Exclusión sanitaria
Las competencias que sí tiene el Ministerio de Sanidad: cómo recuperar la asistencia universal

Hay un mantra extendido entre la opinión pública: el Ministerio de Sanidad está vacío de competencias. La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, centra su discurso en cómo acabar con las listas de espera o cómo reforzar la Atención Primaria, competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, “cuando hay que crear leyes muy importantes para volver a la sanidad universal o impedir la privatización sanitaria, y parece que a todo el mundo se le ha olvidado que esto no está aún enmendado”. Son palabras de María Almena, integrante de Marea Granate, organización formada por españoles y españolas emigrantes, uno de los colectivos que perdieron el acceso a la sanidad con los recortes austericidas del Partido Popular y que, tras sucesivas reformas, aún no lo han recuperado.

Acabar con la privatización sanitaria: el muro al que se enfrenta Mónica García

Sara Plaza Casares

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Sanidad pública

Sanidad Pública Acabar con la privatización sanitaria: el muro al que se enfrenta Mónica García

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De activista de la Marea Blanca a nueva ministra de Sanidad, García debe encarar un reto: acabar con las colaboraciones público-privadas, aunque no se haga alusión a ello en el pacto de Gobierno.

Sin embargo, y aunque no se le haya dado mucha publicidad, la primera medida sanitaria que se incluye en el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar es: “Blindaremos la universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, culminando la aprobación en las Cortes de la Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que ya aprobó el Consejo de Ministros”. Esta promesa “no puede caer en saco rato y tiene que meterse en la agenda mediática”, valora Almena.

Desde que en plena crisis el gobierno de Rajoy cambiara el modelo sanitario, los gobiernos progresistas no han conseguido volver al modelo universal

Desde que en plena crisis el gobierno de Mariano Rajoy cambiara el modelo sanitario, mediante el real decreto 16/2012, y cercenara la atención sanitaria para colectivos como las personas migrantes en situación irregular o las españolas residentes en el extranjero, los gobiernos progresistas no han conseguido retornar a la casilla de salida: esa que se reflejaba en la Ley General de Sanidad de 1986 que reconocía la asistencia a todas las personas con nacionalidad española y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. Sin excepciones.

Desde su llegada al poder, el PSOE se comprometió a retomar la atención universal, pero no lo ha hecho. Lo intentó con el Real Decreto 7/2018, pero lo hizo de manera incompleta, tal y como denuncian los colectivos sociales. Esta norma, que rige en la actualidad, establece que las personas que se encuentran de manera “temporal” en nuestro país necesitan un informe de servicios sociales para recibir atención sanitaria. La mayoría de Comunidades Autónomas, y en base a unas instrucciones emitidas por el gobierno, hicieron una lectura restrictiva y comenzaron a exigir empadronamientos de más de 90 días para recibir asistencia. Esto se traduce en exclusión sanitaria: entre marzo de 2022 y noviembre de 2022 Médicos del Mundo detectó 7.075 vulneraciones al acceso sanitario en su informe de barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerables.

Entre marzo de 2022 y noviembre de 2022 Médicos del Mundo detectó 7.075 vulneraciones al acceso sanitario en su informe de barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerables

“Hicimos un registro de las diferentes barreras en el acceso sanitario en 16 comunidades autónomas. Es un informe para visibilizar el drama sanitario que supone que nuestro sistema deje fuera a parte de la población, población que acumula otra serie de vulnerabilidades, en su mayoría población migrante en situación irregular”, relata a El Salto Rafa Campos, vocal de incidencia política de Médicos del Mundo. Campos relata que durante la pasada legislatura participaron en un grupo de trabajo con el gobierno para hacer sus aportaciones a una ley que finalmente quedó varada. Avisa que desde su organización, entre las nuevas demandas para el nuevo gobierno, está restaurar el sistema de salud universal. “Pensamos que no es de recibo que se siga demorando este asunto porque va pasando el tiempo y van quedando más personas fuera del sistema sanitario, lo que tiene una incidencia en la salud individual y en la salud pública de toda la población”, explica.

En junio de 2022 la plataforma Reder, que integra a más de 300 organizaciones, convocaba una concentración frente al Ministerio de Sanidad para retornar a la casilla de salida. Ese día Maykol Noya, migrante colombiano y portador de VIH, explicaba que había estado cuatro meses sin recibir su tratamiento antirretroviral y Desirée Dávila, de origen venezolano, contaba que acaba de reagrupar a sus dos hijas, de cinco y siete años, y estas no tenían acceso a pediatra. Si alguna vez se ponían malas, serían facturadas en urgencias. También estaba Alejandra quien reagrupó a sus padres, de 84 y 77 años. Para ser atendidos les piden un seguro médico. Tres casos que venían a poner rostro a la exclusión sanitaria en sus diferentes variantes.

La vuelta a la sanidad universal, una de las asignaturas pendientes de cara al 23J

Sara Plaza Casares

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Exclusión sanitaria

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El desencuentro entre PSOE y UP en torno a la privatización sanitaria impidió de manera indirecta la vuelta a la sanidad universal, una situación que las organizaciones esperan que enmiende otro hipotético gobierno progresista.

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Una ley Frankenstein

Durante el pasado gobierno de coalición los intentos por retornar a la universalidad fueron infructuosos. En junio de 2022, y tras ser aprobada en el consejo ministerial, entraba en el Congreso el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Una ley “Frankenstein” con la que se pretendía regular diversos aspectos sanitarios: desde la privatización a la vuelta a la universalidad. El desencuentro en el seno del gobierno de coalición con respecto a la privatización sanitaria —el PSOE defendía mantener esta fórmula como excepcional mientras Unidas Podemos se oponía— dio al traste con los posibles avances para universalizar la sanidad. El adelanto electoral dio la estocada definitiva a una ley que se debatía entre enmiendas con posiciones escoradas.

