Exclusión sanitaria
Una protesta denuncia que la Comunidad de Madrid excluye de la sanidad a algunas personas con VIH

“La Comunidad de Madrid está poniendo en peligro la salud de cada una de esas personas pero también está poniendo en peligro la salud pública”. Son palabras de Reyes Velayos, presidenta de Apoyo Positivo y de CESIDA, dos de las entidades que han organizado hoy una concentración frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, junto con Acción Triángulo, COGAM, gTt-VIH, IMAGINA, Kif-Kif y Salud entre Culturas. Todas ellas han atendido, desde noviembre de 2021, a más de 1.000 personas migrantes con VIH que no están recibiendo ni atención médica ni tratamientos antirretrovirales.

Con pancartas en contra de la exclusión sanitaria, las entidades allí congregadas han recordado que Madrid es la única comunidad autónoma que está bloqueando el acceso sanitario a estas personas. Al mismo tiempo, es la región con mayor número de casos de VIH, con cerca del 25% de los nuevos diagnósticos de todo el país y, además, está entre las cinco primeras regiones europeas con mayor número de personas seropositivas.

Madrid es la única Comunidad Autónoma que está bloqueando el acceso sanitario a estas personas. Al mismo tiempo es la región con mayor número de casos de VIH

En noviembre de 2021, la Comunidad de Madrid creó seis Unidades de Tramitación de Extranjeros, unas nuevas ventanillas donde los migrantes han de hacer los trámites para dar de alta su acceso a la sanidad. Estas personas pasaban así de tramitar sus altas por el circuito general, que incluye todos los centros de salud de la comunidad, a utilizar solo seis ventanillas que se han convertido en un cuello de botella. Según los datos que manejan fuentes médicas, a 7 de julio, en algunas unidades se superaba los 150 días de espera para la primera cita.

Velayos denuncia que este nuevo protocolo ha supuesto una barrera administrativa para las personas portadoras de VIH que se encuentran en esta situación, que pueden estar entre tres y diez meses sin acceso al tratamiento antirretroviral para frenar la propagación del virus. Y eso, cuando lo consiguen. “Lo primero que les piden— explica Velayos— es que lleven tres meses empadronados en Madrid. Las personas en situación de calle, en albergues o en pisos compartidos en las que los caseros no lo permiten, no se pueden empadronar. Sin ese papel no pueden acceder a la UTE que es quien va a tramitar su derecho a la asistencia sanitaria”.

“Cuando están en tratamiento tienen una carga indetectable y no transmiten el virus. En cuanto pierden el tratamiento, vuelve a ser detectable y vuelven a transmitir el virus”

Así, desde el nacimiento de las UTE, las personas sin asistencia médica se multiplican. “Nosotros hemos atendido a más de 1.000 personas, pero estas son sólo las que nos llegan. No sabemos cuántas se quedan fuera y no tienen acceso al tratamiento”, explica la presidenta de CESIDA, para quien la bolsa de exclusión podría ser aún mayor.

Y, ¿qué supone vivir sin el tratamiento antirretroviral?. Velayo advierte de que implica un deterioro para la salud de la persona pero también un problema de salud pública. “Cuando están en tratamiento tienen una carga indetectable y no transmiten el virus. En cuanto pierden el tratamiento, vuelve a ser detectable y vuelven a transmitir el virus”, explica. "Además son más vulnerables a infecciones como la tuberculosis o viruela del mono", añade. 

La exclusión en las normas

La expulsión de personas migrantes del sistema sanitario es un hecho que se lleva arrastrando desde que en 2012 el gobierno de Mariano Rajoy acabó con la universalidad en la atención sanitaria. El PSOE, desde su llegada al poder, se comprometió a retomarla, pero aún no lo ha hecho al 100%. Lo intentó con el Real Decreto 7/ 2018, pero lo hizo de manera incompleta, tal y como denuncian los colectivos sociales. Esta norma establece que las personas que se encuentran de manera “temporal” en nuestro país necesitan un informe de servicios sociales para recibir atención sanitaria. Algunas comunidades autónomas hicieron una lectura restrictiva y comenzaron a exigir empadronamientos de más de 90 días para recibir asistencia.

Hoy, denuncian los colectivos, la mayoría de autonomías ha establecido estrategias para atender a todo el mundo, excepto Madrid que sigue enrocada en la estrategia de exclusión

Hoy, denuncian los colectivos, la mayoría de autonomías ha establecido estrategias para atender a todo el mundo, excepto Madrid que sigue enrocada en la estrategia de exclusión.

En marzo de 2022, siete sociedades científicas, tres de ellas madrileñas, alertaban de la situación de migrantes en situación irregular y solicitantes de protección internacional sin asistencia sanitaria. Hablaban de casos de personas portadoras de VIH, hepatitis virales, tuberculosis, infecciones de transmisión sexual (ITS), y otras enfermedades infecto-transmisibles sin tratar. “Las barreras de acceso al diagnóstico y al tratamiento profiláctico (la PrEP) o terapéutico (los antirretrovirales) impiden la consecución de unos objetivos clínicos, epidemiológicos, de economía de la salud y de salud pública que redundarán en beneficio no sólo de la persona atendida sino de toda la sociedad", reiteraban.

Y más allá de la salud pública, Velayos incide en que estamos ante un problema de “derechos humanos”. “No se puede dejar sin tratamiento contra el VIH a una persona en función de su situación administrativa”, se queja. Y avisan de que las personas en situación irregular no son las únicas excluidas. “En este protocolo han metido también a personas solicitantes de asilo —que tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria en el momento en el que entran en el país—, a personas con visa de estudiante o a españoles desplazados desde otra comunidad. Sabemos de hospitales donde se les está negando el tratamiento si no están empadronados en Madrid, cosa que no es necesario”, denuncia. Mientras, los carteles de protesta desafiaban hoy la puerta de la Consejería de Sanidad. Uno de ellos era claro: “El VIH no discrimina, tu política sanitaria sí”.