Ecología
Otxantegi Herri Lurra desalojado, una referencia para los movimientos en defensa del territorio en Bizkaia

Martes 7 de mayo, una larga cadena de furgones policiales ocupa prácticamente la totalidad de la calle Kurtzes, que marca el camino a la playa de Azkorri, situada en el bizkaino municipio de Berango. Hay casi cuarenta agentes, 15 furgonetas de la Ertzaintza y varios integrantes del cuerpo foral de bomberos demostrando que, esta vez, el desalojo va en serio. Ocurre después de que la presión vecinal y la desobediencia civil resistieran los dos lanzamientos anteriores (en noviembre y abril).

A pesar de lo exagerado del despliegue, el último de los militantes de Otxantegi Herri Lurra, el colectivo agroecológico en defensa del territorio, no pudo ser expulsado de las tierras que con tanto ahínco habían sembrado hasta cinco horas después del inicio del operativo policial. Subido en una suerte de atalaya construida con árboles y ondeando una bandera del colectivo, finalmente fue retirado por la policía pasada la una de la tarde. Antes, los últimos seis integrantes habían sido retirados del tejado de la casa torre de Otxandategi, cuyo origen data del siglo XV, y su emblema original es hoy el de toda la localidad.

La actuación policial se saldó con 40 identificados a los que presumiblemente, y según ha trascendido, se les abrirá expedientes administrativos por la mal llamada Ley de Protección Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Dos de las personas que se encontraban en el edificio –y que resistieron pacíficamente el desalojo– fueron heridas por agentes de la Brigada Móvil de la Ertzaintza y tuvieron que ser hospitalizadas. Una tercera fue detenida y acusada de atentado, desórdenes públicos y desobediencia grave.

Al final de las largas cinco horas en las que militantes y simpatizantes de Otxantegi Herri Lurra fueron expulsadas una a una de las inmediaciones de la casa-torre, una excavadora arrastró los fardos de paja que bloqueaban el viejo camino de gravilla que comunica el terreno con la carretera. En una torpe maniobra, el dispositivo desplegado para ejecutar el desalojo terminó por derribar la atalaya en forma de trípode donde se había encaramado el último de los activistas y los troncos golpearon el cable de la luz, estando este a punto de tirar abajo un poste eléctrico.

Mucho más que unas huertas

En los próximos meses serán muchas las excavadoras, palas de arrastre y hormigoneras que, una detrás de la otra, tomen ese pequeño camino para arrancar de raíz los árboles que rodean el viejo caserón en ruinas y cavar el enorme boquete donde se volcarán las toneladas de hormigón que cimentarán el próximo ladrillazo. Serán casi 500 nuevas viviendas en las más de 8 hectáreas de terrenos agrícolas que rodean el edificio más antiguo de Berango. Y eso será solo el principio. De acuerdo al PGOU todavía vigente en el municipio, un total de 40 hectáreas de entornos naturales y terrenos fértiles quedarán sepultadas bajo el hormigón y el alquitrán. Hoy por hoy, otras 2300 viviendas están proyectadas en lo que supondría la mayor macroperación urbanística del municipio que prácticamente duplicará su número de habitantes.

“En Otxantegi se permite una edificabilidad de 50.754,76 metros cuadrados, equivalentes a unos 7 campos de fútbol”

Las movilizaciones y eventos que ha organizado el colectivo berangotarra trataban de denunciar la complicidad existente entre el Ayuntamiento —a las órdenes de la actual alcaldesa del PNV, Itziar Aginalde, así como su predecesora, Anabel Landa—, las empresas constructoras vascas, en particular la siempre opaca Amenabar, y los terratenientes locales. Los principales beneficiarios de la promoción de las 451 viviendas previstas en los terrenos de Otxantegi serán los herederos de la familia Aguirre-Lipperheide, propietarios del terreno. Este clan, pertenecientes al grupo oligárquico residente en el barrio getxotarra de Neguri y vinculado a la fundación del BBVA, obtendrá pingües beneficios de esta operación especulativa. La construcción proyectada está valorada en 30 millones de euros, lo que asegura suculenteas ganancias para esta familia. 

