Doñana
Moreno y Ribera firman un acuerdo para Doñana que pretende poner fin al conflicto y calmar a la UE

En la mañana del 27 de noviembre, una imagen entre la niebla que parecía imposible, la ministra para la transición ecológica, Teresa Ribera, pasea por el entorno del Parque Natural de Doñana junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. A esta foto tan bucólica le precede un año de desencuentro, críticas y enfrentamientos con un telón de fondo: la supervivencia de Doñana.

El origen es la propuesta del gobierno andaluz de llevar a cabo una ley de amnistía y ampliación de los regadíos ilegales que extraen agua del entorno de Doñana, que abastecen a 1.800 hectáreas de fincas de forma ilícita y están llevando al enclave natural a su colapso. Una propuesta que, durante este 2023, ha estado a punto de llevarse a cabo a través de la mayoría absoluta que el PP tiene en el Parlamento Andaluz y a pesar de las críticas de la Unión Europea, movimientos ecologistas internacionales y la ciudadanía andaluza. En este sentido, Ribera llegó a argumentar que Moreno “desde su arrogancia de señorito, está haciendo un daño inmenso” al desoír la preocupación de distintas instituciones internacionales por la ley de regadíos.

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Doñana

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Con la firma del acuerdo de Doñana, Moreno se desmarca de la que había sido desde 2021 una de sus propuestas centrales y hace referencia a ella “como una propuesta de ley que hicieron diversos grupos políticos” ocultando a su formación de la autoría de la propuesta.

A pesar de que el documento no hace referencia específica a los pozos y las extracciones ilegales, la ministra Ribera ha expuesto que “no se amnistiaría esos regadíos, lo que hay es una amnistía para Doñana”. El acuerdo se sostendrá económicamente con 350 millones de euros “para ampliar la dimensiones social y económica de la sostenibilidad de Doñana”, según el texto del proyecto.

Entre las medidas propuestas se encuentra la concesión de unas ayudas a los agricultores de la zona “de cinco a 10 años al titular de explotaciones con finalidad de renaturalización y creación de nuevas superficies de cultivos de secano”. Sin embargo, aún se mantienen las dudas de quién podrá a optar a esas ayudas, en un entorno agrícola en el que a día de hoy aún hay decenas de explotaciones ilegales.

Se trata de “una solución de consenso que beneficia a todos”, según los comentarios del presidente andaluz, que, sin embargo, hasta hace pocos meses se mostraba contrario a cualquier tipo de solución que no pasara por su propuesta de ley de amnistía. Moreno esgrime que “todo se le ha olvidado, soy una persona de futuro. Bien está lo que bien acaba”.

El acuerdo tiene como una de sus bases la adopción de todas las medidas necesarias para que concluya el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea por incumplimiento de la sentencia del TJUE de 24 de junio de 2021 (asunto C-559/19)”. La resolución de la UE que pedía millones de sanciones al estado español por la propuesta de la amnistía de regadíos ilegales del gobierno andaluz. Ribera ha expuesto en la presentación del acuerdo que al comisario europeo de medio ambiente, Virginijus Sinkevicius, “le alivió muchísimo” la noticia del acuerdo, “pero eso no quiere decir que se vaya a cerrar de inmediato ningún expediente”.

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Miguel Delibes, presidente del consejo de participación de Doñana, ha argumentado que se van a poner a trabajar para hacer el balance del acuerdo y adelanta “habrá cosas que nos gusten más y que nos gusten menos” pero tenemos una “predisposición positiva”. A la espera de que los colectivos ecologistas hagan un balance más exhaustivo de la propuesta, desde Juan Romero, desde Ecologistas en Acción, comenta que el acuerdo “siempre es positivo si después se va a cumplir”.