Elecciones
Huelva, entre la fortuna de los frutos rojos y la miseria climática y social

Desde El Salto Andalucía hacemos un repaso de las problemáticas sociales que atraviesan las 8 provincias en el contexto de las elecciones municipales

Las heridas de Huelva son tan antiguas y hondas como sus fandangos. Las estadísticas dejan por los suelos a la provincia desde varios ángulos. Según la última encuesta de Muestra Continua de Vidas Laborales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la provincia se encuentra a la cola de la comunidad en materia de sueldos, lo que es alarmante teniendo en cuenta que Andalucía es la comunidad con los sueldos más bajos significa estar a la cola de la cola del estado. Esta situación es especialmente hiriente con las mujeres, ya que en la provincia esta misma encuesta señala que se mantiene una brecha salarial de género del 49,7% una cifra muy por encima de la ya por sí alarmante cifra del 27,8% de brecha salarial en el estado español que señala el último informe, en 2022, de la OIT. Por ponerlo en términos más cotidianos, el salario mensual medio de una mujer onubense es de 824,6 euros mensuales, mientras el de los hombres es de, 1313 euros de media.


Esta situación en los sueldos y en el desempleo, Huelva es la segunda provincia a nivel autonómico en tasa de desempleo, un 21,7% según la última Encuesta de Población Activa, está teniendo una consecuencia directa en la pobreza que atraviesa la población onubense. Según el informe publicado en 2022 de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza, el 40% de las familias onubenses se encuentran en riesgo de pobreza. Para rematar, y a vueltas con el INE, en 2022 Huelva es una de las provincias del estado con menor porcentaje de personas con estudios superiores, solo un 24,4% de la población.


El panorama a nivel estadístico en la provincia es descorazonador, ajustando la vista y yendo a las problemáticas concretas, vemos temas muy mediatizados durante años, pero que aun así se encuentran encallados en la provincia como un mal endémico: La situación de Doñana, la balsa de fosfoyesos y el atropello a los derechos humanos en los campos de fresas. Y otros focos que, a pesar de no estar tan presentes en el debate público, afectan al devenir provincial como la reactivación de la minería y el deterioro en la sanidad pública.

Frutos Rojos, Doñana y racismo institucional


Doñana ha sido una constante en el panorama mediático nacional e internacional en los últimos años debido a su situación de colapso hídrico que llevó el verano pasado a que se secara la emblemática laguna de Santa Olalla una de las consideradas permanentes en el entorno natural. El pasado miércoles 12 de abril, PP y el partido de ultraderecha Vox, aprobaban el inicio de la puesta en marcha de la Ley que pretende legalizar los regadíos en el Parque Nacional y Natural de Doñana. La propuesta pretende no solo legalizar los regadíos que llevan actuando de forma ilegal durante décadas en la zona, sino también da luz verde a que las extracciones de agua puedan ampliarse. Desde el anuncio de la puesta en marcha de esta medida se han producido reacciones en repulsa desde las instituciones nacionales y europeas, que han anunciado sanciones al estado si esta ley se llega materializar, como la del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius que mostró la preocupación de la CE sobre la situación de según estas palabras de la ministra de transición ecológica Teresa Ribera: “El mensaje principal es que la preocupación no ha cambiado. Lo mejor que deberíamos hacer es invertir en reducir el riesgo que ya existe y no agregar nuevos riesgos a Doñana”.

Doñana
Doñana Andalucía se moviliza en defensa de Doñana
Miles de personas se han unido a la manifestación en Sevilla de este domingo por la defensa de Doñana y contra la ley de regadíos de la Junta de Andalucía


Además de la repulsa institucional, desde el anuncio de la puesta en marcha de la ley se han sucedido distintas acciones ciudadanas y desde los colectivos ecologistas. El pasado domingo 14 de mayo se manifestaban en Sevilla miles de personas para exigir la paralización absoluta de la ley y la protección del Parque Natural. La plataforma convocante ‘Salvemos Doñana’ compuesta por decenas de colectivos ecologistas y ciudadanos, plantean la necesidad de “Instar a nuestras instituciones y representantes a defender nuestra joya natural para el presente y para las generaciones futuras, apoyando la actividad económica legal que sea compatible con el mantenimiento de sus valores excepcionales”. Además, colectivos ecologistas como Rebelión Científica y Rebelión por el clima han realizado acciones directas como el sabotaje de un pozo ilegal el pasado 20 de mayo en el parque natural “Esta acción se lleva a cabo como último recurso, tras numerosos intentos de peticiones de acciones legales por parte de las organizaciones pertinentes, el sabotaje es una forma legítima de lucha contra la explotación”, justifican desde Rebelión por el Clima Huelva.


