Extractivismo
España, meca europea de la fiebre por los minerales críticos

El Mistral 3 es un misil antiaéreo de corto alcance y alta precisión pensado para atacar aviones, helicópteros, drones o proyectiles. Está fabricado por el consorcio europeo MBDA, con filial española, del que son suministradoras, entre otras compañías patrias, Sener, Indra, Aernova, Escribano o Fábrica de Municiones de Granada. Este año, las Fuerzas Armadas comenzarán a recibir un pedido de 500 unidades de la última versión de este sistema de armas, una factura de 330 millones de euros. 

El buscador de imágenes infrarrojas para rastrear objetivos del Mistral 3 necesita arseniuro de indio, así como imanes de neodimio, disprosio y terbio, tres de los 17 elementos químicos que forman parte de las famosas tierras raras, esenciales para los sistemas de guiado de alta precisión, pues mantienen propiedades magnéticas bajo condiciones extremas de vibración y temperatura. Su motor, al igual que su sistema de contramedidas, también necesita de éstas, omnipresentes en la tecnología moderna, incluida la militar. El cuerpo de este misil está hecho de aluminio de alta resistencia, además de contener titanio y otros materiales compuestos. Su ojiva incluye, aparte de tres kilogramos de explosivos, dos mil bolas de wolframio —el metal con el punto de fusión más alto de la tabla periódica, también conocido como tungsteno— para maximizar su letalidad. Para terminar, y por citar solo otros materiales que entran en su fabricación, en sus componentes electrónicos y hardware son necesarios el cobalto, el grafito o el germanio, entre otros minerales. 

En marzo de 2025 la Comisión Europea aprobó una primera lista con 47 “proyectos estratégicos” para asegurar la cadena de suministro europea de 34 minerales considerados fundamentales o críticos

Podríamos hablar del Mistral 3, o de un primo suyo más grande de fabricación estadounidense, usado también por el Ejército de Tierra español y ahora conocido por caer sobre Irán, incluidas sus escuelas: el misil Patriot. También del avión de sexta generación que se baraja para sustituir a los obsoletos Harrier de la Armada española, el F-35, utilizado extensamente para arrasar Gaza y al que el experto David S. Abraham, autor de Los elementos del poder: gadgets, armas y la lucha por un futuro sostenible en la era de los metales raros, llamó “tabla periódica volante”, incluidos 417 kg de tierras raras por cazabombardero. La lista incluye múltiples artefactos tecnológicos militares, así como de otros no usados para la guerra, entre los que se encuentran móviles, aerogeneradores, satélites, paneles solares, radares, baterías, coches y un sinfín de artilugios con aún más usos. Todos ellos necesitan de los ahora llamados ‘materiales críticos’ para su existencia.

La carrera por los minerales tecnológicos

En un contexto de rearme global, crisis ecológica y bandazos geopolíticos y militares protagonizados por los zares de las superpotencias, en marzo de 2025 la Comisión Europea aprobó una primera lista con 47 “proyectos estratégicos” —minas, en su mayoría— para asegurar la cadena de suministro europea de 34 minerales considerados fundamentales o críticos. Según explica la investigadora del Observatori del Deute i la Globalitzaciò (ODG) Claudia Custodio, estos “son clave para determinados sectores económicos” —energético, automovilístico o aeroespacial— y entre ellos se incluyen 17 categorizados además como estratégicos por la Comisión debido a su importancia geopolítica —a menudo militar— y por tener una cadena de suministro que, según continúa Custodio, “está en riesgo porque su extracción o procesamiento lo controlan países de fuera de la UE o que no están alineados políticamente con esta”.

El plan, que supone un desarrollo del Reglamento de Materias Primas Fundamentales que los 27 aprobaron en 2024, pretende blindar que el 10% de la extracción, el 40% del procesado y el 25% del reciclado de dichas materias se haga dentro de las fronteras de la UE antes de 2030. Siete de esos proyectos se encuentran en el territorio español.

El 11 de marzo, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, declaró que España cuenta con depósitos o yacimientos de 22 de las 34 materias críticas de la UE. Lo hacía tras dar luz verde el Consejo de Ministros al I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030, dotado con 400 millones de inversión, pensado para ampliar la exploración, explotación y reciclaje de minerales críticos. “Tenemos ya materias primas fundamentales, tenemos materias primas estratégicas, pero queremos conocer cuántas más tenemos y si son extraíbles o no”, señalaba Aagesen a los medios.

