Educación
Un análisis crítico de la nueva Ley de educación

Hace una semana conocíamos la noticia de que había sido aprobada en el Congreso la nueva Ley de educación, también conocida formalmente como Lomloe, e informalmente como “Ley Celaá”. Como siempre, se ha centrado todo el ruido mediático en un tema (la concertada) para no hablar de la ley en sí. No parece que esta ley haga grandes mejoras, pero sí declaraciones de intenciones en algunos aspectos educativos que pasamos a enumerar y comentar, para ver si de verdad son lo que enuncian:

1) Favorecer centros públicos frente a concertados.

Pero dan 6% más de financiación a concertados para contentarles. Esta noticia a priori es interesante. Pero cabe preguntarse: ¿Esa educación pública hasta qué punto es mejor que la concertada? ¿Cómo se concretará el favorecer las plazas en centros públicos? ¿Pondrán recursos para ello?

2) Favorecer centros inclusivos y a quienes hagan medidas por la inclusión. Tanto en género como en educación especial.

En cuanto a la inclusión de género cabe pensar que sea puro postureo, ¿en qué medidas concretas va a consistir? Y en cuanto al temario, ¿en qué se va a traducir? no parece que vayan a explicar en clase el papel del feminismo en la historia y el pensamiento, menos cuando quieren quitar Ética del programa (lo cual sirve de previa para quitar después Filosofía). ¿En qué asignatura incluirán entonces el feminismo en toda su profundidad, y sus diferentes corrientes? Más bien parece que se queda otra vez en publicidad de cara a la galería, como ocurrió con la “educación en valores”. Y también cabe preguntarse ¿de qué feminismo hablamos? No nos imaginamos que hablen de un feminismo con perspectiva de clase social. El PSOE es más del “feminismo” neoliberal de Patricia Botín, que al fin y al cabo es quien les paga las facturas. Ese feminismo que reclama para las mujeres la “igualdad de oportunidades” que “todos tenemos” en el sistema capitalista.

Sobre la inclusión de los chavales con necesidades especiales, el debate se centra en que quieren cerrar los centros de educación especial y adaptar los centros ordinarios para ellos. Caben varias preguntas: ¿Lo de la inclusión cómo se va a medir? ¿Pondrán recursos suficientes para justificar el enorme cambio que les va a suponer a estos alumnos? Esto tiene otra lectura posible: Ahorrarse la pasta que les cuestan los centros de educación especial y repartirlos por otros centros sin más, lo cual encaja con el momento que estamos viviendo, de desmantelamiento de servicios sociales y del estado de bienestar. Si es así, en el futuro solo quienes puedan permitírselo podrían llevar a sus hijos a centros de educación especial (privados).

3) Reactivar las comisiones de escolarización, para intentar que no haya segregación por centros según razas, cultura, nivel socioeconómico.

Esta medida es de las más idealistas, porque quienes han vivido las anteriores comisiones de escolarización saben que esto como mucho lo único que consigue es redistribuir un poco a los alumnos “problemáticos”, como los llaman ellos, entre diferentes centros (¡de la misma zona o barrio que ya está segregado de por sí!)

4) Eliminar las reválidas y priorizar la evaluación de competencias “frente a la de resultados”.

Esto puede ser interesante de cara a favorecer un diseño de los planes docentes. Pero, de nuevo, no parece que aporte mucho porque la evaluación principal seguirá siendo por exámenes y notas (memorística- de resultado). Por otra parte la pedagogía basada en competencias, en vez de en conocimientos y asignaturas, es un interés de las grandes empresas, que llevan años intentando meter este modelo en la educación (mediante sus thinks tanks disfrazados de fundaciones educativas, como hace el BBVA). Esto se debe a que quieren que el mercado laboral en un futuro cercano sea totalmente “flexible” y puedan elegir a los trabajadores según sus competencias o habilidades concretas para contratos (“proyectos”) específicos, con fecha de caducidad; en vez de contratarlos en base a sus conocimientos o titulación (los cuales están devaluando).

5) Traer de vuelta la diversificación “para ayudar a la gente a sacarse ESO y tratar de acabar con los “itinerarios” que clasificaban a alumnos según rendimiento”.

Este punto quizás sea de los más positivos, porque obliga al centro a involucrarse en los alumnos más “flojos” para que progresen, en vez de prejuzgarlos y tirar la toalla con ellos. No obstante, todo depende de cómo se concrete en cada centro y de cuántos recursos se destinen a ello. En general, suelen ser programas muy secundarios en los centros. También puede interpretarse como una manera de darles el título de la ESO rápido a esos alumnos para quitárselos de encima y que se vayan a la Formación Profesional. La CEOE está pidiendo que se potencie la FP ya que preveen que van a necesitar mano de obra barata  para el futuro inminente. Es el mercado, amigo. De ahí tantos anuncios de FP mostrando las “grandes oportunidades” de tener un curro malpagado. Y sino, para que entren a trabajar en lo que David Graeber llamaba trabajos de mierda. El payaso de McDonalds nos espera con los brazos abiertos. Y Amazon ya está construyendo enormes centros de explotación laboral por toda España para los jóvenes del manaña, es decir, los niños y adolescentes de hoy.

Además de estos, hay otros puntos que no han pasado por el filtro de lo mediático, como que nada cambia en cuanto a religión pero quitan Ética; y que esta ley por primera vez abre la puerta a que las empresas privadas puedan “ayudar a financiar” centros públicos, algo que debería corresponder exclusivamente al Estado. Esto les permite pedir algo a cambio: en este caso las empresas buscan implementar programas, contenidos, actividades, etc. dirigidos a los menores, para introducir en la escuela sus valores e intereses. Su objetivo es convertirse en actores del diseño de los planes de estudio, mediante sus fundaciones, como ya ocurre en EEUU. Otro paso más hacia el traspaso de funciones desde el Estado a las grandes corporaciones.

Conclusiones:

La Ley Celaá consigue el propósito de generar debate mediático y de presentarse como una ley de izquierda (cosa que no es) pero genera serias dudas sobre si tendrá beneficios reales en la educación. Por eso es una ley que va en la tónica de las anteriores: hacer reformas sin solucionar los problemas del sistema educativo. Una ley que más que aportar se limita a volver a modelos previos, eliminando algunas de las polémicas que introdujo la LOMCE de Wert e introduciendo otras incógnitas. Y, de nuevo, una ley que se aprueba más desde el criterio de cálculo político y económico que desde el “pedagógico”: no ha tenido un debate real en la comunidad educativa y mantiene intactos los problemas del sistema educativo.

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