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Inteligencia artificial
2024, el año en que nos hartamos de la Inteligencia Artificial
¿Qué pueden tener en común un Premio Nobel de Literatura, una de las pocas actrices que ha ganado los cuatro galardones más importantes de la industria cinematográfica, el cantautor británico que bajó a una mina para apoyar a los huelguistas y la Asociación de Profesionales del Doblaje en Andalucía? De entrada, se diría que poca cosa. Sin embargo, los nombres de Kazuo Ishiguro, Julianne Moore, Billy Bragg y ese colectivo andaluz son cuatro de las más de 38.000 firmas que han suscrito un manifiesto sobre el entrenamiento de la inteligencia artificial (IA). El texto es escueto: “El uso sin licencia de obras creativas para entrenar IA generativa es una amenaza importante e injusta para los medios de vida de las personas detrás de esas obras, y no debe permitirse”. Escritores como Ted Chiang y músicos como Kate Bush, Roger Daltrey o Robert Smith, por citar solo algunos de los nombres famosos, y multitud de asociaciones profesionales firman esa breve declaración en la que muestran su temor por las repercusiones sobre su trabajo de los llamados modelos de IA generativa que utilizan su obra, sin citar ni remunerar, para crear textos, imágenes, canciones o ilustraciones. Pero crear no es exactamente la mejor definición.
Lo que hacen, por ejemplo, ChatGPT, DALL E o Sora es aprovechar material gráfico, textual, visual o estadístico para generar respuestas basadas en el conocimiento adquirido a partir de esas obras ya existentes. Estos tres modelos son productos desarrollados por OpenAI, la empresa fundada en 2015 por Elon Musk en la que Microsoft ha invertido más de 11.000 millones de dólares durante el último lustro.
La crítica desde quienes trabajan en la cultura, como la realizada en ese manifiesto, ha sido una tónica habitual a lo largo de 2024. En España, a principios de octubre, varias organizaciones de autores, artistas y trabajadores del sector audiovisual, del libro y de las artes escénicas denunciaron la desprotección que sufren ante la competencia desleal y los “abusos” de las empresas desarrolladoras de IA generativa y exigieron al Gobierno medidas que minimicen el daño que está provocando su implantación. En concreto, Alianza Audiovisual, la Asociación de Directores de Escena de España, ACE Traductores, la Federación de Asociaciones de Ilustradores/as de España, la Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza y la Unión de Correctores publicaron un manifiesto en el que resumían las malas prácticas llevadas a cabo por las empresas responsables de la IA generativa y también elevaban sus peticiones para que el Gobierno “proteja los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en general, y de los profesionales del sector artístico y cultural, en particular”.
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Las demandas expresadas en el manifiesto eran, entre otras, la exigencia de una autorización previa, la remuneración por el uso legal de las obras y la retirada del mercado de los “modelos ilegales” de IA, así como una indemnización por el uso ilegal de obras artísticas y literarias realizado desde la aparición de los modelos de IA. También solicitaban que los productos generados por esta no puedan ser considerados obras de creación intelectual ni estar protegidos por la normativa de derechos de autoría y de propiedad intelectual.
¿Qué soluciones se han ofrecido desde el Gobierno a estas peticiones? El martes 10 de diciembre venció el plazo dado por el Ministerio de Cultura para la presentación de aportaciones sobre el proyecto de Real Decreto con el que se busca regular la concesión de licencias colectivas ampliadas para la explotación masiva de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de modelos de IA de uso general.
Escritores, ilustradores, artistas o creadores de contenido cuyo trabajo pueda ser utilizado para el desarrollo de estos modelos estaban convocados para opinar acerca de un proyecto legislativo que pretende facilitar la concesión de autorizaciones no exclusivas para el uso con tal fin del repertorio que manejan las entidades de gestión de derechos. Es decir, facilitar que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), por ejemplo, conceda, bajo determinados supuestos, permisos para la explotación de obras y prestaciones en nombre de los titulares de derechos, con independencia de que estos hayan autorizado o no a la entidad a hacerlo, es decir, en ausencia de autorización expresa por parte de esos titulares de derechos. Incluso la SGAE podría autorizar el uso de obras de autores que no son miembros de esta entidad de gestión de derechos.
