Ganadería
Unidas Podemos pide al Gobierno que deje clara su posición sobre las macrogranjas

La última vez que el debate sobre la ganadería intensiva y las macrogranjas llegó a primera línea de los rotativos nacionales fue el pasado julio, cuando el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ponía sobre la mesa la necesidad de reducir el consumo de carne, especialmente la procesada, para remitir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la salud de la ciudadanía y del campo. Entonces, la conversación social giraba bruscamente a un tono tosco cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desacreditaba al ministro con su famosa frase “donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible”.

Seis meses después, en una España que pretende ser una de las naciones que lideran la lucha contra la crisis climática, con decenas de nuevas plataformas contra la ganadería industrial y sus efectos, y con unas derecha y ultraderecha enarbolando una bandera que busca unir la idea de una macrogranja industrial (que no granja extensiva) al medio rural con varias elecciones autonómicas a la vista, el tema ha vuelto a primera plana tras la ya famosa entrevista de Alberto Garzón en The Guardian.

Ante una posición que no queda del todo clara, el coordinador federal de Alianza Verde, y portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López de Uralde, ha pedido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que deje clara su postura ante la polémica suscitada por la entrevista al diario británico.

“Nos gustaría que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se apoyara lo que estamos señalando, porque está basado en las propias estrategias del Gobierno, y es coherente con lo que ya están haciendo otros países de nuestro entorno”, ha dicho López de Uralde este lunes.

‘Fuego amigo’

El diputado ha registrado en el Congreso una iniciativa parlamentaria con el fin de conocer la postura de la ministra Ribera. Lo hace tras el posicionamiento no ya de líderes ultras y de la derecha, sino también de algunos barones socialistas, que han criticado a Garzón por sus palabras. Es el caso del presidente aragonés, Javier Lambán, que ha llegado a pedir que Garzón dimita, y del castellano-manchego, Emiliano García-Page, que se ha puesto de lado del lobby cárnico y ha cargado contra el ministro de Consumo señalando: “No se puede hacer daño gratuitamente a un sector tan importante y sobre todo sin fundamento”.

La posición de García-Page es especialmente llamativa, tras producirse solo un mes después de que el propio presidente de la Junta de Castilla-La Mancha anunciara una moratoria para la autorización de nuevas granjas y macrogranjas por tiempo indefinido. “Va a marcar un antes y un después para que entre todos tengamos un diálogo sereno sobre la normativa que debe presidir este tema”, decía entonces García-Page, “compatibilizando claramente un sector económico y ganadero potentísimo en la comunidad autónoma con lo que son las necesidades de información, tranquilidad, seguridad, serenidad y sostenibilidad ambiental que deben presidir todos nuestros debates”.

A Lambán, presidente de una comunidad especialmente afectada por la problemática y la contaminación de las granjas industriales —que cambió además el pasado año su Ley de Protección de Agricultura Familiar para limitar el tamaño de las explotaciones— también le han caído críticas por sus palabras. Una veintena de organizaciones rurales, sociales, ecologistas y de personas afectadas por la ganadería intensiva decía sentir “vergüenza ajena” por las declaraciones del ministro y denunciaba “esta forma de proceder, en donde manipula las declaraciones, se contradice con las suyas propias y confunde a la ciudadanía en un tema tan importante que repercute en el medio rural, en el medio ambiente y en la salud de las personas”.

Una de cal y otra de arena

El presidente del Gobierno se sumaba este lunes a la cadena de reacciones y señalaba en una entrevista a la Cadena Ser que “lamenta muchísimo toda esta polémica” y ha defendido al sector cárnico, indicando que este “produce una carne de extraordinaria calidad” y “sigue los máximos estándares de la normativa española y europea”. El mandatario no hacía ninguna diferencia entre la ganadería extensiva y la intensiva e industrial a la hora de comentar la polémica.

A pesar de la defensa de Sánchez, no solo existen moratorias como las de Castilla-La Mancha y Catalunya o normativas autonómicas, como la de Aragón, que limitan el tamaño de las nuevas explotaciones ante la avalancha de problemáticas locales y los altos niveles de contaminación por nitratos; el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sacó el pasado un decreto ley, hoy en fase de consulta pública, para limitar el tamaño de las explotaciones de bovino. En concreto, pretende que las nuevas granjas, o ampliaciones de las actuales, no superen los 850 bóvidos

Además, como señala el texto remitido al Gobierno por parte de Unidas Podemos, el Gobierno recoge en su Estrategia 2050 la necesidad de reducir el consumo de carne en más de un 50 % para hacer frente a la crisis climática. El coordinador de Alianza Verde recordaba en ese sentido que gobiernos de países como Holanda o Alemania han manifestado públicamente su intención de reducir el impacto de las cada vez más grandes granjas porcinas.

“Llevamos días metidos en una polémica artificial, creada interesadamente por la derecha, por algo que ha dicho el Ministro de Consumo que es una verdad basada en la evidencia científica”, denunciaba por su parte López de Uralde. “Las macrogranjas no solo tienen un alto coste en términos de empleo, ya que se están cerrando pequeñas y medianas instalaciones, sino que tienen un grandísimo impacto medioambiental. Por eso nos gustaría que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se apoyara lo que estamos señalando, porque está basado en las propias estrategias del Gobierno, y es coherente con lo que ya están haciendo otros países de nuestro entorno”.

Desde la Coordinadora Stop Ganadería Industrial de Castilla-La Mancha, así como desde otras organizaciones contra las explotaciones ganaderas industriales, llevan años pidiendo al Gobierno que redacte normativa para regularizar el sector a nivel estatal y limite el número de animales de estas, así como el número de instalaciones, el agua que consumen y las toneladas de residuos en forma de purines que generan.