Desahucios
Los Sanfermines para las personas sin recursos: dormir en la calle o ser expulsadas del barrio

Durante los Sanfermines varias personas y 49 familias se han visto obligadas a salir de la ciudad. Otras, incluso, han quedado en situación de calle. El motivo es el cierre temporal de los servicios habitacionales que gestiona el Ayuntamiento de Iruñea, cuya alcaldía ostenta EH Bildu. Las afectadas son personas desahuciadas o sin recursos y hacen uso del albergue municipal o del programa de alojamiento en pensiones que regula la “Ordenanza de Alta Exclusión” del Consistorio.

“El albergue municipal cierra cada año por Sanfermines, esto lo hemos heredado así”, explica Txema Mauleón, Concejal Delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Iruñea. Hay 25 personas empadronadas cuya residencia habitual es el albergue y otras 25 plazas para personas en tránsito cuya estancia no puede exceder los tres días al año. Confirma que “a las familias empadronadas se les ha derivado a otros municipios”. Mientras tanto, el servicio para los itinerantes, “cesa su funcionamiento”. 

Mauleón reconoce también que un hotel no es el lugar más adecuado de vivienda. “Es una ‘alternativa’ de extrema urgencia y, en cuanto se puede, derivamos a estas familias a otras viviendas”. Indica que durante las fiestas los hoteles y pensiones reservan plazas para su “clientela habitual” y afirma que han conseguido derivar a las 26 familias que hacen uso de este servicio a diferentes programas de vivienda.

El Sindicato de Vivienda Haritu y el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria han denunciado esta situación exigiendo “alternativas de calidad y duraderas”. Ambos denunciaron en abril las malas condiciones en las que se encontraba este servicio, pero durante las conocidas fiestas, explican, esta situación “adopta una faceta extrema” con la expulsión de estas personas vulnerables de sus residencias habituales. “Parece” que quieren “desplazar el ‘problema’ fuera de la ciudad” mientras duren las fiestas. “Viene el turismo y tiene que estar todo respetable”, explica Mikel Izurzu de Haritu sobre la imagen que se pretende dar a los visitantes.

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O traslado o calle

Cuando los recursos gestionados por el Gobierno de Navarra se encuentran saturados, como las viviendas municipales, los pisos tutelados o las viviendas, el Ayuntamiento recurre al albergue municipal de Trinitarios y a hoteles privados de la región, con los cuales establece convenios para derivar a las personas afectadas para una estancia temporal mediante un sistema de copago. No obstante, y hasta el final de las fiestas, el albergue ha cerrado sus puertas. “Con la marea de gente que viene en Sanfermines, el centro sería ingobernable”, justifica Mauleón. Explica que mucha gente se acercaría a hacer uso del servicio de personas transeúntes, muchas de ellas sin estar en “condiciones de necesidad”, y añade que se desbordaría al “no haber recursos para tanta gente”.

También los hoteles han expulsado a las personas usuarias del servicio. Según afirma Mauleón, “los hoteles no son servicios públicos y es su decisión escoger a quién permiten alquilar”. En este tipo de casos, el Ayuntamiento ha reubicado a las familias con niños en diferentes programas de vivienda, algunas en Iruñea y otras en pensiones de otros municipios. 

Los problemas con esta solución no han tardado en aparecer. En primer lugar, se les ha informado en el último momento, con muy poca antelación, “con toda la angustia e incertidumbre que eso supone para muchas personas y familias” explica Iker Narbona, miembro del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria.

Por otro lado, y según afirman ambos sindicatos de vivienda, hay personas que son expulsadas de estas pensiones y que quedan “literalmente” en la calle ante el cese del servicio. Aunque reubiquen a las familias, varias personas vulnerables se han quedado en la calle sin alternativa. Además, como denuncia una de las personas afectadas, no pueden quedarse en las calles de la ciudad porque la policía los persigue. Otro afectado expresa que es “injusto” que familias, incluso con bebés, se queden tiradas a cambio del turismo que generan los San Fermines.

