Ecología
Grupos ecologistas se movilizan contra la reapertura de la mina de Aználcollar 26 años después del desastre

El próximo 25 de abril se cumple el 26 aniversario de la rotura del embalse de la mina de la empresa sueca Boliden en Aznalcóllar (Sevilla). Una fractura que provocó un vertido de seis millones de m³ de material contaminante en la cuenca del río Guadiamar.

El vertido recorrió 60 kilómetros en aquella madrugada y mañana de 1998 arrasando a su paso con la flora y la fauna del entorno, en las inmediaciones de Doñana, y que gracias a las labores de contención se quedó a las puertas del Parque Natural. Sin embargo, el resultado fue demoledor: 26 toneladas de peces muertos, cientos de aves afectadas y 4.600 hectáreas de cultivo y pastizales arruinados, así como decenas de acuíferos y otros espacios hídricos totalmente contaminados.

La mayoría de estos residuos se depositaron en la Corta de Aznalcóllar (CAZ), un “hueco minero donde siguen depositados junto con una capa de agua igualmente tóxica, cargada de metales pesados, que amenaza desde entonces la calidad de las aguas subterráneas del entorno”, según denuncian en un manifiesto conjunto colectivos ecologistas como Greenpeace, Friday For Future y Ecologistas en Acción.

Aznalcóllar, frontera del extractivismo minero en Andalucía

Silvestre Zarza

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Minería

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El 31 de octubre pasado, la Diputación de Sevilla ha aprobado por unanimidad una moción que insta al conjunto de administraciones, incluyendo a Justicia (que debe fallar una demanda relacionada con el caso), a “resolver urgentemente cuantas cuestiones impidan la apertura” de la mina de Aznalcóllar, porque “la comarca necesita el estímulo económico y el empleo”. 

La Junta de Andalucía puso en marcha tras el desastre un plan de recuperación, que dio lugar al Corredor Verde del Guadiamar “donde en principio estaba, y está, prohibida la agricultura, la caza y el pastoreo, para evitar la trasmisión de la contaminación metálica a la cadena alimentaria. Actualmente, sin embargo, se sigue cazando y pastoreando, en concreto caballos y cabras”, denuncian los colectivos ecologistas.

A pesar de que se trató del mayor desastre medioambiental del Estado español hasta entonces, y uno de los mayores en toda la órbita europea, la empresa responsable salió de forma impune del proceso judicial tras la rotura. En julio de 2023, el Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla eximía a la multinacional de tener que pagar 89 millones de euros que le exigía la Junta de Andalucía como indemnización.

"No podemos tolerar que se repita un ecocidio como el que ya sucedió en 1998 , en ese entonces muchas de nosotras aún ni habíamos nacido. No conocimos un río verdaderamente limpio, sin contaminar”, comentan desde Friday For Future

A pesar del recuerdo del desastre, y de las críticas del movimiento ecologista, la Junta de Andalucía lleva años trabajando en la reapertura del espacio minero. Una reactivación en la que, según las palabras del consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, “todo está progresando adecuadamente” y se encuentra en vía de recibir los últimos permisos. El proyecto ya cuenta con el permiso de aguas y con la declaración de impacto ambiental favorable, y está a la espera de la autorización ambiental unificada.

La Junta de Andalucía tiene previsto invertir 316 millones de euros en el proyecto minero, dentro de su plan de reactivación de la industria en todo el territorio a través de la reapertura de antiguas minas inactivas desde hace años. La empresa tras el proyecto es la multinacional Minera Los Frailes, que cuenta con el beneplácito de la Junta de Andalucía para su reapertura desde 2015. La empresa está compuesta por dos gigantes del sector minero, Magtel y Grupo México. Esta última es la responsable de los vertidos tóxicos en el río de Sonora en México en agosto de 2014. Unos vertidos de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados, que afectaron a ocho municipios del noreste del país procedentes de la mina Buenavista del Cobre de la empresa.

Los ecologistas alertan de nuevas catástrofes mineras

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Las cinco principales organizaciones ecologistas del Estado español denuncian el riesgo de nuevas catástrofes por la posible rotura de presas como la de Minas de Riotinto y exigen el desarrollo de una nueva ley marco que proteja el subsuelo del Estado.

La adjudicación del proyecto a esta empresa se ha visto envuelta por una serie de irregularidades judiciales y acusaciones de corrupción. En 2025 se producirán los juicios contra varios altos cargos de la Junta de Andalucía y contra los dueños de la empresa Magtel, los hermanos Isidro L. M. y Mario L. M., acusados de prevaricación, fraude, tráfico de influencia y malversación en el proceso de adjudicación de la reactivación de la mina. Los colectivos ecologistas hacen hincapié en denunciar esta situación y exponen la necesidad de que el proceso pare a causa de estas irregularidades: “No se entiende que se sigan tramitando las autorizaciones para la reapertura de esa mina. Los principios de precaución y seguridad jurídica aconsejaría la suspensión de esas tramitaciones hasta que se celebren dichos juicios”.

Una tubería, 85.520 millones de litros de agua contaminada

Por si la reapertura de la industria minera no supusiera suficiente peligro para el entorno, el proyecto viene acompañado de la instauración de una tubería de 30 kilómetros para verter aguas contaminadas. Un vertido planificado de 85.520 millones de litros de aguas con alto contenido en metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales contaminantes, y que caereá directamente al Estuario del Guadalquivir.

Durante los primeros 18 meses se pretenden verter 17.520 millones de litros procedentes del vaciado de la Corta de los Frailes y de la Corta de Aznalcóllar, donde se encuentran los residuos de la catástrofe de 1998. Durante los siguientes 17 años se realizará un vertido anual de cuatro mil millones de litros. El punto de vertido de esta instalación se sitúa a las afueras de la ciudad de Sevilla, en una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.

Además, según denuncian los colectivos ecologistas, “este vertido tóxico envenenará todo el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, a las puertas del Parque de Doñana, sin que hasta la fecha haya informado el Consejo de Participación de Doñana, ni se hayan pronunciado tampoco desde la Estación Biológica”.

Por ello, colectivos ecologistas como Greenpeace o Friday For Future han convocado diversas acciones durante la semana para exigirle a la Junta de Andalucía que cese en su voluntad de abrir la mina de Aznalcóllar.

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Aurora Báez Boza

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La reapertura de la mina de Aznalcóllar recibe un dictamen ambiental favorable 25 años después del desastre medioambiental. Una vuelta a la actividad que preocupa a los colectivos ecologistas

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Unas actividades que han comenzado durante la mañana de hoy, lunes 22 de abril, con la entrega de una petición en al Consejero de Industria, Energía y Minas firmada por decenas de entidades y que culminará el próximo jueves con una manifestación en Sevilla. “No solo afecta al medio ambiente, también a la salud de las personas, tenemos que dejarle claro a la Junta de Andalucía que no queremos esos vertidos”, argumenta Luis Reina, de Greenpeace Andalucía. Desde el colectivo Friday For Future comentan que: "No podemos tolerar que se repita un ecocidio como el que ya sucedió en 1998  En ese entonces muchas de nosotras aún ni habíamos nacido. No conocimos un río verdaderamente limpio, sin contaminar”.