Granada
La Policía vulneró los derechos durante el intento de desalojo ilegal en Granada por parte de AMA Desokupa

El pasado lunes 20 de enero, la compañía AMA Desokupa intentó desalojar el CSO La Madriguera, ubicado en calle Azacayas, sin contar con orden judicial, por lo que se trataría de una acción ilegal. El edificio que llevaba varios años sin uso es la antigua sede de la Consejería de Presidencia e Igualdad de la Junta. “Bajo ninguna circunstancia individuos o empresas privadas están autorizados a sacar por la fuerza a personas de su casa”, recuerdan desde la Red de Observación de Granada, perteneciente al proyecto Defender a Quien Defiende.

Este acto perpetrado por AMA Desokupa podría encuadrarse en delitos de allanamiento de morada, amenaza y coacción. “La Red recuerda que, en caso de que hubiera orden judicial, bajo ningún precepto sería AMA Desokupa la encargada de efectuar el desahucio”, hace hincapié el colectivo.

Según el informe médico el motivo del ingreso de la persona herida por la carga policial se debió a una “fractura facial compleja, ingreso para cirugía de reducción de huesos propios nasales”.

Durante las horas de dispositivo policial en la Calle Azacayas, decenas de personas mostraron su apoyo al centro social permaneciendo frente a los agentes durante horas. En esa situación se produjeron dos cargas policiales que tuvieron como consecuencia una detención y cuatro personas hospitalizadas. A través del análisis riguroso de documentación gráfica y de recogida de testimonios, la Red de Observadoras expone “la gravedad de la colaboración explícita del cuerpo de la Policía Nacional y la empresa AMA Desokupa” y pone de manifiesto “la desproporción que caracterizó la actuación policial de los agentes”.

En las imágenes, según expone el colectivo,“ observa como al menos un supuesto trabajador de AMA Desokupa participa activamente en la detención de un activista” y “oculta a los agentes utilizando un cartón” en el momento de la detención de uno de los activistas.

Además, la Red constata malas prácticas policiales en el uso de los bastones policiales, al documentar golpes de arriba a abajo que impactan en zonas vitales del cuerpo (cabeza, brazos y torso), contraviniendo el protocolo policial que regula este arma.  En una de estas actuaciones, la policía hirió a una persona que se encontraba en la protesta contra el desalojo del centro social. Según el informe médico, al que ha tenido acceso El Salto Diario, el motivo del ingreso de la persona herida se debió a una “fractura facial compleja, ingreso para cirugía de reducción de huesos propios nasales”. Además, el informe emitido por el Hospital Virgen de las Nieves expone que estuvo hospitalizada durante dos días. El propio documento clínico recoge que la persona acude al centro médico “tras traumatismo directo con una porra por parte de la policía, según refiere”.

Durante las cargas policiales, además, una persona fue detenida durante más de 24 horas en un calabozo. Tras ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha decretado la puesta en libertad; sin embargo, como ha podido tener constancia El Salto Diario, tendrá que personarse cada 15 días ante la justicia por “riesgo de fuga”. La persona detenida se enfrenta a una investigación y a un próximo juicio por un delito por “atentado contra la autoridad”, como han hecho saber fuentes judiciales.  Tras la detención, testigos relatan a la Red de Observación que una persona fue agredida, arrinconada y retenida en un portal a puerta cerrada, evitando así ser grabada. Además, según la Red, varias personas fueron identificadas, grabadas y multadas mientras esperaban la puesta en libertad del detenido por parte de agentes de la ley.

El colectivo perteneciente a Defender a Quien Define señala la dificultad a la hora de exigir responsabilidades debido a la falta de identificación de la mayoría de los agentes de la Policía Nacional que no llevaban visible el Número de Operativo Policial (NOP) en la parte trasera del chaleco. Esto incumple la Resolución de la Dirección General de la Policía, de 19 de abril de 2013, en la que se obliga a los agentes con funciones de orden público de la Policía Nacional a llevarlo en la espalda.