Desde su fundación hace dos años, y tras ocupar las tierras de los Aguirre-Lipperheide, Otxantegi Herri Lurra se ha dedicado a convatir las dinámicas de expansión urbana y desarrollismo en la comarca. Este colectivo ha sabido combinar una firme denuncia del impacto ecológico de la ausencia de planificación, que impera desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, con la necesidad de entender esas dinámicas en el contexto de la transformación espacial del conjunto de la metrópoli bilbaína. Comprometidos como están con la dimensión comunitaria y ecológica, transformaron una huerta comunal en un espacio productivo y de encuentro, con una vocación similar a la de los centros sociales y gaztetxes más virtuosos.

“Otxantegi Herri Lurra ha desarrollado una firme denuncia del impacto ecológico de esta planificación urbana”

A lo largo de su trayectoria, Otxantegi Herri Lurra también ha colaborado con los baserritarras de la zona, defendiendo un modelo de producción agroecológica y los principios de la soberanía alimentaria. Su labor no se ha limitado al ámbito local, sino que ha extendido su cooperación a otras estructuras similares en Euskal Herria, como Galdakaoko Elkarlaguntza Sarea y Errizoma en Gasteiz. Además, han puesto su capacidad productiva a disposición de las despensas que abastecen a las familias afectadas por la crisis de la vivienda y han servido para apoyar los grandes eventos del activismo bilbaíno, como el Mundialito Antiracista de Bilbao. Así pues, este desalojo supone la materialización de una disputa que cotidianamente, palmo a palmo, enfrenta a la comunidad organizada y la fuerza bruta del capital. 

Berango ciudad sin ley 

La operación urbanística que empezará a ejecutarse en los terrenos donde se ubicaba Otxantegi Herri Lurra revela una preocupante tendencia hacia la urbanización masiva y especulativa, donde el respeto por las normativas y el patrimonio local parecen quedar en segundo plano. Esta área, conocida como Otxandategi (nombre original del señorío que da nombre a la casa-torre y a la zona), está calificada como suelo urbano no consolidado, lo que contrasta notablemente con la clasificación de otros sectores en la comarca de Uribe Kosta, mayoritariamente designados como suelo urbanizable delimitado o sectorizado de acuerdo a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) actualizados y alineados con el Plan Territorial Parcial (PTP) de Bizkaia.

En el caso particular de esta zona, se permite una edificabilidad de 50.754,76 metros cuadrados, equivalentes a unos 7 campos de fútbol, para desarrollar aproximadamente 500 viviendas. En otros términos, este PGOU, desactualizado y con una clara inclinación al arbitrio por parte del Consistorio municipal, fomenta la especulación urbanística, desoyendo las directrices del PTP de Bizkaia, que busca un desarrollo más equilibrado y sostenible.

La disparidad en la clasificación del suelo no es un detalle menor: el suelo urbano no consolidado, indica que pertenece a un núcleo urbano que necesita infraestructura y servicios para su completa integración. Por el contrario, el suelo urbanizable delimitado se contempla para una expansión futura planificada y ordenada. Esta diferencia marca la delgada línea entre un desarrollo adecuado al plan de ordenación y a criterios de sostenibilidad social o ambiental y la transformación abrupta y descontrolada que se espera en Otxandategi.

La tendencia a este tipo de operaciones sobre el suelo urbano y la construcción no es nueva en Berango y cuenta con varios antecedentes por parte del ayuntamiento y otros grupos empresariales vinculados al sector inmobiliario y las constructoras. En 2020, el consistorio local firmó un convenio con Inmogroup, filial del Grupo Amenabar XXI S.L., para intercambiar el palacio de Icaza, un edificio histórico en desuso, por terrenos edificables en el barrio Baserri Santa Ana. La operación contemplaba el desarrollo de 250 viviendas, mayoritariamente VPO de venta, en la primera fase del sector Otxabene. La tasación del palacio, realizada por Tecnitasa, fue aprobada sin objeciones por la arquitecta municipal del consistorio, dirigido por el PNV,  y sin buscar una segunda opinión o una evaluación detallada. En 2022, el colectivo Berango Lurraren Defentsan denunció la falta de garantías y transparencia de esta operación, interponiendo un recurso aún por resolver.

