Ganadería
La contaminación de la ganadería industrial y la deforestación: dos rostros de la misma moneda

Este viernes 15 de octubre, con el lema “Stop Ganadería Industrial, Moratorias Ya” y organizados bajo el paraguas de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, numerosas plataformas vecinales se dan cita frente a organismos públicos en 60 localidades del Estado español para denunciar la proliferación de instalaciones de ganadería industrial y pedir moratorias a la concesión de licencias de estos proyectos industriales. 

Los impactos de este modelo afectan tanto nuestro entorno más próximo —despoblación, sobreexplotación de los acuíferos, contaminación de suelo y agua por nitratos como en el Mar Menor— como a escala global —deforestación, emergencia climática, pérdida de biodiversidad y violaciones de derechos humanos en la cadena de la fabricación de piensos—.

Los piensos de las explotaciones ganaderas intensivas contienen maíz y soja —por su alto contenido de proteína— producidos a miles de kilómetros. El 87% de la soja importada en la Unión Europea se destina a la alimentación animal. Su importancia es tal que representa más de la mitad (55%) de la facturación que produce la ganadería.

España es un punto geográficamente estratégico para empresas que importan soja desde el continente americano para luego comercializar los subproductos (torta de soja y aceite) en el resto de Europa. Así, a partir de la soja importada se producen grandes cantidades de piensos, de las cuales el 98% se destina a la producción ganadera industrial ubicada en nuestro territorio.

De esta forma España se ha convertido en una gran maquila para producir cantidades de carne industrial y subproductos animales, desvinculados de las necesidades reales del territorio. Es decir, se está exportando gran parte de la producción ganadera industrial, respondiendo únicamente a las demandas del mercado y con un extraordinario coste energético, climático y social, además de gravísimos daños para la biodiversidad tanto en los lugares de cultivo de la soja como en los territorios rurales que concentran las granjas industriales.

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La soja de la Amazonía alimenta el ganado de las macrogranjas en España, cada vez más numerosas y con más exportaciones a Asia. El consultor ambiental Vázquez Pumariño tiene clara la responsabilidad de Europa y Estados Unidos en los incendios de la Amazonía.

La deforestación de los ecosistemas tropicales es parte de una larga cadena de suministro que empieza en Latinoamérica y finaliza en los platos europeos y chinos. La UE es el segundo mercado de exportación más importante de soja después de China, sobre todo para la elaboración de piensos para el ganado. Sin embargo, la UE importa más soja de zonas deforestadas que China, puesto que sus importaciones suelen proceder de la Amazonía y El Cerrado.

Según un informe de la IUCN y The Sustainable Trade Initiative, en España, Italia y Portugal apenas hay demanda de soja con cero deforestación. En 2019, se importaron a España 2,4 millones de toneladas de soja brasileña, principalmente del Mato Grosso y Matopiba, ubicadas en la ecoregión El Cerrado. Estas zonas son puntos calientes de biodiversidad devastados por la deforestación de la cadena de suministros de la soja. La expansión de este monocultivo ha cambiado el uso del suelo de amplias superficies que antes eran ecosistemas o fueron utilizados para la producción de alimentos a pequeña escala. De este modo, muchas poblaciones campesinas e indígenas han sido desplazadas forzosamente de su territorio y obligadas a buscar otras tierras para sobrevivir.

La soja entra a través de los puertos —como Barcelona, Bilbao, Cartagena y Huelva— donde se sitúan las plantas de las multinacionales Bunge y Cargill para procesarla. Desde ahí se distribuye a las plantas elaboradoras de piensos ubicadas en toda España, destacando Catalunya, Aragón y Castilla-León. Territorios donde paralelamente se sitúan grandes producciones industriales ganaderas. De igual modo, el sector de los piensos se caracteriza por estar altamente tecnificado y concentrado en empresas que lideran la producción ganadera industrial y con capital transnacional que controlan el mercado internacional. 

Este modelo de alta productividad pero grandes impactos socioambientales beneficia a las grandes empresas agroindustriales —productoras de semillas y agrotóxicos, importadoras, integradoras cárnicas, distribuidoras alimentarias— que lapidan los recursos naturales y las opciones de desarrollo sostenible de cada vez más territorios rurales. 

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Un informe de Ecologistas en Acción señala que el 74% de los municipios con alta carga porcina intensiva pierde más población o gana menos que localidades con características similares pero sin macrogranjas en su territorio.

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Transitar a sistemas agropecuarios más sostenibles y justos implica prohibir la importación de productos asociados a  la deforestación —como la soja y el maíz de ultramar— en favor de forrajes y leguminosas adaptados a los recursos y particularidades de cada territorio. 

De esta manera, la ganadería extensiva crea más empleos y ofrece alimentos de calidad, atendiendo y respetando el bienestar animal. Además bien gestionada y adaptada al territorio produce numerosos servicios ambientales y sociales relacionados con la conservación de la biodiversidad y los suelos, reduce el riesgo de incendios forestales, mantiene el tejido social en zonas rurales amenazadas por la despoblación. Igualmente supone una herramienta para frenar el cambio climático agravado por la ganadería industrial.

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El informe Soja: ¿la nueva palma de los biocombustibles?, elaborado por Carro de Combate y Ecologistas en Acción, denuncia el auge del biodiésel de soja tras la prohibición de la palma, un fenómeno que provoca deforestación, pérdida de biodiversidad y un aumento de emisiones.

En este camino, las ganaderías extensivas se encuentran con importantes retos para alcanzar la viabilidad económica, social y ambiental que debe ser reconocido y recompensado por las políticas públicas. 

De ahí que sea urgente establecer, tal y como reclama la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial: una moratoria estatal y/o regionales a la ganadería industrial, la regulación de nitratos que permita reducir al menos un 50 % las emisiones de nitrógeno para 2027 -respecto a 1996- y la reducción progresiva de la cabaña ganadera en intensivo.