La Junta de Andalucía ha parado la tramitación de la ley hasta el 29 de mayo, tras las elecciones municipales, ante el aluvión de críticas. El texto justifica la legalidad de los regadíos ilegales denominándolos históricos, sin embargo, Juanjo Carmona desde WWF explica “no existe ningún derecho histórico a ser considerado como un terreno de regadío -sea con aguas superficiales o subterráneas-, para los que riegan de forma ilegal tierras de secano o para aquellos que han convertido de facto terrenos forestales en agrícolas en el entorno de Doñana“.

La provincia de Huelva es la mayor productora de frutos rojos del estado español y abastece el 30% de la demanda a nivel europeo, según datos de Interfresa. Una producción centralizada en la zona del condado de la provincia, la agricultura supone un 12% de la actividad económica de la provincia, cifra muy superior a la media del estado que sitúa esta actividad económica solo al 3,8% según el INE. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha justificado su apoyo a la propuesta de ley de regadíos de Doñana argumentando que “resuelve un problema de ordenación del territorio y es una herramienta para hacer justicia y reparar el daño causado a los agricultores”, según palabras de su portavoz y exparlamentario de Ciudadanos, Julio Díaz. Díaz, además, en su defensa por los intereses de los agricultores de la zona, ha señalado a WWF como: “copartícipe del daño que están sufriendo las familias de la zona agrícola”.

La situación en estas zonas agrícolas es alarmante, según la COANG que en su informe del mes de abril denominaba a la comarca en situación de sequía extraordinaria. La situación que afecta a los cultivos está llevando a los agricultores a exigir nuevas formas de adquirir agua para sus regadíos, desde los distintos colectivos de regantes están presionando al gobierno central para que se ponga en marcha la presa de Alcolea, al que la junta de Andalucía ya ha dado luz verde. Pedro Fernández, delegado del gobierno en Andalucía, ha pedido paciencia a los agricultores, ya que la obra debe de hacerse con rigor científico para evitar errores: ”Esto no es correr más o menos, sino hacerlo en los tiempos que requiere, es una decisión muy importante; hay que evitar, es que tenga algún impacto negativo sobre el territorio porque a nadie se le escapa, que estamos hablando de elementos de metales pesados que son los que integran parte de los componentes de esa agua", ha sostenido.

Más allá de la sequía y la rentabilidad de los campos de frutos rojos en la provincia, la verdadera situación alarmante es en la que se encuentran las más de 15.000 jornaleras migrantes que trabajan anualmente en la temporada agrícola. Una situación que, como se lleva denunciando desde diversos colectivos por derechos humanos, pasa por el abuso laboral, psicológico y sexual, además del racismo institucional que les hace habitar y crear espacios de infraviviendas cerca de los campos. Según el informe elaborado por Andalucía Acoge publicado en abril de 2022, el 90% de la población de los asentamientos de Huelva no pueden acceder a una vivienda ni empadronarse. Este informe demuestra, también, que el 79% de las trabajadoras no cuentan con días libres y el 78% están obligadas a trabajar en determinadas condiciones.

Asentamiento Palos de la Frontera tras incendio 02
Musa trabajando en el tejado de su nueva chabola Rafa del Barrio

Ana Pinto, desde Jornaleras de Huelva en Lucha, señala que como cada año este no está siendo distinto en materia de derechos laborales: “Las condiciones de este año son la misma de todos los años, nosotras hemos atendido ya a más de cien trabajadoras y todas coinciden en que no se está pagando el salario mínimo y que incluso hay falsificaciones en la nómina para que aparezca el horario laboral que dice el convenio y para que aparezca el salario mínimo. Pero luego nos encontramos que no es real, es decir, están haciendo un fraude a la Seguridad Social que estamos denunciando a Inspección de Trabajo”.

