Huelga general
El gremio del metal en Cádiz: precariedad, huelgas y represión

En noviembre de 2021, cientos de trabajadores de la industria del metal en Cádiz salían a la calle en una huelga por el cumplimiento del convenio del sector. Unas movilizaciones que dejaron imágenes que pasaron a componer el imaginario de la sociedad gaditana y también del resto del Estado español. Especialmente, la de una tanqueta mandada por el Ministerio de Interior, encabezado por Grande-Marlaska, patrullando por las calles del barrio Río San Pedro, en Puerto Real, para intentar sofocar las protestas obreras, a las que también se había unido el vecindario de la zona.

El martes 12 de marzo, casi tres años después de aquel suceso, estaba previsto el juicio a ocho trabajadores imputados por las movilizaciones de aquellos días de 2021. Un proceso que ha sido pospuesto, ya que la Justicia ha considerado que la competencia pertenece a la Audiencia Nacional y no al juzgado de lo Penal número uno donde pensaba celebrarse. “Se va a alargar un poco más la agonía”, comenta Miguel Barbé, miembro de la CTM, Coordinadora de los Trabajadores del Metal.

“En Puerto Real todo el trabajo es el metal, y todo el mundo tiene algún familiar del gremio, imputarles a ellos es imputar a todo el mundo”, expone Mariló Fimia de la Plataforma vecinal Río San Pedro

La Fiscalía pide para los imputados dos años por desorden público y uno por atentado contra la autoridad. Pedro Castilla, abogado defensor de los trabajadores, sostiene que “en ningún caso deberían haber sido encausados, volvemos a repetir que son trabajadores del metal que estaban ejerciendo un derecho constitucional, que es el acceso a un trabajo digno”.

Castilla cree que el cambio de estancia hará que el proceso se alargue aproximadamente un año, pero que esta extensión de tiempo puede beneficiar a la defensa, que ha encontrado muchos impedimentos: “Queremos hacer hincapié en la falta de conocimiento de esta parte, que hasta pocos días antes de la celebración de esta vista no tenía conocimiento de los autos en un sumario lo que imposibilita un ejercicio de la defensa adecuado”, se ha quejado el letrado frente a la puerta del Juzgado.

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“Las imputaciones son totalmente desmedidas”, ha continuado Barbé, que además cree que la imputación se trata de un acto de “represión a la clase trabajadora para que no se movilice y dar el mensaje de que si lo hace puede tener cárcel”. El representante de la CTM ha hecho hincapié en su preocupación por los acusados: “Hay un muchacho de 24 años que ha entrado nervioso perdido, tiene ahí a su padre y a su madre con las carnes abiertas, no es justo esto”.

Rosa María Ponce y Mariló Fimia forman parte de la Plataforma vecinal Río San Pedro y recuerdan el día que la tanqueta se paseó por las calles de su barrio: “Esa tanqueta allí metida en la barriada cuando lo que se estaban era manifestando de forma pacífica, era incomprensible. Entonces se vivió muy mal y se sigue viviendo mal porque se está imputando a ocho personas de forma penal, que no es lo normal”.

Las vecinas puertorrealeñas, además, sostienen que el proceso judicial “afecta” a todo el pueblo, ya que “en Puerto Real todo el trabajo es el metal, y todo el mundo tiene algún familiar del gremio, imputarles a ellos es imputar a todo el mundo”. Desde la Plataforma, además, insisten en la incomprensión sobre el señalamiento judicial: “Siempre ha habido manifestaciones, solamente estaban exigiendo sus derechos que los estaban incumpliendo, y nos mandaron el tanque como si fuésemos delincuentes”.

Barbé cree que las movilizaciones de 2021 consiguieron cambiar “algunas cosas” en el astillero gaditano, pero que, sin embargo, aún queda mucho por hacer ante la inmovilidad de las empresas para cumplir los derechos de los trabajadores: “Al día siguiente de terminar la huelga se estaba incumpliendo el convenio”.

