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Doñana
Alcaldes, agricultores, vetos y protestas en la celebración de la comisión sobre la ley de regadíos de Doñana
Este martes se ha celebrado la comisión sobre la propuesta de ley de ordenación de regadíos de Doñana en la que han participado “los actores sociales implicados” según anunciaba la Junta de Andalucía. Sin embargo, como ha denunciado este medio y los movimientos ecologistas, se ha celebrado sin la presencia de la comunidad científica y ecológica que lleva meses poniendo el foco sobre esta ley. El PP y la ultraderecha vetaron en un primer momento al presidente del Consejo de Participación del espacio natural de Doñana, Miguel Delibes de Castro; sin embargo, el gobierno andaluz ha rectificado en último momento esta decisión ante la presión mediática y ha cerrado la jornada. Maribel Mora, representante de Adelante Andalucía en el parlamento andaluz, ha comentado a las afueras del edificio que cree que “han puesto a Delibes el último para que su intervención no llegue a tiempo a aparecer en los informativos de la noche”.
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Delibes ha comenzado la intervención denunciando que “vengo en calidad de intruso”, ya que no he recibido ninguna notificación que le invitara a participar por parte del parlamento. Delibes tilda de inadecuada la proposición de ley: “Mi capacidad de indignación se ha saturado”. También ha lamentado que no se haya rectificado la participación del CSIC que finalmente no han sido invitados a participar “No se debe gestionar los asuntos públicos a espaldas de la ciencia, no me parece tampoco de recibo el argumento de que está demasiado cerca de Doñana porque entonces se legislaría los hospitales sin oír a los médicos”. El experto ha recordado en su intervención que también se ha dejado fuera a los agricultores de la Puerta de Doñana que suponen el 50% de la zona regables y que se han manifestado de forma contraria a la ley: “entiendo que es más cómodo ir a los que piensan parecido a uno, pero eso nos apartan de la realidad”. El científico ha sido claro en torno a su posición en torno a la ley “Las cosas han ido demasiado lejos. Es una propuesta sustentada, quiero creer,en un error de cálculo y ha desembocado en la mayor crisis social, institucional, política y mediática que se ha generado alrededor de Doñana, non solo es la conservación de Doñana la que está en juego si no también la paz social, el futuro de los agricultores locales y la imagen de Andalucía en el mundo”.
Las dos grandes ausencias de esta jornada han sido la de la ministra Teresa Ribera invitada a la comisión y que ha declinado la intervención, ya que “ha comparecido y ha dado explicaciones en el Parlamento de la Nación, que es donde le corresponde”, según informa el ministerio de transición ecológica. Tampoco han asistido ninguna representación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de competencia estatal, que emitió un informe en torno a la cuestión el pasado viernes en el que se oponía a la puesta en marcha de la ley de regadíos. Desde el gobierno andaluz no han dado credibilidad a este informe, ya que consideran que “actúa con intereses políticos”, según el portavoz de la Junta de Andalucía, Fernández Pacheco.
“Tras la sed de Doñana está la esclavitud andaluza, feminizada e inmigrante”, ha comentado la escritora Pura Sánchez en la manifestación convocada por Salvemos Doñana
La jornada ha comenzado con un cambio de protocolo de última hora, tras la primera comparecencia, en el que la presidenta de la comisión, Ana Chocano, ha decidido sustituir el procedimiento normal en el que los grupos políticos preguntan a la persona que comparece y luego son respondidos de forma individual por aglutinar todas las preguntas y las respuestas en un único turno. La decisión surge tras un encontronazo con el diputado del PSOE, Mario Jiménez, que tras varias interrupciones por parte de Chocano le ha espetado “No me puede decir a mí qué le puedo preguntar. No se lo voy a aceptar”.
Las comparecencias han estado protagonizadas especialmente por agricultores de la zona, entre las que encontramos distintas visiones de la problemática. Jaime Martínez Conradi, director de las cooperativas agroalimentarias andaluzas, cree que esta proposición ”viene a mejorar la ordenación del territorio en la zona de Doñana” y lamentaba en su intervención: “que el debate que se está traslado a la ciudadanía pone en riesgo el sector honesto de los frutos rojos”. A pesar de que la honestidad de una parte del sector está puesta en duda desde hace años por diversos organismos ecologistas y de la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Por su parte, Eduardo López, desde COAG en Andalucía, han denunciado en su comparecencia la “rapidez y la falta de participación” con la que se está tramitando esta ley y han añadido “Somos partidarios de que todos los recursos disponibles se pongan a disposición, pero que se destinen primero al regadío existente y a recuperar el estado del acuífero y cuando estén los recursos libres se estudien la posibilidad de nuevos regadíos”. López sostiene que la puesta en marcha de esta ley va a hacer que continúe “la guerra entre administraciones, con lo que solo traerá falsas expectativas entre los agricultores sin soluciones para el sector ni para el parque”. Por ello, han solicitado la paralización de la ley y propone una mesa de diálogo entre los actores implicados para buscar soluciones reales, y han concluido sentenciando “Señores, no hay agua ni territorio para la especulación en Andalucía”.
