Euskal Herria
Catorce asociaciones memorialistas acusan a Gogora de dejar caducar el expediente contra Falange en Gasteiz
El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora, dependiente del Gobierno Vasco, ha cerrado, sin sanción, el expediente abierto contra Falange por su concentración del 12 de octubre de 2025 en Gasteiz. El organismo ha dado por caducado el procedimiento al superar el plazo legal de seis meses sin una resolución definitiva, una decisión que catorce asociaciones memorialistas han denunciado como una muestra de “negligencia” y “falta de voluntad”. Aquella jornada terminó con cargas de la Ertzaintza, 19 personas detenidas y varios heridos, entre ellos Aritz Ibarra, que sufrió una fractura de mandíbula por el impacto directo de una pelota de goma.
Las entidades recuerdan que presentaron una denuncia el 23 de octubre de 2025 al considerar que “los eslóganes, simbología y aspavientos realizados suponían un enaltecimiento del franquismo y humillaban a sus víctimas”, vulnerando así la Ley vasca de Memoria Histórica y Democrática. El 13 de marzo de 2026, el director de Gogora, Alberto Alonso, acordó iniciar un procedimiento sancionador por infracción grave. Tres días después, el organismo lo anunció públicamente, “apuntándose la iniciativa y obviando que en su origen estaba nuestra denuncia”, reprochan las asociaciones.
Sin embargo, el pasado 3 de noviembre Gogora comunicó a las entidades que el procedimiento había caducado al superar el plazo legal de seis meses sin que se notificara una resolución definitiva. Las organizaciones responsabilizan al organismo de haber permitido que Falange prolongara los trámites administrativos hasta agotar dicho plazo.
Falange solicitó “todo tipo de documentos, pruebas, declaraciones… absolutamente innecesarias e inoportunas”.
Según explican en un comunicado, Falange solicitó “todo tipo de documentos, pruebas, declaraciones… absolutamente innecesarias e inoportunas”. También alegó dificultades para acceder a los enlaces de EITB que contenían imágenes de la movilización, lo que motivó nuevas solicitudes de ampliación de plazos.
“Estas maniobras de dilación no solo se admitieron por Gogora, sino que ni siquiera se dictó que estas paralizaran el plazo de caducidad del expediente”, denuncian las entidades, que consideran que “las maniobras de Falange y la desidia de Gogora lo han dejado tocado de muerte”.
Las organizaciones memorialistas son Goldatu, Intxorta Kultur Elkartea, Sanfermines 78 Gogoan, Martxoak 3, Gernika Batzordea, la Asociación 6 de Marzo por Juan Gabriel Rodrigo Knafo, el Ateneo Republicano de Álava, Gogoan Sestao, la Comisión de Memoria Histórica de CNT Euskadi, la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain, Kepa Ordoki Memoria Historikoa Bidasoan, Oroituz Andoainen, el Foro Republicano de Tolosa y el Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria (Gebehatokia).
Las asociaciones recurrirán el archivo
Las organizaciones memorialistas sostienen que la caducidad del expediente podría haberse evitado mediante los mecanismos contemplados en la Ley 1/2023, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas. En particular, recuerdan que su artículo 49.2 permite interrumpir el cómputo del plazo cuando el procedimiento se encuentre paralizado por causas imputables a las personas interesadas.
También invocan el artículo 49.3, que contempla excepciones a la aplicación de la caducidad cuando la cuestión afecte al interés general y trascienda a las partes implicadas. A su juicio, este supuesto resulta aplicable por las consecuencias del caso sobre “la memoria, la dignidad de las víctimas del franquismo y la convivencia”.
Asimismo, subrayan que la caducidad administrativa no implica necesariamente la prescripción de la infracción. Las asociaciones consideran que los hechos constituyen una infracción grave, para la que señalan un plazo de prescripción de dos años, por lo que defienden que todavía existe margen para impulsar un procedimiento sancionador.
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