Es decir, quien recibe el peso de la sanción son las mujeres, mujeres que en muchos casos no pueden pagar esas multas”.

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Además, el informe pone el foco en el racismo institucional que el Estado español ejerce a través de la actual Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como la ley de extranjería. “Esta ley no solo dificulta la regularización de las personas inmigrantes que ejercen el trabajo sexual, sino que criminaliza a las personas migrantes indocumentadas, exponiéndolas a la privación de su libertad en los llamados Centros de Internamiento de Extranjeros, expone la publicación de CEDAW Cataluña. Según el estudio elaborado por la asociación Mundo en Movimiento, el 53% de las mujeres que se encontraban internadas en los CIE en 2021 y 2022 eran trabajadoras sexuales. Según el informe realizado por la asociación In Genero- Interculturalidad y Género publicado en abril de 2022 en torno a esta cuestión, La Ley de Extranjería llevó a la prostitución al 76% de las trabajadoras sexuales.

CEDAW Cataluña es una plataforma no gubernamental formada por organizaciones del movimiento de mujeres, feministas y que trabajan por los derechos de las mujeres cuyo objetivo principal es realizar el seguimiento de las agendas políticas gubernamentales en lo relativo a los derechos de las mujeres. Labor que realizan desde 2014 haciendo incidencia política en los espacios gubernamentales. La publicación de este informe sombra coincidió con la participación por parte del ministerio de Igualdad en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Suiza el pasado mayo.