La investigadora del ODG Claudia Custodio apunta que la declaración como proyectos críticos supone “mayor velocidad de aprobación de permisos, y agilizar los trámites siempre es peligroso”

En un análisis publicado por el Real Instituto Elcano, los investigadores Judith Arnal y Enrique Feás exponen que España, como “potencia minera”, produce actualmente cuatro materias primas estratégicas: espato-flúor (fluorita), celestina (estroncio), wolframio y tántalo. Además, “es el único productor de sepiolita y celestina (estroncio) de la UE, primer productor de espato-flúor y de yeso, segundo productor de magnesita y de sales potásicas, segundo o tercer productor de mineral de cobre y sexto productor de bentonita”. Asimismo, recuerdan que diversos estudios apuntan a la existencia de cobre, estaño, níquel, oro, plomo, wolframio y más de una decena de materias primas fundamentales de la lista de la Comisión Europea.

Con esta lista sobre la mesa, junto con las bases del futuro inventario nacional hechas con el anuncio de Aagesen y los proyectos estratégicos aprobados por la UE, el cóctel para hacer de España un polo minero aún mayor de lo que ya es está servido.

Seis proyectos estratégicos españoles

De los seis proyectos de extracción catalogados como estratégicos por la Comisión Europea en España, tres están en funcionamiento y otros tres en fase de proyecto. Las tres minas en activo son la de Las Cruces (Sevilla), dedicada a la extracción de cobre y explotada por First Quantum Minerals; Aguablanca (Monesterio, Badajoz), donde Río Narcea Recursos extrae cobalto, níquel, cobre y metales del grupo platino; y La Parrilla (Almoharín, Cáceres), un yacimiento de wolframio —conocido como el 'metal de la guerra' por sus altas densidad y punto de fusión— controlado por el fondo de inversión más grande del mundo, Blackrock.

Respecto a los proyectos, dos se dedicarán principalmente al litio: Doade (Ourense), del Grupo Samca; y Las Navas (Cañaveral, Cáceres), de Lithium Ibérica. Termina la lista el proyecto de El Moto (Abenójar, Ciudad Real), del grupo empresarial español PMC y dedicado también al wolframio.

“Antes era el más verde de ‘transición energética’, ahora ya es el tema militar. Normalizar este tipo de conceptos como si fuesen una realidad geológica, cuando en realidad es una estrategia, es algo que deberíamos cuestionar”, opina Joám Evans

Las seis explotaciones acumulan una buena ristra de denuncias por sus impactos y varias carecen de autorizaciones ambientales válidas o han sido anuladas judicialmente. Las Cruces ha sido sancionada en repetidas ocasiones por sobreexplotación y destrucción ilegal de recursos hídricos, así como por contaminar con arsénico el acuífero sobre el que se asienta —y, por ende, el estuario del Guadalquivir—. La Parrilla fue condenada por verter ilegalmente aguas ácidas de minas con metales pesados. “Se tuvo que cerrar porque carecía de permisos y autorizaciones de vertido, y estaba efectivamente contaminando los cauces que había próximos a la explotación”, detalla Joám Evans, del Observatorio Ibérico de la Minería y Ecologistas en Acción. La Declaración de Impacto Ambiental de la mina de Aguablanca está ahora mismo judicializada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Y los proyectos de Doade y El Moto tienen en pie de guerra a colectivos sociales locales, que acusan a las administraciones de opacidad y temen por los impactos que generen.

Además, el de Almoharín se encuentra directamente sobre terrenos de la Red Natura 2000, mientras que el Doade es uno de los once a nivel europeo que se sitúa a menos de un kilómetro de terrenos con esta figura de protección. Por todo ello, entre otras razones, los seis proyectos han sido denunciados por Ecologistas en Acción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir “los criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza exigidos por el propio Reglamento europeo”.

Joan Evans afirma que la declaración de estos proyectos como estratégicos relaja las exigencias medioambientales a los que están sometidas este tipo de explotaciones: “Pueden acogerse a la excepciones de cumplimiento de las directivas europeas”. En concreto, se refiere a la Directiva Marco de Agua, que prohíbe deteriorar las masas de agua superficiales y subterráneas; y la directiva Hábitats, que salvaguarda la biodiversidad europea.