Los alcaldes de las poblaciones en las que se encuentran los regadíos han mostrado sus puntos de vista. La alcaldesa de Almonte, Rocío del mar castellano, ha lamentado que “se hayan dejado fuera muchas instituciones y organizaciones que son importantes, que no se tenga en cuenta la opinión científica y que no se haya invitado a los agricultores de Puerta Doñana”. Castellano ha incidido en la “necesidad de retirar la ley”, ya que “Esto no se trata de salvar pajaritos, sino de que nuestras nietas puedan beber”. Gustavo Cúellar, alcalde de Moguer por su parte, ha señalado a la Junta de Andalucía lamentando que: “Nadie nos ha convocado para analizar esta proposición de ley”. Por su parte, el alcalde de Lucena del puerto, Manuel Mora, ha apoyado de manera efusiva la ley porque cree que es lo mejor “para los trabajadores de mi pueblo”.
“Las cosas han ido demasiado lejos. Es una propuesta sustentada, quiero creer ,en un error de cálculo y ha desembocado en la mayor crisis social, institucional, política y mediática que se ha generado alrededor de Doñana”, ha comentado Miguel Delibes
El gerente de FreshHuelva, Rafael Domínguez, ha defendido en su intervención no solo la proposición de ley, sino el actual sistema de producción de fresas y frutos rojos en la provincia. Incluso ante las polémicas de las faltas de derecho de las trabajadoras migrantes, ha señalado que en “Huelva hay alojamientos para todos los trabajadores que vienen contratados en origen y es un modelo a seguir”. Sin embargo, instituciones que investigan sobre los derechos humanos no tienen tan claro esta afirmación. El pasado lunes 12 de junio El Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA) del Consejo de Europa denunciaba en un informe las condiciones laborales y de falta de derechos humanos en los más de 25 asentamientos que hay en la provincia ligados a la producción de fresas.
Voces por Doñana
Ante la falta de participación de la comunidad científica, ecologistas y otros actores relevantes en la problemática, la Plataforma Salvemos Doñana ha convocado frente al parlamento durante la tramitación una movilización en la que han aportado sus visiones distintas personalidades.
En este acto también han participado dos diputadas del parlamento andaluz, Maribel Mora (Adelante Andalucía) e Inma Nieto (Por Andalucía), que se encontraban dentro de la sesión de comparecencias, pero que se han acercado a aportar la visión de lo que estaba sucediendo dentro del parlamento a los activistas. “Estamos escuchando a los agentes sociales que han querido PP y Vox”, ha comentado Mora, “A PP y Vox le da exactamente igual lo que pase con Doñana, por cuatro votos van a seguir propiciando una burbuja de agricultura intensiva”. Por su parte, Inma Nieto ha instado a que se continúen las movilizaciones sociales: “La protección de Doñana tenemos que poner la fuerza en la calle porque la correlación de fuerzas dentro del parlamento andaluz es la que es”.
Doñana
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Antonio Ramírez, catedrático de la Universidad de Sevilla, que la ley se está tramitando de forma fraudulenta: “Han evitado la transparencia y la participación, y se ha silenciado a todos los actores relevantes”. Laureano Seco de Los Verdes Andalucía ha denunciado que “Moreno Bonilla no es solo un terrorista ambiental, sino también un terrorista económico” alegando que la ley va a poner en peligro la capacidad de supervivencia económica de la región. Seco también ha puesto el foco sobre la tramitación de la ampliación de la mina de Río Tinto en Huelva, aprobada por la junta el pasado abril y que también puede tener consecuencias ecologistas en la provincia.
La escritora e investigadora Pura Sánchez, que se encuentra al frente del ateneo republicano andaluz, ha intervenido recordando que “tras la sed de Doñana está la esclavitud andaluza, feminizada e inmigrante”.