Opinión
Regularizar en un Estado que produce irregularidad

Cuán necesitados estábamos de alguna buena noticia. Y estos días llegó una, el anuncio del acuerdo entre Podemos y el PSOE para la regularización de más de medio millón de personas en España que viven en situación administrativa irregular. Una noticia que permite respirar, tomar aliento, creer en el proceso de lucha y continuar.

El debate sobre la regularización migratoria suele plantearse desde marcos que hablan sobre las personas migrantes, pero rara vez desde ellas. También suele presentarse como una iniciativa que emerge desde las instituciones, cuando en realidad la posibilidad misma de una regularización es el resultado de décadas de lucha de los movimientos antirracistas, las organizaciones comunitarias de personas inmigrantes y algunos sindicatos. Sin esa presión sostenida, este debate no habría estado sobre la mesa y, sobre todo, hoy no se habría aprobado la regularización de más de 500.000 personas por parte del Gobierno de España.

Que la regularización aparezca en la agenda no es una concesión espontánea del Estado ni una muestra de apertura estructural. Es una conquista arrancada pese al marco institucional existente, y no gracias a él

Que la regularización aparezca en la agenda no es una concesión espontánea del Estado ni una muestra de apertura estructural. Es una conquista arrancada pese al marco institucional existente, y no gracias a él. No elimina el racismo estructural, no cambia la Ley de Extranjería ni transforma el modelo migratorio que produce irregularidad de forma sistemática. Pero introduce una grieta concreta en un régimen de derechos profundamente desigual, y por eso es políticamente relevante. Porque la irregularidad no es el fracaso del sistema migratorio, sino uno de sus resultados más eficientes.

Conviene aclararlo desde el principio. Una regularización no es una política migratoria integral. No soluciona el sistema ni corrige por sí sola las causas estructurales del racismo que genera la irregularidad. Ahora bien, que no sea una solución estructural no la vuelve inútil. No arregla el sistema migratorio, pero mantener a cientos de miles de personas en situación administrativa irregular agrava todos sus efectos políticos, sociales, laborales y democráticos.

La evidencia comparada muestra que la irregularidad prolongada, que afecta de forma selectiva sobre cuerpos racializados, produce tensiones político-sociales más profundas y persistentes, además de consolidar economías de explotación y exclusión. No se trata solo de una cuestión migratoria, sino de cómo un Estado gestiona una desigualdad legal que luego se expresa territorial, política y socialmente.

Una regularización no es una política migratoria integral. No soluciona el sistema ni corrige por sí sola las causas estructurales del racismo que genera la irregularidad

Aun así, el debate público sigue atrapado en una lógica instrumental. Se discute si las personas migrantes “hacen falta”, si “aportan”, si “compensan”. Ese marco es profundamente problemático y esencialmente racista. Reduce a las personas migrantes a una variable económica y desplaza la pregunta central. Qué hace un Estado de derecho cuando produce y sostiene irregularidad de forma masiva.

Porque tiene que quedar claro. Estar en condición irregular no es una elección individual. Es el resultado de un sistema que lo genera de manera recurrente y consciente a partir de canales legales insuficientes, requisitos administrativos inaccesibles, visados restrictivos, bloqueo de la migración circular y fronteras militarizadas. No es una anomalía marginal, es un resultado estructural, consecuencia de ideologías y políticas concretas. Y como tal, tiene consecuencias materiales en forma de múltiples violencias que, en no pocos casos, llegan hasta la muerte. Muertes que asumimos y con las que convivimos silenciosamente.

Desde la perspectiva de las personas migrantes, la irregularidad prolongada no es una estrategia ni una preferencia, sino una forma de violencia estructural que limita la movilidad, bloquea proyectos vitales, multiplica la exposición a abusos y normaliza relaciones laborales y habitacionales coercitivas. Termina generando una suerte de no-ser. Como subraya el sociólogo Hein de Haas, no regularizar no reduce la migración ni el conflicto social. Lo desplaza hacia formas más invisibles y más violentas, que afectan tanto a quienes migran como a los barrios donde se concentran, mayoritariamente de clases populares y trabajadoras.

Vivir en situación administrativa irregular, la mal llamada ilegalidad, no es solo un estatus jurídico. Es una forma de supervivencia forzada. Implica mayor exposición a abusos laborales y de acceso a la vivienda

Vivir en situación administrativa irregular, la mal llamada ilegalidad, no es solo un estatus jurídico. Es una forma de supervivencia forzada. Implica mayor exposición a abusos laborales y de acceso a la vivienda, dificultades para denunciar delitos, dependencia de intermediarios y miedo constante a la expulsión. Todo ello se traduce en impactos graves en la salud física y mental. Desde una perspectiva democrática, normalizar esta condición jurídica equivale a aceptar una ciudadanía jerarquizada. Se fundamenta así la democracia de la blanquitud. Porque conviene insistir, la irregularidad no disuade la migración, la racializa y la precariza.