“Una mina como Cobre Las Cruces, que va a realizar sus vertidos al Guadalquivir, va a implicar que el estado del río se deteriore. Eso entraría dentro de las excepciones”, explica. La investigadora del ODG apunta, por su parte, que la declaración como proyectos críticos supone “mayor velocidad de aprobación de permisos, y agilizar los trámites siempre es peligroso”. Al respecto, Evans añade que, “en proyectos de gran complejidad, esto socava todo el proceso de análisis tanto por parte de las administraciones como de la ciudadanía”.

Una minería especialmente problemática es la de tierras raras, un conjunto de 17 elementos catalogado por la Comisión Europea como estratégico

Este gran conocedor del sector minero en el Estado español remarca que toda explotación de metales tiene unos impactos en común. “Son yacimientos donde hay presencia de sulfuros, lo que lleva, inevitablemente, a que se produzcan lo que se denomina drenajes ácidos de mina, ya sea por el desagüe de labores subterráneas, por la exposición a los elementos en una corta o por los depósitos de residuos mineros, sean de lodos o de roca”. Como explica el también director de la Fundación Montescola, estos drenajes tienen altas concentraciones de metales pesados, “una contaminación que tiene 150 años de historia en España”.

Además, destaca que los yacimientos que se explotan hoy tienen concentraciones de mineral cada vez más marginales debido a que los más accesibles ya se han explotado. “Esto hace que cada vez más haya que tener explotaciones más grandes con mayores cantidades de residuos generados para la misma cantidad de metal de interés económico”, apunta. A esto se añade que, como ocurre con algunas de las minas declaradas estratégicas, en muchos casos sean reaperturas de explotaciones abandonadas.

Tras un lustro de lucha, en 2021 la plataforma Sí a la Tierra Viva consiguió que la Junta denegase la autorización ambiental a la apertura de una mina especialmente amplia: 240 hectáreas

La sobreexplotación de recursos hídricos, principalmente en el procesamiento del mineral, es otro de los impactos que destacan en este tipo de minería. Desde el ODG, Custodio señala que “en el caso del litio, por ejemplo, se necesita muchísima agua para su obtención”. Aunque los yacimientos españoles de litio no se encuentran en salares, donde el uso de agua es aún más intensivo —como sí ocurre en el llamado ‘triángulo de litio’ entre Argentina, Bolivia y Chile, la zona que aglutina la mitad de las reservas globales de este metal—, “todas las minas necesitan grandes cantidades de agua para el procesado, para separar los elementos de interés comercial del resto”, explica Evans.

Tierras raras en La Mancha

Una minería especialmente problemática, que ha hecho correr ríos de tinta tanto a nivel de geopolítica global —es esencial para industrias de alta tecnología y militar y China controla el 70% de la extracción y el 90% del refinado— como en España, es la de las tierras raras, un conjunto de 17 elementos que se erige como una de las 17 materias catalogadas como estratégicas por la Comisión Europea.

Si bien los principales yacimientos españoles no han entrado en el primer listado de proyectos estratégicos de la UE, el mayor, llamado Matamulas, entre los términos de Torre de Juan Abad y Torrenueva (Ciudad Real), ha tenido varios intentos de apertura, el último el pasado febrero, cuando una minera pidió realizar catas de sondeo para la posterior explotación del terreno, algo que ha sido rechazado nuevamente por la Junta de Castilla-La Mancha.

“El negocio minero es muy goloso y especulativo —señala Mª Carmen Morallón— y en minería, especialmente en proyectos estratégicos, los ciclos políticos y económicos pueden reabrir debates que parecían cerrados”

Tras un lustro de lucha, protagonizada tanto por la población local en general como por algunos sectores agrarios y productivos de la zona, en 2021 la plataforma Sí a la Tierra Viva consiguió que la Junta denegase la autorización ambiental a la apertura de una mina especialmente amplia: 240 hectáreas, equivalente a unos 340 campos de fútbol —aunque inicialmente se pidieron permisos de exploración en 27.000 hectáreas de una decena de municipios— en un área de tierras de cultivo y monte de alto valor ecológico.

