Granada
La policía desaloja el centro social La Madriguera en Granada

A primera hora de la mañana un amplio dispositivo policial compuesto por varios furgones han ejecutado el desalojo del centro social La Madriguera situado en la Calle Azacayas de la ciudad de Granada. Según las fuentes policiales la operación se ha ejecutado a través de una orden judicial de desalojo y se ha llevado a cabo sin incidentes.
La ejecución se ha llevado a cabo ante la sorpresa de las personas activistas que habitaban en el espacio sin que hayan podido realizar un llamamiento previo a la sociedad granadina para resistir el espacio.
El pasado enero se producía el primer intento de desalojar este espacio social a manos de la empresa AMA Desokupa y con el apoyo de la policía. Una jornada que se saldó con una persona detenida y cuatro heridos por las actuaciones policiales. La Red de Observadoras de Granada denunció en aquel momento decenas de graves vulneraciones de derechos contra los manifestantes por parte de los agentes de la ley durante el intento de desalojo. Las personas heridas sufrieron golpes en la cabeza y huesos rotos y tuvieron que ser hospitalizadas. Tres mujeres heridas en esa acción policial denunciaron la situación, una de las denunciantes exponía que los agentes policiales: “la golpearon con las defensas en reiteradas ocasiones por diversas partes de la cabeza y del cuerpo hasta tirarla al suelo”.
La empresa AMA Desokupa es propiedad de la empresaria Ángela Jiménez Mendoza. Mendoza además cuenta con otra empresa dedicada a formación AMA Learning y una tercera dedicada a la seguridad de emplazamientos y eventos privados. Según expone en el Linkedin de la compañía entre sus clientes se encuentra la Diputación de Granada y el Archivo Histórico de la ciudad. En 2022 el Servicio Andaluz de Empleo otorgó a AMA Desokupa una subvención de 1.925,00 €. En ese mismo año el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública otorgaba una ayuda de tres mil euros para implementar el KIT digital en la empresa de desokupación.
A través del análisis riguroso de documentación gráfica y de recogida de testimonios, la Red de Observadoras exponía sobre esa jornada “la gravedad de la colaboración explícita del cuerpo de la Policía Nacional y la empresa AMA Desokupa” y pone de manifiesto “la desproporción que caracterizó la actuación policial de los agentes”.
Al finalizar esa jornada y tras horas de resistencia los activistas llegaron a un acuerdo con la propiedad en el que se comprometían a abandonar el edificio en marzo. Sin embargo, el día 20 de marzo desde La Madriguera explicaron que “consideramos roto el acuerdo por su carácter amenazante y coercitivo”. El centro social añadía que “echando la vista atrás nos hemos dado cuenta de que fuimos amenazados por la empresa AMA Desokupa contratados por la supuesta propiedad que nos engañó diciendo que el edificio iba a ser para uso familiar, sin embargo nos hemos informado y la propiedad forma parte de empresas dedicadas a la especulación inmobiliaria”.
El espacio ha seguido con su actividad cultural y política hasta el pasado domingo y proyectaban realizar sus talleres y encuentros con normalidad los próximos días. Una voluntad que ha sido frustrada por el desalojo policial.
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