Y la respuesta dada a título personal y colectivo por quienes se ven afectados por el proyecto ha sido, por lo general, muy negativa hacia esta iniciativa legislativa. El artista gráfico Luis NCT publicó en redes sociales el texto que envió, en el que valora que el proyecto de Real Decreto supone “posicionarse inequívocamente del lado del genocidio cultural, de la destrucción de empleos presentes y futuros, de la debilitación del tejido cultural y artístico, y de la degradación de la salud mental de todos los creadores”.
El colectivo Arte es Ética, junto a Segap, la Federación de Sindicatos de Espectáculos, Artes Gráficas, Audiovisuales y Papel adheridos a CGT, hizo llegar al ministerio su “total y absoluto rechazo” a este proyecto. En el texto remitido reclaman al ministro Ernest Urtasun que detenga un proyecto que “expropia los derechos de autor de todo el país y rompe el contrato social actual”. Las dos entidades ya habían reclamado con anterioridad una “legislación valiente”, que rompa con el método opt-out, por el que los artistas deben pedir explícitamente la retirada de sus obras del proceso de desarrollo de una inteligencia artificial generativa. Proponen sustituirlo por la metodología opt-in, en la que sea elección del artista incluir su obra en dicho desarrollo.
Las organizaciones que lanzaron el manifiesto en octubre también han participado en la consulta organizada por el ministerio. Además, el 17 de diciembre se reunieron con la subsecretaria de Cultura, Carmen Páez, y le trasladaron su preocupación por la forma y el contenido de esta nueva regulación que se pretende aprobar. Su postura es muy crítica con ella. Consideran que la introducción de unas licencias de estas características requiere de un proceso “más pausado y reflexivo en el que se escuche a todos los actores implicados”, en el que se analice y se tenga en cuenta el impacto “que su inclusión tendría en el ecosistema artístico y cultural”. Muestran asimismo su asombro por el hecho de que el ministerio “se haya puesto manos a la obra para aprobar una regulación de estas características para licenciar el uso ‘masivo’ de las obras para la IA, sin abordar primero, como condición necesaria, que las empresas de IA respondan por el uso ilícito que ya han realizado para el entrenamiento, desarrollo y explotación de sus modelos”. También manifiestan su desconcierto ante la insistencia del ministerio al referirse “reiteradamente” en el texto de la norma a la “explotación masiva” y al “uso masivo” de las obras, conceptos que, según estas asociaciones, parecen estar “más destinados a proteger a las empresas y administraciones públicas que quieren poner en marcha modelos de IA que a proteger los derechos de autores y artistas”. Marta Sánchez-Nieves, presidenta de ACE Traductores, asegura estar sorprendida de que “un ministerio que dice proteger y defender los derechos de autor y de propiedad intelectual ante los desafíos de la IA quiera poner en marcha de forma tan rápida y expeditiva unas licencias para facilitar el uso ‘masivo’ de nuestras obras para el desarrollo de modelos de IA tanto por empresas privadas como por la propia Administración sin acometer, primero, el grave problema de la violación, esa sí ‘masiva’, de nuestros derechos por parte de las empresas de IA”.
Por su parte, las entidades de gestión de derechos AIE, AISGE, DAMA, SEDA, SGAE y VEGAP han mostrado su “rotundo apoyo” al proyecto de Real Decreto. En una carta dirigida a Urtasun y fechada el 19 de diciembre, aseguran que esta normativa “subraya la necesidad de equilibrar el futuro digital con la protección del genio creativo y los derechos de quienes ponen su alma en la cultura, esencial para el funcionamiento y la sostenibilidad de una democracia saludable”, y valoran que “posiciona a España como un referente en la intersección de la innovación tecnológica y la protección de la propiedad intelectual”.
