Espionaje
El Gobierno se aferra a la “seguridad nacional” para no aclarar si conocía el espionaje masivo contra políticos independentistas

“Lo único que espero del Estado español ahora es que rinda cuentas”, ha afirmado hoy el expresident catalán Carles Puigdemont en una rueda de prensa celebrada hoy en el Parlamento Europeo en la que también han participado representantes de Ómnium Cultural y Assemblea Nacional catalana —también afectados por el caso de espionaje—, Oriol Junqueras y el ex relator especial de la ONU sobre libertad de expresión David Kaye. Lo ha hecho después de que hoy, la revista estadounidense The New Yorker publicara un reportaje en el que se detalla cómo al menos 65 personalidades del independentismo catalán —y dos políticos abertzales— han sido espiadas usando el software Pegasus. “Cuando vaya al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la parte contraria será quien represente al Estado español, al Reino de España, y esa persona es a quien vamos a pedirle explicaciones”, añade.

Puigdemont ha confirmado que él y el resto de afectados presentarán querellas contra el Estado español y contra la empresa israelí NSO, creadora del programa de espionaje. Las denuncias se presentarán en España, Francia, Suiza, Bélgica, Alemania y Luxemburgo y se presentarán documentos en el Parlamento Europeo en el que se quiere convocar un debate en pleno sobre el uso de Pegasus.

La publicación de The New Yorker hace público un estudio realizado por el grupo de investigación canadiense Citizen Lab, basado en la Universidad de Toronto, que señala que al menos 65 personalidades de la política y el activismo catalán y vasco han sido espiadas utilizando el programa Pegasus. Todo apunta a que detrás de la operación se encuentra el Ministerio de Interior, puesto que el programa desarrollada por NSO solo puede adquirirse por instituciones gubernamentales.

Pasadas las 14:30, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno actual “no tiene nada que ver” y “no tiene nada que ocultar” en el caso Pegasus. Pero Rodríguez ha evitado responder si el Centro Nacional de Inteligencia ha hecho uso de ese software: “Hay asuntos que, porque tratan de la Seguridad Nacional, están protegidos por ley y son materias clasificadas”, ha dicho remitiéndose a la ley de Seguridad Nacional. “Colaboraremos con la justicia si los tribunales nos requieren”, ha aclarado la ministra portavoz, que ha defendido la calidad democrática del Estado.

Anatomía de un espionaje masivo

Según explica el artículo publicado por The New Yorker, en marzo, Jordi Solé, miembro del Parlamento Europeo por el Grupo Los Verdes y partidario de la independencia de Catalunya, se reunió con Elies Campo, un conocido investigador en seguridad digital especializado en Estados Unidos que había dejado su trabajo en la red social WhatsApp para dedicarse a la seguridad digital junto a Citizen Lab. Campo examinó el teléfono de Solé e identificó una notificación de la Seguridad Social sospechosa. Desde junio de 2020, el teléfono del eurodiputado había estado infectado con un programa de espionaje, Pegasus, diseñado por la compañía israelí NSO Group usado para extraer contenido del teléfono, dando acceso a mensajes, fotografías, y dar acceso en tiempo real a la cámara y el micrófono del dispositivo.

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La investigación llevada a cabo por Citizen Lab comenzó después de que, en 2019, WhatsApp parcheara un grieta de seguridad en la red social que estaba siendo utilizada por NSO Group para hackear teléfonos android en todo el mundo. Desde la red social dieron aviso a 1.400 usuarios de que podrían haber sido víctimas de espionaje a través de esta grieta de seguridad. Varios de estos usuarios eran líderes políticos catalanas como Roger Torrent —presidente del Parlament catalán entre 2018 y 2021— o la ex diputada de las CUP Anna Gabriel, según mostraba una investigación conjunta realizada por The Guardian y El País publicada en julio de 2020.

