Laboral
El sector de la hostelería de Bizkaia convoca dos jornadas de huelga por primera vez en 30 años

Llevan diez reuniones y no han aclarado nada. “La patronal no quiere hablar de dinero”, advierte Pilar Miguez, camarera de piso y afiliada al sindicato ELA. Y de dinero es precisamente de lo que quieren conversar las más de 20.000 trabajadoras del sector de la hostelería en Bizkaia: “Nuestro salario está congelado desde 2020, el IPC ha aumentado más de un 12% y los precios del sector se han encarecido un 15%”, añade Iñigo Alonso, responsable sectorial del sindicato LAB. “Las empresas pretenden aumentar sus márgenes de beneficio a costa de la clase trabajadora”, ha resumido Miguez. Esta mañana han anunciado dos jornadas de huelga: el 29 y 30 de junio, justo antes de que el Tour de Francia arranque en Bilbao. 

El sector de la hostelería no ha protagonizado una huelga en los últimos 30 años. El 1 de junio realizaron un paro parcial que los sindicatos convocantes calificaron de “exitoso” —ELA, LAB, CC OO y UGT—, pero tras él, la patronal sigue sin negociar. “La última reunión la celebramos en febrero”, indica Alonso. Convencidos de que la huelga es la única vía posible, las cuatro centrales han convocado dos días de huelga que esperan sirva de medida de presión para la Asociación de Hostelería de Bizkaia, ente que califican de “inmovilista”.

El sector tiene congelado el salario desde 2020, mientras el IPC ha aumentado más de un 12% y los precios del sector se han incrementado un 15% de media

Los sindicatos sitúan la línea roja de la patronal en el dinero: “No quieren hablar de aumentar los salarios o, por el contrario, de disminuir las horas. Ni tampoco discutirlo con las cifras de beneficios y pérdidas sobre la mesa. Creemos que se debe a que los establecimientos de hostelería han facturado más de lo que han declarado hasta 2019, cuando empezó a implantarse el Ticket Bai, por lo que su facturación desde 2020 ha aumentado”, alerta Alonso. 

“La patronal tampoco quiere discutir aumentos salariales con las cifras de beneficios y pérdidas sobre la mesa. Probablemente las empresas han facturado más de lo que han declarado hasta 2019, cuando empezó a implantarse el Ticket Bai”, alerta Alonso

Recuerdan que en Araba, tras anunciar los sindicatos una rueda de prensa, la patronal reactivó la negociación. En Gipuzkoa, bastó un mes de negociación para firmar un convenio que incluye un aumento salarial del 12% y el establecimiento del control horario, una reivindicación compartida con Bizkaia. El escollo principal con la patronal vizcaína es la reivindicación del IPC.

Los sindicatos sitúan la línea roja de la patronal en el dinero. “No quieren hablar ni de aumentar los salarios ni de disminuir las horas. Ni tampoco discutirlo con las cifras de beneficios y pérdidas sobre la mesa. Creemos que porque todos han facturado más de lo que han declarado hasta 2019, cuando empezó a implantarse el Ticket Bai”, alerta Alonso. 

El sector de la hostelería protagonizó durante la pandemia una multitudinaria manifestación en Bilbao secundada por muchos de los trabajadores que ahora están llamados a la huelga. “Nos manifestamos por el mantenimiento del empleo porque las condiciones que tenía el sector nos parecían injustas. Como trabajadores, también asumimos los ERTE, aunque supusieron un aumento de las cargas de trabajo para la plantilla que no estaba en regulación de empleo. Sabíamos que eran momentos difíciles. Y ahora, ¿qué? ¿Cómo reacciona la patronal? El trabajo se paga con dinero, no con palmaditas en la espalda”, señala Pilar Miguez, quien lleva veinte años trabajando como camarera de piso en Bilbao, una ciudad en la que cada año se inauguran hoteles. 

Reconoce que movilizarse en este sector no es fácil, dado que el sueldo es “precario y las facturas se acumulan”, a lo que Alonso añade que será más fácil que la convocatoria sea secundada en los establecimeintos donde hay representación sindical. “Tienen una plantilla más grande y hay menos contratación en B”, indica. Advierte de que la patronal ya se plantea de realizar contrataciones en origen “para evitar mejorar las condiciones laborales”.

Los sindicatos solicitan un aumento del IPC, que incluyan los años de inflación —2021 y 2022—, activar un control horario “fidedigno” e incluir a dos subsectores “que necesitan aún mayor protección”, como son los riders, las empresas de comida rápida y las colectividades, un sector feminizado.

El salario base que figura en el convenio de 2018, que caducó en diciembre de 2020, oscila entre los 700 y los 1.571 euros brutos mensuales entre la séptima y primera categoría.

La representatividad sindical en este sector es del 46% en ELA, 25% para LAB, un 23% de Comisiones Obreras y el 6% restante lo ostenta UGT.