Palabras y medidas desde el ministerio
La regulación del uso de las tecnologías de IA como herramienta creativa es una de las preocupaciones que ha manifestado Ernest Urtasun desde que recibió la cartera de ministro de Cultura de manos de su antecesor en el cargo, Miquel Iceta, el 21 de noviembre de 2023. En su primera comparecencia como ministro ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, el 22 de enero, Urtasun habló de la protección de los derechos de autoría como uno de los grandes retos que afronta, en un contexto de avances tecnológicos y, en particular, el desarrollo de la IA. “Debemos ser las instituciones públicas quienes trabajemos, en este caso de la mano de las instituciones europeas, para que la IA no sea un mecanismo de desposesión del propio trabajo y de los derechos de los trabajadores, sino al revés, para que sea una herramienta que nos permita vivir mejor”, aseguró el ministro. Urtasun, el primer titular de Cultura desde 1982 que no ha sido nombrado por el PSOE, anunció su intención de que el Ministerio de Cultura vele por los intereses de los creadores y la protección de la diversidad cultural con una serie de acciones, entre las que se encuentran convertir la Subdirección General de la Propiedad Intelectual en una Oficina de Propiedad Intelectual, con más recursos y rango de Dirección General. Algunas de estas iniciativas se fueron concretando a lo largo del año.
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El 19 de febrero, el Ministerio de Cultura presentó su guía práctica de uso de la IA, con la que pretende que sea una “herramienta para creadores, creadoras y personas trabajadoras del sector cultural que respete el marco regulatorio de propiedad intelectual”. La guía será de aplicación en los procedimientos del ministerio en las actuaciones que lleve a cabo y afecta a tres ámbitos: la contratación de servicios y actividades creativas, los Premios Nacionales y las subvenciones.
El mismo día de febrero en el que Urtasun presentaba su manual de uso de la IA, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Microsoft, Brad Smith, firmaron un acuerdo en Moncloa para “impulsar el despliegue de la inteligencia artificial responsable”. La compañía multiplicará por cuatro las inversiones en infraestructura de IA y cloud en España durante 2024 y 2025, hasta alcanzar los 2.100 millones de dólares (unos 1.950 millones de euros), lo que supone la mayor inversión de Microsoft en sus 37 años de presencia en el país. Según este plan, la empresa abrirá una Región Cloud de Centros de Datos ubicada en la Comunidad de Madrid, y también plantea construir un campus de Centros de Datos en Aragón.
El acuerdo de colaboración público-privada entre España y Microsoft contempla la extensión del uso de la inteligencia artificial en la administración pública, incluyendo la formación de funcionarios, y la promoción del uso de IA responsable.
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El 27 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó a propuesta de Urtasun el proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, así como su remisión a las Cortes Generales para su tramitación por el procedimiento de urgencia. Con ella, el Gobierno subrayó que ponía en marcha “una nueva herramienta para proteger a los creadores españoles frente a la inteligencia artificial”, ya que esta iniciativa “responde a los desafíos que plantea la IA en cuanto a la defensa del derecho que los creadores tienen a ser remunerados por su trabajo”. Uno de sus principales objetivos será el análisis del impacto de la IA en el sector cultural para poder revisar el marco jurídico y realizar los cambios pertinentes, anunciaban entonces desde el Ministerio de Cultura. Sin embargo, este proyecto de ley ya fue aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2022 a propuesta de Iceta y con una formulación de objetivos muy similar a la actual. Aquel proyecto de ley también se anunció con una tramitación de urgencia, pero fue uno de los que finalmente decayó con el final de la legislatura.
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Las declaraciones de Urtasun y las medidas aprobadas llegaron en unos momentos en los que el uso de IA por parte de las administraciones públicas fue contestado por parte de las personas que se dedican profesionalmente a la ilustración. El 11 de febrero, el Ministerio de Juventud retiró una campaña por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia tras recibir numerosas críticas por el uso en su cartelería de imágenes generadas con IA. Unas semanas antes, en el sector privado, varias librerías de toda España se pusieron de acuerdo para retirar de sus escaparates la novela Juana de Arco, de Katherine J. Chen, después de que el ilustrador y autor de cómics David López criticase con dureza la ilustración de portada, llena de errores debido a un uso inapropiado de la IA.
Como contó el blog Qwertynomia, la editorial cARTEm puso a la venta un libro, Tolkien Legendarium: Héroes, íntegramente ilustrado mediante IA. La indignación de lectores y profesionales de la ilustración fue contestada por Pedro Iribarnegaray, socio de la empresa, con un comunicado no precisamente conciliador que solo echó más gasolina al fuego. Autores relevantes del cómic español como David Rubín y Enrique Corominas mostraron públicamente su oposición, sin medias tintas, a la decisión de la editorial.