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Colaboración público-privada y alternativas “de mala calidad”

El programa de alojamiento en pensiones, con el que el ayuntamiento deriva a familias y personas sin recursos a los hoteles y pensiones, cuenta este año con un presupuesto de 400.000 euros, un dinero que no se ha invertido en adecentar viviendas públicas como subraya Izurzu. Según datos oficiales, en Iruñea hay 5.000 viviendas vacías. “¿Lo que ofrece el Ayuntamiento son unas decenas de plazas en albergues y hoteles?”, cuestiona Narbona.

Además, ambos sindicatos remarcaban en abril que, al fin y al cabo, estas “alternativas” promovidas mediante la colaboración público-privada resultan “insuficientes” y “de mala calidad”. Al ser desahuciadas, pese a vivir décadas en el mismo barrio, las familias se derivan a hoteles que se encuentran en otras zonas de la ciudad. Para empezar, ello conlleva una perpetúa “inestabilidad y malestar en las familias”. 

Según datos oficiales, en Iruñea hay 5.000 viviendas vacías. “¿Lo que ofrece el Ayuntamiento son unas decenas de plazas en albergues y hoteles?”

Por otro lado, están las condiciones de los servicios. Los residentes en los hoteles no tienen suficiente espacio en la habitación, no disponen de espacios para la intimidad, tampoco para cocinar, ni siquiera tienen servicios y equipamiento básico como la lavadora o frigorífico. Las personas usuarias tienen que acudir a restaurantes o se alimentan a base de comida preparada, con lo que ello supone respecto a la calidad de su alimentación y gasto económico.

En teoría, la ordenanza municipal establece que estos recursos no se pueden alargar más de un mes sin haberse ofrecido otra alternativa habitacional. Es decir, al mes de que las familias sin recursos ingresen en los hoteles, el ayuntamiento tiene que haber encontrado una alternativa digna para estas personas. Sin embargo, subraya Narbona que hay familias que han estado más de seis meses viviendo en esas condiciones.

Al respecto, la gestión del albergue municipal está en manos del Grupo 5 Acción y Gestión Social, anteriormente señalada por su “incapacidad” de proveer unas condiciones dignas a los residentes en otros lugares del Estado. En 2022 esta empresa obtuvo beneficios de hasta 83,2 millones de euros y tanto trabajadores como residentes censuraron que la situación estaba alcanzando “niveles que atentan contra la salud y dignidad de las trabajadoras y usuarias”. Las trabajadoras señalaron la falta de limpieza e higiene en el centro, el desinterés en cubrir bajas de los trabajadores para “ahorrar sus sueldos”, y el recorte de recursos como la alimentación.

La gestión del albergue municipal está en manos del Grupo 5 Acción y Gestión Social, anteriormente señalada por su “incapacidad” de proveer unas condiciones dignas a los residentes en otros lugares del Estado

Este caso es otro ejemplo y síntoma de la subcontratación, privatización y externalización de los servicios sociales a empresas privadas. Los fondos públicos se derivan al beneficio privado, y esto resulta en un empeoramiento de los servicios explica Izurzu.

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Más de 100 personas en condición de calle

Durante estos primeros días de Sanfermin, varias pancartas han colgado en la ciudad señalando que a día de hoy sigue habiendo más de cien personas viviendo en la calle. Es una respuesta a las palabras de Joseba Asirón, alcalde de Iruñea (EH Bildu), que este invierno proclamó que nadie dormiría en la calle desde que se le nombrara alcalde. “La promesa no se ha cumplido porque no podía cumplirse”, responde Narbona.

En invierno había más de cien personas viviendo en la calle, una cifra que se mantiene ahora, en verano. Al fin y al cabo, critican, es una cuestión de clase: hay un desequilibrio claro entre quién es propietario y quién es la clase desposeída. “Mientras que se está derivando a gente a alternativas de miseria, otra gente está haciendo inversiones muy grandes y comprando edificios enteros”, denuncia Izurzu.