Estas promociones, aunque anunciadas como asequibles, no incluían viviendas en alquiler social y tenían precios cercanos a los 200.000 euros. A pesar de que el Consistorio defendía estas construcciones como una solución para la población más vulnerable y juvenil del municipio, de las 216 VPO ofrecidas en la primera fase, solamente 160 solicitudes provinieron de residentes en Berango. Para más inri, durante la ejecución de las obras se produjo un vertido de hormigón en el humedal de Itze, lo que volvió a movilizar a los grupos vecinales.

En otro ejemplo reciente, del año pasado, el Ayuntamiento de Berango fue condenado por permitir prácticas urbanísticas irregulares. El juzgado de lo contencioso administrativo nº 5 de Bilbao dictaminó que el consistorio incurrió en “dejadez de funciones” al permitir que un colegio privado utilizara una zona no habilitada para tal fin como aparcamiento. Esta parcela, de cerca de 1.500 metros cuadrados, fue artificializada fuera de la ordenación, y la inacción del consistorio fue calificada por el juez como una “grave dejación de funciones”.

“El año pasado, el Ayuntamiento de Berango fue condenado por permitir prácticas urbanísticas irregulares”

A pesar de lo manifiestamente vulgar que estas operaciones puedan parecer el caso de Berango, resulta fundamental no perder de vista que se trata de una expresión de un fenómeno generalizado y que obedece a lógicas de carácter global. El giro financiero del capitalismo global desde los años 80 ha exacerbado la tendencia a resolver los problemas de sobreacumulación mediante la reorganización del territorio. Esto se ha traducido en la promoción de grandes proyectos de infraestructura y desarrollo urbano que han permitido relanzar la acumulación y absorber el exceso de capital. Estos proyectos, a la vez que valorizan el suelo, generan dinámicas que terminan por desplazar a las comunidades locales priorizando el beneficio privado sobre las necesidades sociales, exacerbando así la desigualdad y reconfigurando el espacio urbano en beneficio de intereses capitalistas.

Las infraestructuras como piedra angular

Es evidente que las profundas transformaciones urbanas de marcado carácter desarrollista no son patrimonio exclusivo de Berango. De hecho, en las dos últimas décadas la expansión de la mancha urbana del área metropolitana de Bilbao ha conquistado toda la comarca de Uribe Kosta. Por señalar este proceso, sin duda más amplio y complejo, podemos fijarnos en un indicador demográfico del municipio vecino de Urduliz, un pueblo de marcado carácter rural en el que hace apenas unos años los habitantes se conocían entre sí, siendo hoy el que mayor incremento vecinal ha registrado: un 29,63% en tan solo una década. El resto de la comarca no se ha quedado atrás, creciendo muy por encima del conjunto de la comunidad autónoma, con un incremento poblacional medio de 8,31% desde 2012. 

“Urduliz, un pueblo de marcado carácter rural, ha registrado el mayor incremento vecinal: un 29,63% en tan solo una década”

Como han denunciado desde Otxantegi Herri Lurra, esta dinámica de desarrollo ha tenido un enorme coste ambiental. Además de las emisiones propias de la actividad constructiva y el uso intensivo de materiales que conyeba dicha actividad económica, el territorio queda segmentado por autovías, mientras que grandes superficies de suelo son artificializadas. Por otro lado, la llegada de nuevos vecinos de rentas más altas, con un estilo de vida fundamentalmente basado en barrios dormitorio y comunidades cerradas, fomenta formas de vida desarraigadas del tejido comunitario y dependientes del transporte privado. Los diversos colectivos ecologistas y vecinales que vienen denunciando que este reajuste, señalan que además de desplazar las ya escasas actividades agrícolas tradicionales, han tenido graves repercusiones para la sostenibilidad local y han erosionando la cohesión social.

Como decíamos antes, para que estos desarrollos sean posibles y de interés para el capital, las inversiones en infraestructuras juegan un papel de avanzadilla en la configuración de estos espacios de valorización capitalista. Estas inversiones, a menudo llevadas a cabo por el Estado, a la vez que mejoran la conectividad y el acceso de un territorio, incrementan el valor del suelo posibilitando la inversión privada. De este modo, las administraciones locales actúan como un catalizador que posibilita la expansión del capital en nuevas áreas, mediante la transformación del paisaje. 

