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Huelva
Impunidad judicial y pozos sin cerrar: los regadíos ilegales siguen amenazando Doñana
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Los acuerdos de Doñana firmado a finales de 2023 en una inusual foto llenas de sonrisas y apretones de manos entre el presidente del Gobierno andaluz Juanma Moreno Bonilla y Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, parecía que iban a acabar con la situación de crisis y abismo por la que estaba atravesando el Parque Nacional a consecuencia de la sequía y los regadíos ilegales.
Sin embargo, como demuestra un estudio de WWF publicado este lunes, actualmente 1.800 hectáreas, lo que equivale a 1.400 campos de fútbol de dimensión, se riegan a través de instalaciones ilegales. Unas infraestructuras que extraen 6 millones de metros cúbicos, de aguas subterráneas del entorno de Doñana, una cantidad que podría llenar 2.400 piscinas olímpicas.
Doñana
Doñana Andalucía se moviliza en defensa de Doñana
La formación ecologista ha obtenido estos datos a través de ortofotografías aéreas e imágenes satélite. “Al igual que WWF, las administraciones también disponen de nuevas tecnologías, satélites, drones y otras herramientas para conocer en tiempo real las ilegalidades que se están cometiendo en este momento”, sostiene el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, que señala la responsabilidad de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en detectar los regadíos ilegales y acabar con su existencia.
Según Del Olmo “el acuífero de Doñana está sobreexplotado con un índice de explotación del 109%, tal y como ha demostrado WWF a partir de datos oficiales, por lo que no podemos esperar un año más a que acaben las campañas agrícolas para actuar. Pueden y deben impedir que el agua se siga extrayendo ilegalmente y que la situación se agrave aún más”.
En la provincia de Huelva está a punto de comenzar la temporada agrícola de las fresas y otros frutos rojos, como apunta la organización más de 30.000 toneladas del producto se regará de forma ilícita y debilitando Doñana.
El que fue el científico encargado de salvaguardar el parque, Miguel Delibes de Castro, abandonaba el Consejo de Participación de Doñana el pasado julio debido al desgaste de afrontar la crisis continua del espacio y los enfrentamientos políticos. Delibes ha expuesto en los últimos meses, durante la presentación de su libro, que el Acuerdo de Doñana “no ha mejorado la situación” a pesar de que “ha pasado mucho tiempo ya”, desde su aprobación.
Los terratenientes se libran de las penas
A nivel judicial, la lucha contra los regadíos ilegales también se encuentra estancada. El pasado septiembre la Audiencia Provincial de Sevilla libraba de la cárcel a cinco hermanos de la familia de terratenientes Campos Peña condenada por el Juzgado de lo Penal Número 14 de Sevilla por delitos contra el medio ambiente al extraer 19,4 millones de metros cúbicos de manera ilegal de Doñana durante más de una década. La pena establecía 3 años y medios de prisión y una multa de 2,5 millones de euros, la Audiencia ha rebajado la pena a un año y medio a los acusados, salvándolos de entrar en prisión y desde la CHG han reconocido que no han cobrado la penalización todavía.
El caso que ha puesto en el foco de los pozos ilegales a la Casa de Alba, denunciando el riego con 305 millones de litros de agua extraídos de forma ilegal de Doñana a través de 8 pozos situados en la finca de Aljóbar aún se encuentra en proceso judicial. El pasado 4 de noviembre el juez de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor que lleva el caso ha decidido prorrogar la investigación seis meses más a petición de la fiscalía.
Doñana
Medio ambiente Doñana ante el colapso
Un informe de CHG presentado en septiembre, más de un año de la primera denuncia a esta casa aristocrática en abril de 2023, que el nivel de los acuíferos cercanos a la zona de los ocho pozos ilegales “está más bajo que nunca”. Ecologistas en Acción denunciaba el pasado junio como la Casa de Alba ha abierto trámites para legalizar sus 8 pozos acusados de extraer agua de forma ilegal y exigía a la CHG que paralice el expediente hasta que se resuelva el caso en los juzgados.
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