Derecho a la vivienda
Quince de cada cien viviendas alquiladas en País Vasco son de titularidad pública

En País Vasco hay 22 empresas y entidades públicas con más de 50 viviendas alquiladas. Estos megatenedores concentran 13.207 alojamientos, más del 17% de las 75.000 viviendas alquiladas en País Vasco, según el último informe del mercado del alquiler publicado por el Gobierno vasco. Y la gran mayoría de ellas son viviendas públicas.

Según los datos remitidos a Civio, siete de los 22 megatenedores de País Vasco son administraciones públicas o empresas que dependen de ellas. Suman cerca de 11.100 alojamientos, el 84,5% de todas las viviendas alquiladas en manos de megatenedores y casi el 15% de todos los alquileres de País Vasco, una proporción que dobla la de la Comunidad de Madrid, donde las entidades públicas concentran el 6,2% de todos los alquileres, y que quintuplica la de Cataluña, donde apenas superan el 2,7%. El mayor casero de la Comunidad Autonómica Vasca es el propio Gobierno vasco, con más de 6.800 viviendas alquiladas a través de tres empresas dependientes. Le siguen el Ayuntamiento de Bilbao —3.350— y el de Donostia —869—.

El mayor casero de la Comunidad Autonómica Vasca es el propio Gobierno vasco, con más de 6.800 viviendas alquiladas a través de tres empresas dependientes. Le siguen el Ayuntamiento de Bilbao (3.350) y el de Donostia (869)

Al contrario que en las comunidades madrileña y catalana, donde se cuentan 317 y 252 empresas privadas respectivamente que son megatenedoras de vivienda, en País Vasco tan solo hay 15 empresas con más de 50 contratos de alquiler.

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De las 2.039 viviendas que suman estos megatenedores privados, más de la tercera parte son propiedad de inmobiliarias, principalmente de la estadounidense CBRE, con cerca de 320 viviendas a través de Lazora SII y de Inmobiliaria Vascongada. Las entidades financieras concentran otras 731 viviendas. La mayoría de ellas son de Kutxabank —423—. Le siguen CaixaBank —155— y Blackstone, con 153 viviendas propiedad de la UTE Benta-Berri, unión de empresas creada en los años 90 para la promoción de vivienda protegida en el barrio del Antiguo de Donostia que el fondo de inversión estadounidense compró en 2016.

De las 2.039 viviendas que suman los megatenedores privados en el País Vasco, más de la tercera parte son propiedad de inmobiliarias, principalmente de la estadounidense CBRE, con cerca de 320 viviendas a través de Lazora SII y de Inmobiliaria Vascongada

“Aquí es verdad que los fondos de inversión u otros grandes propietarios privados aún no se han extendido, pero va a ser una realidad creciente en los próximos años o meses”, explica Mikel Noval, responsable del Gabinete de Estudios del sindicato ELA. Noval señala como ejemplo el barrio de Zorrotzaurre, una isla artificial dentro de Bilbao que servía como zona industrial y que en la actualidad se está convirtiendo en residencial: “La promotora que está construyendo allí cuatro bloques de viviendas se los ha vendido este verano a un fondo de inversión para dedicarlos al alquiler”.

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Empresas de sectores que poco tienen que ver con el inmobiliario también destacan como megatenedores. Una de ellas es Mintegui Industrias del Camión, que acapara 212 contratos a través de su filial Basconia SA. Tubos Reunidos y Echevarría SA —del grupo Sidenor—, ambas del sector de la siderurgia, también aparecen como megatenedores con 80 y 63 viviendas alquiladas respectivamente.

Aunque la concentración de viviendas alquiladas en manos de grandes empresas privadas es mucho menor que en otras comunidades autónomas, el alquiler que se paga en las principales ciudades de País Vasco se sitúa entre los más caros de España y un estudio realizado por el sindicato ELA muestra cómo en las capitales de las provincias vascas es imposible alquilar ninguna vivienda por menos de 600 euros.

En 2015, País Vasco se convirtió en la primera comunidad autónoma que desarrolló el derecho constitucional a la vivienda. La Ley de Vivienda vasca, aprobada con los votos a favor de EH Bildu y PSE, y con el rechazo de PNV y PP, abrió la puerta a que personas con bajos ingresos pudieran reclamar a las administraciones públicas una vivienda en alquiler. También contempló la expropiación temporal de viviendas por interés social y evitar la desprotección de viviendas construidas sobre suelo público, medidas incluidas después en la Ley de Vivienda catalana de 2019 y en la estatal aprobada el pasado mayo.

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Sin embargo, según explica Noval, el derecho al acceso a una vivienda en País Vasco está lejos de ser una realidad. “Hay dos trampas: que el baremo de ingresos para poder reclamar una vivienda es muy bajo y tienes que llevar muchos años en el registro de solicitantes de vivienda protegida, lo que deja fuera a mucha gente, y que, si la administración competente alega que no tiene viviendas disponibles, puede dar en su lugar una prestación sustitutiva de 300 euros”.

A finales de marzo, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco había reconocido el derecho subjetivo a la vivienda a 7.659 familias, pero ya anunciado la aprobación, en septiembre, de un decreto con el que se prevé ampliar el reconocimiento de este derecho a 34.000 personas.