"Siempre es la misma situación cuando arde un asentamiento chabolista, parece que son personas de segunda clase, que al ser persona migrante no importan”, sostiene Ana Pinto

Si el día a día en los campos de fresas es ya intolerable en los asentamientos para las trabajadoras que vienen a la temporada de la fresa, se especifica aún más la falta de derechos humanos en situaciones inesperadas. El pasado 1 de mayo, una jornalera falleció en un accidente de tráfico de camino al campo de fresa donde trabajaba y otras 37 resultaron heridas. La empresa que las contrató, Surexport, ha impedido la comunicación con las trabajadoras accidentadas de distintas entidades sociales y de Jornaleras de Huelva en Lucha. Además, el pasado lunes 22 de mayo la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción denunciaba que se dispone a impugnar el alta médica de varias de las trabajadoras accidentadas, ya que consideran que la mutua actuó de forma precipitada y que las trabajadoras no se encontraban recuperadas para empezar a trabajar.

Temporeros
Jornaleras en lucha: “Se debe saber lo que hay detrás del fruto rojo que se compra a precio de oro”

En los campos andaluces de Huelva y Almería, las jornaleras resisten y se organizan contra el contexto de esclavitud, machismo y racismo apuntalado por los intereses de la patronal del agronegocio y la complacencia del gobierno andaluz y español. Las activistas Nadia Azougagh y Ana Pinto exponen de primera mano la situación.


Por si fuera poco, el pasado sábado 13 de mayo un incendio arrasaba un asentamiento en Palos de la Frontera, dejando a más de 120 trabajadoras sin sus viviendas. Pinto denuncia la falta de implicación institucional que se da en estos casos, que por desgracia ocurren en varias ocasiones a lo largo del año en distintos puntos de la provincia. Especialmente el racismo institucional que muestran líderes institucionales como el alcalde de Palos, Carmelo Romero, uno de los pueblos más enriquecidos por el negocio de los frutos rojos. Siempre es la misma situación cuando arde un asentamiento chabolista, parece que son personas de segunda clase, que al ser persona migrante no importan”, sostiene Ana Pinto, que indica que la única acción institucional ha sido la de la policía “que ha creado una línea imaginaria en el terreno para evitar que si vuelve a pasar salga a arder el almacén de frutos rojos que hay al lado del asentamiento”.

Unos días tras el incendio, los trabajadores están volviendo a construir sus chabolas, con su dinero y sin la ayuda de ningún ayuntamiento, empresa o institución. El asentamiento se encuentra en las inmediaciones de Palos de la Frontera, a escasos metros del polo químico, industrial y de la recreación del Puerto de Palos de la frontera, donde comenzó su viaje Cristóbal Colón. En este puerto se encuentra una recreación de las tres carabelas y un lado de esta la recreación de un pueblo medieval europeo, al otro lado figuras de personas racializadas en taparrabos y con construcciones de pajas. Una reconstrucción colonial que anualmente visitan los colegios de la provincia de Huelva donde, probablemente, se encuentren los futuros dueños agrícolas de los campos de frutos rojos.

Agujero en la sanidad y residuos radiactivos

Hace décadas las onubenses podían dar un paseo por su ciudad y llegar a la Punta del Sebo. “Yo de chica iba a bañarme, era la playa de los pobres, era muy bonita, estaba llena de eucaliptos”, recuerda Antonia Rodríguez, una vecina octogenaria del onubense barrio de La Navidad. Una realidad que solo recuerdan las voces más ancianas de la capital de la provincia, ya que desde la implantación en 1964 del Polo Químico, un grupo kilométrico de industrias petroquímicas que instaló Franco y que sigue en pleno funcionamiento a escasos metros de la ciudad. Por si este complejo industrial no fuera de por sí un foco de preocupación para la salud ecológica y humana de la ciudad, las onubenses conviven con una balsa de residuos de la empresa Fertiberia a escaso 500 metros del núcleo urbano. Esta empresa estuvo vertiendo desde 1968 hasta 1997 2,5 millones de toneladas de fosfoyesos anualmente, permitido por un sistema legislativo que durante décadas no era consciente del peligro que esto suponía. Actualmente, esta balsa supone 1,120 hectáreas de desechos tóxicos que se pueden observar desde las ventanas de muchos edificios residenciales de la capital de la provincia. “Que esto esté aquí nos da una idea de lo que Huelva representa para empresas y políticos, que es un vertedero, es una provincia pequeña tradicionalmente marginada, siendo un sumidero de España e incluso de Europa”, sostiene María García, de Rebelión Por el Clima Huelva.

