Frontera sur
Centros de Atención Temporal de Extranjeros: no pienses en un calabozo

72 horas es el plazo máximo legal que una persona migrante puede estar bajo custodia policial a efectos de identificación antes de ser deportada o puesta en libertad, con o sin una orden de deportación. Tres días en los que las recién llegadas a territorio español se hallan privadas de libertad en dependencias policiales que, a lo largo de los años, han cambiado en función de las circunstancias: polideportivos, instalaciones portuarias o cárceles sin licencia de apertura —caso Archidona— y hasta un cocedero de Mariscos han servido como centros de detención improvisados en el pasado.

Recientemente, sin embargo, el Ministerio de Interior —con Juan Ignacio Zoido primero y en la actualidad con Fernando Grande Marlaska— han adoptado una nueva nomenclatura para estos espacios: son los CATE, siglas de Centros de Atención Temporal de Extranjeros. Hoy se inaugura, o se reinstaura tras reforma, el cuarto en funcionamiento, en la localidad granadina de Motril.

¿Qué son los CATE? La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, inquirió ayer en comisión parlamentaria al ministro de Interior sobre el paraguas legislativo del que dependen estos centros, pero el ministro no respondió en su turno de réplica sobre ese amparo legal, y se limitó a asegurar que son infraestructuras creadas para una situación urgente “donde pudieran actuar los servicios de sanidad exterior, Policía, Cear, Cruz Roja para que sus derechos [de los migrantes] sean sustentados”.

A pesar de ello, la información sobre estos centros es relativamente limitada. Se sabe que en lo operativo funciona a través de la Dirección General de Policía, su financiación, no obstante, es poco clara. De la comparecencia del ministro se puede colegir que dependen financieramente del Ministerio de Trabajo —ya que instó a la comparecencia de hoy de la ministra Magdalena Valerio para explicar ese punto—, y que la infraestructura del de Motril —y, aparentemente, del de Algeciras— ha sido instalada por la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Independientemente de su amparo legal, las organizaciones de defensa de los derechos humanos cuestionan los CATE por su papel como “extensión de las comisarías”. Natalia García Caballos, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), considera que estos espacios son “un centro de detención”. Para esta integrante de la campaña CIEs NO de Motril, el ministro “confunde la terminología” de manera intencionada, “distorsiona el enfoque”, ya que los CATE son “centros con forma jurídica extraña, extensiones de los calabozos, gestionados por personal policial”. En lo material, se trata de campamentos en todo el sentido de la palabra: carpas de tipo militar, módulos de aseo, con duchas, lavabos e inodoros, comedores y dormitorios compartidos.

Los internos no están detenidos pero tampoco tienen en la práctica libertad deambulatoria, por lo que se encuentran en un limbo que nadie pretende esclarecer. La función oficial esllebvar a cabo la primera atención e identificación y organizar el traslado de las personas llegadas a territorio español. Pese a que no se trata oficialmente de comisarías, en la actualidad no se permite el paso a las instalaciones de organizaciones de la sociedad civil. Ayer, 29 de agosto, las campañas CIEs NO de Motril y Granada solicitaron, mediante un escrito ante la subdelegación de Gobierno en Granada, el acceso al nuevo CATE para “comprobar que se han adoptado las ‘sugerencias’ realizadas tanto por el Defensor del Pueblo Español como por los colectivos que conformamos esta campaña”. Hasta ahora, no han podido corroborar que las condiciones de insalubridad y hacinamiento denunciadas previamente han sido solventadas para la reapertura.

Cuatro centros

En la actualidad hay cuatro centros de estas características en el territorio peninsular: uno en San Roque (Cádiz), llamado Crinavis, otro en Almería, un tercero en Cartagena (Murcia) y el de Motril, con el que el Gobierno quiere evitar el uso de un polideportivo cedido por el Gobierno municipal, ante las protestas de la sociedad civil motrileña, expresadas en una manifestación en mayo contra la apertura de un nuevo centro tras el colapso de las instalaciones anteriores, denunciado por el Defensor del Pueblo.

Para García Caballos, Grande Marlaska ha dado “dos pistas” sobre la política de fronteras del Gobierno: “Quiere deshacerse de las personas lo antes posible, para lo que se potencian los acuerdos expulsión con Marruecos y con Senegal”. De este modo, las personas recién llegadas a Motril sufren un proceso de criminalización, subraya esta activista, que contrasta con que el Gobierno “hable de acogida cuando solo tenemos un sistema de detención”.

El contexto, señalan desde la Apdha, es muy diferente del que ha trascendido en los principales medios de comunicación. A pesar del aumento de llegadas, no hay una avalancha, ni se se ha producido una situación de emergencia en el flujo migratorio. No se están repitiendo las cifras de 2005. Como recordaba recientemente Francisco Fernández, de Apdha en la edición El Salto: “La sensación de desbordamiento o falta de recursos tiene más que ver con una voluntad política”. Lo que se necesita, abunda García Caballos, es un “cambio radical” en las políticas migratorias, que permitan vías legales y seguras de migración y para la solicitud de asilo.

72 horas después de su entrada en el sistema, las personas migrantes tienen derecho a salir del CATE. Entonces, desde los centros de Motril o de Algeciras, se les insta a que se dirijan a una ciudad. Es entonces cuando comienza una nueva fase del conocimiento de las fronteras interiores de la Unión Europea, una fase que, si no hay suerte, estará marcada por otras siglas, las de los CETI o los CIE.