En Uribe Kosta la infraestructura más significativa y de mayor peso simbólico es, sin duda, el macrocentro comercial Landaida-Goikoa. Sus obras alcanzaron su recta final en 2017, abarcando un área de 84.000 metros cuadrados en lo que supuso una inversión de varios millones de euros. Desde entonces, muchas superficies se han instalado allí. Desde Otxandategi se puede apreciar claramente este imponente centro comercial, que alberga descomunales establecimientos de multinacionales como Burger King, Lidl, Mercadona y Decathlon.

El segundo elemento fundamental han sido las rotondas de acceso desde el corredor de Uribe Kosta al área de Landaida-Goikoa, las playas y los futuros desarrollos urbanísticos de Berango, Getxo y Sopelana. Este corredor, cuyo último tramo se terminó de construir en 2006, conecta Berango y Sopelana, así como sus playas, con el resto del área metropolitana de Bilbao. Las rotondas no solo facilitan la movilidad entre las áreas residenciales previstas, el centro comercial y la autovía, sino que también ejemplifican cómo el capital reconfigura el espacio urbano para maximizar el valor del suelo y las oportunidades de inversión.

El legado de Tosu 

El tercer elemento, y el que resultó ser el más determinante en las dinámicas de oposición a todo este desarrollo en la comarca, fue el conocido como parking de Ibarbengoa. Abierto por el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) en 2020, cuenta con 295 plazas distribuidas en tres plantas y se construyó con la excusa de minimizar la llegada de vehículos de Getxo a Bilbao. Sin embargo, este parking se convirtió en la piedra de toque de toda la lucha contra el desarrollo urbanístico en Uribe Kosta. El ya histórico colectivo Tosu Betirako, cuyo práctica y espíritu recuperaba Otxantegi Herri Lurra, ocupó los terrenos agrícolas donde finalmente, y por la fuerza, se edificó el parking que tenía como verdaero objetivo conectar los barrios residenciales accesibles sólo en coche, con la red de metro y el resto del área metropolita.

Aquellas ocupaciones no trataban simplemente de defender unas campas del hormigón, sino que demostraron ser la materialización de la lucha de una comunidad profundamente arraigada en el territorio. Los militantes ecologistas y de la comarca, tras un minucioso trabajo de investigación, identificaron que ese proyecto era la punta de lanza para las futuras fases de un desarrollo urbano, que tras varias fases intermedias, finalmente ha desembocado en el desalojo de Otxandategi en mayo de 2024.

“Tosu supo generar toda una inteligencia colectiva y un nivel de composición política con el movimiento ecologista que perdura hasta la actualidad”

Tosu dejó para el recuerdo toda un modelo de situar la militancia, una forma de lucha alegre. Bebiendo de la experiencia previa del movimiento okupa —que tras el desalojo de Kukutza atravesaba un importante impasse— supo generar toda una inteligencia colectiva desde la que desarrollar una composición multiple y una articulación política con el movimiento ecologista que no tenía precedente y que perdura hasta la actualidad. Una herencia que tuvo también su impacto en las reflexiones posteriores a escala metropolitana en colectivos como Piztu Bilbo y una parte del movimiento por la vivienda que nació en el contexto pandémico.

Sin duda, en todo proyecto vinculado a la ocupación, bien se trate de un centro social, unas tierras comunales o una casa, el momento del desalojo supone un trauma, un punto de inflexión donde unas formas de vida se han desplegado en torno a una comunidad ven su potencia paralizada y truncada. Sin embargo, también son momentos donde el conflicto, siempre latente y de múltiples rostros, se expresa de forma más clara. Es este segundo aspecto, los movimientos de Uribe Kosta siempre han mostrado una increíble capacidad para desvelar ese antagonismo entre el capital y la vida. De esa capacidad que emerge para multiplicar las capacidades y articularse en torno a la lucha contra el desarrollismo urbano es donde nacerán las futuras luchas, por una forma de vida alegre e irreductiblemente anticapitalista, como lo fue la experiencia de Tosu y como ha sido la lucha de Otxantegi Herri Lurra.