John Scott-Railton ha explicado que las evidencias que les llevan a pensar que tras la operación de espionaje está el gobierno español es la elección de los objetivos a espiar y el tiempo en que tuvo lugar este espionaje

En el marco de la investigación, los dos periódicos contactaron con las autoridades españolas para preguntarles su participación en esta operación de espionaje. Desde el CNI respondieron con un comunicado en el que afirmaron que sus actuaciones estaban “en total acuerdo con el marco legal y en el respeto a las leyes aplicables”, que su trabajo estaba siendo supervisado por el Tribunal Supremo y, sobre el uso del programa Pegasus… no respondieron.

Según publicó Público en 2020, el director adjunto Operativo de la Policía Nacional en 2014, Eugenio Pino y su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, cerraron en ese año una operación para la compra de este software con fondos reservados, y bajo mandato del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, al israelí Grupo Rayzone para “que las agencias de inteligencia y policiales intercepten y graben llamadas de voz y mensajes de texto”.

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Cómo nació y se financió NSO, la compañía israelí responsable de Pegasus, un programa que abre la puerta a la filtración de todo tipo de datos personales y materiales de los usuarios de un teléfono móvil.

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Tras años de investigación, ahora Citizen Lab ha documentado el espionaje sufrido por al menos 65 personas, 63 de ellas con Pegasus o Candiru —otro programa de espionaje también de marca israelí—, o ambos, entre las que se cuentan eurodiputados, Pere Aragonés, Carles Puigdemont, abogados, juristas y activistas, e incluso miembros de sus familias.

Aunque desde esta organización no aseguran que el espionaje haya sido a cargo de una entidad concreta, señalan que hay pruebas de calado que apuntan a las autoridades españolas. John Scott-Railton, otro de los miembros de Citizen Lab que también ha participado en la rueda de prensa de hoy en el Parlamento Europeo, explica que dos de las evidencias que les llevan a pensar que tras la operación de espionaje está el gobierno español es la elección de los objetivos a espiar y el tiempo en que tuvo lugar este espionaje. También que, según les consta, el Gobierno español ya tenía a su disposición programas de este tipo desde 2015. 

La operación de espionaje habría comenzado en 2017, o incluso antes, en 2015, y entre los afectados se encuentran los eurodiputados Toni Comín, Diana Riba, Jordi Solé, Clara Ponsatí, Carles Puigdemont; la presidenta y el presidente de Assemblea Nacional Catalana Elisenda Paluzle y Jordi Sánchez, miembros de Omnium Cultural, los abogados que representaron a los acusados del Procés —Andreu Van Den Eynde, Jaume Alonso Cuevillas, Gonzalo Boye—programadores y políticos catalanes como Pere Aragonés, Joaquim Torra, Artur Mas o Laura Borrás. 

“Es un ataque estructurado contra el movimiento de autodeterminación catalán”, ha afirmado Elisenda Paluzle. “Por más de cinco años los disidentes catalanes han sido espiados por el Estado español”, subraya tras recalcar que este espionaje ha tenido también con el PSOE y Unidas Podemos en el gobierno. “No tenemos ninguna duda de que el Estado español está detrás”, ha asegurado, por su parte, Carles Riera, de la CUP, quien ha recordado que desde la empresa propietaria de Pegasus han reconocido que ha existido una cuenta activa a nombre del Estado español.

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, uno de los espiados, ha exigido al Gobierno que dé explicaciones y ha denunciado el silencio de ciertos medios de comunicación ante la información publicada por The New Yorker. “Si el ataque de Pegasus no hubiera sido obra del Estado, el Gobierno se hubiera puesto a la cabeza de la investigación como ya hizo en 2020 con el hackeo a varios cargos públicos”, ha dicho en su cuenta de Twitter. 

Amnistía Internacional ha aprovechado la investigación de Citizen Lab para recordar que en 2020, cuando trascendió el escándalo Pegasus, solicitó información al Gobierno y al Ministerio de Defensa sobre el posible uso de este software, pero la respuesta de Defensa fue que se trata de “información clasificada”.

Esta ONG con sede en Londres insta a la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo, que se reúne hoy martes para investigar las infracciones de la legislación de la UE asociadas al uso de Pegasus, “a no dejar piedra sin remover al documentar las violaciones de derechos humanos facilitadas por programas espía ilegales; eso incluye investigar estas nuevas revelaciones”, ha explicado una portavoz de Amnistía Internacional.

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