Franquismo
El Gobierno español reconoce a Txiki y Otaegi como víctimas del franquismo y anula los Consejos de Guerra

Cincuenta años después de los últimos fusilamientos del franquismo, el Gobierno español ha reconocido oficialmente a Jon Paredes Manot, más conocido como ‘Txiki’, y a Ángel Otaegi como víctimas del franquismo. Las resoluciones, firmadas el 25 de noviembre por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, declaran “ilegales, ilegítimos y nulos” los Consejos de Guerra que los condenaron a muerte en 1975 y admiten que ambos fueron “perseguidos por razones políticas, juzgados sin garantías, intimidados y situados en una posición de indefensión”, vulnerándose los derechos humanos.

La decisión es una respuesta a la solicitud presentada en enero por las familias ante la Delegación del Gobierno en Euskadi, al amparo de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Memoria Democrática. La fundamentación jurídica, elaborada por el abogado y catedrático Juanjo Álvarez, sostenía que las condenas se dictaron en procesos sin garantías mínimas, con vicios de forma y fondo que, según la propia ley, deben considerarse nulos de pleno derecho.

El Ejecutivo ha emitido dos Declaraciones de Reconocimiento y Reparación Personal que subrayan la ausencia de un juicio justo y la naturaleza política de los procedimientos. Las resoluciones reconocen que la reparación “contribuye a restaurar la dignidad personal y familiar de ambas víctimas” y sitúan los fusilamientos en el marco más amplio de la violencia de Estado ejercida durante la dictadura.

Se reconoce que Txiki y Otaegi sufrieron “persecución y violencia” por “razones políticas, ideológicas y de conciencia”

El ministro Torres ha entregado los documentos a los familiares, destacando que la declaración se realiza “por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia”. La reparación simbólica reconoce la arbitrariedad del aparato represivo franquista en sus últimos meses de vida como regimen.

Las familias han agradecido la intervención de la Delegación del Gobierno en Euskadi, así como el apoyo previo del Gobierno Vasco y, en el caso de Txiki, fusilado en Cerdanyola del Vallès, del Departament de Justícia de la Generalitat. Consideran que el reconocimiento estatal supone un paso necesario, aunque demorado, para situar sus casos en el espacio público desde una perspectiva de verdad y memoria.

Con estas declaraciones, el Gobierno español asume explícitamente que los procesos que desembocaron en las ejecuciones del 27 de septiembre de 1975 fueron no solo ilegítimos, sino jurídicamente nulos. Aquella larga noche Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, del FRAP, también fueron fusilados. La condena a Baena fue anulada recientemente.