Gobierno de coalición
Reducción de jornada: Yolanda Díaz apuesta todo a quebrar el ‘no’ de Junts mientras el PSOE mira de lejos

Desde el PSOE y también en Sumar aseguran que el sprint final de la negociación con Junts está a cargo de la vicepresidenta, que se muestra optimista. Los socialistas, entre la equidistancia y el interés electoral. Los vaivenes de Puigdemont y el otro proyecto que le quita el sueño.
Pleno Congreso 07.05.25 - 22
Pedro Sánchez tomando notas en el pleno del Congreso del 7 de mayo de 2025. Álvaro Minguito

¿Habrá reducción de jornada laboral, vicepresidenta? Preguntaba El Salto este miércoles en el patio de el Congreso de los Diputados a Yolanda Díaz, mientras que ella salía raudamente del pleno para ir hacia una reunión. “Sí sí, habrá, habrá”, respondió con una sonrisa optimista y sin dudarlo.

Da la impresión que la ministra de Trabajo ha atado buena parte de su destino político a la obtención del gran premio de esta segunda legislatura: la aprobación de la reducción a 37,5 horas de trabajo semanales. Fue la principal promesa de campaña de la coalición Sumar y el Partido Socialista, primero observándola con poca aquiescencia, acabó abrazando la propuesta, al son de las encuestas, que le dan un rotundo apoyo mayoritario entre los votantes.

Fuentes calificadas de Sumar y Junts han confirmado a El Salto que hay negociación y que si la hay es porque hay margen para un acuerdo, por más que sea pequeño

La recta final de este pulso se resolverá en las próximas semanas. Se espera que a Mesa del Congreso lleve pronto a debate las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos. Cabe recordar que una vez que el proyecto se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, los grupos parlamentarios tienen ocho días para registrar sus enmiendas. Esa publicación ha sido este viernes por lo que el debate de las enmiendas y su votación sería los últimos días de mayo o a comienzos de junio.

Reducción de jornada
Laboral El ‘obstáculo’ catalán a la jornada de 37,5 horas semanales
Frente al ‘no’ de Junts, los sindicatos desmontan los argumentos de la oposición y la patronal a lo que consideran “un avance” en los derechos de los y las trabajadoras.


PP, Vox y Junts per Catalunya han avanzado que harán enmiendas a la totalidad. El resto de grupos apoyarán o se abstendrán (¿el PNV y Coalición Canaria, quizás?). Quedan tan solo seis plenos y comienza el receso de verano. Tiempo de descuento para el proyecto estrella.

Díaz al volante

Entre las varias fuentes socialistas consultadas para saber sobre la suerte que viene llevando la negociación el partido de Carles Puigdemont, todas han respondido que es una cuestión de Sumar. “Es un proyecto de la parte de ellos del Gobierno así que la negociación depende de ellos”, explica levantando las cejas alguien del entorno de Patxi López. Parece que hasta disfrutan de no estar en el ojo de la tormenta y de no tener que lidiar con los humores variantes de Junts.

Desde Sumar han informado que quien lidera las negociaciones es Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo (el número dos de Trabajo en los hechos), profesor universitario de derecho laboral y una de las personas de máxima confianza de Yolanda Díaz. Incluso, recuerdan algunos, que es de los pocos (muy pocos) dirigentes relevantes que todavía siguen orbitando en el equipo de decisiones más cercano a la ministra y que la acompaña desde hace años. La mayoría de los que estaba ya no están o no influyen como antes, como es el caso de Josep Vendrell.

No está fácil averiguar los detalles de las conversaciones. Díaz es una aguerrida negociadora y suele pedir discreción cuando el mar sopla en contra. Los de Puigdemont hacen gala de su silencio en sus intercambios informales con la prensa y es muy difícil acabar sabiendo sus posiciones hasta las mismas votaciones. Pero fuentes calificadas de ambos partidos han confirmado a El Salto que sí, que hay negociación y que si la hay es porque hay margen para un acuerdo, por más que sea pequeño.

La iniciativa mejorará la calidad de vida de 13 millones de trabajadores, pero de manera dispar

“Las conversaciones se llevan en silencio para que salgan bien. No vamos a decir más pero lo importante es que estamos negociando, que hay margen y somos optimistas con que va a salir”, responden desde Sumar. Sobre las demandas de Junts, solo se permiten añadir: “Ellos insisten en que las pymes son su prioridad”.

Un diputado de Sumar que no pertenece a una confluencia fue un poco mas allá. Ha asegurado que “el único actor” que es un escollo para la aprobación es Junts (a diferencia de otros proyectos en que los malabares también van para la izquierda) y que “seguramente” desde Passatge de Bofill, sede nacional de Junts, la estrategia es pedir también “cosas de otros ámbitos que no sean lo laboral”. Apuntan a otras leyes que Puigdemont considera estratégicas.