Algoritmos, mentiras y despidos
La crítica a la IA y a sus consecuencias parece haberse convertido en rasgo de época, y desde luego lo más destacable en la cultura en el año 2024, dado que su implantación también se antoja irremediable. En su ensayo ¡Silencio! (Debate, 2024), subtitulado “Manifiesto contra el ruido, la inquietud y la prisa”, el periodista Pedro Bravo resume la situación con este párrafo: “La IA sigue desarrollándose a toda velocidad, aunque para algunos parezca evidente que, como la Primera Revolución Industrial, viene a traer a nuestras vidas la posibilidad de hacernos trabajadores aún más precarios, ciudadanos mucho más confundidos y peor informados y personas probablemente menos inteligentes y autónomas”.
La geógrafa y profesora en la University College de Londres Ayona Datta participó con una ponencia en el curso ¿Inteligencia Artificial para la Innovación Social? (AI4SI), incluido en el programa de verano de la Universidad del País Vasco. Ella cuestiona la etiqueta de inteligencia artificial porque “la inteligencia no puede ser artificial”. Para que la IA funcione, en su opinión, “necesitamos más intervención humana”. En una entrevista en El Salto reconocía que lo que le parece más problemático es la forma en que la IA es “tan íntima” en nuestra vida. “Tenemos esta visión —afirmaba Datta— de que va a hacer nuestra vida más fácil y sencilla, y así te seduce para que des más información. Y luego no sabemos qué se está haciendo con esta información ni cómo eso realmente puede afectar nuestras vidas”.
Sarah Jaffe, periodista especializada en el ámbito laboral y autora de Trabajar. Un amor correspondido (Capitán Swing, 2024), señala que la mayor parte de la IA es “basura”, es encontrar “formas de reemplazar el trabajo humano, porque el trabajo humano hace cosas sucias como ir a la huelga. Para eso es toda esta tecnología de IA. Es para hacer a la gente más controlable”.
El periodismo es otro de los sectores profesionales en los que la IA supone una amenaza real para los trabajadores. En agosto, el grupo Condé Nast firmó un acuerdo con OpenAI para licenciar contenido de medios de su propiedad como The New Yorker, Traveler, GQ, Vanity Fair, Wired y Vogue para su uso en los productos de la empresa de IA, incluidos ChatGPT y el prototipo SearchGPT. Con este acuerdo, Condé Nast se une a otros editores que han firmado con OpenAI, una lista que incluye a Associated Press, Axel Springer, The Atlantic, Dotdash Meredith, Financial Times, LeMonde, NewsCorp, Prisa, Time y Vox Media. En el otro lado se sitúan medios como The New York Times, que han demandado a OpenAI y a Microsoft alegando que las empresas de tecnología infringen los derechos de autoría al utilizar el contenido de los editores para entrenar sus sistemas de IA.
En octubre, la emisora pública OFF Radio de Cracovia (Polonia) despidió a toda su plantilla y sustituyó a los periodistas por otros creados a partir de IA en un movimiento que justificó como parte de un presunto experimento para ver cómo evolucionaba la emisora tras estos cambios. Las numerosas críticas recibidas hicieron que la emisora reculase, pero los trabajadores despedidos no recuperaron sus empleos.
El impacto de la IA sobre la comunicación no afecta solo a las condiciones laborales del periodismo sino al régimen de credibilidad. La definición de lo que es verdad o mentira parece haber llegado a un punto de difícil retorno con el uso de los modelos de IA generativa. Según la abogada británica Susie Alegre, especializada en derechos humanos en la era digital, “la IA generativa permite que la desinformación se cree en minutos. Y de forma muy creíble. El pasado otoño en Reino Unido tuvimos dos casos de audios de políticos de la oposición que eran falsos”.
Desde una mirada más filosófica, el investigador Alberto Venegas, autor de Pantallas de la memoria: cómo y por qué las imágenes digitales transforman nuestra idea de la historia (Clave Intelectual, 2023), también apunta que el uso de la IA no es neutral ni está exento de sesgos, al nutrirse de materiales ya creados. “Los programas de IA generativa perpetúan los imaginarios dominantes, ya que estos son los que están más presentes en la web”, explicaba a El Salto en marzo.