Opinión
Badajoz frente a la desocupación violenta: impunidad policial ante el acoso a inquilinos en el centro

“Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la Liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos”. Eduardo Galeano.

En teoría, en nuestros Estados democráticos todos somos iguales ante la ley y contamos con los mismos derechos. En la práctica, sin embargo, siempre nos topamos con que se ha excluido del acceso a la ciudadanía a seres humanos reducidos a la condición de “nadies”. Vecinos y vecinas a los que se les niega la posibilidad de desarrollar una vida digna y sobre los que los poderosos pueden ejercer una violencia sin consecuencias e invisibilizada.

En los últimos años, la proliferación de empresas de “desocupación” ha supuesto la naturalización del ejercicio del matonismo y el chantaje contra el débil, que se ve reducido así a una condición de paria sobre el que se pueden aplicar, con total impunidad, todo tipo de prácticas violentas. Con el respaldo de un discurso mediático basado en el miedo y en el odio a la persona pobre y la aquiescencia de unos poderes públicos que se mantienen de perfil, estamos permitiendo y normalizando una situación de atentado permanente contra los derechos fundamentales.

En los últimos años, la proliferación de empresas de “desocupación” ha supuesto la naturalización del ejercicio del matonismo y el chantaje contra el débil, que se ve reducido así a una condición de paria sobre el que se pueden aplicar, con total impunidad, todo tipo de prácticas violentas

La confluencia de intereses entre rentismo, fondos de inversión y empresas implicadas en el negocio securitario sirve de base para que el rodillo de la propiedad salte por encima del derecho a la vivienda, la vida, la libertad y la integridad.

Ya no se trata sólo de la persecución de una “ocupación”, que no es sino la respuesta a una falta de acceso a la vivienda o a espacios sociales, sino que bajo esta categoría se agrupan todo tipo de situaciones: inquilinos que no pueden hacer frente al pago de desorbitados alquileres por una circunstancia sobrevenida, bloques enteros de viviendas vendidos a fondos buitres que quieren expulsar a sus familias o migrantes víctimas de la xenofobia que promueve su marginación o expulsión de los barrios y del país. Se ha construido un nuevo enemigo público —el ocupa— al que se deshumaniza abonando el terreno para la extensión de la crueldad más miserable y la indiferencia más egoísta. Hemos pasado en cuestión de diez años de participar en movimientos masivos contra los desahucios y el poder de los bancos, a la lucha del penúltimo contra el último en una alucinada dinámica del “sálvese quien pueda” en la que se culpabiliza de su situación a las víctimas de un sistema injusto.

Pudiéramos pensar que el fenómeno de la desocupación se concentraba en las grandes ciudades, donde el gran capital, los fondos de inversión y la presión turística han convertido a la vivienda en un objeto de lujo. Pero esta situación ya ha llegado a la ciudad de Badajoz, donde en los últimos meses hemos podido asistir a la aparición de una de estas empresas de matones.

El único propietario de un edificio de viviendas del casco antiguo de la ciudad ha contratado los servicios de una de estas empresas para ejercer presión sobre familias vulnerables con menores a su cargo que han presentado algunos problemas de pago por circunstancias de fuerza mayor completamente ajenas a su voluntad. Antes incluso de iniciar un procedimiento judicial normal, y sin respetar los plazos y garantías propios de este tipo de procesos, se ha asistido al empleo de métodos de coacción generando una situación de pánico e indefensión en los inquilinos.

El único propietario de un edificio de viviendas del casco antiguo de la ciudad ha contratado los servicios de una de estas empresas para ejercer presión sobre familias vulnerables con menores a su cargo...

La empresa contratada es Horus Desocupa, con sede en la localidad de Talavera de la Reina. Como ha reportado la investigación de los compañeros de Sistema161, el gerente y propietario de la empresa, Rafael González Romero, es un individuo con condenas por tráfico de drogas y afinidades con la extrema derecha neonazi más violenta, mostrándose así una pinza entre los intereses del gran capital y el rentismo y la delincuencia organizada.

Entre las prácticas llevadas a cabo contra estas familias se incluye la presencia intimidante de matones en las inmediaciones de la vivienda, el golpear la puerta hasta casi tumbarla y quemar el telefonillo, cortarles la luz de forma ilegal, hacer pintadas amenazantes en los rellanos, vaciar un extintor por debajo de las puertas y, finalmente, llegar al extremo de la agresión física y de lanzarles amoníaco. Cabe incidir que estas prácticas son especialmente hirientes por afectar a menores que ven imposibilitado así el desarrollo de una infancia normalizada, exponiéndose a traumáticas situaciones de violencia.

Ante este cúmulo de agresiones manifiestamente ilegales, la respuesta de la policía ha sido la de dejar hacer con total impunidad. Ante una primera denuncia requirieron a los inquilinos que se marcharan del inmueble y en sucesivas ocasiones han obviado los sucesos ocurridos amparándose en que “se trata de un caso de desocupación”. Se infiere así la connivencia de las fuerzas de seguridad con la violencia camorrista de la mafia de la desocupación.

Ante este cúmulo de agresiones manifiestamente ilegales, la respuesta de la policía ha sido la de dejar hacer con total impunidad

Por otra parte, las afectadas han acudido a los servicios sociales de la ciudad donde han recibido la clasificación de “familia vulnerable”, hecho que les repercute positivamente en el proceso de desahucio, pero irrelevante a la hora de hacer frente al desahucio privatizado que constituye la actividad de las empresas de desocupación.

Ante casos como este, tenemos que dar continuidad a la movilización en defensa del acceso a la vivienda, que debe constituir un derecho y no un bien de mercado dirigido a la especulación. Esto pasa, entre otras posibles alternativas, por una prohibición realmente efectiva de los desahucios sin alternativa habitacional, una intervención sustancial del mercado dirigida a la reducción de los precios del alquiler, la prohibición de la compra de viviendas por fondos de inversión y la limitación sustancial de los apartamentos turísticos. Medidas todas planteadas por los movimientos en favor de la vivienda ante las que el gobierno no ha reaccionado más allá de ciertos gestos superficiales que no representan una solución efectiva.

Debemos exigir a su vez la prohibición de las empresas de desocupación, que suponen una suerte de nuevo pistolerismo legal en el que se hace negocio de la necesidad aplicando métodos que atentan contra las personas y su dignidad. No podemos permitir que se extienda en nuestras calles la presencia de un grupo violento ajeno a las cortapisas de la legalidad para privarnos de derechos y amedrantar a los movimientos sociales.