Desde las lógicas de las personas migrantes, regularizar no es un premio ni un atajo. Es la condición mínima para salir de la supervivencia, ejercer derechos básicos, planificar el futuro y participar en la vida social sin miedo. No se trata de obtener ventajas, sino de dejar de vivir en una excepcionalidad permanente.

Por eso, una regularización extraordinaria no “premia” conductas irregulares ni abre fronteras. Estos relatos, sostenidos por motivaciones racistas, van en contra de toda observación empírica. Por el contrario, reconoce jurídicamente una realidad social ya existente de personas que viven, trabajan, cuidan y participan en la sociedad desde hace años. Personas que sostienen trabajos esenciales, como quedó claro durante la pandemia. Las regularizaciones realizadas en España (1985, 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005) y en otros países europeos, no iniciaron nuevas tendencias migratorias, sino que intervinieron sobre poblaciones ya residentes. En términos porcentuales, estas medidas afectaron entre el 1 % y el 1,6 % de la población, una cantidad comparable a la actual. Cuando los flujos aumentaron o disminuyeron, lo hicieron siguiendo ciclos económicos y las condiciones de posibilidad de cruzar las fronteras y entrar en el país, no como respuesta directa a estos procesos. Por ello conviene recordar, la amplia mayoría de las personas que terminan en condición de irregularidad entran por los aeropuertos.

La regularización no es una excepción al supuesto Estado de derecho, sino un intento limitado y parcial de reparar sus propios fallos. Es un parche, sí, pero uno necesario.

El argumento del agravio comparativo parte de la ficción de que existen vías legales reales, accesibles y sostenidas que algunas personas deciden incumplir. Lo que existe, en realidad, es un sistema que produce irregularidad de forma sistemática. Desde ese punto de vista, la regularización no es una excepción al supuesto Estado de derecho, sino un intento limitado y parcial de reparar sus propios fallos. Es un parche, sí, pero uno necesario.

También se insiste en que la regularización pone en riesgo la seguridad o fortalece a las mafias. La evidencia empírica y los principales estudios al respecto dicen lo contrario. La irregularidad prolongada es un factor de riesgo, no la regularización. Cuando una persona carece de estatus legal, denuncia menos, depende más de redes coercitivas y queda fuera del control administrativo ordinario. Reducir la vulnerabilidad jurídica es una de las herramientas más eficaces contra la explotación. La explotación no se termina eliminando a los explotados, sino actuando sobre los marcos que hacen posible esas vulneraciones.

Aquí conviene introducir un elemento central señalado por Hein de Haas y otros estudios empíricos. Los beneficios económicos de la inmigración tienden a concentrarse en las clases medias-altas y altas, mientras que los costes, aunque limitados, recaen de forma desproporcionada sobre las clases más bajas, en las que se encuentran precisamente otras personas inmigrantes o hijas de inmigrantes, que comparten los mismos segmentos laborales. En este punto aparece un efecto clave y poco visible de regularizar. Se reduce la competencia desleal basada en salarios por debajo de convenio y trabajo informal, y se mejora el poder colectivo de negociación. Según De Haas, este efecto beneficia especialmente a otros inmigrantes y a hijos de inmigrantes, precisamente porque se sitúan en los mismos nichos laborales. Regularizar no empeora sus condiciones, las mejora.

Desde esta perspectiva, hay también perdedores claros, aunque rara vez nombrados. Los empleadores que se benefician de la irregularidad. Para ellos, la regularización implica un aumento de los costes laborales y la pérdida del control basado en el miedo a la deportación. Este actor suele estar ausente del debate público, pero es central. La regularización redistribuye poder dentro del sistema migratorio. Reduce la vulnerabilidad de quienes ya están, corrige parcialmente distorsiones del mercado laboral y desplaza los costes de la irregularidad desde las personas migrantes hacia el Estado y los empleadores.

Hay también perdedores claros, entre ellos los empleadores que se benefician de la irregularidad. Para ellos, la regularización implica un aumento de los costes laborales y la pérdida del control basado en el miedo a la deportación

Ahora bien, una regularización basada en derechos no puede ser una medida aislada. Requiere capacidad de gestión, planificación y refuerzo institucional. Sin estos elementos, el riesgo no es un aumento de la migración, sino la sensación de desorden y abandono que facilita la instrumentalización política.

Gestionar bien implica, como mínimo, refuerzo de los servicios de extranjería y documentación, coordinación con comunidades autónomas y municipios, planificación en vivienda, educación y sanidad en los territorios más afectados, y seguimiento posterior para evitar la reproducción de esta situación. Un Estado que reconoce derechos debe estar a la altura de garantizarlos.

La regularización incrementa la demanda formal de servicios públicos y exige refuerzos administrativos, especialmente en sanidad, educación y extranjería. Este es un reto real, pero no un argumento contra la regularización. Las personas migrantes ya usan estos servicios porque ya viven en el país. La diferencia es que, sin regularizar, lo hacen de manera más precaria e ineficiente. Regularizar no crea la demanda, la ordena. La cuestión de fondo es política. Si el Estado reconoce derechos, debe garantizar los medios para hacerlos efectivos, especialmente a nivel autonómico y municipal.