“Es difícil calibrar el impacto, pero habría sido muy significativo”, señala la abogada de esta asociación, Mª Carmen Morallón. Entre otros, habla de que la sentencia del propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ratificó el criterio de la Junta frente a un recurso de Quantum Minería, por el que —continúa Morallón— estableció “la grave afectación a la Red Natura 2000, la más que probable fragmentación de hábitats, la pérdida de especies en peligro de extinción (lince ibérico, águila real, buitres, avutardas…), así como flora autóctona, por no hablar de la pérdida del recurso de agua tan escaso en la zona, en miles y miles de metros cúbicos y la contaminación de los suelos”.

Tampoco olvida “la pérdida de puestos de trabajo en actividades agrícolas y ganaderas por la pérdida de superficie útil”, así como el “deterioro irreversible de la marca Castilla-La Mancha para productos del Campo de Montiel y las denominaciones de origen que son tan valoradas en el comercio exterior”. 

“Lo que pasa con la tierras raras es que normalmente se encuentran en muy baja concentración, siempre están mezcladas con otras materias y muy frecuentemente están mezcladas con elementos radioactivos como el torio o el uranio”, apunta la investigadora del ODG. Esas cualidades hacen de esta minería especialmente compleja, costosa y riesgosa para el medio.

A pesar de las negativas de tribunales y administraciones, la abogada de la plataforma castellanomanchega no vislumbra el adiós definitivo al proyecto. “El negocio minero es muy goloso y especulativo —señala— y en minería, especialmente en proyectos estratégicos, los ciclos políticos y económicos pueden reabrir debates que parecían cerrados”. Es una amenaza que se cierne por otras zonas donde existen estos minerales de tierras raras, como la Serra do Galiñeiro, próxima a Vigo, o la Rambla de las Gargantillas, en Almería. 

Disputar el lenguaje

Evans, en cualquier caso, no pierde la oportunidad para remarcar la artificialidad de los térmicos “minerales críticos” o “estratégicos”. “Al final es un concepto político”, denuncia. “Antes era el más verde de ‘transición energética’, ahora ya es el tema militar. Normalizar este tipo de conceptos como si fuesen una realidad geológica, cuando en realidad es una estrategia, es algo que deberíamos cuestionar”.

Al respecto, Claudia Custodio remarca que hay que rebatir tanto esos términos como la demanda de materiales: “Si al final estos minerales fuesen utilizados para turbinas eólicas y placas solares, y no para la industria militar, estaríamos hablando de muchas menos minas”. La investigadora remarca la posición del ODG respecto a esto: “El uso de minerales para tecnologías militares debería ser cero. Aparte de que se utilicen para destruir vidas, al final son materiales que se usan para ser destruidos: si fabricas una bomba inteligente lo que haces es poner un mineral que va a ser destruido y que luego va a quedar disperso y no vas a poder reciclarlo”, apunta. 

Sin perder la perspectiva decrecentista — “en Europa tenemos el 10% de población mundial pero consumimos más del 20% de los minerales, mucho más de lo que equitativamente nos toca”, expone Evans—, ambos expertos señalan las alternativas existentes a la proliferación minera. El portavoz del Observatorio ibérico de la Minería remarca la importancia del reaprovechamiento y todo lo que tiene que ver con la llamada minería urbana: “Desde normas que favorezcan un verdadero reciclaje y no un infrarreciclaje de residuos electrónicos que tienen enormes cantidades de estos materiales hasta la reminería de antiguos depósitos mineros”.

Al respecto señala el reciente descubrimiento hecho en la mina sueca de Kiruna, una explotación de hierro que podría convertirse en un paradigma del reaprovechamiento, pues en ella se han encontrado altas concentraciones de tierras raras, hasta el punto de suponer cerca del 20% de las necesidades actuales de toda la UE. Habla también de la fitominería, una técnica para regenerar suelos contaminados mediante plantas que además acumulan metales y pueden servir para el aprovechamiento de esos suelos degradados. También de la importancia de fomentar un diseño ecológico y pensado para la durabilidad.

“Antes de la recuperación está el concepto de alargascencia: alargar la vida útil de los productos”, añade la investigadora del ODG, quien subraya la necesidad de “poner medidas de estandarización que obliguen a las empresas a fabricar componentes que faciliten el reciclado posterior”, así como su reparabilidad.

En definitiva, toda una batería de iniciativas que frene la fiebre por la apertura de extracciones mineras si podemos aprovechar lo que tenemos en la superficie. Un paradigma, que, a día de hoy, dista mucho de hacia dónde va un mundo guiado por el frenético tardocapitalismo que emana de los grandes centros de poder del siglo XXI.