Reducción de jornada
Reducción de jornada Cada vez está más cerca la semana laboral de 37,5 horas
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Otros sin embargo dicen que Junts suele negociar “carpeta a carpeta” y que aquí el conflicto es básicamente ideológico y de base electoral. En esa formación, de ideología bastante ecléctica (hay liberales, socialcristianos, conservadores más escorados y algún socialdemócrata moderado), se quejan a veces por la estigmatización. “No somos la alta burguesía catalana, eso es mentira. Ellos están con el PP, nosotros siempre fuimos el partido de la clase media y las pymes, del pequeño empresario”, explicaba una vez un senador posconvergent.

Gabriel Rufián siempre se encarga de recordar la enorme influencia que según el ejerce en Junts la patronal Foment del Treball. Desde el equipo de Puigdemont filtran que “los costes para los empresarios catalanes subirán 7 por ciento y la administración no se haría cargo de nada”.

El año pasado, Yolanda Díaz, en el diálogo con los agentes sociales, había intentado persuadir a la CEOE ofreciendo compensaciones (dinero, básicamente) a las empresas de menos de 10 empleados, pero la patronal lo rechazó. En marzo dijo en un acto público que la suma de dinero para compensar podría ser de 300 millones de euros. Sobre el final se espera algún golpe de efecto que Junts vea difícil rechazar.

Mientras tanto el PSOE mira de lejos para que el fracaso lo capitalice solo Díaz y, en caso de prosperar, luego el pulpo de Ferraz extenderá los tentáculos, como suele ocurrir. “Para nosotros es una medida importante, también desde el punto de vista del rédito electoral”, admite un alto cargo del partido, y recuerda que lo que proponga Díaz en su maniobra final, si involucra fondos, lo tiene que coordinar con María Jesús Montero.

El rédito político (y quizás electoral) es indudable. La iniciativa, poco celebrada desde el PSOE en la campaña y en el acuerdo de investidura para luego hacerla propia al ver el impacto positivo entre los votantes, mejorará la calidad de vida de 13 millones de trabajadores pero de manera dispar. Algunas regiones, como Euskadi, el promedio general ya es de menos de 37,5 horas semanales, por los acuerdos de los regionales ELA y LAB. Pero incluso allí, un 16% de los asalariados del segmento más vulnerable se beneficiarán. ¿Evitarle a Sánchez marcarse un gol también puede ser una motivación para Puigdemont? Todo puede ser.

Cerca del eurodiputado aseguran que “es improbable que salga” la reducción de jornada aunque algunos empiezan a ver un cambio de tono. En una rueda de prensa esta semana, posterior a una reunión que mantuvo Puigdemont, en Waterloo, con sus diputados del Parlament, el expresident habló en términos bastante más suaves sobre el proyecto: “A los empresarios se les quiere imponer una reforma sin tener en cuenta el impacto que tendrá para el tejido productivo catalán. La reducción representa cero beneficios para las empresas y cero ganancias para el trabajador en términos de poder adquisitivo. Ya les dijimos que así no". La puerta no está cerrada.

La ley que sí quiere Carles

Lo que para Yolanda Díaz es la reducción de jornada, para Junts es la reforma que delegaría competencias en migración a la Generalitat catalana. No es exactamente lo mismo pero tiene un paralelismo: la líder de Sumar ha hecho de la reivindicación laboral su pilar fundamental y los posconvergents han asumido el asunto de la migración (y con un discurso que a veces se sube peligrosamente a la ola reaccionaria) como uno de sus nuevos elementos destacables, por la competencia con Aliança Catalana, el partido de ultraderecha islamófobo que crece cada vez más en las encuestas.

Es difícil creer que pueda haber presupuestos el próximo semestre sin la aprobación de la delegación de esas competencias. Un integrante del Consejo de Ministros respondía a El Salto: “Allí el problema es Podemos: no contamos con sus cuatro votos. No podemos hacernos cargo de la decisión de otros partidos, y Junts no puede hacernos pagar a nosotros por lo que hacen otros”.

Desde un primer momento, Podemos ha exigido que Junts apruebe la ILP sobre regularización de migrantes y a cambio se plantearía apoyar esa delegación. “Eso no va a pasar”, responden en Junts. Sería neutralizar el efecto de lo que buscan: hacerle saber a su electorado que ellos también se preocupan por los presuntos problemas de la migración y que no se vayan a opciones radicales como AC o Vox. Según el CEO catalán, en el sondeo publicado en marzo, el partido de Orriols subiría hasta ocho escaños, los mismos que perdería Junts si las autonómicas fueran hoy. La pesadilla que vivió Pablo Casado, con dos partidos comiéndole a ambos lados su base electoral, es la que Puigdemont quiere evitar pero lo tiene igual de difícil. O más.

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