“Pediríamos que no se trate como un tema menor. Si en 2018 fue motivo de una ley, que sea motivo de otra que nos permita volver a 2012"

Nacho Revuelta, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, habla de un proyecto de ley “insuficiente” que mezclaba cosas diversas que difícilmente podía progresar porque había frenos en distintos lugares. Sin embargo, la propuesta firmada por Sumar y PSOE en el acuerdo alude de nuevo a esa ley que quedo atascada por la que se modifican diversas normas. Para Revuelta es necesario cambiar de fórmula: hacer una única ley que devuelva la universalidad a la asistencia sanitaria para que pueda salir adelante sin daños colaterales. “Pediríamos que no se trate como un tema menor. Si en 2018 fue motivo de una ley, que sea motivo de otra que nos permita volver a 2012. Que no lo cuelen como un asunto menor porque estas componendas políticas las pagan las personas que son las que sufren la enfermedad, la desatención, las facturas”, expresa este médico de familia.

“Si de verdad existe una voluntad de volver a la universalidad esperamos que haya una apuesta firme. Sigue existiendo heterogeneidad en el acceso a la sanidad en las diferentes comunidades autónomas”, prosigue Revuelta. Hace un año Yo sí Sanidad Universal presentaba un informe que demostraba el “caos”, la “confusión” y la “inseguridad jurídica” en el acceso a la sanidad en todo el Estado. En este análisis se recoge que solo Catalunya, Andalucía, Baleares y Castilla La Mancha están dando cobertura sanitaria desde el primer día de llegada de la persona a territorio español.

Compromisos pasados

“Dentro de las dificultades de acceso, en el anterior acuerdo de investidura hubo un compromiso claro: resolver el tema de las personas ascendentes reagrupadas, en cuatro años han sido incapaces de cumplir esto”, explica Revuelta. Este colectivo está compuesto por personas de más de 65 años que han sido reagrupadas por sus hijos e hijas, que ya cuentan con el permiso de residencia en España, y se ven obligadas a encontrar un seguro privado para poder recibir asistencia. Personas con enfermedades crónicas o graves, como cáncer, que no siempre son aceptadas por estos seguros privados.

“Somos escépticas. Han tenido cuatro años para cambiar algo que no es tan complicado, nos preocupa mucho que esto no se haya enunciado en el discurso de investidura"

Estos casos estaban recogidos de manera específica en la ley que quedó varada en el Congreso. Ante un nuevo gobierno, Revuelta confiesa que siguen teniendo “bastantes dudas”. “Somos escépticas. Han tenido cuatro años para cambiar algo que no es tan complicado, nos preocupa mucho que esto no se haya enunciado en el discurso de investidura. En el acuerdo de gobierno sí se especifica, pero una cosa es que esté en los papeles. También en el anterior acuerdo figuraba la restitución del acceso universal y no pasó”, explica.

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Maikol, las hijas de Desirée, los padres de Alejandra o Valentina representan solo cuatro de las miles de historias de exclusión sanitaria que se reproducen en el país. Los colectivos sociales piden que vuelva la atención universal previa a 2012.

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Con respecto a los españoles residentes en el extranjero, el proyecto de ley se comprometía a retornar su derecho pero contenía una frase que preocupa a Marea Granate: “Para que reciban atención sanitaria con cargo a fondos públicos, esta atención no podrá constituir el motivo de su desplazamiento”.

“Muchos emigrantes salen de España sin la documentación adecuada para ser atendidos en el extranjero, son los perfiles más precarios y necesitamos tener esa asistencia garantizada en un eventual retorno"

“Muchos emigrantes salen de España sin la documentación adecuada para ser atendidos en el extranjero, son los perfiles más precarios y necesitamos tener esa asistencia garantizada en un eventual retorno, por ejemplo, para hacer seguimiento en enfermedades crónicas”, explica Almena, quien trabaja como investigadora en París. Durante su segunda baja por maternidad pasó un tiempo en España en busca de redes familiares de cuidados y su hija no pudo recibir vacunas. Vivió la exclusión que comienza en la ventanilla de los centros sanitarios.

Detrás de esas ventanillas donde se decide el destino de la atención sanitaria hay cifras: Según un estudio de la Universidad Pompeu i Fabra presentado en 2018, entre 2012 y 2015 la mortalidad entre las personas migrantes en situación irregular se incrementó un 15%. “El PSOE ha demostrado voluntad tibia respecto a esto, en contactos previos con el Ministerio en manos del PSOE siempre ha habido mucho doble lenguaje y mucha traba”, explica Revuelta. “Nos parece interesante que Sumar haya querido que uno de los ministerios que quedaran bajo su partido sea el de Sanidad porque previamente se transmitió que Podemos lo había considerado menor y no había querido hacerse cargo. Nosotros creemos que es un ministerio muy importante, que tiene mucho que ver con la cohesión territorial y la igualdad de la ciudadanía y hay mucho que trabajar”, sentencia el portavoz de Yo Sí Sanidad Universal.

“Nosotros la esperanza nunca la perdemos y no dejaremos de trabajar con el resto de asociaciones por el derecho al acceso a la salud. El perfil del nuevo ministerio parece favorable a retornar a la universalidad pero también lo era el previo y acabó la legislatura sin que se pudiera poner en marcha, no damos nada por hecho”, añade Campos. “Seguiremos haciendo hincapié para que dentro de la agenda del Ministerio de Sanidad este tema tenga carácter prioritario porque pensamos que lo es”, zanja el portavoz de Médicos del Mundo.