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Manifestación contra el proyecto de Fertiberia en Huelva Rafa del Barrio


El pasado 30 de noviembre de 2022 la ciudadanía onubense y los colectivos ecologistas salían a la calle para mostrar su repulsa ante el proyecto de la empresa responsable de los vertidos, Fertiberia, para taparlos. Para el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, “dejar la basura en el lugar donde se encuentra, a pesar de haberse vertido ilegalmente, nunca podrá considerarse como una restauración medioambiental”. Realidad con la que también coinciden los expertos de la Universidad de Huelva encargados en realizar un estudio sobre el plan propuesto por la empresa Fertiberia. El informe se muestra crítico con el proyecto de la multinacional y señala, entre otras indicaciones, que las habitantes próximas a los fosfoyesos presentan en sus organismos altas tasas de metales perjudiciales para la salud como zinc o arsénico. José Borrego Flores, uno de los autores del informe, es experto en geología del subsuelo de la Universidad de Huelva y lleva más de 30 años investigando el subsuelo de la balsa y sus alrededores. “Pudimos comprobar a partir de la sobreelevación de los piezómetros que la balsa se está hundiendo y se va a romper, aunque la empresa lo niegue”, explica. García, desde Rebelión por el Clima, además añade “tenemos que poner el foco en un cambio de modelo que permita a la población vivir y no pagar con su salud la riqueza de otros”.

Los resultados demoledores en los efectos de la salud en las onubenses se encuentran avalados por los datos que muestra el INE a finales del pasado 2022, la mitad de los onubenses mueren por causas relacionadas con los tumores, especialmente los que afectan a la tráquea y los pulmones. Por si fuera poco, la sanidad en la ciudad no se encuentra en su mejor momento, por decirlo en términos livianos, desde el colectivo Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad en Huelva (ONUSAP) denuncian la falta de servicios médicos especiales en los hospitales onubenses como anestesistas, quirófanos o la perdida casi completa de la unidad de ictus en el hospital Juan Ramón Jiménez. “Es un hospital que está siendo rechazado por muchos especialistas por su baja dotación, además Somos la provincia más deficitaria en cuanto a equipos móviles de emergencias», sostienen desde ONUSAP.

“En Huelva partimos de un déficit que viene de décadas, tenemos muy pocas prestaciones”, comenta Diego Mora, médico en el hospital Juan Ramón Jiménez de la capital y representante de la Marea Blanca. Mora cree que la situación de la provincia es insostenible, con tres hospitales que se están quedando obsoletos, una gran falta de especialistas y la promesa de un hospital materno infantil que lleva años sin llegar a cumplirse. “En pleno siglo XXI, a los niños de menos de 14 kilos que vienen con apendicitis tenemos que mandarlos al hospital de Sevilla con el peligro que conlleva la demora”, expone este facultativo como ejemplo para ilustrar la coyuntura en la provincia. Mora responsabiliza de la situación en la sanidad onubense a la “dejadez de los políticos”.

María García, desde Rebelión por el Clima, además añade “tenemos que poner el foco en un cambio de modelo que permita a la población vivir y no pagar con su salud la riqueza de otros”.

El pasado 25 de marzo miles de personas se manifestaban en Huelva para defender la sanidad pública en la ciudad, exigir las medidas necesarias para dotar los hospitales de la ciudad de los recursos necesarios para poder abastecer a la población y la puesta en marcha del hospital materno infantil que lleva prometiendo las instituciones durante años.

Actualmente, la ciudad está gobernada por el PSOE, sin embargo, las últimas encuestas auguran una victoria bastante holgada del PP con el apoyo de Vox en la ciudad que podría suponer una ola de mayores recortes en los servicios públicos a nivel local. El próximo 28 de mayo en todos los rincones de Huelva, la ciudadanía tiene una oportunidad de reflexionar sobre cómo se van a curar o no esas heridas hondas como los fandangos que tiene esta tierra.





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