Una lucha paralela, tres años después

A pesar de las movilizaciones del sector en 2021, el gremio sigue aquejado de diversas vulneraciones de los derechos laborales como el incumplimiento de los convenios colectivos o la falta de reconocimiento de peligrosidad. Desde hace casi 40 días, la plantilla de Acerinox situada en Los Palmones (Los Barrios) y compuesta por 1.800 trabajadores y trabajadoras se encuentra de huelga indefinida. Una huelga acompañada de cortes de carretera y diversas movilizaciones para exigir las negociaciones para el cuarto convenio colectivo y asegurar los derechos laborales de la plantilla.

“Los compañeros que están en servicios mínimos, que ellos siguen trabajando y están cobrando, están aportando dinero para ayudarnos a los que estamos fuera”, comenta José Antonio Valencia, miembro del Comité de huelga de Acerinox

“Una de las razones principales para la huelga es que nos quieren imponer una flexibilidad horaria, una disponibilidad que no estamos dispuestos a asumir porque va en contra de la conciliación familiar que nos ha costado tanto conseguir”, sostiene José Antonio Valencia, representante del Comité de Huelga. Valencia señala que, desde la empresa, quieren que los trabajadores cuenten con un teléfono móvil en sus días de descanso para poder “llamarnos cuando les interesa”.

Además, piden una subida salarial que no se aplica desde 2008. “Nuestros sueldos han ido bajando mientras que la vida ha ido subiendo”, sostiene el representante. Valencia lleva 26 años en la fábrica y, como sus compañeros, se expone diariamente a unos peligros derivados de la fabricación de acero inoxidable que han llevado incluso al fallecimiento de un compañero hace un año. “La máquina con la que trabajaba salió ardiendo y se quemó el 85% de su cuerpo, así que os podéis imaginar el peligro que corremos a diario”. Una peligrosidad que “la empresa no reconoce, son pluses que debería pagar y no lo hace”, se queja Valencia. Acerinox ganó en el tercer trimestre del año pasado 70 millones de euros en beneficios, según la propia compañía.

Las movilizaciones de trabajadores se han cobrado las primeras imputaciones. Cuatro miembros del Comité de Huelga han sido llevados a vías judiciales en los primeros días de cortes de carretera acusados de un delito de seguridad. Valencia también explica que hubo otro corte en el que “detuvieron a un compañero y le hicieron un juicio rápido”. El proceso judicial acabó con la sentencia de un año de cárcel para ese trabajador, según exponen desde el Comité de Huelga: “Nos sorprende que los juicios para los trabajadores vayan tan rápido, o sea que nos parece una barbaridad que a un trabajador sin antecedentes ni nada por protestar por defender su derecho, le caiga un año de cárcel”.

A pesar de la represión y el desgaste de los días de huelga, Valencia cree que la plantilla “está más unida que nunca” y con ganas de seguir reivindicando sus derechos, incluso aunque la mayoría lleve más de un mes sin cobrar al estar de huelga. “Los compañeros que están en servicios mínimos, que ellos siguen trabajando y están cobrando, están aportando dinero para ayudarnos a los que estamos fuera”, comenta emocionado el portavoz.

Cádiz, la tanqueta, la huelga del metal y algunas de sus enseñanzas

Manuel Nogueras

Laboral

Manuel Nogueras Cádiz, la tanqueta, la huelga del metal y algunas de sus enseñanzas

Manuel Nogueras

Algunas líneas sobre lo que nos queda en las calles tras nueve días de huelga, sobre recuperar la dignidad de clase, sobre una policía con agenda propia y sobre un Gobierno que, al respecto, no dice nada.

La multinacional, tras varias jornadas de titubeo, ha reconocido al Comité de Huelga y el próximo viernes 15 de marzo está prevista una reunión para negociar el fin de la huelga mediado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). “Vamos a seguir hasta que lo consigamos”, ha concluido Valencia, que no descarta movilizaciones en la sede central de la compañía en Madrid si no se llegase a acuerdos.