Las personas migrantes, especialmente las racializadas, asumen de forma desproporcionada los costes de la irregularidad con salarios más bajos, viviendas más precarias, mayor exposición policial y menor acceso a derechos. Al mismo tiempo, los territorios donde viven concentran tensiones que luego se leen como “problemas culturales” o “fallos de integración”, ocultando su origen estructural. Un enfoque antirracista obliga a nombrar este desplazamiento. El conflicto no lo genera la presencia migrante, sino un sistema que produce desigualdad legal y la administra territorialmente.

A veces se afirma que regularizar debilita la legitimidad de las normas migratorias. Pero un sistema que produce irregularidad masiva y permanente ya ha perdido legitimidad. La erosión democrática no viene de regularizar, sino de normalizar una población estable con derechos recortados, de segunda y tercera categoría.

Una regularización como esta puede ser instrumentalizada por la ultraderecha. Ya está intentándolo. La negación y la moralización del debate son el mejor regalo

Hay, sin embargo, un punto incómodo que conviene asumir. Una regularización como esta puede ser instrumentalizada por la ultraderecha. Ya está intentándolo. Pero la ultraderecha no se alimenta de las políticas migratorias en sí, sino de la percepción de que el Estado no gobierna o niega los problemas, además de la propia mentira. La negación y la moralización del debate son el mejor regalo para quienes quieren convertir la migración en un arma política. El supremacismo bebe de todos estos marcos.

Por eso, la forma en que se comunica una regularización como esta es tan importante como su diseño. Presentarla únicamente como un acto moral, sin reconocer sus límites, retos y costes materiales, alimenta la desconfianza. Es necesario llevar la discusión, por un lado, al plano de lo material y los derechos, y por otro, al plano concreto de la redistribución de recursos, responsabilidades y capacidades institucionales.

Dicho todo esto, es evidente que la lucha no termina aquí. Una regularización, por amplia que sea, no desmonta el régimen de extranjería ni el modelo de fronteras que produce muerte, violencia y desigualdad racializada marcadas por el capitalismo racial. No pone fin a los CIE, no elimina los controles por perfil racial, no garantiza vías legales suficientes ni impide que el sistema siga generando nueva irregularidad. Por eso, celebrarla sin más sería un error político.

Pero negar su importancia también lo sería. Porque esta regularización no es una concesión benevolente del Estado, sino el resultado de una acumulación de fuerza social y política. De años de organización, de desgaste, de pedagogía política y de conflicto sostenido por parte de los movimientos antirracistas, las organizaciones comunitarias de personas migrantes y los sindicatos. Es una conquista parcial, arrancada a un sistema que sigue siendo profundamente racista.

El reto ahora no es solo implementar bien la medida, sino evitar que se convierta en una excepción que legitime la continuidad del modelo. Una regularización que no vaya acompañada de reformas estructurales corre el riesgo de funcionar como válvula de escape. Alivia la presión sin cambiar las condiciones que la generan. Gestionar la migración desde los derechos exige asumir el conflicto, redistribuir recursos, reforzar capacidades institucionales y disputar el sentido común que ha normalizado la desigualdad jurídica como si fuera inevitable.

Aquí se juega también el terreno político frente a la ultraderecha y la derecha que va adoptando sus relatos. No porque regularizar “active” su crecimiento, sino porque la ausencia de políticas materiales, la improvisación o la gestión opaca alimentan la percepción de abandono institucional. La ultraderecha no crece cuando se gobierna. Crece cuando el Estado parece incapaz de hacerlo y cuando asume, incluso de forma reactiva, los marcos que ella impone. Crece cuando se deja de hablar de la materialidad de la vida de las personas trabajadoras, sean o no inmigrantes.

Desde una perspectiva antirracista, la pregunta final no es si esta regularización es suficiente. Es si el Estado está dispuesto a dejar de producir irregularidad como mecanismo de gestión migratoria. Si está dispuesto a reconocer que la desigualdad legal no es un fallo colateral del sistema, sino una tecnología de gobierno que ordena el mercado laboral, el acceso a derechos y el espacio urbano en clave racializada.

Más de 500.000 personas verán modificadas de forma inmediata sus condiciones de vida. Dormirán distinto, vivirán con menos miedo, podrán proyectar futuro. Eso importa. Mucho. Pero el horizonte político no puede detenerse ahí. La medida solo será coherente si abre un proceso sostenido de desmantelamiento del régimen de extranjería, de cierre de los CIE, de fin de la impunidad de las muertes en el espacio de frontera, pero también bajo custodia policial y en espacios laborales marcados por la extrema precariedad, y de transformación estructural del modelo de fronteras.

Nada de esto habría sido posible sin la lucha encabezada por Regularización Ya!. Y nada de lo que falta se logrará sin ella. Porque los derechos no se conceden, se arrancan. Y, como señala el activista antirracista Yeison García López, la clave está en cómo todo este proceso refuerza el sujeto político migrante antirracista.